Viernes 30 de Octubre de 2020
Los sucesos de estas últimas semanas ponen de relieve un sutil hilo que la historia trae de sus profundidades a los conflictos con que emergen en la realidad actual. Toma de tierras y represión estatal, quemas de tierra detrás de los intereses terratenientes y de negocios inmobiliarios, el patriarcado y su estrecha relación con el poder que conserva los privilegios, la tenencia de la tierra y la acumulación de dinero y riqueza y los conflictos por la tierra y los modos de producción que afectan a comunidades originarias, herederas del colonialismo ancestral que aún muestra sus ramas pestilentes y putrefactas en los entramados del poder en estos días.
La Tierra es mas que el lugar que se pisa ... es la casa ... es el espacio/tiempo en el que desarrollamos la vida individual y comunitaria. Es la madre/pacha, pero también el objeto de deseo, de poder y de egoísmo avaro que diferencia a los dueños de lo que "no tienen dónde caerse muertos".
En estos días de la peste, regresan al presente los conflictos de la historia, diferentes pero iguales. Nadie se salva solo.
Las frases fáciles y la insensatez de muchos.
Proclives como somos al River vs. Boca, trasladado a todo ámbito y todo debate en la vida nacional, resulta bastante difícil, frente a la insensatez de muchos, argumentar con coherencia y equilibrio. Primero intentar comprender para después opinar o fijar alguna posición respecto a temas que no son nuevos, que son controversiales y que ofrecen, a quien le interesa el conocimiento pero mas aún le interesa la vida humana y se esfuerza por generar acciones y comprensiones que permitan el mejor desarrollo posible de las vidas con dignidad de las personas que habitamos este suelo, asuntos complejos y sentimientos contradictorios.
La cuestión no empieza con hechos lamentables que ademas, en su amplificación mediática, no apelan a nada positivo sino a explotar las emociones mas básicas e irracionales que son las que producen impacto y reducen a las relaciones humanas a esos River vs Boca de las que pocas veces surgen soluciones reales a los problemas concretos y conflictos complejos que aquejan a estas sociedades neoliberales, individualistas, egoístas y competitivas que no gusta, ni intenta sostener equilibrios con razones e inteligencias y atendiendo a las necesidades y deseos de todes.
El problema no comenzó ni termina en Guernica
El conflicto no comienza con el operativo de cuatro mil policías de la provincia de Buenos Aires, dirigido por el ministro Sergio Berni y los fiscales Juan Cruz Condomí Alcorta, Lisandro Damonte y Marcelo Romero, desalojando violentamente, durante la mañana de ayer, a los vecinos que sostenían la toma de tierras en Guernica, en el conurbano bonaerense. Con 1400 familias censadas, se trata de la toma más grande en el marco de la crisis sanitaria, económica, social y habitacional desatada por la pandemia de COVID-19. No fué la primera y no sabemos si será la última. La policía quemó las viviendas precarias, disparó balas de goma y gases y desató una cacería en las cuadras aledañas, dejando múltiples heridos y al menos 36 detenidos. Los fiscales se sacaron una selfie sonriendo en medio de la represión.
Siquiera el comienzo puede signarse cuándo en julio pasado, en el partido de Presidente Perón, en el gran Buenos Aires unas 3.000 personas ocuparon un terreno en Guernica. Las tomas se venían multiplicando desde finales de 2019 pero con la pandemia del coronavirus se intensificó aún más el fenómeno.
La toma de tierras es un problema de larga data en nuestro país. Recrudece cada vez que el país entra en una crisis económica, como la que vive hoy.
A pesar de las políticas públicas, Argentina atraviesa desde hace años diversos conflictos de ocupaciones de territorios en los que se registran vulneraciones de derechos fundamentales.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) titulado “Vulneraciones de derechos en tomas de tierra y asentamientos. Entre la necesidad, el mercado y el Estado”, estos eventos están atravesados por una interrelación entre las restricciones estructurales del acceso al hábitat, las prácticas represivas y criminalizantes del Estado y un conjunto de actores y negocios ilegales que involucran la connivencia policial y su vinculación con la el comercio de tierras, entre otros.
Los “asentamientos informales” son un tipo de urbanización autogestiva que se basa en una ocupación del suelo que limita la trama urbana regular y que no se encuadra en las normas vigentes relacionadas con el régimen de propiedad privada o con los estándares de desarrollo urbano.
Según un relevamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “a principios del siglo XXI el 25% de la población urbana de América Latina y el Caribe, aproximadamente 130 millones de personas, viven en tugurios y asentamientos irregulares”. Frente a este conflicto, los límites entre la legalidad y la ilegalidad no son claros y dependen de las perspectivas de cada una de las partes.
En las últimas décadas, la percepción del conflicto cambió. En la década del ‘70 primaron los programas rígidos y violentos de erradicación de asentamientos irregulares, bajo los que se consideraba a la pobreza como una patología social. En la década del ‘80, se consideraba que las tomas de tierra y los asentamientos eran parte de las tensiones sociales heredadas de las políticas de la dictadura. Mientras que a fines de los ‘90 se los emparentaba con la mercantilización impuesta por un modelo neoliberal con gran protagonismo en el mundo occidental.
Necesidades y necedades
Una primera cosa que hay que decir, es que uno se siente profundamente apenado frente a hechos como los sucedidos en el día de ayer. Pero al mismo tiempo las emociones y los sentimientos se contraponen … esa inestabilidad proviene precisamente del “malestar de la cultura” perfectamente descrito por el padre del psicoanalisis, Sigmund Freud, y que en estos tiempos neoliberales es lo que se utiliza por los medios de comunicación y los poderes económicos para someter individuos y conciencias a ese Boca vs River, que pueden manejar y manipular muy bien.
La realidad es otra cosa. No depende de las emociones que nos provocan a quienes asistimos como “veedores” “opinologos” o aún siendo parte “actoral” de los sucesos en el conflicto, en tanto y en cuánto las emociones y el River vs Boca no permiten entender de que se trata y por ende encontrar soluciones genuinas, duraderas y consensuadas entre las partes.
Gustavo Ferri es Secretario de Atención y Orientación ciudadana de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Su afiliación partidaria está en el Pro. Entrevistado por Cyntia Garcia expresó: “Tenemos un sabor amargo por lo que pasó en Guernica”
el saldo del desalojo es de un “sabor amargo” y por otra parte aseguró que “hasta último momento intentamos lograr un acuerdo con las personas que estaban en la toma”.
El operativo estuvo a cargo del ministro de Seguridad, Sergio Berni, donde se registraron 39 detenciones. Ante esto, el Secretario de Atención Ciudadana y Gestión Territorial de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, expresó que el operativo “funcionó a la perfección”. Además aseguró que los heridos se encontraban fuera de la toma. “Hubo heridos fuera de la toma, algunos pocos, pero ninguno de gravedad. 6 policías y 5 manifestantes con golpes”, afirmó Ferri.
Por otra parte, agregó: “ Nosotros insistimos en resolver pero no había voluntad de los pocos tomadores. Nos dimos cuenta que con todo lo que hacíamos, no lográbamos resolver. Había, en cierta medida intenciones de algunos sectores para que todo terminara como termino”.
En diálogo con #LaGarcía en La Patriada, Gustavo Ferri, sentenció: “ Estamos contentos por el 80 % de la gente que tuvo solución pero el sabor amargo de no resolverlo al 100 % ”.
(https://www.cynthiagarcia.com.ar/gustavo-ferri-tenemos-un-sabor-amargo-por-lo-que-paso-en-guernica/ )
Los Actores
El lunes 19 y miércoles 21 de octubre de 2020, a partir de un acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las organizaciones y delegados de la toma de Guernica, se realizó un relevamiento de las personas que se encuentran en los cuatro barrios del mencionado predio. Tanto delegados de las manzanas y de los barrios y las organizaciones sociales que los acompañan solicitaron la presencia de organismos de derechos humanos en calidad de veedores del dispositivo. Esto fue aceptado por las distintas autoridades del Gobierno de la provincia que gestionan el conflicto.
En este contexto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) participamos del relevamiento. Nuestra función de veedores consistió en asegurar que se respetara el conjunto de preguntas acordadas para el relevamiento, aclarar las dudas que tuvieran les vecines acerca del uso de la información relevada, contribuir a la resolución de situaciones que se sucedieran en cada uno de los barrios, así como dar cuenta de la calidad del dispositivo y su relevancia para el proceso de diálogo y discusión entre ambas partes.
El relevamiento comprendió a los cuatro barrios de la toma, “San Martin”, “20 de Julio”, “La lucha” y “La unión”. En cada uno de estos barrios se instaló una posta central donde se concentraron todes les censistas. Tanto el Gobierno de la Provincia como les representantes de las organizaciones y delegades referentes de la toma, identificaron a sus censistas para realizar el relevamiento. Se buscó asegurar que en los grupos a cargo del relevamiento hubiera censistas en representación de cada parte. Cada censista tenía una planilla con las preguntas a relevar.
En un primer momento, en cada una de las postas de encuentro de les cencistas fue necesario ajustar ciertas preguntas tras identificar divergencias entre aquellas que se habían acordado eliminar, pero aún permanecían en las planillas de relevamiento. Esto llevó a la necesidad de refrendar de nuevo el acuerdo. Finalmente, se consolidaron las siguientes preguntas:
1) Nombre completo de la o el
titular
2) DNI de la o el titular (si lo tuviese)
3)
Identidad autopercibida de la o el titular
4) Barrio
5)
Manzana
6) Cantidad de personas que componen el grupo
familiar
7) Cantidad de personas mayores de edad dentro del
grupo familiar
8) Cantidad de niñes y adolescentes dentro del
grupo familiar y sus edades
9) Si algún miembro del grupo
familiar tiene alguna discapacidad y cuál seria.
10) Si Existen
personas embarazadas al momento del relevamiento
Para el registro, se utilizaron diversos sistemas: manual (planillas, toma de notas), o tecnológicos (google forms, utilización de una app específica, en el caso de los censistas del Gobierno Provincial). Su utilización dependió de cada censista y de las condiciones de acceso a la red. En el caso de registro manual, cada uno de los censistas luego pasaba los datos al sistema electrónico.
La mecánica del relevamiento varió en los distintos barrios. En algunos se identificaron manzanas, a los que se les asignó grupos de censistas encargados de relevar. En otros casos, se distribuyeron un grupo por cada calle. Este segundo esquema generó algunas dificultades, ya que cuando la calle terminaba, había que identificar una nueva calle por donde continuar, sin duplicar el trabajo. Les vecines del barrio “20 de julio” solicitaron que el relevamiento se hiciera directamente en la posta identificada.
En cuanto a los horarios de relevamiento, estos variaron en las dos jornadas. El lunes 19 de octubre el relevamiento se organizó a partir de las 10:30 de la mañana, aunque algunas postas iniciaron su actividad alrededor de las 12, momento en que lograron conformar los grupos de censistas necesarios para iniciar el relevamiento. Alrededor de las 15.30 de ese día, la lluvia impidió la continuación del proceso, por lo que hubo que suspender la actividad y reprogramar. El trabajo se reanudó el miércoles 21, en dos tandas: la primera, entre las 12 del mediodía y las 15, y la segunda, entre las 17 y las 19 horas. Al finalizar la primera jornada se identificaron las manzanas pendientes de relevamiento, lo que permitió retomar la tarea manzana por manzana el miércoles.
Los horarios en que habría de realizarse el relevamiento fue un punto importante de conversación entre las partes del proceso ya que, en algunos casos, los momentos del día elegidos para la tarea, limitaban las posibilidades de encontrar a todas las familias y personas que se encuentran en el predio. Muchas de las personas relevadas informaron que sus vecines habían salido a trabajar o que estaban realizando diligencias o mandados. Para resolver estas ausencias, en algunos barrios, se acordó que quienes no se encontraban en sus respectivos lugares al momento del relevamiento, se acercaran a las postas de encuentro de los censistas en cualquier otro momento. Así, quienes no pudieron ser encontrados en su porción del predio durante el lunes o el miércoles por la mañana, se acercaron a aportar sus datos el miércoles por la tarde.
Los veedores nos repartimos y organizamos por barrio. En algunos casos, acompañamos y supervisamos a los grupos de censistas en la tarea de relevamiento. En otros casos, nos ubicamos en las postas para darle seguimiento al dispositivo. También colaboramos en la recolección de datos.
En este sentido, nuestra intervención no implicó una tarea de registro alternativo a la par de los censistas del Gobierno, ya que esto quedó en manos de las organizaciones y delegades territoriales que acompañan a les vecines. Nuestra presencia y las notas que tomamos permiten recortar una muestra de los números totales, así como certificar el modo en que se desplegó el trabajo de relevamiento en cada uno de los barrios que componen el predio, en el hipotético caso de que existan discusiones al respecto.
En definitiva, nuestra función consistió en asegurar que la información solicitada fuese idéntica en todos los barrios, que el proceso de carga de datos fuese el adecuado y acordado, y que las familias y personas allí presentes pudieran evacuar sus dudas y conocer ciertos detalles sobre los objetivos del relevamiento.
La predisposición de les vecines para contestar e informar sobre la situación de sus grupos familiares fue clave para que el relevamiento se desarrolle y concluya de la manera prevista. Tanto les censistas del Gobierno de la provincia como las organizaciones y delegades referentes de los barrios realizaron su tarea de manera respetuosa, lo que coincide con la predisposición de les vecines a brindar su información personal. Salvo algunas situaciones particulares que pudieron ser resueltas, el dispositivo funcionó como relevamiento de la situación familiar de las personas que se encuentran en el predio.
No podemos hacer una evaluación sobre los resultados del relevamiento en sí mismo, porque -como anticipamos- nuestro rol no implicó la recolección paralela de datos. Según lo recolectado en el marco del censo mencionado, les vecines y delegades han informado que las cifras registradas son: 1400 familias, compuestas por un total de 4417 personas. Si bien no nos ha llegado la información de los registros estatales, vemos que las cifras informadas son consistentes con la cantidad de personas visualizadas durante los dos días de actividades.
Más allá de esto último, y de la posibilidad de contar con información global del relevamiento en las próximas horas, es imprescindible destacar la necesidad de una respuesta habitacional, social, integral, concreta y urgente.
En función del rol encomendado -a modo de aporte- realizamos las siguientes sugerencias para la continuación del proceso de búsqueda de soluciones y alternativas habitacionales para las familias que se encuentran en el predio. Ello en función de las previsiones de la Resolución nro. 22/16 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Subsecretaria Social de Tierras Urbanismo y Vivienda, y la Resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, del 17 de abril de 2019 que aprobó el Protocolo de Actuación Judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad.
-Sugerimos entonces la conformación de una Comisión de Seguimiento o Mesa de Gestión Participativa por el plazo máximo de 180 días en la que el Estado presente un plan integral de respuesta habitacional.
-Esta Comisión de Seguimiento estará integrada por representantes del Gobierno Provincial, del gobierno municipal, de las organizaciones sociales que acompañan y delegades de la toma, de organismos de derechos humanos, del Consejo de Hábitat y Vivienda de la Provincia de BuenosAires y de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Estos dos últimos integrantes, además de participar de la gestión de búsqueda de soluciones, se constituirán como fiscalizadores de los acuerdos alcanzados.
-La Comisión tendrá como objetivo principal el análisis y discusión del plan de soluciones habitacionales definitivas que presente el Estado para todas las familias identificadas en el relevamiento realizado los días 19 y 21 de octubre y la fiscalización de la implementación de ese plan.
SERPAJ
CELS
El desalojo concretado en Guernica bien puede llevar a evaluar elementos de fondo que caracterizan el problema. Arrancamos con los datos empresariales y cerramos con un puñado de informaciones políticas surgidas de la administración provincial.
Las zonas ocupadas por las familias sin techo pertenecen a la empresa El Bellaco S.A. y propietarios individuales.
La compañía, de nombre auto incriminatorio, se dedica a la construcción de countries, barrios privados y clubes exclusivos. Ha sido la más afectada por la presencia de las familias: 60 hectáreas de su propiedad estuvieron, hasta ahora, en manos sociales.
El Bellaco S.A. adeuda el impuesto inmobiliario desde 2018 y registra deudas ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) por 970.959 pesos. Desde mediados de 2019, la empresa dejó de aportar al seguro y a la obra social de sus empleados; por eso, en febrero de 2020 la aseguradora Experta ART rescindió su cobertura.
Las enormes ganancias de sus construcciones –entre otras el country San Cirano- no la llevaron a cumplir con los pagos básicos. El presidente de El Bellaco S.A. es Gervasio Pérez Pesado, platense relacionado con el Club Los Tilos y el Santa Bárbara Hockey Club.
En apoyo a su demanda se presentaron personas del lugar con territorios linderos. Nidia Edith Desplats y su hijo Guido Giana efectuaron una acción judicial aunque sus propiedades, unas 300 hectáreas, no fueron afectadas por la ocupación.
Giana es un concejal de Juntos por el Cambio. Por motivos indescifrables se ha rodeado de una quincena de uniformados bonaerenses que custodian sus terrenos. Fue Gerente Económico Financiero del PAMI durante el macrismo; su acción discrecional sobre la entidad desató escándalos sólo reflejados por algunos medios de Guernica.
En mayo de 2019 Giana designó a los hermanos Arranz en el PAMI y el Anses del lugar. Rápidamente, los espacios periodísticos (Enfoque, Realpolitik) señalaron que “Giana hace doblete: tanto ANSES como el PAMI, los órganos que gravitan fuerte en el universo social –caja y beneficio o derecho social- están a cargo de los dos hermanos que responden directamente a él”.
Finalmente. Nos informan desde dentro de la gestión bonaerense que el titular de Seguridad solicitó –antes de poner en marcha la orden de desalojo, claro- la revisión de la medida. Su planteo fue rechazado por la Justicia. “El juez Martín Rizzo rechazó el pedido del ministro de Seguridad, Sergio Berni, para postergar el operativo sobre el predio” aseguraron.
En la misma dirección, esas Fuentes pusieron de relieve que “antes del operativo se llegó a acuerdos sin conflicto con la mayoría de los ocupantes” y “sólo un sector minoritario, identificado con fuerzas políticas de izquierda, se negó a suscribirlo”.
Aunque las situaciones se hayan enlazado temporalmente, puntualizamos desde estas líneas que resulta pertinente evitar la identificación del litigio entrerriano con el recientemente enfocado. Estamos ante realidades e intereses distintos.
(http://laseñalmedios.com.ar/2020/10/29/guernica-algunos-datos-para-tomar-en-cuenta/ )
El
presidente Alberto Fernández sostuvo esta mañana que tanto el
desalojo
del predio de Guernica como
el caso del campo de la familia Etchevehere
"se resolvieron respetando el juego de las instituciones que
la República impone".
En un hilo de Twitter, el
mandatario remarcó que tanto el gobernador de Buenos Aires, Axel
Kicillof, como el de Entre Ríos, Gustavo Bordet, lo mantuvieron
este jueves "permanentemente" informado sobre ambos
hechos y aclaró que este tipo de conflictos son "resueltos por
los gobiernos provinciales".
En esa línea, desmintió una nota del portal Infobae que hablaba de su supuesto rol en ambos conflictos. "La necesidad de cierta prensa de insinuar fisuras o contradicciones políticas en un momento en que la Argentina exige el maximo del esfuerzo mancomunado, en nada ayuda a la acción de gobierno", consideró Fernández.
"Obviamente, como Presidente de la Nación estoy atento a todo lo que ocurre en nuestro país. Pero como somos un Estado Federal este tipo de conflicto son resueltos por los gobiernos provinciales", explicó.
Sobre el desalojo en Guernica, que derivó en una fuerte represión a ocupantes del predio que se resistieron a abandonar el lugar, el Presidente opinó que lo ocurrido "fue producto del accionar policial dispuesto por la Justicia". "Previo a ello hubo un enorme trabajo de reubicación de familias realizadas por el ministro Larroque", añadió.
En tanto, sobre el conflicto de la familia Etchevehere que finalizó con el desalojo de Dolores y de los integrantes del Proyecto Artigas, remarcó que son sucesos "originados en una disputa familiar" y que el operativo policial -en el que Dolores Etchevehere terminó detenida- fue "también resultado del accionar policial dispuesto por la justicia local tras el fracaso de la conciliación entre las partes".
Por último, insistió en el respaldo tanto a Kicillof como a Bordet porque "ambos gobiernos debieron enfrentar situaciones críticas en donde se mezclaron necesidades humanas, disputas familiares y también intencionalidades políticas". "A mi juicio, los conflictos se resolvieron respetando el juego de las instituciones que la República impone", concluyó.
( https://www.pagina12.com.ar/302683-alberto-fernandez-sobre-guernica-y-los-etchevehere-se-mezcla)
El
gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó hoy que el desalojo del
predio de la localidad de Guernica que se concretó esta mañana "se
hizo con todos los cuidados posibles para evitar heridos y
situaciones de violencia".
"Es una situación
compleja. Unos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros
por hacer acuerdos con las familias, pero pusimos el máximo empeño
en dar una solución", aseveró el mandatario bonaerense en una
conferencia de prensa que brindó en Bahía Blanca y remarcó
comprender "los problemas genuinos" que tienen esas
personas.
De
ese modo, Kicillof se refirió al desalojo del predio de alrededor de
200 hectáreas ubicado en Guernica, partido de Presidente Perón, que
se desarrolló hoy desde las 6 de la mañana por orden judicial, tras
haber sido ocupado el 20 de julio pasado por unas 2.000 familias
provenientes de diversos distritos bonaerenses.
Expuso que
"en Guernica hubo una denuncia judicial y luego una orden de
desalojo que estaba vigente desde hacía mucho tiempo" y reiteró
que fue "una decisión judicial" y que "la policía
simplemente actuó como auxiliar de la justicia para llevar adelante
esa orden".
"Solicitamos varias prórrogas y, en
el medio hicimos un censo, identificamos que había 1.904 personas.
Dispusimos instrumentos para ver si el desalojo se desarrollaba
voluntaria y pacíficamente", relató. Kicillof dijo que se
ofreció a las familias "diferentes respuestas" a los
problemas planteados y explicó que, tras el trabajo de un grupo
multidisciplinario, "se construyó una solución a la que
adhirieron 734 familias" que luego abandonaron el
predio. Después, completó, esas familias se inscribieron en un
registro provincial para poder acceder a una vivienda.
"La
segunda prórroga terminaba mañana. El juez y el fiscal entendieron
que había que ejecutar el desalojo, que se hizo con todos los
cuidados posibles para evitar situaciones de violencia",
añadió. Luego, planteó que "si la decisión judicial no
se implementaba, la política entraba en desacato" y reiteró
que "el juez tomó la decisión y nosotros la ejecutamos de la
manera más cuidadosa posible".
La integrante de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Nora Cortiñas, se expresó en torno al desalojo de familias de las tierras de Guernica y pidió al gobierno “no intentar disciplinar al pueblo que lucha por sus derechos”.
En diálogo con La Izquierda Diario, Cortiñas repudió la represión llevada a cabo por la Policía Bonaerense y manifestó: “El daño que les han hecho a esos niños, a esas familias que estaban allí, nos duele profundamente”.
Asimismo, dijo que “en vez de reprimir, el gobierno tiene que construir viviendas, no intentar disciplinar al pueblo que lucha por sus derechos”.
“Tanto Berni, como [Andrés] Larroque, [Axel] Kicillof y Alberto Fernández que avalaron este operativo, venían amenazando con represión y beneficiando a sectores privilegiados en vez de dar soluciones de fondo al problema de la vivienda, quieren disciplinar al pueblo, es siniestro. El Estado es responsable por el daño a estas más de 1400 familias”, sentenció la madre de Plaza de Mayo.
Por otra parte, lamentó la situación de “niños y niñas que fueron víctimas de semejante violencia, viendo cómo las pocas cosas que tienen se quemaban porque la Policía las prendió fuego”.
“Esas imágenes no se les van a borrar más. El Gobierno no tiene derecho a reprimir así, su obligación es construir viviendas para las miles de personas que no tienen un techo”, agregó.
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque, expresó: “luego de todas las maniobras dilatorias del Partido Obrero, organizaciones delictivas locales y sectores que no comprendían la gravedad del asunto, el juez y el fiscal definieron el desalojo de toma”. A contramano de esa lectura sobre la represión y desalojo de familias sin techo, el refrente del MTE Juan Grabois exigió a Alberto Fernández y Axel Kicillof que “dejen de ceder al poder fáctico”. La legisladora porteña por el FDT Ofelia Fernández indicó que “la decepción y el repudio es total” ante el desalojo y represión en Guernica, donde no hay “aparentemente ninguna otra respuesta del Estado para las 1500 familias”. En tanto, Luis D’Elía expresó: “no me imagino a nuestro querido Néstor desalojando y quemando casillas”. También otras figuras del oficialismo señalaron sus críticas y repudios. En cambio, muchos y muchas referentes del FDT aún permanecen en un absoluto silencio. (Por ANRed.)
El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, justificó el violento desalojo policial contra las familias de Guernica y aseguró que durante el operativo “hubo un esquema organizado con logística importante. Un esquema delictivo, con bandas pesadas que se presumía podían estar con armas de fuego”. Asimismo, expresó que el gobierno venía negociando “pero luego el fiscal tomó la orden de intervenir. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo total”.
Además, en un comunicado titulado “¿Qué pasó en Guernica?”, el ministerio expresa que “estuvo trabajando 40 días en Guernica a fin de alcanzar el retiro pacífico de los ocupantes de la toma”, donde “se definió una estrategia, se censó, se dialogó con todos los actores vinculados a la toma y se acordó con 734 familias su reubicación”.
El ministerio a cargo de Larroque asegura que “durante este proceso, las organizaciones de izquierda, principalmente el Partido Obrero, obstaculizaron el diálogo, impidieron el ingreso al predio e hicieron pública su intransigencia”. En ese sentido, cargando las tintas sobre el PO, sostiene que “luego de todas las maniobras dilatorias del Partido Obrero, organizaciones delictivas locales y sectores que no comprendían la gravedad del asunto, el juez y el fiscal definieron el desalojo de toma”.
A contramano de esa lectura de la represión y desalojo policial de familias sin techo, Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social en Ministerio de Desarrollo Social de La Nación dijo en diálogo con el programa radial Pasaron Cosas que “La protesta social no se reprime. Los conflictos hay que resolverlos con diálogo”. Sin embargo, cuando el conductor Alejandro Bercovich le preguntó si entonces piensa en presentar su renuncia, el funcionario le aseguró que no.
Por su parte, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois repudió la decisión de la justicia entrerriana de ordenar el desalojo de Dolores Etchevehere y quienes integran el Proyecto Artigas de Casa Nueva, y también el desalojo en Guernica. Tras reconocer que sufrieron “una derrota” en Entre Ríos, expresó que se desplegó “un operativo represivo y violento en Guernica”, en un escenario de “casillas destrozadas y personas humildes lastimadas”. También remarcó que hoy en Argentina hay “un cuadro patético de la miseria que no parece tener fondo”, y donde no se pueden “conocer las alternativas que ofrece nuestro gobierno para resolverlo”.
En un duro mensaje, exigió al gobierno nacional de Alberto Fernández, al gobernador entrerriano Gustavo Eduardo Bordet, y al bonaerense de Axel Kicillof, que “dejen de ceder ante el poder fáctico” en una “sociedad criminalmente desigual y excluyente”, ya que “ese mismo poder es el que desestabiliza política y económicamente la Argentina y la América Latina toda. Hay que ponerles un freno”, remarcó.
La joven legisladora porteña del FDT Ofelia Fernández también repudió en su cuenta de Twitter los hechos: “desalojo y represión en Guernica, aparentemente ninguna otra respuesta del estado para las 1500 familias. La decepción y el repudio es total. Sacaron los palos con niños ahí, detuvieron a militantes secundarias, quemaron casitas de palos y nylon… ¿Me explico?”, se preguntó. Desde la cuenta @Tendencia_Perón le respondieron: “No queremos represión. Néstor nunca lo hubiese hecho. Somos muchos los decepcionados“.
En la misma línea, Luis D’Elía expresó: “yo estoy indignado y lo digo como kirchnerista. Sentí mucha impotencia y mucho dolor. No me imagino a nuestro querido Néstor desalojando y quemando casillas. Esta defensa que hace Berni de la propiedad privada, con represión. Me molestó muchísimo verlo en el helicóptero con TN. Yo sabía que esto terminaba con Berni tirando tiros y una situación horrible en términos de derechos humanos. No me gustó tampoco la actitud macartista con la izquierda”, señaló, con respecto a la criminalización y estigmatización que realizó el gobierno con las organizaciones sociales que acompañaron todo este tiempo a las familias de la toma.
En tanto, el presidente del Partido Izquierda Popular, Federico Fagioli, referente de la CTEP/UTEP, del Movimiento Popular La Dignidad y diputado por el FDT expresó en su cuenta de Twitter: “la falta de vivienda no se resuelve con desalojos. El déficit habitacional que padecen millones de compatriotas se resuelve con políticas de integración urbana, acceso a la vivienda y lotes con servicios de manera urgente. ¡No al desalojo! ¡El desalojo nunca es la alternativa!”, exclamó.
El Frente Patria Grande, que también integra el oficialismo, repudió la represión y destacó: “exigimos la liberación inmediata de los detenidos, nos solidarizamos y nos ponemos a disposición de las familias. Exigimos la urgente implementación de programas de vivienda”.
Incluso, otras figuras que son ni del FDT ni de la política expresaron su repudio al desalojo a las familias. Es el caso del cantante y compositor de tango argentino Guillermo Fernández, también conocido como Guillermito Fernández, quien rechazó en sus redes sociales la estigmatización que se hizo desde el gobierno de las organizaciones sociales: “al menos, la izquierda se moviliza, banca las tomas y siguen sus ideales. No nos vi a nosotros movilizándonos así apoyando masivamente a nuestro Gobierno en contra del Poder Real que coptó la justicia o pidiendo que se cumpla la ley de medios o pidiendo por el impuesto a los ricos. Yo estoy seguro que Néstor hubiese estado mucho más contento que esa cantidad de gente recordándolo se hubieran movilizado frente a Comodoro Py o a la puerta de Clarín, sin bajar los brazos”, señaló.
Finalmente, las voces que no entraron en esta nota son las de aquellas figuras del Frente de Todos que hasta el momento mantienen el silencio.( https://www.anred.org/2020/10/29/controversias-en-el-frente-de-todos-por-el-desalojo-de-guernica-entre-el-repudio-la-justificacion-y-el-silencio/)
Blanca Cantero, intendenta de Presidente Perón, afirma que no actúan solos ni eligen los terrenos de manera azarosa: Detrás de los usurpadores está la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, colectivo que interviene en causas de este tipo, y según la jefa comunal “organizaciones sociales de izquierda”.
Ante el temor de que las ocupaciones se propaguen por otros territorios, el gobernador Kicillof recibió en varias oportunidades a jefes comunales peronistas del conurbano. Además de Blanca Cantero, participaron: Mayra Mendoza (Quilmes), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fabián Cagliardi (Berisso), Juan José Mussi (Berazategui), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Andrés Watson (Florencio Varela) y Juan Andreotti (San Fernando), como asi tambien tuvo contacto con el presidente Alberto Fernandez y con varios integrantes del gobierno nacional durante el desarrollo del conflicto.
Blanca Cantero tiene una trayectoria política que se cuenta ya en décadas, habiendo ocupado el cargo de concejal durante cuatro períodos, entre 2003 y 2017. Llegó a ser presidenta del Concejo Deliberante peronense en 2015, y vicepresidenta del PJ local desde 2008.
Sus lealtades políticas tuvieron variaciones con el tiempo. En las elecciones legislativas de 2009 hizo campaña para Francisco De Narváez, que formó una alianza con el PRO de Mauricio Macri y derrotó a Néstor Kirchner en la Provincia de Buenos Aires. En 2017 fue elegida diputada provincial por el Frente Renovador de Sergio Massa, y en 2019 se presentó como candidata a intendenta por el Frente de Todos, ganando la elección frente al exalcalde Aníbal Regueiro, que retuvo el cargo durante 16 largos años.
Casada desde hace casi cuatro décadas con Carlos Acuña, dirigente de la CGT y mandamás del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE). Juntos constituyen una alianza que también es política: como legisladora presentó proyectos vinculados con el sector petrolero al que pertenece su esposo, y juntos se fueron moviendo dentro del espectro de la derecha del peronismo, ligando sus destinos al de Sergio Massa durante los últimos años. Recordemos que Acuña dio sus primeros pasos en la militancia sindical y política de la mano de Luis Barrionuevo, quien supo tener aspiraciones propias a nivel político.
“La Toma de tierras es un problema estructural pero por mas que sea un problema estructural de algo que no se hizo absolutamente nada durante cuatro años y que a lo mejor es mas viejo todavía, personalmente tengo que decir como intendenta de Presidente Perón que yo no puedo evacuar de toda la problemática de la vivienda de mi distrito de un momento para el otro, porque no tengo la solución mágica” expresó en un reportaje publicado por Infobae a poco de comenzada la toma ( https://www.infobae.com/politica/2020/09/05/masiva-toma-de-tierras-en-guernica-los-usurpadores-estan-organizados-y-son-de-movimientos-de-izquierda-dijo-la-intendenta-de-presidente-peron/ )
Pero
la toma no es sólo de vecinos que no tienen donde vivir,
lamentablemente hay muchas agrupaciones que usan la necesidad de
estas personas para realizar una movida tan grande con la promesa que
ellos van a conseguir su terreno.
Al respecto, el Polo
Obrero envió un comunicado a los medios donde plantea su apoyo a las
tomas y cuentan la historia de dos “delegados” de distintas
hectáreas de la toma. “El Radar del Sur” conversó con estos dos
delegados y ante la pregunta que le hicimos sobre ¿Qué harían
ellos si gente viene a su terreno y se instala? No supieron que
responder.
Muchos aseguran que el predio, de unas 100
hectáreas, estaba abandonado. Pero los propietarios tienen la
documentación que avala su propiedad sobre los terrenos. Según
estos delegados la gente no tiene dinero para alquilar, no tienen
donde vivir, pero ¿Qué responsabilidad tienen los propietarios de
las tierras?.
Aunque la Justicia ordenó el desalojo de Guernica
a comienzos de septiembre, el operativo se postergó hasta este 1 de
octubre y ahora se volvió a suspender sin nueva fecha, con la idea
de darle tiempo al gobierno provincial a alcanzar una "salida
pacífica".
Otras voces
La Defensoría oficial analizó la toma de tierras y consideró que “en el fondo es una cuestión de distribución de la riqueza”
El defensor oficial Diego Araujo explicó que el principal obstáculo para resolver el déficit habitacional y la ocupación de predios, es la falta de voluntad política y la renuencia a aplicar la normativa vigente, que son protectoras de la función social de la vivienda. Apostó al trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales para vencer estos escollos. "Desde el sistema judicial vemos las consecuencias de que no se apliquen leyes como la de Hábitat", expuso.
Durante las últimas semanas, los medios nacionales, además de hablar de la pandemia, el dólar y las cuestiones económicas, se enfocaron en abordar la problemática de la toma de predios, con epicentro en el sur del país y en la localidad bonaerense de Guernica como un tema de agenda.
La ciudad de Tandil no es ajena a esta cuestión y se han registrado diversos conflictos en torno al acceso a la tierra y la propiedad privada. Esto puede ser entendido de distintas maneras, pero sin dudas deja al descubierto un problema aún mayor: las deficitarias políticas públicas que existen para garantizar el derecho a una vivienda digna y al suelo urbano.
El Eco de Tandil entrevistó al defensor oficial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Diego Araujo, quien ofreció su punto de vista y su análisis de la situación. Si bien Araujo es el abogado que representa a las familias que ocupan un macizo en Muñiz y Casacuberta, en el barrio Palermo, el caso está en litigio y no se refirió puntualmente a este asunto, para no afectar el curso de la instancia de mediación.
Sin embargo, la trama de las tomas y los asentamientos urbanos tiene varios episodios a nivel local, síntomas de una condición que nunca se termina de resolver.
El marco legal
Para evaluar el cuadro local, en
primer lugar, el letrado invocó el marco normativo que rige en la
actualidad para proteger ciertos derechos fundamentales. En este
sentido, se puede enumerar el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional que consagra el derecho de acceder a una vivienda digna; la
incorporación en la reforma de 1994 de tratados y convenciones
internacionales que van también en esa dirección; la existencia de
normativas municipales que promueven el acceso al suelo urbano;
y la Ley provincial de Acceso Justo al hábitat, sancionada en 2012 y
a la que el Concejo Deliberante adhirió en 2015.
Esta legislación es un instrumento jurídico de gran importancia para promover una comprensión integral de la problemática que aborda y de las herramientas de gestión territorial que ofrece, desde una perspectiva centrada en los derechos de la población, la regulación del suelo y la distribución justa de las valorizaciones que se derivan de su uso y ocupación.
En concreto, Araujo explicó que “hay una gran asimetría entre el marco normativo y el enorme déficit de políticas públicas al respecto”.
Desde su concepción, la cuestión que subyace en la desigualdad de posibilidades a la hora de poder contar con un terreno y una casa, es la de la distribución de la riqueza. Una arista ideológica, cuasi sensible, que configura una visión del mundo y un posicionamiento.
“En el fondo, a mi entender, tiene que ver con la injusta distribución de la riqueza. Se advierte que hay gobiernos que intentan acercar estos derechos, y hay otros que demuestran indiferencia. La asimetría está en la orientación de las políticas públicas que puede llevar un gobierno u otro”, se explayó.
Función social de la vivienda
La vivienda cumple una función social esencial en el ordenamiento ciudadano y en la planificación urbana. Bajo este principio rector, se puede entender que es imprescindible llevar adelante acciones que favorezcan la accesibilidad de todas las personas a un techo propio.
Teniendo en cuenta esta premisa, los estados municipales son quienes deben gestionar fuertemente la democratización del suelo urbano y la creación de planes de viviendas sociales. Aunque es una tarea que implica a los tres estamentos estatales, cada distrito debe desarrollar políticas acordes al perfil territorial.
“El municipio debe gestionar ante los otros niveles del Estado y también debería trabajarse con las organizaciones sociales y representantes del sector público y privado que puedan proveer financiación para el desarrollo urbanístico”, detalló Araujo.
Usucapión versus usurpación
El defensor consideró, asimismo, que hace falta una mirada crítica sobre el tema, porque persiste un doble estándar para medir las situaciones de esta naturaleza.
Por un lado, destacó que las tomas tienen diferentes acepciones según quienes las ejecuten. En algunos casos se habla de usucapión, figura también conocida como prescripción adquisitiva: un modo de acceder a la propiedad de una cosa mediante la posesión continuada de los derechos reales durante el tiempo que establece la legislación.
Pero en otros casos, pesa el estigma y se habla directamente de usurpación. Este es un delito establecido en el artículo 181 del Código Penal, que reprime con una pena de prisión de seis meses a tres años quien “despojare a otro” de la posesión o tenencia de un inmueble cuando ese despojo sea “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”
Así, el funcionario desglosó que “el núcleo de la cuestión es el mismo. Hay personas que recorren todos los estamentos del Estado para conseguir una vivienda y nunca tienen respuestas. Y hay ‘pícaros’ con información privilegiada que adquieren tierras fiscales para obtener un rédito económico”.
Y observó que “si la mayor cantidad de recursos se concentran entre menos, posiblemente los más vulnerables tendrán más dificultades para acceder a ciertos bienes”.
Desalojos
El conflicto de intereses por la tierra en varios casos llega a judicializarse y se aplica una medida precautoria de desalojo, aún cuando no se haya citado a los ocupantes a declarar o notificarse.
Ante esto, Araujo consensuó hace un par de años con otros actores gubernamentales y judiciales un protocolo de actuación para minimizar los riesgos. En ese entonces, se logró recurrir a la Cámara Departamental de Azul para que prescribiera estas pautas frente a los desalojos y el organismo reaccionó positivamente.
En consecuencia, dictaminó que si hay menores de edad que formen parte de la toma, debe intervenir el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y el área de Desarrollo Social. También se permite que los jueces de primera instancia suspendan las medidas de desalojo y se conmina a los gobiernos comunales a que arbitren los lineamientos necesarios para no dejar a las personas en situación de calle.
No obstante, estas disposiciones no resuelven el conflicto de base, sólo lo suspende momentáneamente pero raíz de la carencia sigue latente. “El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”, sentenció.
Dotación de servicios
En tanto los terrenos permanezcan ocupados informalmente, las leyes debe garantizar la dotación de servicios básicos hasta tanto se destrabe la situación judicial si existiera un litigio o se formalice el derecho de propiedad sobre las parcelas.
En esta dirección, el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) es una herramienta que permite regularizar las relaciones dominiales y garantizar el suministro de servicios de infraestructura básicos.
En este marco, el “Certificado de Vivienda Familiar” ha sido constituido como un documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios públicos domiciliarios tales como agua corriente y servicios cloacales, energía eléctrica, gas y telefonía; solicitar la clave única de identificación tributaria (CUIT) y/o la clave única de identificación laboral (CUIL); realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.
La letra legislativa en la que se basa la norma se ampara en el artículo 42 de la Constitución, que propende a garantizar el acceso a todos los potenciales usuarios de los servicios públicos, cualquiera sea su situación económica. Y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la Ley 24.658, establece en su artículo 11.1 el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.
Por último, del decreto nacional 358/17 se desprende que “a fin de acelerar el proceso de urbanización y regularización dominial, resulta necesario implementar acciones conjuntas con los demás organismos con competencia en la materia, entre los cuales se encuentran aquellos responsables en el control y regulación de los servicios públicos de carácter domiciliario.
En esa línea, Araujo expuso que el Estado tiene que prestar atención a estas tesituras, y si no puede ser el promotor de políticas habitacionales, por la razón que fuere, dar apoyo a organizaciones e instituciones que puedan canalizar esta demanda.
Aníbal Fernández: “Nunca dejó de garantizarse la propiedad privada”
El histórico dirigente del peronismo defendió la actuación del gobierno en Guernica.
Las tomas de tierras en Guernica y el conflicto familiar de los Etchevehere generaron diversas opiniones, entre ellas muchas de la oposición que cuestionaban que el gobierno promovía los ataques a la propiedad privada. Aníbal Fernández, histórico dirigente del peronismo que hoy es titular de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, habló en América TV y expresó que “nunca dejó de garantizarse la propiedad privada”.
“De lo de Entre Ríos no opino porque es un conflicto familiar. Lo de Guernica lo dije desde el primer momento, nunca estuve de acuerdo con la toma de tierras. En mi gestión como intendente nunca permití una toma. Y en el caso de Guernica, hubo una orden judicial que no se puede cambiar. La instrucción fue que debía desalojarse y así se hizo”, aseguró Aníbal Fernández.
El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner destacó que el gobierno provincial pudo negociar y que muchas familias abandonen el predio, pero que muchas personas no tenían vocación de irse y buscaban que la situación terminara mal. “La situación siempre fue la misma, de ir a charlar y convencer, pero cuando se llega a un límite, es preferible llevarlos a un lugar, que un médico los revise, tocan el piano y se van a sus casas”.
Luego, Aníbal Fernández respondió a las críticas, al afirmar que “no hubo represión de la derecha”, sino que actuó la fuerza de seguridad por orden de la justicia, pero que el gobierno de la provincia de Buenos Aires intentó negociar para no llegar a eso. Además, afirmó que el presidente Alberto Fernández “no se deja correr ni por izquierda ni por derecha”.
Por último, el dirigente también defendió a Cristina Kirchner: “Los empresarios, a pesar de irles bien en los negocios, la culpan de todo a ella, cuando las decisiones las toma el presidente. ¿Cuánto tiempo jodieron con que Cristina no hablaba? Ahora habló. Como dijo en la carta, le critican las formas, pero en realidad lo que les molesta es el peronismo”.
«No se pueden promover las tomas, son ilegales»: Daniel Arroyo planteó su postura sobre el desalojo en Guernica
El ministro de Desarrollo social dijo que se cumplió con la propuesta de la Justicia y subrayó la necesidad de urbanizar los barrios populares.
Luego de la palabra del presidente Alberto Fernández sobre el desalojo en Guernica, otros funcionarios del Gabinete nacional expresaron su postura sobre el operativo. Esta mañana, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, dijo que «se cumplió la decisión de la Justicia» y subrayó la importancia del trabajo previo en la mesa de diálogo. «No se puede promover las tomas, son ilegales», agregó.
En diálogo con Radio La Red, el funcionario nacional dijo que el operativo policial encabezado por el Sergio Berni fue «correcto», pero insistió en que, desde su rol, «apuesta permanentemente al diálogo». En este sentido, Daniel Arroyo aseguró que el gran objetivo del Estado nacional es abordar la cuestión habitacional de raíz. «Nuestra tarea es urbanizar 400 barrios por año, esa es la resolución de este problema», precisó.
«No es para pagarle a la gente que toma»
Esta semana, en el afán de frenar la usurpación de terrenos privados, el Gobierno bonaerense decretó la entrega de subsidios de hasta $50 mil pesos mensuales a personas en «situación vulnerable» que no pueden acceder a la tierra. «Hace muchísimos años existió ese subsidio para gente que no puede pagar alquileres o queda desalojada. No es para pagarle a la gente que toma», sostuvo Arroyo sobre la criticada decisión.
A su vez, insistió en que la medida que impulsó Axel Kicillof «fue pensada para personas en situación de calle o en zonas muy precarias» e insistió en la necesidad de impulsar un plan de urbanización masivo. Según informó, el presupuesto ministerial para el año próximo contempla «dos tercios del total» para el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) a fin de lograr «la urbanización, más trabajo, y la construcción de 800 jardines de infantes. Esos son los objetivos».
«Trabajamos para que la AUH sea universal»
En las últimas horas, el Gobierno nacional anunció la ampliación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a más de un millón de chicos pero por diversos motivos (falta de DNI o error en la carga de datos, entre otros motivos) no eran identificados por el Estado. «Hay una parte de los argentinos que están invisibilizados. Hasta ahora había cuatro millones de chicos pero faltan más de un millón, que tenemos que ir a buscarlos para que la AUH sea realmente universal», aseguró el ministro.
Contexto Ampliado …
En un marco mas general, el problema del acceso a la vivienda y del acceso a la tierra productiva obedece a una misma matriz histórica, de dependencia cultural y de intereses neoliberales actuales que se contraponen con el derecho a la tierra y al acceso de los bienes básicos para vivir dignamente, pero tambien, a un escenario actual de profunda confusión, ignorancia respecto a la historia y a como funciona la democracia y las instituciones y a un desprestigio y desconfianza respecto a todo lo que tenga que ver con el Estado, en parte ganado por las propias actuaciones del Estado, pero un mucho alimentado por los privilegios y sectores que ven en el Estado un freno a sus voracidades de ganancia y lucro o a la concreción de sus derechos mas elementales como es el acceso a la vivienda o a una tierra productiva.
..."lo que está pasando en nuestro país no es excepcional para nada. “Es un fenómeno global. Por eso, lo primero que les digo es que no se asusten no están solos. Si se hunden, se hunden con todo el mundo. Todo el mundo está así”.
“La democracia anida en las mentes. Si la gente no cree en la democracia, la democracia es superficial. Donde anida el cambio social es en las mentes. Si la gente tiene nuevas ideas eso acaba pasando, por ejemplo, el movimiento feminista”.
“Los movimientos sociales no son movimientos políticos, los movimientos políticos son políticos, buscan la transformación del Estado. Los movimientos sociales son aquellos que buscan la emergencia, el debate de nuevas formas culturales”, al explicar las características que tiene el fenómeno. “lo que sucede es que los ciudadanos no tienen confianza ni en sus parlamentarios ni en sus gobiernos ni en sus presidentes ni sobre todo en sus partidos políticos. Hay un rechazo unánime de todos los partidos, no son considerados legítimos ni viables.
Lo anterior, señaló, se traduce en tres etapas. “La primera, la crisis de legitimidad política que se expresa en una transformación fragmentada y caótica de los sistemas políticos. La segunda, la emergencia de movimientos sociales, que surgen con nuevos valores de todo tipo. Y la tercera, las explosiones sociales. No se trata de movimientos articulados y en torno a proyectos que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones. Simplemente la gente no puede más y explota. Y explota en algunos lugares con violencia limitada en otros con violencias más extrema”.
Manuel,Castells
El asunto es entonces como cada quién define sus participaciones. Desde que lugar y con que elementos … teniendo en cuenta que la violencia irracional nunca es solución de nada … que cierto orden social es imprescindible para que no gane el “todos contra todos” o “salvese quién pueda” , y que en medio de una crisis tan inédita como extraordinaria, tenemos la posibilidad histórica de trascender el River vs boca en el cúal nos quieren encerrar para dominarnos y manipularnos y pensar en una verdadera democracia que nos incluya a todes los que pisamos este bendito suelo.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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