El laberinto de Guernica
Viernes 2 de Octubre de 2020
“El 30 a las 12 sale Larroque y entra Berni”. La frase de un hombre cercano a Axel Kicillof desnudaba la preocupación que circulaba en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la toma de Guernica. La mención al enroque de ministros no era una decisión oficial sino el plazo que había puesto el juez Martín Rizzo para el desalojo en forma pacífica.
El domingo, en un tono atípico para la relación que tiene con las organizaciones sociales, Andrés “Cuervo” Larroque emitió un comunicado en el que denunciaba que “grupos violentos obstruyen la labor del Estado y presionan a las familias para impedir una salida pacífica al conflicto”. El ministerio de Desarrollo de la Comunidad se había acercado con mercadería, pañales y agua, entre otras cosas, para asistir a las familias en la toma, pero fue impedido por el grupo más radical conformado por militantes del Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha o la rama de Libres del Sur que responde a Humberto Tumini. Son esas mismas organizaciones las que se movilizaron a La Plata para pedir una reunión con las autoridades mientras representantes de todas ellas estaban reunidos en ese momento con el subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la PBA, Rubén Pascolini. Un proceso sin conducción. Sólo así se explica la tensión a la que llevó la negociación un sector del FOL que desde la gestión de María Eugenia Vidal recibe la misma cantidad de mercadería que todo el municipio de La Matanza.
Así lo reconocieron también en la reunión que mantuvo la Asociación Gremial de Abogados con autoridades del gobierno de la provincia. “Las familias contaron que se estaba poniendo pesado adentro, que hay aprietes para no dejarlos salir de la toma”.
La gremial es un colectivo de abogados que patrocina a individuos o familias que no tienen recursos para costearlo. Uno de sus referentes e interlocutor en el tema Guernica es el ex miembro de la conducción de Montoneros Roberto Perdía. Según el censo que ordenó Rizzo, en la toma hay 1904 familias de las cuales, calculan las autoridades, el 70% no pasa la noche en el lugar. Ayer, luego de la interministerial que se instaló a un par de centenares de metros del predio, unas 70 familias firmaron el acta acuerdo para retirarse de allí.
Previo a esto, hace algunos días el propio Larroque habló con el referente del PO Gabriel Solano sobre la posición de las organizaciones trotskistas. “Dale las tierras y se termina, Cuervo”, dijo el dirigente de izquierda. “Si lo resuelvo así mañana tengo todo el conurbano tomado, Gabriel”, respondió el ministro. En paralelo, el gobierno provincial había propuesto soluciones habitacionales y ayuda para pagar los alquileres.
Las negociaciones
Tras semanas de negociaciones entre en el Estado provincial y las personas que se radicaron en el lugar, habría una retirada pasiva y un seguimiento desde la mesa interministerial. El ministro de Desarrollo Social tendrá audiencia virtual con el Juez de Garantías.
Luego de semanas de reuniones por parte de la mesa interministerial con las familias que se instalaron en las tierras de Guernica, el conflicto llegaría a un final pactado y acordado entre las partes este martes.
Al mediodía, el ministro de de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, mantendrá una audiencia con el titular del Juzgado de Garantías n° 8, Martín Miguel Rizzo, a quien le informará lo actuado y avanzado hasta el momento en referencia al plan de contingencia efectuado.
“hasta el momento tenemos muchas familias inscribiéndose y firmando el compromiso de retiro”, indicaron desde el área de Desarrollo provincial. En tanto, fuentes del ministerio de Justicia bonaerense detallaron que “luego de haber realizado el censo la semana pasada, tres cuartas partes de la familias acordaron retirarse del lugar”.
Además agregaron que “el trabajo se realizará en coordinación con la Provincia y los municipios; la idea es que las familias vuelvan a sus lugares de residencia y que cada jefe municipal le otorgue una solución habitacional concreta y de acuerdo a cada familia”.
La mesa interministerial está conformada por autoridades bonaerenses y los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Gastón Granados, de Ezeiza; Mariano Cascallares, de Almirante Brown; Andrés Watson, de Florencio Varela; y Blanca Cantero, de Presidente Perón.
Voces desde la toma
En tanto, Mariana, una de las mujeres que se encuentra en las tierras de Guernica afirmó que “hubo una propuesta de desalojo pasivo por parte de Provincia de hace unos días“. En ese sentido explicó que “nos propusieron retirarnos a cambio de pagar los alquileres a los que debían o entregar materiales para que puedan construir pero no es una propuesta de acuerdo a nuestras necesidades”.
Diana, otra mujer que también está en el lugar también confirmó que la propuesta de provincia se realizó. Sin embargo, considera que no es la solución definitiva: “No nos sirve que nos paguen 5 o 6 meses de alquileres, ¿Después qué pasa con nosotros? Volvemos a la misma. Y ofrecen materiales de construcciones, ¿para dónde? Si lo que pedimos es tierra”.
El lunes por la mañana, desde la provincia de Buenos Aires instalaron oficinas móviles de atención y asistencia a las personas en las inmediaciones del lugar y entregaron agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos.
Los últimos datos del censo indicaron que hay 1.904 familias, con un total de 2.797 niños, niñas y adolescentes en las 440 parcelas que estaban deshabitadas. En el terreno permanecían 1.309 familias con niños, niñas o adolescentes, 307 personas adultas solas y 288 con otro tipo de constitución, como más de dos adultos sin menores y parejas sin hijos. + (PE/El Destape)
El pasado miércoles, Tras un pedido del gobierno bonaerense a la justicia se vuelve a prorrogar el desalojo que estaba previsto. De acuerdo a lo que informó el gobierno provincial el pedido de prórroga incorporó dos hechos nuevos: casi un 20% de las familias habrían accedido a la propuesta de desocupación voluntaria y el lanzamiento del Plan de hábitat, vivienda y suelo.
CENTRIFUGADOS. El acampe masivo en Guernica, el cuarto cordón y el papel del Estado
Durante la mayor parte de los años ’60 del pasado siglo un grupo de empresas (recuerdo particularmente a dos Kanmar y Luchetti) se dedicaban a comprar, lotear y vender o rematar al mejor postor terrenos dotados cuando menos de electricidad. No había casi desocupación, la economía en negro era muy inferior a ahora existente, y la reacción gorila no había podido acabar con muchas conquistas sociales, por lo que trabajadores registrados solían comprar terrenos y los fines de semana acudían a ellos y se dedicaban a construir sus hogares o, en numerosos casos, compraban casas prefabricadas y dejaban así de pagar caros alquileres en pensiones de mala muerte de la ciudad. Esta nota de Diego Genou cuenta lo que fue ocurriendo luego hasta desembocar en lo que está ocurriendo ahora en Guernica, una situación que pone en peligro no sólo al gobierno provincial, sino que afecta a la médula misma de la doctrina de un peronismo que tiene como columna vertebral lo que sintetizó Eva Perón: «Donde hay una necesidad, hay un derecho».
Hay una directa relación entre la proliferación de «countries» o barrios cerrados y el centrifugado de la población cada vez más lejos de las ciudades. Como la hay en que haya cada vez más ricos mas ricos (como ese O,02 de la población que se resiste a rascarse el bolsillo para auxiliar a los indigentes) y pobres cada vez mas numerosos y mas pobres.
Es el Estado el que debe intervenir, expropiar y lotear. La represión es la última opción, nunca la primera.
Guernica, el cuarto cordón y la impotencia estatal
POR DIEGO GENOUD / EL CANCILLER
Si no hay una salida negociada, el costo puede ser enorme. El desalojo de 2500 familias que Axel Kicillof se propone ejecutar en el predio de 100 hectáreas de Guernica es una prueba de fuego, de resultados impredecibles en medio de la peor crisis. El gobernador quiere impedir que la ocupación se consolide como ejemplo y se imponga como señal de descontrol en la inmensidad del conurbano bonaerense. Pero se enfrenta a un ejército de necesitados que acumula dos meses de supervivencia a la intemperie y sabe que, fuera de la toma, resignará toda su capacidad de discutir una solución para su problema, el de la vivienda. Nadie puede prever qué tipo de resistencia encontrará un desalojo compulsivo y cómo responderá la Policía Bonaerense en caso de un choque de fuerzas.
Kicillof actúa forzado por la Justicia, los intendentes del Frente de Todos y la presión de los medios que nacionalizan el conflicto con lógica policial. Que el Estado municipal y provincial no haya previsto la ocupación y haya llegado tarde para impedirla muestra tanto la escasez de reflejos del gobierno como la profundidad de la crisis que expulsa hacia los márgenes a una porción creciente de las mujeres, hombres y niños que habitan el Gran Buenos Aires. Las cifras de desocupación, pobreza y desigualdad en ascenso no pueden, de ningún modo, desligarse del cuadro que proyecta Guernica y la costumbre de ubicar a los desesperados en la esfera del delito es tan peligrosa como esteril.
Los jefes comunales del panperonismo no quieren convalidar las ocupaciones porque delatan su falta de autoridad y demandan una fuerte inversión en infraestructura, pero no tienen una salida para la crisis habitacional ni son capaces de dar respuesta a las necesidades de vivienda.El desalojo traslada el costo político al gobernador, inclina la balanza en contra de los movimientos sociales que forman parte del arco oficialista y define en parte cuáles son los intereses que el gobierno defiende como prioritarios. Aunque el ministerio que conduce Andrés Larroque hable de grupos violentos y condene a los militantes de izquierda, la toma es protagonizada también por votantes históricos del peronismo kirchnerista. Sin una conducción unificada y sin actores en el territorio que se acoplen a la estrategia del gobernador de manera disciplinada, el oficialismo avanza en un camino de cornisa donde no tiene garantizada una solución pacífica para la disputa por la tierra. Desde las organizaciones sociales alineadas con Fernández advierten que no hay quién pueda asegurar un entendimiento porque no existen interlocutores y la mayor parte de los ocupantes no responde a un espacio político sino que se mueve en defensa propia.
“¿Quiénes son? ¿De dónde viene cada uno? ¿Cómo llegó ahí? ¿Dónde está el mentiroso? ¿Dónde están los que van a lotear y dónde están los necesitados, que son la mayoría? Tenés que saber qué pasa. Si no entendes las conductas, no sabes cómo actuar”. Las preguntas que un ministro del gabinete nacional se hace en voz alta no hacen más que confirmar que el Estado busca intervenir sobre los hechos consumados con información insuficiente.
Lejos de las preocupaciones de la clase media que gobierna la agenda pública y concentra su atención en la falta de dólares y la pelea judicial, los especialistas piensan que se está librando una batalla por la supervivencia entre nuevas generaciones de migrantes, que cada vez se alejan más de los bordes de la Ciudad de Buenos Aires. Guernica es el ejemplo de un asentamiento en una zona semirural a la que fueron a buscar un pedazo de tierra los hombres y mujeres expulsados del primer conurbano bonaerense. Los intendentes del PJ afirman que son muy pocos los municipios del Gran Buenos Aires donde existe todavía disponible un predio de las dimensiones del que se ocupó en el distrito de la massista Blanca Cantero.
Desde hace 90 años, el Conurbano se expande y sigue irradiando a parte de una población que busca asentarse en un lugar para vivir. El cambio es acelerado y corre paralelo a la crisis que renace por oleadas. De acuerdo a las proyecciones del INDEC para el período 2010-2025, hoy en los 24 partidos más cercanos a la Ciudad viven nada menos que 11,3 millones de habitantes, el 64% de los 17,5 millones de habitantes que tiene la Provincia. Si se suman Pilar, Escobar, General Rodríguez, Marcos Paz, San Vicente, Presidente Perón, La Plata, Ensenada y Berisso son unos 13 millones de personas que se reparten entre el primero, segundo y tercer cordón del GBA.
Formado a partir de la década del 30 como producto de las migraciones internas, el primer cordón se fusionó con el segundo a partir de los nuevos desplazamientos urbanos de los años ‘80 y hoy es una mancha que se extiende entre la General Paz y la ruta provincial 4 o Camino de Cintura, que une San Isidro con el Camino General Belgrano, entre Quilmes y Florencio Varela. El tercer cordón empieza para algunos en ese borde imaginario y llega hasta la ruta provincial 6, que conecta Zárate y Campana con el Gran La Plata, pasando por Luján, Las Heras, Cañuelas y San Vicente. Pese a que se trata de zonas muy distantes de la Capital, las autopistas profundizaron la conurbanización y las familias sin techo se fueron alejando cada vez más en busca de un lugar donde asentarse.
Mientras el Estado se revela impotente para planificar la urbanización, es el mercado el que ordena a su manera y decide hacia dónde se prolonga el desarrollo inmobiliario. Sin embargo, la verdadera grieta se retroalimenta y las tomas de tierras crecen, muchas veces, en la misma dirección que lo hacen los countries. Una década de bajo crecimiento, pero sobre todo los años de ajuste y recesión durante el gobierno de Macri y el impacto de la pandemia profundizaron movimientos de los que sólo se advierte la punta de un iceberg urbano. En el gobierno, circulan diferentes hipótesis. Hay quienes creen que los nuevos ocupantes llegan echados de lugares miserables en los que pagar un alquiler se tornó imposible. Otros afirman que buscan espacios para que se instalen los hermanos, los hijos y los nietos de los que tomaron tierras hace 30 o 40 años. Son réplicas de asentamientos anteriores y provisorios.
Si como dicen cerca del Presidente, la toma es producto de una migración hacia afuera, radial, entonces quizás se esté construyendo lo que algunos en el gobierno y la oposición ya denominan el cuarto cordón. Ciudades como Exaltación de la Cruz, Las Heras, Brandsen, Melchor Romero o Abasto forman parte de ese más allá que tiene destino de sumarse al inabarcable continuo urbano que nace en la General Paz. Evitar que la aglomeración y la guerra por el metro cuadrado se prolonguen precisa en primer lugar de un Estado con capacidad para generar trabajo en el resto de las provincias y un mínimo acuerdo sobre qué actividades conviene fomentar. Lo contrario es lo que emerge ahora en Guernica, donde los gobiernos se confirman sin margen para anticiparse a los hechos y sólo atinan a reprimir lo que no pudieron remediar.
Llegar tarde para los intendentes es empezar a perder porque el tiempo juega a favor de los ocupantes y urbanizar sobre una población que se asentó, como pudo, en el medio de la nada tampoco es lo mejor. La paradoja es que entre muchos de los que no tienen donde vivir existen también los trabajadores informales que podrían pagar un loteo en cuotas al Estado y terminan, muchas veces, abonando al que organiza el reparto de manera irregular y para su beneficio. Producto de otro déficit que parece irreversible, los asalariados en negro no acceden al sistema bancario y son forzados a la precariedad en todos los planos.
Aguantar o no aguantar: el dilema de una transición hacia lo desconocido
Dicen entre los intendentes que tomas como la de Guernica son habituales cuando se acerca diciembre. Pero este año la crisis y la pandemia aceleraron los tiempos y el desborde migratorio se produjo antes. Con violencia o sin violencia, el desalojo que se anuncia para mañana puede rendir ante el electorado del Frente de Todos que se para en la frontera de la polarización, pero castiga a parte de la base más leal del peronismo kirchnerista. Se presente como se presente, la entrada de La Bonaerense al predio tomado no es muestra de autoridad: al contrario, parece ser la prueba de la impotencia estatal.
https://pajarorojo.com.ar/?p=50573
Se ha instalado un debate sobre qué debe hacer el Estado con sus tierras ociosas en las ciudades y en el campo. Mauricio Macri tanto como el Jefe de Gobierno Porteño, como Presidente de la Nación y Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gobierno Porteño, han apostado a la privatización de tierras públicas, venderlas para que el sector privado haga desarrollos inmobiliarios y usar esos fondos para cubrir gastos públicos.
El Gobierno de Alberto Fernández se ha estrenado denunciando a Macri y a otros funcionarios de su gobierno por vender algunas tierras públicas por lo que consideran un precio vil y a presuntos amigos. Además, han frenado la sesión de tierras en Corrientes, en Vicente López. Por otro lado, ha entregado tierras a AySA y a una universidad del Conurbano.
Félix Crous, Jefe de la Oficina Anticorrupción denunció a principios de septiembre a Macri, al ex Jefe de Gabinete Marcos Peña y al Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Ramón Lanús, por privatizar inmuebles a menor precio que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, en licitaciones con pocos oferentes. En las que ganaron sociedades de amigos como el ex Jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. "Los precios por los cuales fueron vendidos, le causan un perjuicio notable al Estado tratándose de bienes muy deseables por cualquiera que esté en el mercado inmobiliario”, dijo Crous. Y agregó: “Son los terrenos literalmente más caros de la República Argentina. El perjuicio calculado globalmente es aproximadamente de 70 millones de dólares".
En Juntos por el Cambio alegan que en Argentina hay pocos desarrolladores inmobiliarios de peso y niegan vínculos con ellos.
El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó a Macri de usar a la AABE como una inmobiliaria en el acto en el que entregó uno de sus terrenos a AySA y otro a la Universidad Nacional del Oeste. Además, el Gobierno revocó sesiones que había hecho Macri para desarrollos inmobiliarios. Uno en corrientes que ahora se destinará para viviendas del plan ProCrear y otro en Vicente López que quedará para La Armada.
En tiempos de tomas de tierras, 24 diputados oficialistas presentaron el proyecto de ley llamado “Marcha al Campo”, para distribuir tierras públicas y rurales y apoyar su producción. María Rosa Martínez, diputada del Frente de todos explicó a quienes está dirigido este proyecto. “Los primeros destinatarios son aquellos trabajadores rurales que viven en el campo, que actualmente tienen dificultades”, indicó. Asimismo, añadió: “Los que siguen son las personas que vienen del campo a la ciudad para construir una migración inversa. Y otras son para parejas, familias o personas jóvenes que deseen desarrollar su vida en el campo”. El urbanista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fernando Murillo cree que es positiva “cualquier tipo de iniciativa que apunte a facilitar o movilizar suelo público para resolver cuestiones sociales y productivas”. Además agregó que, “hay una necesidad más urgente, ahora en post pandemia, de crear hábitat para los sectores más populares”. La discusión apenas comienza y también provoca internas en el Gobierno, las provincias y los municipios con tierras ociosas.
Los problemas de vivienda y tierra para la producción, como tantos otros, tienen en la extranjerización, la propiedad ociosa y la concentración de propiedad, algunos de los elementos que permiten explicarlos … Otros como la dolarización de los precios tanto de renta como de venta como sus usos extorsivos y prebendarios mas el negocio inmobiliario que se ha transformado en un negocio básicamente especulativo, completan, quizá, el escenario de complejidades por el cual las escenas de toma o conflictos se repiten. No hay soluciones mágicas, pero comenzar a delinear un país productivo que sea atractivo en otros territorios que descentralicen los conglemarados urbanos y que de “racionalidad” al negocio inmobiliario y un carácter de “bien público Argentino” a la vivienda, grabando concentración y renta ociosa y animando a la construcción de vivienda y un régimen de alquileres que sea beneficioso para todas las partes, sería un buen camino para comenzar a desandar la trama de estos conflictos...
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
Las imagenes pertenecen a los artistas Argentinos:
Aurelio Canessa "Campesinos"
Carlos Aguero "Figuras"
Susana Aguirre "La Casa Rosa"
José Bermudez "El Árbol"
Susana Aguirre "Fruteria Paris"
Comentarios
Publicar un comentario