Desarrollo económico nacional en escenarios de incertidumbres globales
Domingo 4 de octubre de 2020
Todo es incertidumbre. La pandemia nos obliga a repensar, una vez más, el sentido de la escuela y el papel de la escuela en nuestra sociedad (Fundación Santillana, 2020). Hicieron falta solo unos días para darnos cuenta de lo importante que son las escuelas en nuestras vidas, para entender lo difícil que es escolarizar los hogares, y comprender lo importante que es ir y estar en la escuela.
Quien más y quien menos durante aquellos días de confinamiento compartimos un doble deseo un tanto paradójico que expresó perfectamente el filósofo español Santiago Alba Rico: queríamos librarnos cuanto antes de la amenaza, pero no queríamos volver a la normalidad (Alba Rico, 2020). La frase aún resuena en nuestras cabezas. Volver, sí, pero evitar regresar a una normalidad fantasiosa en la que vivíamos y vivimos. No queremos volver a la normalidad.
Si algo nos ha quedado claro (queda por ver si seremos capaces de hacerlo) es que necesitamos políticas educativas que vayan más allá de lo escolar. Compensar las desigualdades comporta inversiones en los centros, cambios en el currículum y otra formación docente (inicial y permanente); y también inversiones sociales. Debemos pensar en la escuela y sus recursos, pero también en la situación de los hogares, y de las inseguridades que rodean a los estudiantes y familias. Deberíamos, dice César Rendueles, “dejar de pensar en la educación como motor privilegiado de la equidad y plantearnos lo contrario, que sin igualdad social, sin un ethos igualitarista generalizado, cualquier proyecto de democratización y mejora pedagógica universalista es imposible.” (Rendueles, 2020, pp-293-294).
La pandemia ha puesto sobre la mesa los claroscuros de nuestras sociedades y nuestros sistemas educativos. Nos ha mostrado nuestras fortalezas, pero también las debilidades. Nos ha puesto frente al espejo de nuestra realidad, y el reflejo nos ha devuelto aspectos positivos como la capacidad de reacción y el compromiso docente, a pesar de las dificultades y muchas veces la falta de apoyo, y ha puesto en valor aspectos de la escuela que pasábamos por alto (por ejemplo, el hecho de ir y estar en la escuela). Pero también nos ha mostrado las costuras rotas y los enormes retos que tenemos por delante, en tanto que sistemas, escuelas, docentes y profesionales de la educación. En palabras de Axel Rivas, con el confinamiento se cayó la presencia; se cayó el tiempo; se desarmó el currículum; se desarmó la motivación basada en el deber externo; y se desarmó la armonía y el (falso) equilibrio de las cosas (Rivas, 2020). Y se hizo muy difícil, en algunos contextos imposible, dar continuidad a la enseñanza y mantener el derecho a la educación.
La pandemia nos ha hecho plenamente conscientes de que suspender la escuela presencial dificulta la operación de suspensión (de dejar temporalmente sin efecto el orden y el uso habitual de las cosas) con la que opera la escuela (Masschelein y Simons, 2014), dificultando enormemente la tarea pedagógica.
La pandemia nos está mostrando en toda su magnitud las múltiples desigualdades sociales, económicas, de capital cultural, tecnológicas, que atraviesan y condicionan lo educativo. Gran parte de los retos de la educación no son educativos sino sociales. Tampoco son nuevos. Son muchos los datos que apuntan desde hace años hacia la necesidad de un cambio educativo que nos permita responder a los desafíos educativos de nuestro tiempo. No queremos volver a la normalidad.
Desafíos que tienen que ver con el sentido de la escuela hoy, con nuestras concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje, con la mirada que tenemos hacia nuestros alumnos, con las expectativas que ponemos sobre ellos, con la relación entre tecnología y educación, con cuestiones como el liderazgo, la colaboración entre docentes, el desarrollo profesional, la vinculación con otras escuelas y con otros espacios de aprendizaje, la necesidad de creación de redes. Sobre estos temas llevamos tiempo conversando con docentes, académicos, investigadores del ámbito educativo en el marco del proyecto En clave de Educación de Fundación Santillana.
Uno de los aspectos que la pandemia ha evidenciado es la existencia de tres brechas tecnoeducativas: la primaria, la del acceso a los dispositivos y la conectividad; la de segundo orden, la del uso, la que tiene que ver principalmente con el tipo de uso que damos a esa tecnología; y la brecha terciaria, la que separa la escuela de la sociedad. Tres brechas de las que ya nos hablaba Pablo Bongiovanni en esta conversación que mantuvimos con él en la ciudad de Rosario (Argentina) unos meses antes de la pandemia.
“Ya existía una profunda desigualdad en el acceso a los recursos digitales, a dispositivos, conexión a internet, saberes específicos para explotarlos. Con la llegada de la pandemia esa brecha resultó determinante para poder acceder al trabajo, la comunicación, el estudio, la compra de productos de primera necesidad, el esparcimiento o la vida sentimental”, escribe Esteban Magnani (Magnani, 2020). “Si nos alejamos un poco de los cascos urbanos, de los centros más urbanos, vemos a docentes que se enfrentan a realidades muy duras: por ejemplo, la del profesor que trabaja en una escuela que no suele tener luz —a mí me pasa a veces que voy a dar clase de Tecnología y no hay luz toda la mañana—. Entonces, entre esa realidad y la realidad donde todos los servicios y demás están asegurados, ya hay un gris, un matiz”, dice Bongiovanni.
La cuestión ya no es si tecnología sí o tecnología no, sino que qué tecnología, producida por quién, para qué queremos esa tecnología y cómo queremos utilizarla. El aprendizaje del siglo XXI pasa, sí o sí, por la competencia digital del alumnado y el profesorado para la búsqueda de información, para la creación de artefactos digitales y para la participación en una comunidad virtual de aprendizaje, sostiene Fernando Trujillo (puedes ver aquí la conversación que tuvimos con él en este proyecto) en Cómo enseñar más allá de la presencialidad (Trujiillo Saez, 2020).
En la misma publicación, Ramón Montes sostiene que “la escuela que debemos construir en esta pandemia y después de ella requerirá de forma imprescindible del desarrollo de más y mejores competencias digitales en nuestro alumnado” (Montes Rodríguez, 2020). Unas competencias, sigue Montes, que deben preparar a nuestra infancia y juventud en un uso correcto de la tecnología, tanto al consumir como al producir información.
Tenemos claro que las tecnologías digitales no pueden dar respuesta por sí mismas a los problemas socioeducativos (Selwyn, 2017). Pero abre oportunidades fascinantes, dice Fernando Trujillo. “Proporciona herramientas útiles para gestionar el aprendizaje y la enseñanza, aumentando nuestra eficacia en relación con ambas tareas. Multiplica nuestra capacidad para aprender haciendo y para difundir los resultados de nuestro aprendizaje. Eleva las posibilidades de entrar en contacto con otras realidades y personas más allá de nuestro siempre limitado entorno geográfico.” (Trujillo, 2016)
La crisis nos ha mostrado la fragilidad de nuestros sistemas educativos en términos de digitalización, pero también ha hecho visibles otros desafíos no tecnológicos relacionados con el currículo, lo que debemos aprender, los aprendizajes clave, las competencias y las habilidades, las metodologías más apropiadas, las formas de evaluar lo aprendido y la organización escolar. El gran desafío es qué vamos a cambiar y cómo lo vamos a hacer, sostiene Pablo Bongiovanni.
En una investigación realizada durante los meses de confinamiento en España, la comunidad educativa y especialmente el profesorado señalaba la necesidad de revisar en profundidad del currículo, para poder prestar más atención “a competencias y aprendizajes que hasta ahora tenían que ver con contenidos más transversales y que con frecuencia quedaban injustamente relegados por el papel central de contenidos más académicos: el aprendizaje autónomo del alumnado, las competencias digitales, la promoción de la salud o la necesidad de una comprensión lectora alta”.
La pandemia y el confinamiento han generalizado la preocupación docente porque los alumnos desarrollen competencias como el aprender a aprender o la capacidad para autogestionar su aprendizaje, que a su vez están muy relacionadas con la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de prestar atención a algo.
La escuela es, de hecho, un dispositivo atencional y los docentes pueden ser vistos como maestros de la atención: llamar, sostener, mejorar y disciplinar la atención serían las tareas principales del profesor (Larrosa, 2019). Cuando trabajamos con las propuestas educativas, sostiene Pablo Bongiovanni en esta conversación, “cuando yo trabajo con un docente o cuando yo mismo propongo algo en el aula, necesito preguntarme qué oportunidades estoy habilitando para que se desarrollen esas habilidades,” hasta qué punto estoy facilitando el desarrollo de la mirada atenta y de la escucha generosa
( https://carlosmagro.wordpress.com/2020/10/02/no-queremos-volver-a-la-normalidad/ )
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Después del África Subsahariana, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, y la desigualdad del ingreso está empeorando como resultado de la pandemia de la COVID-19. Debido a los efectos a largo plazo que se prevé tendrá esta pandemia, es probable que la desigualdad siga empeorando durante muchos años si no se adoptan las políticas adecuadas.
Esto sería una tragedia para una región donde, entre 2000 y 2018, como resultado del auge en los precios de las materias primas, la pobreza disminuyó sustancialmente y la clase media creció del 23% al 38% de la población. Marcaría un fuerte retroceso en países donde muchos creían que sus vidas estaban mejorando pero donde nueve de cada diez personas todavía opinan que la distribución del ingreso es injusta.
La pandemia de la COVID-19 se ha cobrado más de 260.000 vidas y ha sumido a la región en una profunda recesión. Actualmente, el agravamiento de la desigualdad como resultado de la pandemia representa una amenaza para la estructura de las sociedades de la región, para las perspectivas de los pobres y la clase media y para las posibilidades educativas y profesionales de decenas de millones de jóvenes. Amenaza con erosionar la confianza entre los ciudadanos y el sentido de propósito común necesario para el progreso, aspectos de la sociedad que ya eran débiles antes de que golpeara la crisis.
El nuevo informe del BID “La crisis de la desigualdad” analiza la desigualdad de la región desde diferentes ángulos y las reformas necesarias para que disminuya. Pone el acento en la necesidad de que los gobiernos gasten mejor, mejorando la focalización de los programas sociales para ayudar a los que más lo necesitan. Deben embarcarse en reformas del mercado laboral para ampliar las redes de seguridad a todos los trabajadores. Y tienen que proteger a los jóvenes, implementando políticas que impidan la deserción escolar durante e inmediatamente después de que la pandemia se atenúe. Las medidas a medias no servirán. La región necesita un contrato social nuevo y más incluyente.
Actualmente en América Latina y el Caribe, el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre y el 1% más rico posee más del 20% del ingreso nacional, es decir, el doble del promedio en el mundo industrializado. Las mujeres ganan considerablemente menos que los hombres y los afrodescendientes y población de origen indígena ganan mucho menos que el resto de la población. Además, los impactos de la desigualdad comienzan temprano en el ciclo de vida de los latinoamericanos y caribeños. La educación privada y otras oportunidades de las que disfrutan los ricos generan una gran brecha de habilidades, de modo que los niños de la quinta parte más rica de la población a los 15 años tienen el equivalente en habilidades de dos años más de educación que la quinta parte más pobre. Esto les brinda posibilidades mucho mayores de tener un empleo de calidad en el mercado laboral formal, y perpetúa la desigualdad y la pobreza a lo largo de las generaciones.
Los gobiernos han adoptado medidas de confinamiento y distanciamiento social estrictas durante la pandemia, que se han traducido en golpes más duros para los trabajadores de baja cualificación que no han podido teletrabajar desde casa, entre ellos, los que trabajan en el comercio minorista, la construcción y el sector de la restauración. Una encuesta reciente del BID y la Cornell University muestra que una persona en un hogar pobre tiene tres veces más probabilidades de haber perdido su empleo como resultado de la pandemia que una persona en un hogar de ingresos altos. Puesto que la mayoría trabaja en el sector informal, los trabajadores de baja cualificación también suelen carecer de un seguro de salud y desempleo que mitigaría el golpe de una pérdida del empleo.
Los niños pobres son los que han sido golpeados con más dureza. Los estudios sobre el cierre prolongado de las escuelas debido a las huelgas de los docentes muestran que es probable que los alumnos afectados acaben con menos años de escolaridad, una graduación más tardía de la escuela secundaria y una mayor probabilidad de ganar salarios bajos o no tener un empleo en la edad adulta. Los niños de antecedentes socioeconómicos más bajos sufren las pérdidas de aprendizaje más grandes.
Durante las últimas dos décadas la cobertura de salud y educación entre los pobres se amplió mediante transferencias monetarias condicionadas. Y la pobreza entre las personas de edad avanzada se redujo mediante la ampliación de las pensiones no contributivas. Sin embargo, el tejido social de la región sigue fracturado. Dado que las clases medias y altas renuncian a los servicios públicos, se observa una fuerte segmentación de clase. En la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para citar un ejemplo, un alumno del 20% superior de la distribución del ingreso tiene 2,8 veces más probabilidades de interactuar en la escuela con un alumno del mismo nivel de ingreso que un alumno del 20% inferior de interactuar con alumnos del nivel superior. Esta ratio en América Latina es de 6,5, y en países como Chile y Perú ronda el 10. Esto tiene que ser rectificado. La calidad de la escuela tiene que mejorar para llevar nuevamente a las clases medias y altas de vuelta a la educación pública y a otros servicios públicos a los que han renunciado.
Hay otras reformas que son esenciales. América Latina y el Caribe tiene un registro notablemente malo cuando se trata de corregir la desigualdad mediante los impuestos y el gasto público. El sistema tributario está sesgado a favor de los impuestos indirectos, como los impuestos al valor agregado, y es regresivo debido a la evasión tributaria. El sistema de pensiones cubre a numerosas personas que contribuyen a sistemas de reparto pero que entran y salen del empleo formal durante sus vidas y no son elegibles cuando llegan a la edad de jubilación para una pensión. Y la región gasta la mitad en políticas sociales en relación con su PIB con respecto a los países de la OCDE. Por consiguiente, los países de la OCDE son casi ocho veces más eficientes que los países de la región en lo que se refiere a la reducción de la desigualdad a través de la política fiscal.
Es necesario abordar estos problemas, como es necesario abordar la situación de casi uno de cada dos trabajadores que trabajan en el sector informal y que en su gran mayoría carecen de seguro de salud y desempleo. Es necesario crear redes de seguridad que protejan a todos los trabajadores, independientemente del tipo de empleo que tengan.
Nada de esto será fácil. El espacio fiscal es extremadamente reducido. Los gobiernos tendrán que priorizar programas y reformas dependiendo de su capacidad de gasto y su capacidad de luchar contra la evasión fiscal e implementar subidas de impuestos en la parte alta de la distribución del ingreso. También se requerirán reformas en profundidad en el mercado de productos y el mercado laboral para generar un contexto de negocios más dinámico. La región debe iniciar una fuerte reactivación que recupere los empleos productivos del sector formal destruidos por la pandemia.
Pero es urgente pasar a la acción. Las pandemias son pruebas de estrés que revelan debilidades de las sociedades y sus economías. Como se ha visto por las protestas que estallaron el año pasado en América del Sur debido a problemas sociales, las frustraciones por la desigualdad difícilmente se deben sólo a la crisis de la COVID-19. Sin embargo, la pandemia ha puesto de relieve la tremenda desigualdad de la región y ha contribuido a un empeoramiento del problema. Las reformas deben abordar estos aspectos. La región debe trabajar para forjar sociedades cohesionadas donde las oportunidades para progresar y para una vida mejor estén al alcance de todos los ciudadanos y para que todos se sientan parte de un proyecto común digno de su esfuerzo.
( https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/la-lucha-contra-la-desigualdad-en-la-era-de-la-covid-19/ )
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El Gobierno espera fijar en torno del 30% el aumento del salario mínimo para este año, en línea con varias de las paritarias que cerraron en lo que va de la pandemia y un poco por debajo de la estimación de inflación anual.
Se trata de la pauta que manejan en reserva los funcionarios del Gabinete económico para la convocatoria del 14 de octubre a pesar de reconocer el desfasaje superior a 40 puntos del piso salarial formal contra la inflación acumulada en 2018 y 2019.
Un aumento mayor, evalúan en el Ejecutivo, demandaría más gasto público por su impacto en asistencia social y reabriría la conflictividad en sectores gremiales que hubiesen negociado por debajo.
El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil citado este miércoles se reunirá en dos semanas con el objetivo central de adecuar ese ítem, que a su vez tendrá incidencia directa en más de 500 mil planes sociales y en el valor de los más de dos millones de subsidios salariales ATP que paga el Gobierno como compensación a las empresas golpeadas por la crisis derivada del coronavirus, como adelantó ayer este diario. También deberá actualizar el monto del subsidio por desempleo, que a instancias de la pandemia se fijó en un mínimo de 6 mil pesos mensuales y en un máximo de 10 mil pesos.
En el equipo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, esperan una discusión compleja por la dimensión de la caída económica en el primer semestre del año. También descuentan que el debate durará más de un día por tratarse de la primera sesión a distancia de esta institución.
La convocatoria alcanza a 16 miembros por las principales cámaras empresarias (industrial, comercio, construcción, agro, bancos, Bolsa de Comercio, pyme) y otros tantos de la CGT y las dos versiones de la CTA (de los Trabajadores y Autónoma). Los funcionarios planean sumar, como invitados, a referentes de los movimientos sociales aunque sin poder de voto.
La particularidad de que será la primera sesión de este tipo por completo virtual implicará que cada uno de los representantes deberá, antes de la reunión, certificar de manera remota su identidad.
Si a eso se suma el hecho de que serán muchos protagonistas con intención de pronunciarse, en la cartera laboral calculan que el debate podrá durar dos o más días. El primer encuentro plenario fue convocado para el 14 de octubre a las 15 y el segundo, a las 16.30.
Más allá del monto, que esperan situar cerca del 30% de suba que pactó el gremio de Camioneros y que se corresponde con varias de las paritarias que cerraron hasta ahora (Aceiteros, con 25%; Asociación Bancaria, 26% y el gremio del neumático, Sutna, con 37%, son los principales resultados) en el equipo económico confirmaron que el ajuste se trasladará al valor del ATP: esa compensación sobre el salario que la ANSES deposita en cada cuenta sueldo de las empresas en crisis equivale como mínimo a un salario mínimo, de $16.875, y como máximo a dos de esos pagos, es decir 33.750 pesos.
También, como destacó ayer este diario, la variación repercutirá en el salario social complementario que reciben como retribución más de 500 mil beneficiarios de planes de asistencia. Ese pago es de 8.500 pesos y está sujeto al valor del salario mínimo. Otro ítem que podría ser influido por el aumento del salario mínimo es el sueldo de los docentes, que desde la gestión de Mauricio Macri tiene una garantía de que crecerá 20% por encima del valor del piso formal. Sin embargo, por estar el ingreso garantizado de los trabajadores de la educación en torno de los 25 mil pesos no aparece en el horizonte de la actual sesión del Consejo del Salario la chance de solaparse uno con otro.
En tanto, en el Gobierno descartaron avanzar sobre un histórico reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de otras cámaras patronales que pasa por regionalizar el salario mínimo. Es decir, fijar un valor diferencial en función de las canastas básicas de cada región del país.
Tampoco está previsto eximir a algún sector del pago del aumento que termine por resolverse. Otra confirmación: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no será aumentado en una proporción con el salario mínimo. El argumento oficial es que ese aporte está disociado del salario mínimo pero una especulación de algunos actores sindicales y sociales dejaba abierta esa inquietud.
Si se tiene en cuenta la pérdida de puntos del salario mínimo desde 2018 la suba que evalúa el Ejecutivo está muy por debajo: en esos dos años el desfasaje contra la inflación acumuló más de 40 puntos (en el bienio la canasta trepó más de 101 por ciento y el piso salarial, 60 por ciento) y en el Gobierno, aunque lo reconocen, señalan que una recuperación real podrá negociarse recién en 2021 en un eventual escenario de salida plena de las restricciones que impuso la cuarentena. Como compensación señalan que el ajuste del salario mínimo podrá ser referencia para los trabajadores informales y otros sectores que se reflejan en esa pauta. + (PE/Ambito Financiero)
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La liquidación de exportaciones del sector rural en el último trimestre de 2019 ascendió a 6.386 millones de dólares. Fue una marca histórica en un año record, el mejor desde 2002. En el último trimestre de 2018 la liquidación de divisas había sido menos de la mitad: 3034 millones. Los datos figuran en los registros del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), responsables del 45 por ciento de las ventas al exterior que realiza la Argentina. Esas entidades fueron quienes negociaron con el Gobierno la baja de retenciones hasta fin de año para todo el complejo sojero. La expectativa de las autoridades es que a partir de ese arreglo los exportadores liquiden no menos de 6000 millones de dólares en el trimestre en curso, para pasar de los 15.134 millones computados hasta fin de septiembre, uno de los registros más bajos de la última década, a más de 21.000 millones.
En todo 2019 la liquidación de exportaciones rurales había sido de 23.719 millones de dólares. Y en 2018, de 20.219 millones. El menor nivel de aquel año se explica por la sequía que bajó la producción y por el estallido del plan económico de Cambiemos, que había endeudado al país en 100 mil millones de dólares los dos años anteriores hasta que agotó las fuentes de crédito en los mercados voluntarios. La sucesión de devaluaciones y el agravamiento de la crisis a partir de entonces llevaron a que el último trimestre de 2018 se registrara aquella marca exigua de 3.034 millones de liquidación de divisas. La incertidumbre era total y tanto los productores como las grandes empresas exportadoras retenían las cosechas ante la perspectiva de una escalada del dólar, como finalmente ocurrió.
En el último trimestre del año pasado, en cambio, la aceleración record de liquidación de exportaciones fue para anticiparse a una eventual suba de las retenciones con el gobierno del Frente de Todos. Ese comportamiento y la mayor disponibilidad de divisas del campo no lograron que el gobierno de Mauricio Macri estabilizara la situación, y finalmente se retiró con el dólar por las nubes y la caja raleada para la siguiente administración.
El gobierno de Alberto Fernández tuvo un intento fallido por asegurarse un ritmo sostenido de liquidación de exportaciones y control sobre el sector con el proyecto de rescate de Vicentin mediante la intervención y expropiación de la empresa. CEC y Ciara, que ahora son protagonistas centrales del acuerdo de disminución de retenciones a la soja y sus derivados hasta fin de año, se opusieron firmemente a esa iniciativa. Rechazaban la creación de una empresa testigo en manos del Estado que pusiera la lupa sobre sus negocios. La necesidad de negociar ahora con esos grandes exportadores para acelerar la entrega de divisas, en un contexto delicado por las fuertes tensiones en el mercado cambiario, evidencia las limitaciones estructurales que enfrenta la economía argentina.
El Gobierno tiene que lidiar con esa debilidad en medio de una pandemia y con sectores del poder económico, mediático y de la oposición política que buscan desestabilizarlo. Todas esas circunstancias lo ponen a la defensiva. La decisión estratégica es evitar una devaluación descontrolada que agravaría los problemas, empezando por el de la inflación y la pobreza.
Dentro del espacio oficialista se escuchan reclamos de un endurecimiento de la posición del Ejecutivo con aquellos poderes concentrados. La relación de fuerzas no parece permitirlo en este momento. De hecho, si no se avanzó con el proyecto de expropiación de Vicentin fue porque el Frente de Todos no podía asegurar alianzas con otras fuerzas e incluso algunos votos propios para imponerse en el Congreso.
El Gobierno mantiene el objetivo de priorizar a los sectores más castigados por la crisis sanitaria y económica, impulsa el cobro de un aporte extraordinario a las grandes fortunas, trabaja en una reforma tributaria que ayude a configurar otro escenario de distribución del ingreso y lanza incentivos para apuntalar a los sectores productivos.
Los anuncios del gabinete económico de esta semana, presentados por el ministro Martín Guzmán, reafirman la voluntad de consolidar un modelo basado en la producción y el avance exportador. Se intenta recuperar el crecimiento, en un proceso de estabilización macroeconómica. El acuerdo con los acreedores y las negociaciones con el FMI forman parte de ese plan. También las señales hacia la industria, la construcción, la minería y la agroindustria que se presentaron en el paquete de medidas.
Las urgencias cambiarias, sin embargo, dominan el panorama e impiden regenerar las expectativas. La respuesta oficial desde mediados del mes pasado transita por frenar el drenaje de reservas del Banco Central, con la imposición de restricciones para la compra de divisas, de modo de acotar la demanda, y ahora también procura elevar la oferta. La búsqueda de 6000 millones de liquidación de exportaciones es la gran apuesta en este sentido. El costo fiscal de la baja transitoria de retenciones a la soja y derivados será de unos 150 millones de dólares, a lo que se agregan otros 150 millones en devolución de retenciones a 45 mil pequeños productores.
La respuesta de la Mesa de Enlace, incluida la Federación Agraria, que preside Carlos Achetoni, un dirigente mendocino que responde al titular de la UCR y ex gobernador de esa provincia, Alfredo Cornejo, expone que ese sector solo apuesta al modelo de valorización financiera y exportación de materias primas.
La convocatoria al Consejo Agroindustrial, donde CEC y Ciara son actores centrales, pero en el que también participan numerosas cámaras de producciones regionales, es una búsqueda del Gobierno por neutralizar a la Mesa de Enlace. La primera prueba de si ese plan tiene éxito se verá en los próximos tres meses, con la liquidación de exportaciones: 6000 millones de dólares y la estabilización del mercado cambiario son los parámetros que están en juego.( https://www.pagina12.com.ar/296480-que-hay-detras-de-las-nuevas-medidas-economicas-un-premio-de )
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Funcionarios del Gobierno Nacional se comunicaron por teléfono con los directivos de la Mesa de Enlace para adelantarles las medidas e invitarlos al acto donde se detallaron beneficios para el campo como baja de retenciones y reintegros. Pero no alcanzó: las entidades salieron a criticar las decisiones y hasta emitieron un comunicado, aún sabiendo que el paquete impacta de manera directa e inmediata en sus representados.La raíz del rechazo de Sociedad Rural (SRA), Coninagro, Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria (FAA) esconde factores políticos, ideológicos y una crisis de representación. Todos factores que ponen a esa parte del agro como la única del Círculo Rojo no dispuesta a avanzar en negociaciones posibles con el poder político.
“Una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelven ninguna situación. De hecho, sólo beneficia a algunos actores, que en particular no somos los productores agropecuarios. (…) Reiteramos que el problema es mucho más hondo e interpela la confianza y los gestos cotidianos que el Gobierno tiene para el campo en general", escribieron en el comunicado conjunto. Están allí los emergentes más relevantes del rechazo a las medidas.
El primero es político: Enlace nació del conflicto de la 125 y no pudo escindirse de la lógica de la contienda permanente. Ese caldo de cultivo lo aprovechó Cambiemos para crear una fuerza de choque con cabeza en la SRA. El segundo punto que explica el "no" es el avance del Consejo Agroindustrial, que con cabeza en los exportadores de cereales de CIARA CEC, las economías regionales, la UIA y las Bolsas de Cereales de todo el país, se erigió como un campo negociador que señaló lo bueno y lo malo de las medidas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, hablaron con Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achettoni (FAA) y Daniel Pelegrina (SRA) para contarles detalles del plan e invitarlos a Casa Rosada. Béliz, con vínculos previos, fue quien recibió la negativa de Pelegrina. Intentaron, sin éxito, reforzar un vínculo que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, venía construyendo a mesa abierta.
Pelegrina, el más opositor a la baja de retenciones, es visto por las bases como aquel que en los años de Mauricio Macri no combatió al PRO cuando rompió su promesa y volvió a instaurar retenciones con 3 y 4 pesos por dólar exportado. Es extendida la anécdota en la que el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, le dijo a Pelegrina: “vos me tenés que defender”, para convencerlo de que calme a los productores desencantados con el PRO. Etchevehere firmó el alza de retenciones.
El ex ministro es uno de los que siembra ultras en Enlace. Hace unos meses, armó un Zoom con productores en el que habló la titular del PRO, Patricia Bullrich. Pidieron transformar el caso Vicentin en una nueva 126 y se blanqueó la intención de reflotar una épica en las rutas ante cualquier decisión oficial. En lo institucional, hizo nido en SRA, donde hoy se concentran buena parte de los financistas de Cambiemos. SRA arrastró a esa lógica a aquellos que, a priori, deberían celebrar la medida, como FAA, asociada a pequeños productores, y Coninagro, que agrupa a pymes y cooperativas.
Respecto a las razones que no son políticas, está la discusión del modelo que persiguen los productores. Simplificado en una idea, el Consejo Agroindustrial generó un ámbito de interlocución con el Gobierno en el que se coincide en la relevancia de generar valor. Un perfil distinto al de Enlace y de Cambiemos. Macri priorizó la producción primaria. En su gestión, la exportación de poroto de soja creció 270 por ciento. Pero la apuesta al desarrollo parece estar clara en algunos números: el salario promedio en la agroindustria es de 75 mil pesos, mientras los peones rurales cobran 26 mil promedio, y no siempre registrados y legales. En el Gobierno y en una parte del campo saben que no habrá inversiones, dólares ni impacto en empleo si no se industrializa la ruralidad. Fuera de la pirotecnia obligada, esta situación se percibe y se admite. Salvo SRA, CRA, Coninagro y FAA son parte del Consejo. En un Zoom anterior a las medidas, blanquearon sus “muy buenas” charlas con los funcionarios que les adelantaron las medidas. Y hasta avisaron que estarán el 14 de octubre en la convocatoria que el Gobierno hizo para discutir el proyecto de ley para exportar alimentos con valor agregado y así generar divisas.
( https://www.pagina12.com.ar/296470-el-campo-que-no-quiere-negociar )
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Las mayores restricciones cambiarias que tomó el gobierno tienen como objetivo, según los propios funcionarios gubernamentales, evitar que se sigan perdiendo reservas internacionales en un contexto nacional y mundial muy complejo.
Desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández se perdieron un total de 1271 millones de dólares en reservas internacionales. Las principales salidas de divisas se dieron, hasta julio del presente año, por la cancelación neta de deudas con el exterior (5030 millones), pago de intereses (2575 millones) y formación de activos externos (1010 millones).
El 35 por ciento de percepción impositiva –adicional al impuesto PAIS- agregada recientemente al cupo mensual de 200 dólares tiene como objetivo disminuir este último ítem, mientras que el tope del 40 por ciento de acceso al mercado de cambios oficial para pagos de deudas mayores a 1 millón de dólares tiene como finalidad reducir la salida de dólares por pagos de deuda (intereses y capital).
Cómo resulta evidente, la salida neta de dólares por servicios de deuda externa ha resultado mucho más significativa que la fuga a través de la adquisición de billetes y divisas –aunque esta última se ha venido acrecentando en los últimos meses-, en buena medida gracias al tope de 200 dólares mensuales impuesto en el final de la gestión anterior.
Regulaciones
Sin entrar en la discusión sobre la efectividad de este tipo particular de regulaciones cambiarias u otras alternativas como una formalización del desdoblamiento del mercado de cambios (con un tipo de cambio comercial y otro financiero), es importante comprender cómo se llegó a esta situación y a la necesidad de optar por medidas de este tipo, que buscan evitar una devaluación que tendría efectos directos sobre los precios internos.
Como se observa en el gráfico que acompaña la nota, antes de la corrida cambiaria de mayo de 2018 el Banco Central contaba con reservas por 61.726 millones de dólares, en buena medida sostenidas por el acelerado proceso de endeudamiento con acreedores externos privados en el que incurrió el gobierno de Macri. Tras esa corrida, el gobierno decidió acudir al FMI, acordando el préstamo más grande de su historia (por 54.000 millones de dólares).
Aun así, la devaluación siguió profundizándose y el incumplimiento de las metas acordadas condujo rápidamente a una revisión del acuerdo con el organismo que implicó un incremento del monto (llevándolo a 56.300 millones de dólares) y, sobre todo, un adelantamiento de los desembolsos.
El primer desembolso del FMI, en junio de 2018, por 14.916 millones de dólares, permitió recomponer el nivel de reservas previo a la corrida, pero no logró detenerla, con lo cual el patrimonio del Banco Central siguió deteriorándose vertiginosamente. Como se desprende de la información presentada en el gráfico, los sucesivos desembolsos del FMI permitieron ir recomponiendo el nivel de reservas hasta mediados de 2019, cuando se inició una nueva y acelerada caída producto de una aceleración de la fuga de capitales, la cual totalizó unos 24.000 millones de dólares entre enero y octubre de dicho año (a lo que debe sumarse una salida adicional de 6000 millones por retiro de depósitos en dólares).
Al respecto, cabe recordar que durante la gestión de Sturzenegger se eliminaron todos los límites para la adquisición de divisas en el mercado de cambios, suprimiendo incluso el tope de 2 millones de dólares mensuales que existía antes del establecimiento de las regulaciones por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a fines de 2011.
Fue recién tras las PASO de agosto de 2019 –con un resultado muy adverso para el oficialismo- que el gobierno de Macri dispuso un máximo de 10.000 dólares mensuales por persona, lo cual permitió aminorar pero no detener la fuga, que recién puso contenerse cuando se impuso el tope de 200 dólares mensuales un día después de las elecciones presidenciales (28 de octubre), en las cuales la fórmula del Frente de Todos encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se impuso en primera vuelta.
Para ese entonces las reservas del Banco Central rondaban los 43.300 millones de dólares. Ello quiere decir que, a pesar de los casi 45.000 millones de dólares otorgados por el Fondo, durante el último año y medio del gobierno de Macri se perdieron reservas por 18.109 millones de dólares. Esto supone que no sólo se evaporó todo el monto desembolsado por el organismo multilateral sino que además se perdieron otros 18.000 millones de dólares adicionales.
Es evidente que el sostenimiento de un mercado de cambios desregulado entre 2016 y 2019 solo fue posible por el gigantesco proceso de endeudamiento externo en el que incurrió el gobierno de Macri y, aun así, ello no solo no evitó una profunda devaluación (la paridad cambiaria pasó de poco menos de 9 pesos en diciembre de 2015 a 63 pesos en diciembre de 2019) y una inflación récord (54 por ciento anual en 2019), sino que, contrariamente a su sesgo ideológico, el gobierno se vio obligado a introducir restricciones cambiarias mayores a las existentes antes de su asunción.
En síntesis, el gobierno de Macri no solo terminó restringiendo el acceso al mercado de cambios, sino que dejó una economía en crisis y un Estado profundamente endeudado y en virtual default.
Se puede discutir qué tipo de intervención en el mercado de cambios es mejor, si tratar de limitar por precio o por cantidades y de qué forma; lo que es indiscutible es que hasta que no se logre cambiar la matriz productiva de la Argentina –menos dependiente de las importaciones y/o con mayor capacidad exportadora- y se logre recuperar la capacidad de la moneda local de actuar como reserva de valor –ofreciendo alternativas estables y consistentes de ahorro-, un mercado cambiario completamente desregulado sólo conduce a profundas y reiteradas devaluaciones que impulsan saltos inflacionarios con severas consecuencias socioeconómicas para la mayor parte de la población.
En dichas circunstancias, el endeudamiento externo sin un horizonte reindustrializador termina conduciendo, tarde o temprano, a nuevas y profundas crisis de las que cada vez cuesta más salir.
* Investigador del Conicet y del Área de Economía y Tecnología de la Flacso.
( https://www.pagina12.com.ar/294230-que-hacer-en-el-mercado-cambiario )
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El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, afirmó que “el mercado de capitales tiene que jugar fuerte” en el financiamiento de proyectos de producción, inversión inmobiliaria y las economías regionales, al tiempo en que anunció que todas las iniciativas se comenzarán a federalizar para “robustecer las capacidades” del mercado de capitales.
Cosentino avanzó hoy con la divulgación de la normativa que creó un régimen de nuevos instrumentos de inversión para el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario, al cerrar este mediodía la asamblea de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).
“Constituye un gran hito para la CNV haber podido articular con el sector de la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario la nueva normativa que crea instrumentos específicos para fomentar el financiamiento desde el mercado de capitales hacia sectores de la economía real”, sostuvo.
Asimismo, calificó como “un sendero virtuoso” el hecho de articular sector público con el sector privado, en el marco de un programa de Gobierno que “solidifica y compromete políticas públicas en ese sentido”.
En tal sentido, celebró la elevación por parte del Ejecutivo del proyecto de ley referido a la reactivación de la industria de la construcción a través de incentivos fiscales que facilitarán el desarrollo de proyectos inmobiliarios y el acercamiento de ahorro privado hacia proyectos de inversión que redunden en el crecimiento del empleo y el desarrollo de la actividad económica.
“Dentro de esta iniciativa, el mercado de capitales será una de las fuentes y vías que permitirá el financiamiento de los proyectos a través de vehículos de inversión colectiva que la CNV ha venido trabajando en estos últimos meses”, concluyó.
(https://eleconomista.com.ar/2020-10-mercado-capitales-fuerte-financiamiento/ )
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En esta fría mañana de octubre dónde el invierno pareciera no desear abandonarnos, en el hemisferio Sur, pensado los de abajo por los que hicieron el mapa y se colocaron arriba, las lecturas y reflexiones se suceden en los mismos sentidos. La sálida es el trabajo y la producción, el debate y las discusiones tornan alrededor de las formas y de como nos distribuimos los esfuerzos y los beneficios ...he aquí la base de toda economía. Que no te hagan creer otra cosa.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
Imágenes:
1) "Dante y Beatriz"
2) "composición
3) "Las peinadoras"
Araceli
Vázquez Málaga (1908-1982), Artista
española-argentina.
Es una pintora que ha estudiado con Enrique de Larrañaga y Alfredo
Guido. Ha trabajado en la figuración y en la abstracción.
4) Comunidad 1
5) Comunidad IV
6) Summertime
Patricia Linenberg (Buenos Aires, 1954) se formó junto a artistas como Juan Doffo, Carlos Gorriarena, Miriam Jerusalmi y Araceli Vázquez Málaga. Además, estudió Psicología Clínica en la Universidad de Belgrano en 1976. Es miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional.
Exhibió sus obras en Estados Unidos, Italia, Uruguay y diferentes galerías porteñas.
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