Segunda Entrega: Entre amores y carnavales
Segunda Entrega
Entre amores y carnavales, en este fin de semana largo, no por urgente sino por necesario, el tema de las instituciones democráticas adquiere el privilegio informativo. Fieles a la grieta, los medios de comunicación hegemónico continúan ocasionando un gravisimo daño a la institucionalidad Argentina al alentar los fallos de la justicia en las cuestiones políticas como un Boca vs River, River vs Boca, con o sin intención de alimentar la grieta que ellos mismos inventaron para jugar los juegos del poder, al servicio del lawfare.
La jugada de la Casación Federal para llevar la megacausa de espionaje macrista de Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py, donde la connivencia entre jueces, espías y medios fue siempre parte del paisaje, fue la gota que rebalsó el vaso. El presidente Alberto Fernández fustigó a "los jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos", poco después de que la decisión del máximo tribunal penal del país fuera motivo de festejos y alivio para exfuncionarios de Mauricio Macri, que reclamaban el pase a gritos. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, destinó sus críticas a los jueces de Casación --denunciados algunos de ellos la semana pasada por sus encuentros con el expresidente-- y a Carlos Stornelli, el fiscal procesado en la causa de espionaje de Dolores que ahora por la tómbola de los tribunales de Retiro quedaría a cargo de investigar justamente a quienes, en otra jurisdicción, sostienen que serían sus terminales.
“Es difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos”, tuiteó el Presidente. “Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder”, completó y retuiteó un largo hilo que había hecho Losardo con un diagnóstico sobre el mal funcionamiento del Poder Judicial.
La reacción del presidente y de la ministra ocurrió un día después de que los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo decidieran sacarle al juez Juan Pablo Augé la investigación que involucra a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a funcionarios del riñón de Macri como su secretario privado, Darío Nieto. La primera respuesta oficial fue la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como víctima del espionaje y querellante en la causa, le reclamó al juez Augé que no mandara el expediente a Py porque ella iba a apelar a la Corte Suprema, diciendo que se trataba de un hecho de gravedad institucional sin parangones.
Losardo sacó a relucir una encuesta que muestra que el 87,9 por ciento de los argentinos son críticos o descreen del Poder Judicial, que es, a todas luces, un problema político en la región, como lo mostró también en Brasil y Ecuador. Más allá de Comodoro Py, fuente frecuente de quejas por la politización de sus integrantes más selectos, la semana pasada la justicia quedó en el ojo de la tormenta por su accionar previo al femicidio de Úrsula Bahillo.
Sin embargo, las críticas más cáusticas de la ministra de Justicia, que habitualmente cultiva un perfil bajo, estuvieron enfocadas hacia los tribunales de Retiro. “Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio”, escribió Losardo. En la misma línea, el diputado Martín Soria denunció al presidente de la Casación Federal, Gustavo Hornos, por seis visitas a la Casa Rosada que coincidían con fallos adversos para el kirchnerismo. Borinsky fue objeto de críticas públicas, aunque no lo integraron en la denuncia ante la fiscalía que investiga a la llamada mesa judicial macrista. “Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas", agregó.
Hubo un destinatario obligado del malestar de la ministra, validado por el Presidente: el fiscal Stornelli, procesado por el juez Alejo Ramos Padilla por sus andanzas junto con Marcelo Sebastián D’Alessio. “Ver que un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación”, sostuvo Losardo.
Los tuits de Fernández y de la ministra serán el tema de conversación obligado del feriado de carnaval entre los integrantes de los tribunales de Comodoro Py, señalado como la cuna del lawfare por el oficialismo. Hasta ahora, el gobierno logró cortar una de las patas del trípode de poder histórico en los tribunales de Retiro, que es la intervención de los espías en la justicia. Sin embargo, no ha conseguido avanzar con el proyecto de reforma judicial, que espera en la Cámara de Diputados por la falta de acompañamiento de la oposición. Lo mismo sucede con la reforma del Ministerio Público, que relaja la mayoría necesaria para nombrar al procurador --cargo que ocupa interinamente Eduardo Casal, que cuenta con el apoyo opositor y fue un sostén de Stornelli durante el último tiempo-- y que permitiría avanzar con la designación del candidato del presidente, el juez Daniel Rafecas.
Tiempo de reformas
Hay consenso alrededor del mal funcionamiento de la justicia. Lo dicen los juristas, lo dice la oposición, pero el consenso no se traduce en votos. “A los que la criticamos hace tiempo, la justicia federal penal todos los días nos da la razón”, dice Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “Hay que tomarse en serio el cambio en la justicia y en el Ministerio Público. Estamos hace años paralizados. ¿Por qué no cambiar todo de una vez?”, reclama Binder.
“Sabemos que el Poder Judicial no funciona de forma óptima. El presidente tiene una herramienta muy importante, que es trabajo que el consejo consultivo hizo, y que se podría traducir en distintas leyes sobre la Corte, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, la innovación tecnológica del Poder Judicial y el juicio por jurados”, sostiene el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que integró ese grupo de expertos.
“El diagnóstico que hace la ministra Losardo y comparte el presidente es correcto”, agrega la abogada Graciana Peñafort. “Resulta importante que se operativicen algunas cuestiones que traigan un mejor funcionamiento para dar mayor transparencia”, explica. “Se debe también incentivar la investigación de todos los responsables --tanto funcionarios judiciales como políticos-- de las maniobras destinadas a la persecución de opositores políticos y promover la revisión de todos los procedimientos que van desde las escuchas ilegales hasta el pago de testigos”, insiste.
El texto completo de la ministra Losardo
"El sentido de Justicia está en duda entre nosotros. Las encuestas dan cuenta que una inmensa mayoría de los argentinos se muestran críticos y escépticos ante el proceder del Poder Judicial y de sus miembros.
Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales y que siempre se han negado a hacer público su patrimonio.
Semejante contexto, que se profundiza con detenciones arbitrarias y juicios que se prolongan en el tiempo sin que se obtengan sentencias jurídicas razonadas, hacen que la República se degrade inexorablemente.
El Presidente Alberto Fernández se comprometió a poner fin a los sótanos de la democracia. Así, los servicios de inteligencia ya no operan en tribunales, propuso al Congreso Nacional una reformulación de la Justicia Federal y analiza las propuestas de reforma de un comité de juristas.
Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros, consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas. La “Mesa Judicial” existió y dió los resultados que sus miembros buscaban.
Todo ello ocurre con la anuencia de un conjunto de medios que tapan aquellas inconductas y que justifican que el juzgamiento de las mismas quede en manos de los fiscales y jueces que se han asociado a los propósitos de aquél gobierno.
La soberbia con la que esos jueces y fiscales se mueven solo se explica por la protección política de la oposición y el discurso mediático que va en su auxilio para encubrirlos. Es insólito que, ante tantas evidencias, ni siquiera tengan el buen tino de excusarse.
Ver qué un fiscal procesado, que participó en delitos atribuidos a un irregular agente de inteligencia y que está sospechado de presionar con fines de persecución política, sea hoy el encargado de investigar el espionaje del gobierno al que sirvió, causa una profunda indignación
Argentina necesita jueces que vuelvan a ocupar el lugar que la República les reclama. Jueces decentes y capaces, que dejen de servir al poder político de turno, que no cedan a las presiones corporativos y que se dediquen simplemente a impartir justicia.
Si la sociedad argentina no asume la gravedad que representa que el sistema judicial, tras la falsa invocación de su independencia, siga adelante con tan nocivas prácticas, solo acabará enfrentándose a una nueva y tremenda frustración
Ya es hora de poner ética y rectitud allí donde evidentemente esos valores han sido dejando de lado. Es hora de abordar las transformaciones necesaria para garantizar una buena administración de justicia.
Si no lo hacemos, los títulos de los diarios seguirán contándonos cómo los impunes opositores y sus amanuenses se burlan de nosotros.
https://www.pagina12.com.ar/323701-alberto-fernandez-es-imperioso-abordar-cambios-en-la-justici
El Foro Económico Mundial, conformado por organizaciones y personalidades que representan al 1% más rico de la población del planeta, realizó por estos días su conferencia anual para discutir los problemas que aquejan al mundo. Según la narrativa del Foro, el capitalismo global está en crisis. Sus deficiencias estructurales y la pandemia apuran los tiempos de una protesta social que estalla en diversas partes del mundo bajo la forma de un populismo destructivo. Para salir de esta crisis hay que “resetear” al capitalismo, redefiniendo al mundo como una corporación global regida por el principio de maximizar ganancias aplicando masivamente las tecnologías de una cuarta Revolución Industrial que ya está en marcha. Estas tecnologías (inteligencia artificial, robótica, internet de las cosas, nanotecnología, computación quántica, etc.) intersectan a los espacios físico, biológico y digital, y convierten a los individuos, a sus acciones y a sus pensamientos en “ecosistemas” que son fuente de ilimitada “creación de valor”. Al mismo tiempo, estas tecnologías hacen posible una nueva forma de gobernabilidad [K. Schwab. Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution, Penguin, 2018; The Fourth Industrial Revolution, Penguin, 2017.].
Los Presidentes de China y de Rusia aprovecharon la conferencia del Foro para advertir sobre las peligrosas similitudes entre el momento actual y las circunstancias que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Según esta perspectiva, la búsqueda de hegemonía mundial en un contexto asolado por la pandemia, las desigualdades económicas y sociales y la fragilidad de la economía y las finanzas globales puede derivar en el desborde militar de conflictos geopolíticos, arriesgando así la superviviencia de la humanidad.El Presidente Vladímir Putin advirtió sobre el impacto de las tecnologías de la cuarta Revolución Industrial en el mercado de trabajo y las instituciones al crear una creciente polarización social y al otorgar a “los gigantes tecnológicos modernos, especialmente las corporaciones digitales (…) un rol cada vez más preponderante en la vida de las sociedades (…) compitiendo de facto con los Estados”. “La sociedad se está preguntando si este monopolio responde a los intereses públicos (…) y dónde está el límite entre el éxito de estas corporaciones tecnológicas y los intentos de manejar a la sociedad de acuerdo a sus propios intereses, reemplazando de un modo autoritario a las instituciones democráticas legítimas y usurpando o restringiendo el derecho natural de la población a decidir por sí misma cómo vivir, qué elegir y qué ideas y posiciones expresar libremente. Hemos visto recientemente todos estos fenómenos en los Estados Unidos y todos ustedes entienden de lo que estoy hablando”, destacó.
Putin aprovecho la ocasión para poner el dedo en la llaga de una crisis que encuentra su máxima expresión en el centro del capitalismo mundial. Las elecciones norteamericanas han expuesto con crudeza las operaciones y enfrentamientos entre facciones del Estado en las Sombras dentro del propio territorio norteamericano, mientras aumenta brutalmente la concentración del poder en manos de un pequeño grupo de monopolios tecnológicos que pujan por controlar al planeta.
Juicio político a Trump
Los demócratas norteamericanos iniciaron esta semana en el Congreso el segundo juicio político a un Donald Trump que ya ha dejado el gobierno y es ahora un simple ciudadano. No existen precedentes de un caso semejante ni regulaciones claras, por lo que es difícil que logren sumar los votos necesarios para condenar al ex Presidente, cuyos dichos pueden además ser amparados por el derecho a la libre expresión. Se lo acusa de “incitar a la insurrección (…) haciendo falsas denuncias de un fraude electoral que le habría costado la elección del 2020 (…) incitando a sus seguidores a desafiar el recuento de votos en el Consejo Electoral, amenazando la integridad del sistema democrático y la transición pacífica del gobierno” (zerohedge.com.25 1 2021).
El 6 de noviembre, ante una multitud reunida para apoyarlo, Trump definió los casos donde según él hubo fraude electoral y sostuvo que los medios y las redes sociales eran “el peor problema que tiene el país” porque “suprimen el pensamiento y la palabra y se han transformado en el enemigo del pueblo”. También instó al Vicepresidente a devolver a los Estados la posibilidad de contar los votos legítimos e invitó a sus partidarios a manifestarse pacíficamente ante el Congreso para “impedir el robo” (aljazeera.com 11 1 2021).
Mientras hablaba, una turba se desplazó hacia el Congreso causando destrozos de distinta índole e interrumpiendo el conteo de votos. Los videos tomados durante la lamentable invasión muestran a un conjunto de personajes estrafalarios, muchos disfrazados, tomándose selfies con miembros de la policía del Capitolio, algunos de los cuales también aparecen abriendo puertas para que entre la turba. El impacto de los videos fue inmediato.
Mientras Joe Biden alertaba al país sobre una “insurrección” y la necesidad de adoptar legislación especial contra el Terrorismo Doméstico, dirigentes demócratas equiparaban los hechos con el atentado a las Torres Gemelas en 2001 y pedían echar del Congreso a los legisladores republicanos que habían denunciado el fraude electoral. En paralelo, y sin ser afectados por el tumulto en el Congreso, los activos se apreciaban raudamente en el mercado financiero, llevando a un conocido financista a comentar con sorna que podía ser un día terrible para la democracia pero decididamente no lo era para el capitalismo (bbc.com, forbes.com y thestreet.com 7 1 2021).
En los días subsiguientes los medios, las redes sociales y los organismos de inteligencia anoticiaron al país sobre la posibilidad de un golpe armado trumpista para impedir la inauguración de Biden. Uno de cada cuatro detenidos durante los incidentes del Congreso habría sido miembro de las Fuerzas Armadas, y las autoridades militares, temiendo infiltraciones, suspendieron a la guardia nacional que debía proteger la inauguración de la gestión Biden e iniciaron una investigación sobre los antecedentes de los efectivos. En paralelo los medios exigían más control por parte de las redes sociales sobre la discusión política y sobre los partidarios de Trump. En los días subsiguientes y actuando coordinadamente, las corporaciones tecnológicas bloquearon miles de cuentas y cerraron plataformas digitales con miles de usuarios trumpistas (entre otros: Glenn Greenwald, zerohedge.com 8, 18 y 23 1 2021 y 8 2 2021; Matt Taibbi, zerohedge.com 18 y 22 1 2021).
Paradójicamente, algunos hechos significativos desaparecieron del radar de las noticias: entre ellos la presencia destacada en los disturbios en el Congreso de un conocido activista de BLM (Black Lives Matters), el movimiento que lideró las manifestaciones anti raciales que estallaron luego del asesinato de George Floyd. Tampoco se dio importancia a la participación activa en los disturbios de conocidos informantes del FBI. Uno de ellos habría sido recientemente miembro de esta institución (theintercept.com 14 1 2021; zerohedge.com 9 2 2021).
Elecciones cuestionadas y lawfare
Los tumultos asestaron un golpe de gracia a las demandas de Trump. Durante la campaña electoral el magnate había señalado que los demócratas preparaban un fraude, advirtiendo al mismo tiempo que llegado el caso haría valer el apoyo de una Corte Suprema reforzada por su reciente designación de una jueza republicana.
Ningún juez hizo lugar a los recursos presentados por el equipo legal de Trump luego de las elecciones. Al decir del senador Rand Paul, “ninguna autoridad judicial analizó la evidencia presentada, que fue rechazada en la enorme mayoría de los casos aludiendo a argumentos de índole procesal” (zerohedge.com 24 1 2021). Según Paul, los indicios de fraude habrían sido múltiples y variados: desde secretarios que cambiaron las leyes vulnerando la Constitución estatal hasta la alteración de las boletas enviadas por correo y la manipulación del conteo y procesamiento de datos, hechos por equipos que fueron rechazados en diciembre del 2019 por prominentes legisladores demócratas por considerar que eran pasibles de ser manipulados (msn.com 13 11 2020; zerohedge.com 1, 14 y 24 12 2020, 4 1 2021).
A poco del cierre de las elecciones Trump clamaba que “existió un esfuerzo coordinado para decidir quién era el ganador aunque aun no había terminado el recuento de votos en los estados principales”. En un informe reciente los protagonistas de ese “esfuerzo coordinado” aseveraron que Trump tenía razón y que hubo una “campaña en las sombras” para instalar inmediatamente ante la opinión publica el triunfo de Biden. Un grupo de dirigentes demócratas y republicanos sumados a poderosos empresarios articularon –en paralelo a las demostraciones anti raciales desatadas por el crimen de Floyd en mayo del 2020– una auto titulada “conspiración” que, cruzando líneas ideológicas y nutriéndose también en las organizaciones vecinales y de base, intentaron evitar “una elección tan calamitosa que sus resultados no fuesen claros”. Se organizo así un esfuerzo que “suena como un sueño paranoico: una bien financiada organización de personajes poderosos ubicados en distintos sectores económicos e ideológicos y trabajando todos juntos para influir en la percepción, cambiar las reglas y la legislación, y orientar la cobertura de los medios y el control del flujo de información”. El informe concluye que con estas acciones los protagonistas “no estaban haciendo un fraude electoral sino fortificando a las elecciones (…) el público tiene que comprender la fragilidad del sistema con el objetivo de asegurar que la democracia perdurara en América” (The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election, times.com 4 2 2021).
Por esas coincidencias de la vida, esta “campaña en las sombras” se articuló en paralelo al desarrollo de ejercicios de simulación (war games) impulsados por el TIP (Transition Integrity Program) a mediados del año pasado. También parece nutrirse con la información recogida durante estos ejercicios por el TIP, una organización liderada por dirigentes provenientes por un lado de la Open Society Foundation de George Soros –institución vinculada a las “revoluciones de colores” en distintos países– y, por el otro lado, con un grupo de dirigentes de corporaciones tecnológicas activamente involucrados en una campaña para establecer “estructuras de gobernanza compartidas” entre empresarios y líderes norteamericanos y chinos, y orientadas hacia la utilización de la inteligencia artificial.
Inflación y lawfare en vísperas electorales
Esta semana se conoció que la inflación creció 4% en el mes de enero, catapultada por el crecimiento de los alimentos (4,8%) y de otros rubros, entre ellos comunicaciones. Proyectados anualmente, estos índices dan un crecimiento de la inflación general y de alimentos (38,5% y 42,3% respectivamente) muy superiores a la inflación anual del 29% proyectada en el presupuesto del 2021. Este último es la piedra angular que el Ministro de Economía utiliza para calcular la evolución de las variables que “tranquilizaran a la macroeconomía”.
Con casi la mitad de la población viviendo en la pobreza y en la indigencia, la inflación será el principal instrumento político de desestabilización del gobierno en las elecciones de medio término. El gobierno ha dicho que los salarios le ganarán a la inflación en el 2021 y esta promesa ha sido reafirmada esta semana en reuniones con los sindicatos. El Ministro de Economía tendrá pues que utilizar toda su capacidad persuasiva para bajar la inflación del tope al que ya ha llegado y lograr que los grandes empresarios no incurran en próximas subas especulativas.
Esta semana muchos de ellos, provenientes de distintos sectores de la economía, se reunieron con el gobierno a fin de iniciar la dinámica de conversaciones que culminarán con un Acuerdo de Precios y Salarios. De estas reuniones quedó en claro que nadie se hace responsable por una presión inflacionaria que continúa sin control a pesar de que la economía sigue muy apagada, no hay presión sindical y –por diversas razones circunstanciales– el tipo de cambio está relativamente contenido. Ahora los empresarios se entusiasman públicamente con el objetivo de “acordar expectativas para una macroeconomía tranquila”. Veremos si este entusiasmo se transforma en acciones concretas que trasciendan el eterno reclamo por los impuestos que deben pagar. Tal vez el ministro pueda convencer a un conocido formador de precios de que acate el decreto que impone límites a las tarifas que cobra por sus servicios. Recientemente ha violado las disposiciones del decreto, desafiando al gobierno abiertamente.
Entramos en un periodo electoral y la mafia enquistada en la prensa y el sistema judicial se afana por provocar caos. Mientras el periodismo de guerra incita al “campo” a una nueva rebelión ante la posibilidad de retenciones a las exportaciones, Comodoro Py absorbe finalmente las causas sobre el espionaje ilegal del macrismo y la Corte Suprema reafirma la prisión ilegal de Milagro Salas. El lawfare y la mafia que opera en las instituciones del país están, como la inflación, estrechamente relacionadas con los monopolios y seguirán reproduciéndose al infinito hasta tanto la ciudadanía no ejerza su fuerza colectiva para ponerle fin. Empecemos pues por exigir la reforma judicial prometida y la libertad de todos los presos políticos.
El gobierno de Macri pergeñó un esquema de subastas y ventas de inmuebles estatales a precio vil que contó con varios denominadores comunes: había un solo oferente y si eran dos, estaban integrados comercialmente. El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijaba un valor para la venta y luego la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) rebajaba los precios. De esta manera, el Estado perdió de recaudar 74 millones de dólares.
Hace diez días, la Oficina Anticorrupción realizó una ampliación de su primera denuncia, porque detectó que entre los beneficiarios del desfalco estuvieron Gustavo Arribas, ex titular de la AFI, junto al testaferro Ignacio José María Sáenz Valiente. A su vez, el organismo dejó entrever que, incluso, el ex jefe de los espías podría haber actuado como prestanombres del propio ex Presidente.
También se detectó una venta que favoreció a una financiera del Grupo Techint y se agregaron pruebas que surgieron de la lectura del libro Hermano, escrito por Santiago O’Donnell. A partir de ese texto, la OA sindica a otros posibles testaferros –como el tío de Macri, Jorge Blanco Villegas, y su hermano de la vida Nicky Caputo— que podrían haber actuado en nombre. A esta altura, vale recordar el “préstamo” – inexplicable— que el ex Presidente mantenía con su amigo del alma por 22 millones de pesos.
La denuncia de la OA y la AABE quedó radicada en el juzgado federal 11, que luego de la muerte de Bonadío fue subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi. Esa subrogancia se venció y tras un nuevo sorteo, el juzgado le tocó a Julián Ercolini, quien ya había intervenido al principio del proceso.
“El juzgado 11 parece estar signado por el macrismo, Bonadio, Martínez de Giorgi, Ercolini. Me hace acordar al sketch de Berugo Carámbula donde todos los sorteos los ganaba una tal Melba Mondragón de Domínguez”, ironizó un letrado que sigue el detalle de las causas donde participa el Poder Ejecutivo.
Arribas
El inmueble subastado en Ortiz de Ocampo 3219 en julio de 2018 contó con dos oferentes: Fides Investa S.A. y Fideicomiso Vías de Ocampo. Sin embargo, ambas sociedades eran una sola porque estaban integradas comercialmente, tal como surgió del expediente revisado por la AABE y la OA.
El Fideicomiso Vías de Ocampo se conformó el 3 de julio de 2018, y recién obtuvo la póliza del seguro de caución de mantenimiento de oferta, requerida en el pliego de bases y condiciones para participar de la subasta, el 11 de julio de aquel año.
La subasta debía concretarse el 6 de julio. Pero tres días antes del vencimiento del plazo, la misma fecha en la que se formó el fideicomiso mencionado, la AABE consideró necesario realizar una prórroga para el 13 de julio.
Para la OA, esa dilación fue parte de una planificación para favorecer a la sociedad que efectivamente se quedó con el inmueble. “No puede soslayarse que la operación se concretó por un monto de U$S 2.509.535,45, menor que el fijado como valor venal por el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, sostuvo el organismo que conduce Felix Crous en la ampliación de la denuncia.
Una vez adjudicado el inmueble, se inició un sucesivo pase de manos. Gustavo Arribas, ex titular de la AFI, se quedó con una parte vía su posible testaferro Ignacio José María Sáez Valiente.
El mismo día de la subasta, Vinsa SA CII, titular del cien por ciento de las participaciones del Fideicomiso Vías de Ocampo, cedió todos esos derechos a Back Line S.R.L. A su vez, esa sociedad de responsabilidad limitada traspasó los derechos a las siguientes personas: Ariel Guillermo Goldszer (22,5%), Juan M. Santagada (27,5%), Guillermo Luis Navone (10%), Ignacio José María Sáenz Valiente (10%), Marcos Podestá (10%), Oslam S.A. (10%) y Federico José Leyría (10%).
En su declaración jurada de 2018, Gustavo Héctor Arribas registró una inversión de 41.604.000 pesos en el Fideicomiso Vías de Ocampo. Una de las preguntas que se formuló la OA –a modo de pedido de prueba— apunta a determinar cuándo se incorporó el ex AFI al Fideicomiso.
¿De dónde surge la posible vinculación de Sáenbz Valiente con el ex jefe de los espías?
Para hacerse de ese 10 por ciento, Sáenz Valiente – otrora abogado del Grupo Clarín e integrante de la Corporación Puerto Madero junto a una de las hijas de Silvia Majdalani, la número 2 de la AFI macrista-, depositó 1.250.000 dólares el 27 de julio de 2018, como aporte para el pago de la seña de la subasta adjudicada al Fideicomiso Vías de Ocampo.
Por entonces, la divisa norteamericana –en su cotización ilegal blue— rondaba los 33,28 pesos, según consignó la OA. Convertido a moneda local, el aporte del ex abogado de Clarín equivalió a la misma cifra declarada por Arribas. ¿Alcoyana Alcoyana?
Por otro lado, Sáenz Valiente tomó notoriedad el 6 abril del año pasado, cuando la firma Green Salud S.A, en la que es socio y además presidente, fue contratada en forma directa por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la provisión de 15.000 barbijos, por los que se pagaron la sideral suma de 3.000 pesos por cada unidad.
La hipótesis de la OA es que Sáenz Valiente fue un testaferro de Arribas, y que este a su vez podría haber sido un prestanombres del ex Presidente.
Todo conduce a Macri
La constitución del Fideicomiso Vías de Ocampo contó con el patrocinio jurídico del estudio encabezado por Daniel Sabsay, mientras que las firmas del acuerdo fueron certificadas por el escribano Marcelo Ernesto Nardelli Mira, según destacó la OA.
Dicho escribano trabajó en el Club Atlético Boca Juniors durante el período en el que Mauricio Macri presidió dicha institución y Arribas hacía negocios con el traspaso de jugadores.
Nardelli Mira también fue el escribano de la firma Virreyes Agropecuaria S.A., donde convergieron Carlos Aníbal Reyes Terrabusi (socio de Eduardo Costantini en Consultatio, otra de las empresas involucradas en la adquisición de terrenos a precio vil) y Jorge Alberto Blanco Villegas, tío del ex Presidente Macri y su presunto testaferro, según narró Mariano Macri en el libro Hermano, del periodista Santiago O´Donnell. Villegas es otro de los que fueron mencionados por la OA en la primera denuncia de septiembre del año pasado.
“En virtud de lo señalado, y en el supuesto de que el juez lo considere pertinente, se podría investigar el posible vínculo económico entre Reyes Terrabusi, Jorge Alberto Blanco Villegas y el ex Presidente Mauricio Macri”, puede leerse en el texto presentado ante el Juzgado Federal 11.
Techint
La nueva subasta fraudulenta que agregó la OA a la causa que ahora debe investigar Ercolini tiene que ver con Techint, la empresa de la familia Rocca, uno de los empresarios que decidió pegar el faltazo a la convocatoria de Alberto Fernández.
El 25 de junio de 2019 se pre-adjudicó un lote de Catalinas 2 donde hubo un solo oferente, la empresa Santa María SAIF. Esta sociedad es una financiera del holding que lidera Paolo Rocca. No sólo fue el único oferente sino que pagó 4,4 millones de dólares menos que el valor asignado originalmente por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Para la OA, estos beneficios a empresarios amigos del macrismo no deberían quedar afuera de un análisis más estructural del período (2016-2019), caracterizado por la cooptación de una elite empresarial del aparato estatal para incrementar sus negocios.
En esta línea, el organismo denunciante recordó que una vez que Macri ganó las elecciones en 2015, Rocca –aportante en la primera campaña de Cambiemos— habría logrado colocar a Miguel Ángel Ponte (ex Tenaris) en la Secretaría de Empleo y a Mario Agustín Dell Acqua (ex Ternium) en Intercargo y luego presidente de Aerolíneas Argentinas.
Por otro lado, Luis María Betnaza, hijo con nombre homónimo del Director Corporativo de Techint, fue nombrado vicepresidente del Comité de Gestión del Fideicomiso de Administración del Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Decreto 65/18). Luego fue jefe de Gabinete de la Vicejefatura de Gobierno de CABA. También hizo un aporte dinerario a la campaña de Macri en 2019.
El macrismo convalidó la entrega de tierras e inmuebles fiscales con reducciones artificiales del 33 por ciento. Un desfalco para el Estado de 74,5 millones de dólares, registrado solamente en 17 expedientes que fueron analizados primero por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), luego por la AABE y la Oficina Anticorrupción.
Como suele entonar Gerardo “El Alemán” Dorado: “Se trata de la paga de favores, de acomodados y deudores”.
Sorprende la similitud que registran las estrategias de “guerra jurídica” desplegadas en Brasil y Argentina. Esta semejanza se convierte en un argumento muy potente contra los medios del establishment que vienen practicando un cerrado negacionismo.
Una mayoría garantista de la Corte Suprema de Justicia de Brasil acaba de autorizar, a petición de la defensa del ex Presidente Lula da Silva, la difusión de las conversaciones mantenidas entre el juez de la causa del Lava Jato, Sergio Moro, y el fiscal de la causa, Deltan Dallagnol. En opinión del diario El País, los nuevos textos conocidos podrían “llegar a anular los juicios contra Lula en Brasil” y corroboran los mensajes revelados parcialmente por el medio digital The Intercept Brasil en junio de 2019 bajo la denominación Vaza Jato, una expresión que podría traducirse como «las filtraciones del Lava Jato». En las 50 páginas de mensajes que se han conocido ahora se verifica que el juez Moro –que legalmente estaba obligado a adoptar una actitud de imparcialidad en una investigación impulsada por los fiscales– propone una serie de iniciativas al Ministerio Público dirigidas a profundizar la investigación. El fiscal Dallagnol les informa a sus subordinados que “el material que nos ha pasado Moro es genial. Si es cierto, es una pala de cal para el ‘9’ y se merece una medalla”. El ‘9’ es la forma despectiva que utilizaban los fiscales para referirse a Lula, que había perdido un dedo en un accidente de trabajo.
En otros mensajes el juez Moro pide reuniones reservadas con miembros del equipo de investigación y les da consejos sobre el mejor modo de comunicarse con la prensa. Los mensajes dejan al descubierto una trama de complicidad entre el juez del caso y unos fiscales que buscaban afanosamente pruebas para tratar de impedir la presentación de Lula a una nueva elección. De hecho, esas pruebas sirvieron para sustentar la condena que le impidió presentarse a las elecciones de 2018 por aplicación de la Ley Ficha Limpia, que no permitía ser candidatos a cargos públicos electivos a quienes habían sido condenados por algún delito. Las conversaciones entre los fiscales fueron obtenidas tras una operación policial que desbarató una red de hackers que habían entrado en los móviles de los fiscales y en los archivos de mensajes intercambiados con la aplicación Telegram. El juez Moro se ha amparado en que el acceso a esos materiales ha sido efectuado de modo ilegal para negarles valor probatorio. No obstante, si bien pueden surgir dudas de que pruebas obtenidas por estos medios pudieran ser empleadas para sustentar una acusación penal, nada impide que puedan ser utilizados como medios de la defensa para acreditar notorias irregularidades procesales.
A la vista de las nuevas evidencias que echan luz sobre el modo en que se dirigió la investigación contra Lula da Silva, es posible hacer ahora un relevamiento de las notables coincidencias con los procesamientos incoados en Argentina contra la ex Presidenta Cristina Fernández. Un balance somero de estas semejanzas arrojaría el siguiente resultado:
En ambos países la “guerra judicial” fue utilizada por jueces que, abandonando el rol de imparcialidad que les viene impuesto por mandato legal, se dedicaron a reunir pruebas en abierta coordinación con los fiscales, vulnerando principios básicos que se derivan del ejercicio de la magistratura. Tanto el juez Moro en Brasil como el fallecido juez Claudio Bonadio en Argentina abandonaron el rol de terceros imparciales para convertirse en inquisidores dispuestos a violentar las normas del proceso para alcanzar sus fines políticos. Sería largo enumerar la cadena interminable de vulneraciones del derecho de defensa cometidas por Bonadio en ocho procesos que llegaron a su juzgado de modo irregular. El último de todos, la “causa de los cuadernos”, se le asignó por la colaboración de un periodista y de un fiscal que siguieron un itinerario que tiene toda la pinta de haber sido diseñado desde la AFI.
En ambos países el lawfare ha consistido en el aprovechamiento de casos reales de corrupción para involucrar de un modo forzado a ex Presidentes. En Brasil, las pruebas de una extensa red de corrupción urdida por el Grupo Odebrecht son incuestionables y han dado lugar a justificadas condenas de políticos y empresarios corruptos. En la Argentina, las propiedades y bienes incautados a familiares de Daniel Muñoz en Estados Unidos son evidencias de que existió una red de corrupción vinculada a la adjudicación de la obra pública. Pero en los procesos penales, además de develar la red, hay que probar la participación singular de cada uno de los acusados. En el periodismo norteamericano se ha popularizado la expresión smoking gun (pistola humeante) para referirse a aquella prueba concluyente que permite resolver un caso más allá de toda duda. En los delitos de cohecho la prueba de cargo más relevante es sin duda la tenencia de bienes o dinero cuyo origen no puede justificarse. En el caso de José López, smoking gun son los bolsos con dinero conducidos a un convento. De allí la importancia que tiene en este tipo de investigaciones seguir la trazabilidad del dinero y determinar el destino final de esos fondos. Ninguna investigación está terminada si no se alcanza ese resultado. En el caso del Lava Jato, frente a las decenas de millones de dólares que aparecieron en cuentas de políticos y ex Presidentes de otros países como Perú, a Lula sólo se le pudo adjudicar –sin pruebas directas, sólo por inferencias– la supuesta posesión de un “lujoso triplex de 250 metros” en un edificio de departamentos en la playa de Guarujá. La acusación se basaba en la declaración de un directivo de la empresa OAS que gracias a su delación premiada logró rebajar su condena de ocho a cinco años de prisión. Lo cierto es que no se encontró ningún documento que probara que Lula fuera el propietario del triplex en el cual nunca había residido y del que tampoco tenía las llaves. Sólo se probó que la esposa de Lula, fallecida en 2017, había entregado en el 2005 un anticipo de 50.000 dólares por otro departamento del mismo edificio, que sólo tenía 85 metros, y que esa operación quedó en stand by por los problemas financieros de la cooperativa Bancoop que promovía el proyecto. En 2019 un juez civil condenó a la promotora OAS, sucesora de Bancoop, a que devolviera a Lula el dinero que había abonado su esposa, lo que en opinión de los abogados de Lula demuestra que el ex Presidente “nunca recibió ninguna ventaja indebida de OAS”. En las conversaciones que ahora se conocen entre los fiscales del caso, es el propio fiscal general Deltan Dallagnol quien duda de la consistencia de las pruebas indiciarias que sirvieron para condenar a Lula. Si cambiamos de escenario y nos situamos en la Argentina comprobaremos que también las causas que afectan a Cristina están teñidas de similares inconsistencias. Naturalmente, en un Estado de derecho la culpabilidad o inocencia tiene que establecerse a través de un juicio celebrado con todas las garantías de la ley. Pero eso no impide adelantar una opinión jurídica basada en una valoración de las bases argumentales que sustentan las acusaciones. Por ejemplo, no hace falta conocer las pruebas para comprobar que procesos como el incoado a raíz de la denuncia del fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum con Irán o la causa del Banco Central son imputaciones forzadas a partir de actos de gobierno, que son decisiones políticas que escapan al control de los jueces. La causa vinculada a la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz, considerando que se trata de decisiones presupuestarias aprobadas por el Congreso, parece difícil que pueda dar lugar a un reproche penal contra la ex Presidenta. En la causa de los cuadernos, la más espectacular de todas, el juez Bonadio ha reconocido en la elevación a juicio que no existen pruebas de la recepción de dinero por parte de CFK –no hay smoking gun– y que la base de su acusación descansa en la subjetiva inferencia de que la ex Presidenta “no podía ignorar” la existencia del tráfico que aparentemente tuvo lugar (y cuya dimensión real todavía se desconoce porque sólo se basa en anotaciones de un cuaderno). En definitiva, a pesar de los centenares de páginas que la prensa ha dedicado a estos casos, sólo la politización de la Justicia puede explicar que estas causas hayan avanzado hasta la etapa de juicio oral.
En ambos países las investigaciones se basaron fundamentalmente en pruebas obtenidas mediante la aplicación de las nuevas leyes de delación premiada, combinadas con el uso abusivo de la prisión preventiva. La arbitrariedad en el uso conjunto de ambas leyes ha sido tan manifiesta que es fácil predecir que estamos ante nulidades insalvables que no podrán superar una prueba de control de legalidad de un tribunal imparcial. Como ha señalado la camarista Ana María Figueroa en un fallo donde se abordó el tema, “tanto la amenaza de prisión preventiva inmediata para aquel imputado que llega en libertad a declarar, o bien la continuidad de la detención cautelar para aquel que ya se encuentra detenido preventivamente, operando como ‘incentivo’ para acogerse a la figura del arrepentido –y en tales condiciones en última instancia en manos del juzgador– constituye una compulsión moral sobre la voluntad del imputado, una coerción inaceptable, que se encuentra reñida con la vigencia de las garantías constitucionales de prohibición de autoincriminación, presunción de inocencia y la ética que nunca debe abandonar el Estado de Derecho”.
En ambos países los servicios de información del Estado se utilizaron profusamente para obtener pruebas, espiar opositores e interceptar comunicaciones entre los políticos imputados y sus abogados. En el caso de Lula está probado que los fiscales del caso recibían periódica información de los agentes de la policía federal a cargo de las interceptación de comunicaciones entre Lula y sus abogados, lo que les permitía diseñar planes y buscar pruebas para neutralizar las estrategias de la defensa. En la Argentina, con infantiles pretextos, jueces federales autorizaron la interceptación de las comunicaciones entre Cristina y su colaborador Oscar Parrilli. Por otra parte, en las investigaciones que se llevaron hasta esta semana en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora se ha podido establecer la interceptación de las comunicaciones entre ex funcionarios detenidos y sus abogados, aunque el sistema de escuchas ha sido más amplio. Según señala el juez federal Juan Pablo Auge en una resolución, “se utilizó la estructura de la AFI para practicar espionaje político de un gran y variado número de personas, algunos opositores políticos al gobierno liderado por Mauricio Macri y otros pertenecientes a su misma bandera política; pero claramente esta actividad sistemática de espionaje de contenido político se realizó torciendo la razón de ser de dicha Agencia Federal”.
En ambos países las investigaciones fueron acompañadas por un coro mediático que hacía una selección interesada de las pruebas recabadas por los jueces. En las conversaciones divulgadas por The Intercept Brasil se acredita la relación de los fiscales con la prensa adicta. Estos juicios mediáticos paralelos eran luego aprovechados por los partidos conservadores de derecha para organizar protestas callejeras. En ambos países la prensa también divulgó conversaciones privadas de los ex Presidentes con sus colaboradores políticos, con contenidos irrelevantes para la investigación pero que servían para estigmatizarlos públicamente. Lo que demuestra que ha existido un “periodismo de cloacas” que bajo la cobertura de investigaciones periodísticas blanqueaba la información obtenida de modo ilegal por los aparatos clandestinos del Estado.
En los dos países se verifica también una estrategia de la prensa del establishment dirigida a sustraer a sus lectores las informaciones que dan cuenta del avance de investigaciones que acreditan las manipulaciones en los procesos judiciales del lawfare. También se constata una descalificación permanente de la labor de los jueces que, como Alejo Ramos Padilla, han conseguido develar algunas tramas del espionaje ilegal. Esa labor de atenuar los daños mediante la ocultación de información es una apuesta equivocada, que esos medios pagarán con un elevado costo de desprestigio, porque en el largo plazo resultará imposible encubrir la magnitud de la maniobra.
La democracia ha sufrido un enorme daño institucional tanto en Brasil cuanto en la Argentina debido al uso del Poder Judicial para alcanzar objetivos políticos subalternos. Esta politización de la Justicia, que se ha producido por la actuación de jueces que se prestaron a ejecutar maniobras urdidas desde el poder político, ha sido la causa principal de la profunda grieta que divide ahora a estas sociedades en espacios irreconciliables. Por consiguiente, las respectivas Cortes Supremas afrontan desafíos enormes, que pueden hundir su credibilidad y arrojarlas a un pozo insondable de desprestigio si convalidan estas irregularidades. Debe tenerse en cuenta que al estar detrás de todas estas operaciones las cloacas del Estado, son imprevisibles las evidencias que todavía no han salido a la luz pero que más pronto o más tarde emergerán. Basta recordar el fracaso de la dictadura militar argentina en el intento de ocultar sus crímenes para comprender la envergadura del riesgo que están asumiendo ahora algunos jueces y periodistas.
La independencia del Poder Judicial es una exigencia institucional que se deriva del principio de división de poderes. Pero la independencia de los jueces debe ser acompañada por su actuación imparcial, que es una exigencia que compete a la persona del juez. Ambas exigencias deben ser preservadas y así lo vienen exigiendo los tribunales internacionales cuando anulan sentencias por los comportamientos adoptados por los jueces cuando polemizan con un investigado o manifiestan estar convencidos de su culpabilidad. De manera que la imparcialidad es una exigencia que debe ser fiscalizada y protegida por las instancias superiores. Ese control no se hizo o fue políticamente ignorado en los casos que afectaron a la ex Presidenta Cristina Fernández en Argentina y a Lula en Brasil. Si alguna instancia institucional no corrige esas desviaciones, seguiremos empantanados en un terreno cenagoso de imprevisibles consecuencias políticas e institucionales.
Aleardo Laría Rajneri “En un mismo lodo” Similitudes del lawfare en Brasil y Argentina
En “El Cohete a la Luna” edición del domingo 14 de febrero de 2021
Mucho para leer, pensar y reflexionar en este día “de los enamorados” víspera de los feriados de carnaval de lunes y martes.
“A apretar el pomo” que la cosa viene movidita …
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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