Jueves 15 y Viernes 16 de Octubre de 2020

 

I

Argentina superó los 25 mil muertos por coronavirus y marcó nuevo récord de contagios

En el reporte del Ministerio de Salud se notificaron 421 fallecimientos, por lo que las víctimas ascienden a 25.342 desde el comienzo de la pandemia. Además los contagios no ceden: hoy hubo más de 17 mil casos.

Otras 421 personas murieron y 17.096 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 25.342 los fallecidos y a 949.063 los casos positivos registrados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 4.278 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,4% en el país y del 64,7% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Con estos registros, suman 949.063 positivos en el país, de los cuales 764.859 son pacientes recuperados y 158.862 casos activos. Un 38,50% (6.586 personas) de los infectados de hoy (17.096) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. También se reportó que “en las últimas 24 horas fueron realizados 27.662 testeos, y desde el inicio del brote se realizaron 2.311.239 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 50.934,4 muestras por millón de habitantes”.

En el reporte vespertino se indica que fallecieron 241 hombres, 102 residentes en la provincia de Buenos Aires, 36 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), 3 en Chaco, 5 en Chubut, 28 en Córdoba, 4 en Entre Ríos, 10 en Jujuy, 4 en La Rioja, 9 en Mendoza, 5 en Río Negro, 6 en Salta, 24 en Santa Fe y 2 en Tucumán.

También 179 mujeres, 91 de ellas en la provincia de Buenos Aires, 21 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en Chaco, 4 en Chubut, 16 en Córdoba, 3 en Entre Ríos, 3 en Jujuy, 1 en La Rioja, 6 en Mendoza, 6 en Río Negro, 6 en Salta y 20 en la provincia de Santa Fe.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires 5.756 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 830; en Catamarca, 6; en Chaco, 197; en Chubut, 245; en Córdoba, 2.082; en Corrientes, 72; en Entre Ríos, 334; en Formosa, -2; en Jujuy, 120; en La Pampa, 82; en La Rioja, 107; en Mendoza, 1.056; en Misiones, 12; en Neuquén, 424; en Río Negro, 532; en Salta, 257; en San Juan, 3; en San Luis, 119; en Santa Cruz, 235; en Santa Fe, 2.659; en Santiago del Estero, 275; en Tierra del Fuego, 313; y en Tucumán 1.494.

El total de acumulados por jurisdicción indica que la provincia de Buenos Aires suma 486.250 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 137.891; Catamarca, 407; Chaco, 11.067; Chubut, 8.269; Córdoba, 57.783; Corrientes, 1.874; Entre Ríos, 10.456; Formosa, 138; Jujuy, 17.065; La Pampa, 1.354; La Rioja, 6.225; Mendoza, 35.033; Misiones, 201; Neuquén, 13.408; Río Negro, 18.045; Salta, 15.763; San Juan, 1.276; San Luis, 2.696 ; Santa Cruz, 6.832; Santa Fe, 72.027; Santiago del Estero, 5.973; Tierra del Fuego, 7.502; y Tucumán, 31.528.

(Tiempo Argentino)

En un dictamen que dejó azorados a juristas y colegas, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, porque considera delictiva la decisión del organismo de presentar como nueva línea de trabajo un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales, llamado Nodio. El planteo de Stornelli está inspirado en la denuncia de un grupo de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, el mismo núcleo que intenta debilitar la causa por espionaje del macrismo que tramita en Lomas de Zamora y que --aunque parezca una paradoja-- atacó con una denuncia penal a periodistas que informan sobre ella. Se basa, además, exclusivamente, en una comunicación de la Defensoría que explica que el objetivo del Observatorio es proteger a la ciudadanía de las “noticias falsas, maliciosas y falacias”. No alude a ningún hecho ocurrido ni derecho afectado. Stornelli plantea que en este anuncio hay un “posible abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público”, “censura previa” y de ataque a la “libertad de expresión”. La presentación, sobre la que deberá decidir la jueza María Eugenia Capuccheti, criminaliza y le imprime un cariz político a una discusión sobre la veracidad de la información y mensajes violentos que trasmiten los medios que atañe a fortaleza del sistema democrático.

 El trabajo del Observatorio fue anunciado para el aniversario número 11 de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a modo de línea de trabajo e investigación, que sigue el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre los discursos de odio y también sus criterios sobre el problema de la desinformación. Esto incluye las recomendaciones de “reconocer, vigilar y analizar las tendencia relativas al discurso de odio y recopilar datos sobre ella”, así como la investigación que vincula la difusión de esos discursos por internet y redes sociales y los actos de violencia. 

(Página 12)

Comunicadores de la Argentina (COMUNA) repudia la manipulación del principio de libertad de expresión y la andanada de acciones coordinadas entre opositores políticos, mediáticos y judiciales contra la Defensoría del Público, sus autoridades y sus trabajadores/as, lanzada con el único propósito de impedir el imprescindible debate público sobre la circulación de información falsa, el aliento a la violencia y la discriminación y los discursos de odio.

   Esta reacción concertada tiene varias etapas y capítulos. Evidencia como elemento saliente una singular paradoja, cual es ubicar a las empresas privadas que emiten informaciones y opiniones como actores privilegiados, cuyas acciones no ameritan discusión, debate, análisis y respuestas. Representantes de la oposición radicalizada, en concierto con grupos de medios convencionales y cámaras empresarias conocidas por sus alianzas espurias con regímenes dictatoriales, como ADEPA y la SIP, se sirvieron también de un fiscal procesado para ampliar estas acciones hostiles.

   Otra paradoja descomunal está dada en que los mismos sectores que dicen reivindicar la “libertad de expresión” denunciaron a periodistas por informes acerca de las acusaciones de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.

La comunicación en todos sus formatos y ambientes es una actividad omnipresente en las sociedades contemporáneas, mucho antes de la pandemia. Esas sociedades discuten esta situación en ámbitos públicos y privados, en foros, entidades públicas y universidades, sindicatos y organizaciones culturales.

   Los Estados, con administraciones de las orientaciones más diversas, adoptan regulaciones, crean consejos y comisiones, al ser la comunicación un asunto de interés público. Muchos organizan o apoyan ámbitos de debate y elaboración para una actividad de amplia incidencia en la vida de los pueblos.

   La iniciativa preanunciada por la Defensoría del Público, sobre un grupo de trabajo abocado a esta necesidad, es una más entre tantas en el mundo, en ámbitos públicos y privados.

Las empresas más grandes del sector, que combaten al Gobierno Nacional desde el primer día, lanzaron a sus comunicadores y comunicadoras contra esta iniciativa, algunos de ellos con las mismas palabras e ideas de dirigentes opositores. Así, uno de sus locutores y un legislador ultraderechista hicieron equiparaciones con el nazismo.

La noticia de un debate de tono académico hecho el viernes 9 de octubre por la Defensoría fue presentado 72 horas después (en las prácticas del oficio informativo, una noticia vieja y por lo tanto inservible) en las tapas de Clarín y La Nación, en ediciones en las que a la vez organizaban los actos de protesta previstos para ese día.

   El jueves 15 Stornelli, fiscal procesado y quien durante meses eludió obligaciones judiciales, pide la indagatoria de la Defensora, Miriam Lewin, al tiempo que La Nación continuó operaciones con una nota que lleva firma de Silvana Giudici, exponente del  PRO que fue mandamás del ENACOM, entidad que el gobierno de Macri impuso por decreto, vulnerando la Ley 26522.

   Las desopilantes alegaciones de Stornelli dicen basarse en la Constitución para en verdad negarla: quiere prohibir un debate imprescindible para la sociedad, en la que el Estado asuma responsabilidades específicas, lo cual es una obligación porque la comunicación no es propiedad privada de un puñado de empresarios y sus propaladores, sino una propiedad social compartida.

   El dispositivo de poder que emprendió estas acciones actuó simultáneamente contra periodistas que no responden a sus intereses. En efecto, Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez y Álvaro de Lamadrid denunciaron a los periodistas Ari Lijalad, Franco Mizrahi y Roberto Navarro, así como a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, bajo el cargo de revelar “secretos de Estado”.

   La virulencia que se expresa en clamar por la “libertad” y la “República” y a la vez llevar a la justicia a periodistas es especialmente aberrante en el caso de Wolff, quien preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y se mostró diligente con la publicación en Clarín de la dirección de la Vicepresidenta de la Nación, como contribución organizativa a las protestas del lunes 12.

   Macri y una notable cantidad de ex funcionarios y colaboradores están acusados de haber usado el aparato de inteligencia del Estado para acciones ilegales de espionaje. La denuncia de Wolff y demás opositores sale al cruce de la información que se difunde sobre esos actos, es decir que es un acto contra la libertad de expresión que simultáneamente dicen defender. 

(Comunanet)

Es lógico que quienes se han apoyado en la complicidad de medios y redes sociales para instalar mentiras y desestabilizar gobiernos populares en América Latina, pongan el grito en el cielo cuándo se plantean reformas judiciales, organismos de defensa de la información e instrumentos que posibiliten a la ciudadanía el ejercicio de sus inteligencias alimentadas con información veraz y no sujetas a “campañas” para desalentar adhesiones a ideas o personas.

También es cierto que hay un limite muy tenúe entre prohibir “fakesNews” y “censura”. Se trata entonces de regular las relaciones entre los opositores de formas que permitan disminuir las mentiras y las difamaciones a la menor expresión posible y obligar a los actores de la información a mejorar la calidad de sus trabajos y ha chequear y defender sus fuentes e información de modos de que no sean presas de estos grupos que “orquestan” campañas e inventan realidades a favor de intereses de grupos y en contra de otros o para favorecer sus propios negocios o posiciones de privilegio. Acá no hay grieta, es la eterna disputa entre mentira y conocimiento.

La pandemia y todo lo que sacude como revelador de una realidad que se percibía a cuenta gotas pero que aparece, por obra del virus, ostensiblemente consciente a las percepciones de todos: hay grupos minoritarios muy poderosos que accionan en contra de la democracia y los intereses colectivos para favorecer sus privilegios financieros, sus poderes económicos y sus posiciones privilegiadas de elites nacionales o globales, que producen tremendas desigualdades e injusticias de toda índole sobre la faz de la tierra.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack