Sin Justicia no hay sociedad ...

 



La pandemia de Covid-19 desmoviliza a la sociedad, impidiéndole utilizar su mejor arma para defender sus derechos, mientras otros actores –entre ellos el Poder Judicial–, sin ese freno hacen su juego con más libertad y casi sin tapujos.
 
Tras la llegada de la pandemia hace casi un año, las medidas que comenzaron a adoptarse para enfrentarla terminarían inevitablemente deteriorando la economía. Esto no es un dato local sino que afecta al escenario global, aunque haya habido gobiernos que tuvieran una actitud de despreocupación completa con respecto al abordaje del Covid 19, por considerar que éste no podía obstaculizar el despliegue económico. El coronavirus, aunque lo hayan considerado como “una gripecita”, no dejó de afectar a los países gobernados por quienes así lo tildaran.
 
Habría que convenir en que la actual crisis producida por la pandemia no es un mero accidente, una rara excepción a la regla, sino un síntoma estructural más, producido por el modelo actual de acumulación capitalista. Se da enmarcada en un proceso de deterioro creciente del medio ambiente, principalmente apuntalado por los agronegocios, y que no permite vislumbrar ninguna atenuación. No se trata pues de disminuir la brecha entre los que más y menos tienen sino de revertir este proceso para generar otro modelo de acumulación económica que impida, entre otras cosas, el desplazamiento de grandes masas de habitantes del campo para engrosar precarios asentamientos urbanos, condenándolos a la marginación.
 
Si nos atenemos a la norma, las crisis siempre las pagan y las sufren mucho más los sectores populares que los verdaderos hacedores de las mismas, quienes además están preparados para encararlas intentando obtener ganancias de ellas. De todas formas una crisis siempre ofrece un grado de indeterminación que la convierte en posibilidad. Bajo la leve salvedad de que hoy en la Argentina no gobierna la derecha, estando al frente el peronismo, uno podría preguntarse cuánto margen favorable poseen los sectores populares para zafar de la depresión económica. Esa respuesta sólo puede darse en el día a día, descartando cualquier conjetura cercana a la justificación.
 
En la Argentina cualquier intento de redistribución que a su vez pueda permitir la reversión del actual modelo de acumulación económica, siempre encontrará grandes adversidades a las cuales sólo se podrá sortearlas si se lo hace con gran determinación y sobre todo mostrando potentes relaciones de fuerza. Este último componente no deja de ser el queimpulsa en última instancia la voluntad de cambio. Tras muchos años de gobiernos progresistas interrumpidos por cuatro años de rapiña macrista, no se pudo nunca avanzar en transformar la matriz productiva preponderantemente agroexportadora, ni tampoco revertir la especulación financiera que condena a millones a la marginación.
 
El aislamiento social creado por la pandemia produjo un grado significativo de desmovilización social, principalmente por el hecho de que las organizaciones populares fueron de las primeras en advertir el riesgo sanitario y el cuidado de sus adeptos. No es el caso por cierto de la derecha, que aprovechó esas circunstancias para ganar las calles ante la inmovilidad del resto y a sabiendas del apoyo irrestricto de los grandes medios. Tampoco desde el gobierno se adoptaron medidas para evitarlo cayendo en los mismos prejuicios liberales de los que sacaban a relucir sus cacerolas.
 
Distinta vara
 
Antes de fin de año, el 28 de diciembre, el presidente de Bolivia Luis Arce promulgó la Ley 1357 de Impuesto a las Grandes Fortunas. La medida consiste en el cobro a todos aquellos ciudadanos que superen en sus arcas los 30 millones de bolivianos (nombre de la moneda nacional). El Estado recaudará unos 4,3 millones de dólares mensuales, y que alcanzará a 152 personas fraccionadas en tressegmentos. Lo interesante de la medida es que dicho impuesto será permanente.
 
 
A diferencia del “Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia” sancionado en nuestro país, el impuesto boliviano tendrá extensión en el tiempo y eso dará mucho mayor previsibilidad que el cobro de determinada cuota una sola vez. Lo interesante es saber qué ocurre cada vez que en nuestro país se intentan plasmar medidas que verdaderamente pueden aportar a revertir el modelo de acumulación económica.
 
Si se googlea “impuesto a la riqueza en la Argentina”, curiosamente la mayor cantidad de información corresponde a bufetes de abogados preparados para actuar en contra de “medidas comunistas” que propician “expropiación, “confiscación” en el marco de una creciente “inconstitucionalidad”. Respuestas exageradas a medidas que no dejan de ser tenues. Los grandes medios son la principal caja de resonancia.
 
El gobierno judicial
 
No alcanza con señalar determinadas falencias si no se pone en marcha algo que pueda cambiarlas. “Como yo soy un republicano de verdad, respeto la autonomía judicial, pero no quiere decir que avale lo que ellos hacen”, dijo el presidente Alberto Fernández, para luego afirmar que “La Corte (Suprema de Justicia) está mal, y lo que era un tribunal prestigioso en los años de Néstor, hoy es un tribunal muy poco calificado socialmente”.
 
Durante este gobierno no se pudo lograr la expropiación de Vicentin, una empresa plagada de irregularidades con indicios claros de delincuencia económica, y que hubiera logrado una mejor plataforma para el comercio de granos. El poder judicial les puso el freno.
 
El desalojo de centenares de pobladores en Guernica (en el Conurbano bonaerense) el año pasado, fue motorizado por el poder judicial, haciendo que las fuerzas de seguridad vayan en la dirección que esa corporación les señalaba. Se sabe que ni el mismo gobernador Axel Kicillof ni el ministerio de Desarrollo Social nacional estaban a favor del desalojo, aunque carecían de cualquier margen de acción para impedirlo. ¿Esto será ser “republicano de verdad”?
 
Aproximadamente 10 años atrás, la por entonces presidenta Cristina Kirchner no dejaba de hablar de la “Justicia cautelar” o de la “máquina de impedir”. Por aquellos años se hablaba de “profundizar un proyecto” que cada vez fue quedando más en la superficie de un realismo político hoy dominante.
 
Mientras el poder judicial sea uno de los principales bastiones heredados de la dictadura cívico militar, no se podrá avanzar demasiado. Se podrán decir muchas cosas.
 
Para todos aquellos que no dejan de señalar que “no hay que hacerle el juego a la derecha”, habría que precisar que éste es ese juego, porque les estamos permitiendo que se reagrupen, organicen y tengan mayor piso de sustentación que los sectores populares.
 
El texto precedente es autoría del periodista y escritor Osvaldo Drozd. ( https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_13001/id_12810/la-crisis-de-la-pandemia-y-el-gobierno-judicial)
 
Buenos días. "Covid zero" no va a suceder, pero la vida normal aún puede. 
 
¿Eliminación de riesgos? Imposible.
 
Hace diez años, una enfermedad infecciosa mortal mató a más de 36.000 estadounidenses. Al año siguiente, mató a 12.000 más. Y durante cada uno de los siguientes ocho años, la misma enfermedad causó entre 22.000 y 62.000 muertes. 
 
Esa enfermedad es la influenza , también conocida como gripe, y se encuentra entre las 15 principales causas de muerte en los Estados Unidos. 
 
 
Hablar sobre los efectos de una gripe típica es algo tenso en estos días. Estamos atravesando la peor pandemia en un siglo, una que es de un orden de magnitud diferente al de la influenza. En los primeros meses de Covid-19, algunas personas que intentaban negar su gravedad, incluido el presidente Donald Trump, afirmaron que era apenas peor que la gripe. Eso es falso: Pronto, sin embargo, la gripe se convertirá en un punto de comparación significativo. 
 
En los próximos meses, el Covid probablemente retrocederá como resultado de las vacunas y la creciente inmunidad natural . Pero no desaparecerá. “Algunas personas han tenido la idea de que vamos a llegar a 'Covid cero'”, me dijo el Dr. Amesh Adalja de la Universidad Johns Hopkins. “Eso no es realista. Es una fantasía ". 
 
No cero, pero normalidad 
 
El covid es causado por un coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, y los coronavirus a menudo circulan durante años, causando infecciones respiratorias y el resfriado común. El mundo no va a extinguir los coronavirus en el corto plazo, ni extinguirá este específico. “El coronavirus llegó para quedarse”, como concluyó un artículo reciente de Nicky Phillips en la revista científica Nature. 
 
El objetivo razonable es hacerlo manejable, al igual que la gripe estacional. Afortunadamente, las vacunas lo están haciendo. De hecho, lo están haciendo mejor que eso. Para las personas completamente vacunadas, la enfermedad grave de Covid es extremadamente rara, mucho más rara que la enfermedad grave de la gripe estacional.
Israel, el país que ha vacunado a la mayor parte de su población , ofrece un estudio de caso. Un análisis reciente examinó a 602.000 israelíes que habían recibido vacunas Covid y descubrió que solo 21 contrajeron el virus más tarde y tuvieron que ser hospitalizados. Evidentemente, veintiuno no es cero. Las vacunas casi nunca son perfectas. Pero las vacunas Covid lo están convirtiendo en el tipo de riesgo que la gente acepta todos los días. 
 
Aquí hay una forma útil de pensar en los números de Israel: solo 3.5 de cada 100,000 personas vacunadas allí fueron hospitalizadas más tarde con síntomas de Covid. En comparación, durante una temporada de influenza típica en los EE. UU., Aproximadamente 150 de cada 100,000 personas son hospitalizadas con síntomas de influenza. 
 
Y, sin embargo, la gripe estacional no detiene la vida. No impide que las personas viajen en avión, coman en restaurantes, visiten a sus amigos o vayan a la escuela y al trabajo. 
 
Las vacunas no producirán "Covid cero". Pero están en camino, eventualmente, y tal vez incluso en verano , para producir algo que se parece mucho a la normalidad. Las raras excepciones no cambiarán eso, sin importar cuánta atención reciban.
Por David Leonhardt The Morning The New York Times
 
El jueves pasado se confirmó que la reforma del Impuesto a las Ganancias impulsada por Massa será tratada en las sesiones extraordinarias del Congreso en las próximas semanas. A grandes rasgos, la reforma dispone que las personas que cobran hasta $150.000 por mes –brutos- queden exceptuadas del pago del impuesto. Actualmente, el ingreso mínimo no imponible (a partir del cual se empieza a pagar el tributo) se encuentra en $90.100 brutos mensuales para un soltero y en $104.700 para una persona casada con dos hijos (si su pareja trabaja, si no es de $119.200), con lo cual estamos hablando de una suba considerable.
Daría toda la impresión de que el proyecto va a ser aprobado. El arco opositor en su totalidad anticipó su apoyo a la medida (aunque con algunos reparos y/o modificaciones). Paradójicamente, entre los y las economistas el consenso también fue casi total, pero en este caso para criticarla. 
 

Antes de que nos hagan un escrache, sobre todo las personas favorecidas por las medidas, voy a tratar de explicar por qué esta diferencia de opinión tan grande entre unos y otros. Si hay algo que nos caracteriza a quienes nos dedicamos a la economía es a pensar en términos relativos. Ante cualquier pregunta que nos hagan o cualquier opinión que nos pidan, siempre nuestro razonamiento nos lleva a pensar una respuesta que contemple los escenarios alternativos (“contrafácticos”, en nuestra jerga) o a comparar con otras posibles soluciones que podrían ser mejores a la que estamos examinando. De ahí también la famosa burla de que, ante cualquier pregunta, nuestra primera respuesta es “depende”.
 
Con la reforma del Impuesto a las Ganancias creo que ocurre exactamente eso. La diferencia está en que, desde el punto de vista economicista, la cuestión no pasa por definir si está bien o no bajar Ganancias. La pregunta pasa por si ese es el mejor impuesto para bajar, o si habría alguna alternativa mejor. 
 
Y acá aparece el concepto de la progresividad fiscal . Existe bastante consenso en que una de las cualidades más importantes que tiene un (buen) impuesto es sobre su impacto en la capacidad contributiva de los contribuyentes. Así, un impuesto progresivo es aquel que aumenta –en proporción- a medida que se incrementa la capacidad contributiva. De esta manera, el impuesto le cobra más a quienes tienen ingresos más elevados (y viceversa). En cambio, un impuesto regresivo sería aquel que tiene un impacto cada vez menor a medida que se incrementan los ingresos de los contribuyentes. 
 
El cuadro a continuación muestra un ejemplo sencillo. Fíjense que el impuesto “A” es progresivo porque la proporción que le cobra a la persona de mayores ingresos (12%) es más elevada que la de menores ingresos (5%). En cambio, el impuesto “B” es regresivo porque sucede lo contrario. Noten que en ambos casos la persona de mayores ingresos paga más impuestos que la de menores ingresos, pero eso no significa que sea progresivo (cosa que a veces presta a su confusión).
 

El impuesto clásico por excelencia en términos de progresividad es el Impuesto a las Ganancias (otros ejemplos son el Impuesto a los Bienes Personales o a la Riqueza). Como vimos, lo que hace es fijar un ingreso mínimo no imponible a partir del cual se “ingresa” al impuesto (o sea que todas las personas con un ingreso menor no lo pagan), pero además establece alícuotas crecientes a medida que el ingreso se hace más elevado, que van desde 5% al 35%. A modo de ejemplo, una persona soltera sin hijos en la actualidad tributaría de la siguiente manera: 
 
 
 
Por otro lado, el impuesto más frecuente en términos de regresividad es el IVA. A grandes rasgos, este tributo tiene una alícuota del 21% para todos los bienes y servicios. Como es trasladado a los precios de los productos, lo terminan pagando los consumidores. Y dado que las personas de menores ingresos gastan un porcentaje mayor (ahorran menos) en relación a las que ganan más, este impuesto termina teniendo un impacto mayor sobre las personas de menor poder adquisitivo, como se puede ver en el ejemplo a continuación. 
 

Entonces, volviendo a la pregunta original, el punto es que al reducir el Impuesto a las Ganancias lo que se está haciendo es volver más regresiva la estructura tributaria argentina, que ya de por sí es bastante regresiva. Esto significa que la manera de recaudar se basa en cobrarle –proporcionalmente- menos impuestos a los que más ganan. Con esto no estamos diciendo que no haya que reducir los impuestos, la pregunta siempre es cuál es el que hay que utilizar (dada la decisión de bajarlos).
La comparación con el resto de América Latina y con los países más desarrollados de la OCDE lo evidencia. En Argentina el Impuesto a las Ganancias sobre las personas físicas y las empresas alcanza el 17% del total de la recaudación, mientras que el promedio de América Latina (ALC) llega al 26% y en los países de la OCDE al 33% (aunque si se incorpora el Impuesto a la Propiedad, pasa a ser un poco mejor). Mientras que para el IVA estamos levemente por debajo del resto de ALC y bastante por encima de la OCDE (panorama que se agrava si sumamos los “otros impuestos sobre bienes y servicios”). 
Estructura tributaria comparada para 2018 (último dato disponible)  
 

Fuente: OCDE .
 
El salario no es ganancia, pero si es alto tiene que tributar
Una segunda discusión se da en torno al hecho de que dentro del Impuesto a las Ganancias recaen una cantidad considerable de trabajadores en relación de dependencia (junto con las sociedades y los autónomos, entre otros). Aunque nuevamente es importante destacar que, en términos relativos, el impuesto recae mayoritariamente sobre las sociedades y no sobre las personas físicas, a la inversa de lo que sucede en los países más desarrollados (ver el gráfico de la comparación internacional). 
 
No obstante, lo anterior dio lugar al argumento de que los trabajadores no deberían pagar este impuesto. Por ejemplo, fue una promesa de campaña hecha por Mauricio Macri en 2015. La cuestión en este caso es, primero que nada, semántica. Este impuesto en la mayoría de los países se le llama “a los altos ingresos”, mientras que acá su nombre equívocamente se lo podría asociar sólo con la ganancia de las empresas. Pero la razón de ser del impuesto es la de tributar sobre el nivel del ingreso de los individuos, sin importar si los mismos provienen del salario o del beneficio empresarial. 
 
Aclarado ese asunto, queda todavía por responder la pregunta más importante: ¿Qué porcentaje de los trabajadores debería pagar el Impuesto a las Ganancias? Antes de darles la respuesta, te pregunto a vos, cuál creen que debería ser esa cantidad. Imaginen la famosa pirámide de los ingresos donde están representadas todas las personas del país. ¿Cuántas de ellas creen que deberían pagar un impuesto “a los altos ingresos”? ¿El 10% más rico? ¿El 20%? ¿El 30%?
Arranquemos tomando el mínimo no imponible actual, o sea unos $100.000 brutos (redondeando y promediando entre una persona soltera y una casada), lo que nos da un ingreso neto aproximado de $83.000. 
 
Una persona que hoy gana eso en Argentina, ¿dónde se ubicaría en la pirámide de los ingresos? Tomando los últimos datos de la distribución del ingreso que publica el INDEC (que están hasta septiembre de 2020) y ajustando por la inflación para actualizarlos a enero de 2021, esa persona se ubicaría dentro del 20% más rico de la población. Sí, leyeron bien. A más de uno le puede sorprender este dato (sobre todo a quienes ganan eso), pero la realidad es que por lo general no tenemos suficiente dimensión de lo bajo que son los ingresos de toda la población argentina. Por ejemplo, hoy en día la remuneración promedio se ubica en unos $38.900 mensuales. 
 
Si bien es probable que exista cierta subestimación en el cálculo de los ingresos (dado que surge de una encuesta a los hogares), otra manera de analizarlo es a partir de los datos que brinda el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que publica los salarios promedios de todos los aportantes a la seguridad social. De los 6.330.000 de aportantes surge una remuneración promedio bruta de $67.000 (actualizada a enero), mientras que la comparación con el mínimo no imponible actual arroja que alrededor del 20% de los trabajadores registrados paga Ganancias. Estamos en la misma. 
 
En este caso, además, es importante resaltar que estamos hablando solamente de las personas que tienen una remuneración en blanco, por lo tanto, si se incorporase al resto de la población con trabajo informal (unos 4 millones de personas), cuyo ingreso por lo general es más bajo, eso llevaría a que quienes ganan por encima de $100.000 se encuentren –todavía- más arriba en la distribución del ingreso. 
 
De lo anterior se desprende que los trabajadores que hoy en día pagan el impuesto a la ganancia pertenecen a los estratos más altos de la población argentina. Por ende, no cabe ninguna duda que si el mínimo no imponible se elevara a $150.000 se estaría beneficiando a personas ubicadas en los deciles más altos de la distribución de ingresos (que es lo mismo que decir que sería una medida regresiva). 
 
Al margen de lo anterior, otra crítica podría ser que el problema no es solo la cantidad de personas que pagan el impuesto -es decir, el nivel del mínimo no imponible- sino que se paga mucho (escalas poco progresivas). Sin embargo, los datos tampoco parecen avalar esta afirmación.  
 
El gráfico a continuación muestra la cantidad total de trabajadores registrados en función de su ingreso (las barritas azules) y el porcentaje que representa el Impuesto a las Ganancias (la línea naranja). Todos los trabajadores que ganan por debajo del mínimo no imponible (para un soltero sin hijos, en este caso) no tributan y a partir de allí se va incrementando el peso del impuesto, pero recién alcanza el 10% para sueldos superiores a los $190.000 y el 14% para aquellos por encima de los $240.000. Justamente las escalas son las que le dan progresividad al impuesto, ya que son las que permiten que el impacto en los ingresos más cercanos al mínimo no imponible sea bajo y crezca a medida que aumenta la remuneración. 
 
 
Fuente: J. Folgar 
 
Ahora bien, todo lo dicho anteriormente no quita que no haya reclamos por parte de los trabajadores que pagan Ganancias en relación a inequidades horizontales que existen en la actualidad. Por ejemplo, la exención a buena parte del Poder Judicial que no paga este impuesto (que, dicho sea de paso, según el presupuesto para 2021 representa una pérdida de recaudación para el fisco de más de $41.000 millones, es decir lo mismo que estimó el Gobierno que va a costar esta medida); que un monotributista de ingresos similares pague mucho menos ; o que directamente haya personas que no declaren sus ingresos y que por ende evadan sus impuestos. Existen otras inequidades o problemas adicionales que son un poco más técnicos, pero si les interesa, recomiendo este trabajo de Oscar Cetrángolo y Javier Curcio donde las analizan en detalle. 
 
Todos estos reclamos son justos y deberían ser corregidos. Ahora bien, la existencia de estas inequidades no son argumentos que sirvan para justificar el aumento del mínimo no imponible. La solución a una injusticia no puede ser otra injusticia.
Juan Manuel Telechea https://www.cenital.com/ 
 
El Gobierno convocó a la cadena de alimentos 
 
Dada la preponderancia de los alimentos en la canasta de consumo y la fuerte suba en sus precios, es lógico que la primera mesa sectorial que convoca el Gobierno sea, precisamente, la de los alimentos. Mañana, están citados los representantes de la cadena de producción de alimentos. El encuentro será en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Por un lado, estará el Gabinete Económico y, por el otro, representantes de las cámaras y empresas del sector alimenticio y los supermercados, así como la mesa del trigo, el maíz, la carne y los gremios. 
 

El Gobierno ha recurrido a diversos instrumentos para frenar la inflación en los alimentos, entre ellos los programas Precios Cuidados y Precios Máximos, así como el acuerdo con frigoríficos para revertir las subas en algunos cortes específicos. Hubo otras medidas, como la intimación a varias empresas de consumo masivo. Por el lado empresario, estarán presentes Arcor, AGD, Molinos Ríos de la Plata, Nestlé, Unilever, Ledesma, Danone, Granja Tres Arroyos, ABC y Mondelez, entre otras. La Asociación Supermercados Unidos (ASU) y del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) también estarán .  
https://eleconomista.com.ar/ 
 
Escribe Kristalina Georgieva elegida Directora Gerente del FMI el 25 de septiembre de 2019. Asumió su cargo el 1 de octubre de 2019.
Antes de incorporarse al FMI, la Sra. Georgieva fue Directora General del Banco Mundial entre enero de 2017 y septiembre de 2019, período en el cual se desempeñó también como Presidenta Interina del Grupo Banco Mundial durante tres meses. 
 
Previamente, la Sra. Georgieva ayudó a configurar el programa de trabajo de la Unión Europea. Como Vicepresidenta de Presupuesto y Recursos Humanos de la Comisión Europea, estuvo a cargo de la supervisión del presupuesto de la Unión Europea de €161.000 millones (USD 175.000 millones) y de 33.000 funcionarios. En ese cargo, participó activamente en los esfuerzos para hacer frente a la crisis de la deuda de la eurozona y a la crisis de los refugiados de 2015. Antes, como Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis, administró uno de los presupuestos más importantes del mundo destinados a la ayuda humanitaria. 
 
“Mientras los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 se reúnen virtualmente esta semana, el mundo continúa recuperándose de la peor recesión en tiempos de paz desde la Gran Depresión. 
 
El FMI proyectó recientemente un crecimiento del PIB mundial del 5,5% este año y del 4,2% en 2022. Pero será un ascenso largo e incierto. La mayor parte del mundo se enfrenta a un lanzamiento lento de vacunas incluso cuando se están propagando nuevas mutaciones de virus, y las perspectivas de recuperación divergen peligrosamente entre países y regiones. 
 
De hecho, la economía mundial se encuentra en una bifurcación en el camino. La pregunta es: ¿tomarán medidas los responsables de la formulación de políticas para prevenir esta Gran Divergencia ?
Como nuestra señala nota para la reunión del G20, existe un riesgo importante de que, a medida que las economías avanzadas y algunos mercados emergentes se recuperen más rápido, la mayoría de los países en desarrollo languidezcan en los próximos años. Esto no solo agravaría la tragedia humana de la pandemia, sino también el sufrimiento económico de los más vulnerables. 
 

Estimamos que, para fines de 2022, el ingreso per cápita acumulado estará un 13 por ciento por debajo de las proyecciones anteriores a la crisis en las economías avanzadas, en comparación con el 18 por ciento para los países de bajos ingresos y el 22 por ciento para los países emergentes y en desarrollo, excluyendo China. Este impacto proyectado en el ingreso per cápita aumentará en millones el número de personas extremadamente pobres en el mundo en desarrollo. 
 
Por lo tanto, la convergencia entre países ya no puede darse por sentada. Antes de la crisis, pronosticamos una reducción de las brechas de ingreso entre las economías avanzadas y 110 países de economías emergentes y en desarrollo para el período 2020–22. Sin embargo, ahora estimamos que tan solo 52 economías lograrán convergir durante ese período, mientras que otras 58 se quedarán rezagadas.
 
En parte, esto se debe al acceso desigual a las vacunas. Incluso en el mejor escenario, se espera que la mayoría de las economías en desarrollo no alcancen una cobertura vacunal generalizada hasta finales de 2022 como pronto. Algunas están especialmente expuestas a sectores muy perjudicados por la pandemia, como el turismo y las exportaciones de petróleo, y la mayoría están lastradas por su limitado margen de maniobra presupuestario.
 
El año pasado, las economías avanzadas desplegaron en promedio un 24% de su PIB en medidas fiscales, frente a tan solo 6% en los mercados emergentes y menos de 2% en los países de bajo ingreso. Las comparaciones entre países también muestran que medidas de apoyo más sustanciales se asociaron en muchos casos con una menor pérdida de empleo.
 
Además, no se trata solo de divergencias entre países. También observamos una aceleración de la divergencia dentro de los países: los jóvenes, los trabajadores menos cualificados, las mujeres y los trabajadores informales se han visto afectados de manera desproporcionada por la pérdida de puestos de trabajo. Y millones de niños todavía sufren interrupciones en su educación. Permitir que se conviertan en una generación perdida sería un error imperdonable.
Se agravarían igualmente las cicatrices económicas duraderas dejadas por la crisis, lo que complicaría aún más el objetivo de reducir la desigualdad e impulsar el crecimiento y el empleo. Pensemos en los retos que nos esperan: solo para el conjunto de las economías del G-20 (con la exclusión de India y Arabia Saudita por limitaciones de los datos), se proyecta que se pierdan más de 25 millones de puestos de trabajo este año y cerca de 20 millones en 2022, con respecto a las proyecciones previas a la crisis.
 
Así que una vez más nos hallamos ante una encrucijada, y si queremos revertir esta peligrosa divergencia entre países y dentro de ellos, debemos adoptar ya medidas de política contundentes. Veo tres prioridades:
Primero, redoblar los esfuerzos para acabar con la crisis sanitaria.
Sabemos que la pandemia no habrá terminado en ninguna parte hasta que termine en todas partes. Aunque últimamente se han reducido las nuevas infecciones en todo el mundo, nos preocupa que hagan falta varias rondas de vacunación para mantener la inmunidad frente a las nuevas variantes.
 
Por eso necesitamos una cooperación internacional mucho más fuerte que permita acelerar la distribución de vacunas en los países más pobres. Disponer de financiamiento adicional para adquirir dosis y cubrir las necesidades logísticas resulta fundamental. También lo es una redistribución oportuna de las vacunas sobrantes de países excedentarios a países deficitarios, así como una significativa ampliación de la capacidad de producción de vacunas para 2022 y años sucesivos. Proporcionar un seguro a los fabricantes de vacunas contra los riesgos de pérdidas por sobreproducción puede ser una opción digna de consideración.
 
También debemos garantizar un mayor acceso a terapias y pruebas diagnósticas, incluida la secuenciación del virus, y evitar restricciones a la exportación de suministros médicos. Los argumentos económicos a favor de la acción coordinada son abrumadores. Un avance más rápido en la batalla contra la crisis sanitaria podría traducirse en un incremento acumulado del ingreso mundial de 9 billones de dólares en el período 2020–25. Esto reportaría beneficios a todos los países, incluidos unos 4 billones de dólares para las economías avanzadas, lo que supera con creces cualquier medida de los costes relacionados con las vacunas.
Segundo, intensificar la lucha contra la crisis económica.
 
Con los países del G-20 a la cabeza, el mundo ha adoptado medidas sincronizadas nunca antes vistas, incluidos casi 14 billones de dólares en medidas fiscales. Los gobiernos deben consolidar estas medidas manteniendo el apoyo fiscal —debidamente calibrado y focalizado en función de la fase de la pandemia, el estado de sus economías y su espacio de política.
 
La clave es ayudar a mantener los medios de vida y, al mismo tiempo, tratar de evitar la quiebra de empresas que en otras circunstancias serían viables. Para eso no solo hacen falta medidas fiscales, sino que también hay que mantener unas condiciones financieras favorables mediante políticas monetarias y financieras acomodaticias que apuntalen el flujo de crédito a hogares y empresas.
 

La considerable expansión monetaria de los principales bancos centrales también ha posibilitado que varias economías en desarrollo vuelvan a tener acceso a los mercados internacionales de capitales y reciban financiamiento a tasas de interés históricamente bajas para hacer frente a sus gastos, pese a sufrir recesiones históricas. Dada la gravedad de la crisis, no hay ninguna alternativa al mantenimiento del apoyo de la política monetaria. Pero existen preocupaciones legítimas sobre las consecuencias no deseadas de estas medidas, incluidas la excesiva asunción de riesgos y la euforia de los mercados.
 
Un riesgo para el futuro —especialmente en vista de las recuperaciones divergentes— es la posible volatilidad del mercado en respuesta a cambios de las condiciones financieras. Los principales bancos centrales tendrán que comunicar con mucho cuidado sus planes en materia de política monetaria para evitar una volatilidad excesiva en los mercados financieros, tanto en sus países como en el resto del mundo.
Tercero, reforzar el apoyo a los países vulnerables.
 
 Dado que sus recursos y el margen de maniobra de sus políticas son limitados, muchos países de mercados emergentes y de bajo ingreso podrían enfrentarse en breve a una elección imposible: mantener la estabilidad macroeconómica, hacer frente a la crisis sanitaria o cubrir las necesidades básicas de sus habitantes.
 
El aumento de su vulnerabilidad no solo afecta a sus propias perspectivas de recuperación de la crisis, sino también a la velocidad y la magnitud de la recuperación a escala mundial, y puede ser una fuerza desestabilizadora en varias zonas ya de por sí frágiles. Los países vulnerables necesitan ayudas sustanciales en el marco de un esfuerzo integral.
 
El primer paso debe darse en los propios países, cuyos gobiernos han de recaudar más ingresos, incrementar la eficiencia del gasto público y mejorar el contexto empresarial. Al mismo tiempo, las iniciativas internacionales son vitales para seguir incrementando el financiamiento en condiciones concesionarias y movilizar financiamiento privado, incluso mediante instrumentos de distribución del riesgo más sólidos.
 
Otra opción que se está sopesando es una nueva asignación de DEG para contribuir a satisfacer la necesidad a largo plazo de reservas en todo el mundo. Esta asignación podría suponer una inyección directa y sustancial de liquidez para los países, sin incrementar su endeudamiento. Asimismo, podría aumentar la capacidad de los donantes bilaterales para proporcionar nuevos recursos para ayudas en condiciones concesionarias que permitan financiar gastos en salud, entre otros. Una asignación de DEG ayudó al mundo a afrontar la crisis financiera mundial en 2009, y podría volver a sernos de gran utilidad en la actual tesitura.
 
Aplicar un enfoque integral también implica afrontar la deuda. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G-20 (ISSD) liberó con rapidez recursos vitales. El nuevo Marco Común puede ir aún más allá, al facilitar el tratamiento oportuno y ordenado de la deuda para países que cumplen las condiciones de la ISSD, con una amplia participación de acreedores, incluido el sector privado. Estos tratamientos deberían incluir el reperfilamiento del servicio de la deuda para ayudar a países que tienen grandes necesidades de financiamiento, y un alivio más profundo allí donde la carga de la deuda se haya tornado insostenible. Ahora que las primeras solicitudes ya han llegado, todos los acreedores —públicos y privados— deberían poner en funcionamiento rápidamente el Marco Común.
 
Por su parte, el FMI ha intensificado de forma inusitada sus esfuerzos proporcionando más de 105.000 millones de dólares en nuevo financiamiento a 85 países y alivio del servicio de la deuda para los países miembros más pobres. Nuestro objetivo es llegar aún más lejos para apoyar a nuestros 190 países miembros en 2021 y en lo sucesivo.
Esto incluye respaldar las iniciativas de modernización de la tributación internacional de las empresas. Necesitamos un sistema que sea verdaderamente apropiado para la economía digital y se ajuste más a las necesidades de los países en desarrollo. En este ámbito, serán esenciales esfuerzos multilaterales para contribuir a lograr que empresas sumamente rentables paguen impuestos en los mercados en los que operan y refuercen así las finanzas públicas.
 

Todas estas medidas de política pueden ayudarnos a atajar la Gran Divergencia. Puesto que disponen de los recursos necesarios, las economías avanzadas continuarán invirtiendo en capital humano, infraestructura digital y la transición a la nueva economía del clima. Es vital que los países más pobres tengan el apoyo que necesitan para poder realizar inversiones similares, especialmente en las medidas de adaptación al cambio climático —generadoras de mucho empleo— que serán imprescindibles a medida que nuestro planeta se caliente.
La alternativa —dejar atrás a los países más pobres— solo afianzaría la desigualdad extrema. Aún peor, constituiría una grave amenaza para la estabilidad socioeconómica en todo el mundo. Y sería una oportunidad histórica perdida.
 
Podemos inspirarnos en la espectacular cooperación internacional que nos ha permitido disponer de vacunas eficaces en tiempo récord. Ese espíritu es ahora más importante que nunca para superar esta crisis y lograr una recuperación fuerte e inclusiva.
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En tanto no se termine de comprender que para vivir de maneras no violentas en sociedad es necesario preservar instituciones que representen la posibilidad de solucionar y minimizar las tensiones y conflictos que se producen y que esas instancias deben esforzarse por sostener idearios de equidad y justicia respecto de los intereses que se disputan o entran en juego, en relación a las inequidades y a los repartos desparejos de esfuerzos, disfrutes y oportunidades para desarrollar la vida que se quiere, y que estas instancias políticas y de representaciones ciudadanas son esenciales para el logro de una sociedad en paz y de desarrollos comunitarios que incluyan y que no dejen fuera a muchos para alimentar una elite avara, ignorante y sin conciencia, las confusiones seguirán produciendo realidades alternativas y perniciosas para el conjunto de los Argentinos y de las sociedades que pueblan el planeta. 
 

En esas confusiones, dará lo mismo que algunos con algún poder, se prioricen frente a otros en la lenta “vacunación” respecto de la pandemia, pero que sin embargo, nos tiene a los Argentinos en una posición de privilegio referida a cientos de otros países que aún no tienen acceso a las producciones de vacunas en el mundo, inmersos en esta guerra deshumana de laboratorios y patentes que priorizan negocio y propiedad privada sobre la vida de los habitantes del planeta, que la misma institucionalidad que debe mantener el respeto y la cohesión social en torno a las leyes que sostienen los acuerdos básicos entre las personas y grupos de personas para no regresar a los tiempos en que todo se resolvía con violencia y guerra, y que sin embargo, elige el sinuoso y peligroso camino de transgredir para preservar sus poderes y privilegios como jueces y fiscales, sin atender a que, de esta forma, no solo se siguen destruyendo a si mismos sino que ponen en peligro a la Nación misma, en tanto sin justicia o con una justicia que acepta presiones de todos lados según conveniencia, ninguna sociedad puede evitar violencias e inseguridades de todo tipo, mas allá de la pandemia. 
 
No se puede privar de la libertad a ninguna persona por mas presunción de culpabilidad que se tenga sobre ella, sin haber probado debidamente los delitos y acciones ilegales de las que se acusa. La justicia no esta para “convencerse” o “presumir” o “deducir” ninguna cosa, sino para hacer cumplir las leyes y condenar con la carga de pruebas necesaria que amerite la veracidad de los hechos. Hay que decirlo aunque parezca incorrecto … en el Caso de Baez que acaba de recibir 9 años de condena por presunto lavado de dinero, dónde en la causa no se pudo determinar el origen de los fondos supuestamente lavado y lo único debidamente probado son maniobras de evasión impositiva que realizan casi todos los empresarios del país. Obviamente entrampados en la grieta que invento Clarín, dos jueces, uno abiertamente defensor de la derecha Argentina y cuyo nombramiento esta asociado al gobierno anterior y otra de las juezas intervinientes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, probadamente extorsionada y amenazada para cambiar su posición respecto al fallo en cuestión, no hacen mas que alimentar la destrucción de las instancias institucionales de justicia produciendo resultados nefastos para la sociedad Argentina en tanto, sin justicia o con una justicia que alimenta esa “grieta” producto de los intereses de las elites para conservar sus privilegios, no hay ciudadanía posible, y el caos y la anarquía emergen como posibilidad cierta, que alienta la opción de totalitarismos o dictaduras como única vía para encauzar tanto daño … que a la postre, producirá mucho mas daño aún.
 
La civilidad se construye con justicia y nadie se salva solo.
 
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
 

Imágenes: Esta entrada está ilustrada con obras de Willem de Kooning (Róterdam, 24 de abril de 1904-Long Island, 19 de marzo de 1997) 

Fue un pintor neerlandés nacionalizado estadounidense, exponente en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial del expresionismo abstracto, y dentro del seno de esta tendencia, de la action painting o pintura gestual, pintores de este movimiento fueron Jackson Pollock, Mark Rothko y Clyfford Still; más tarde, de Kooning experimentó con nuevos movimientos artísticos como la escultura y la performance.




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