LA CORRUPCIÓN EN LOS ESCENARIOS DE DISPUTAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
“ ...es probable que en los tiempos antiguos las penas establecidas para los delitos más graves fueran más suaves, pero al seguir habiendo transgresiones, con el tiempo, la mayor parte de las penas acabaron en la de muerte; y aun con ellas las transgresiones continúan. Hay que encontrar, por tanto, algún motivo de miedo más terrible que este, o admitir que este, al menos, no supone ningún obstáculo, sino que la pobreza, que azuzada por la necesidad inspira la audacia, la riqueza, que con la desmesura y el orgullo engendra la ambición, y las otras situaciones de la vida sujetas a las pasiones humanas, en la medida en que están dominadas en cada caso por un impulso superior e irresistible, arrastran al hombre hacia los peligros. Y en todos los casos la esperanza y el deseo —este al frente y aquélla siguiendo, uno ideando el plan y la otra sugiriendo el favor de la fortuna— provocan muchísimos daños y, al ser invisibles tienen más fuerza que los peligros visibles. Y se agrega, en fin, la fortuna, que no contribuye menos a exaltar los ánimos: a veces, en efecto, concede su favor inopinadamente e incita al hombre a arriesgarse, incluso en condiciones de inferioridad, y ello ocurre especialmente cuando se trata de ciudades, puesto que están en juego los más grandes intereses —la libertad y el dominio sobre otros— y que, unido a la comunidad, cada individuo se valora a sí mismo sin razón alguna, en más de lo que vale. En una palabra, es imposible —y es de una gran ingenuidad quien lo imagina—que la naturaleza humana, cuando se lanza con entusiasmo a una acción, sea disuadida por la fuerza de las leyes o por cualquier otra amenaza”
(Tucídides, 2000: 87 y ss.)
América Latina parece ser un continente condenado a padecer las consecuencias de la corrupción. En este espacio, grandes periodistas de investigación analizaron cuáles son las causas que abonan el terreno en el que germina la corrupción y pondrán nombre a los captores políticos y empresariales que, desde la sombra, controlan los poderes del Estado.
Mónica González (Chile), Daniel Moreno (México) y Hugo Alconada Mon (Argentina) en conversación con Dora Montero (Colombia).
La corrupción habita América Latina, permea en cada nación todos los sectores del poder y todos los niveles de la sociedad, incluso está instalada en varias redacciones de medios periodísticos de distintos tamaños. Así lo señalaron Mónica González de Ciper en Chile; Hugo Alconada Mon de La Nación en Argentina, y Daniel Moreno de Animal Político de México.
Los tres periodistas participaron en la mesa “El continente cautivo: periodismo contra la corrupción y la captura política de América Latina”, que de celebró en el marco del Premio y Festival Gabriel García Márquez,en los primeros días de octubre de 2018. Los tres coincidieron que hay cientos de casos de corrupción que investigar, pero los trabajos periodísticos deben ir más allá, deben indagar en los poderes sistémicos.
“Hay que cambiar el switch”, dijo Mónica González, para llamar a los periodistas a investigar en el fondo, en la forma, en las maneras que se da la corrupción en todos los países de América Latina. Hugo Alconada llamó a leer otras investigaciones que han hecho periodistas en el mundo para conocer cuáles son los métodos que usan para llegar a los corruptos; y Daniel Moreno, dijo que además del reporteo es indispensable el trabajo y la metodología.
“La corrupción e impunidad en América Latina es como el dilema del huevo la gallina. ¿Qué va primero? Nosotros los periodistas debemos ir más allá de investigar los casos de corrupción., debemos investigar sobre fenómenos, lo sistémico, saber dónde están los organismos del poder en esos actos de corrupción?"
Mónica González dijo que el tema es que los periodistas hemos trabajado mal, porque hay que llegar a los operadores de la corrupción, que son semejantes en Chile, Argentina, México, Colombia y Brasil. “Hay un poder oculto, ¿y los periodistas dónde estamos? ¿Por qué nos dejamos engatusar y vamos persiguiendo a protagonistas de segunda y de tercera que están pagados por ese poder real?”.
Daniel Moreno por su parte, destacó que ante todo hay que respetar al lector, trabajar para el lector porque el periodista antes que todo es un servidor social y que el trabajo periodístico no es más un trabajo periodístico para la sociedad.
(https://www.eluniversal.com.mx/cultura/periodistas-reflexionan-sobre-la-corrupcion-en-america-latina)
El lawfare y las operaciones de Inteligencia ¿No son "corrupción"?
El equipo especial de fiscales de la Operación Lava Jato, que durante siete años actuó contra la red de corrupción vinculada a la empresa estatal Petrobras, anunció hoy que fue disuelto por orden de la fiscalía general de la República.
La operación surgida en el Ministerio Público de Curitiba, capital del estado de Paraná, está bajo investigación del Supremo Tribunal Federal con sus principales integrantes, incluido al exjuez Sérgio Moro, sospechados de manipular políticamente las causas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En un comunicado, el Ministerio Público de Curitiba, estado de Paraná, informó que sus integrantes pasarán a formar parte del grupo contra el crimen organizado, que heredará casos de la ya extinta Lava Jato.
“El equipo especial de Paraná deja de existir”, dice el comunicado.
Según el comunicado del Ministerio Público, fueron recuperados 4.300 millones de reales por acuerdos de lenidad (devolución por parte de las empresas) y dinero de corrupción, sobre todo por parte de las mayores constructoras del país, como Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, que confesaron sobrefacturaciones en contratos con Petrobras, luego de haber pagado sobornos a funcionarios y financiado ilegalmente campañas.
Lava Jato condenó a 174 personas entre ellos dos veces a Lula, a su exjefe de gabinete José Dirceu y al exministro de Economía Antonio Palocci, al exgobernador de Rìo de Janeiro Sergio Cabral y al exdiputado Eduardo Cunha, quien abrió el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en 2016.
Todas las condenas siguen firmes, en principio, a pesar de la disolución del equipo investigador.
Los fiscales y el exjuez Moro están siendo investigados en una causa por imparcialidad que tramita el Supremo Tribunal Federal ante un pedido de Lula para anular la causa.
La operación Lava Jato tuvo ramificaciones en la Argentina, Estados Unidos y Perú, entre otros países.
Corte brasileña avala veracidad de chats entre Moro y fiscales conspirando contra Lula
El Supremo Tribunal Federal de Brasil hizo público el 10% de los diálogos interceptados entre los fiscales de la operación Lava Jato y el exjuez Sérgio Moro en los cuales se prepararon -sin separar los roles de acusador y juzgador- las condenas por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los diálogos que fueron periciados como auténticos por la máxima Corte son la principal espada de Lula para pedir la anulación de las condenas en su contra dictadas por la operación Lava Jato en el escándalo del Petrolao.
“Al final tendremos un buen día”, le dice Moro en un chat por la aplicación Telegram al fiscal Deltan Dallagnol, jefe de los fiscales de Lava Jato, cuando este le cuenta que está preparando la denuncia contra Lula acerca de que fue sobornado con un departamento en el balneario de Guarujá por la empresa OAS como retribución a contratos obtenidos por la constructora con la estatal petrolera Petrobras.
Por este caso Lula fue condenado en tres instancias y pasó preso 510 días, y fue inhabilitado para participar de las elecciones de 2018 ganadas por Jair Bolsonaro, en las cuales, según las encuestas, el ex metalúrgico era amplio favorito.
Los diálogos fueron producto de un hacker que había entregado parte de ellos al portal estadounidense The Intercept, pero ahora la situación de lawfare ya fue confirmada por las pericias de la Corte suprema.
Lula está condenado en dos causas en la Justicia de Curitiba por corrupción que le impidieron ser candidato o ejercer cargos.
Cincuenta páginas de diálogos del chat fueron liberadas por el juez supremo Ricardo Lewandowkski, en las cuales Moro y los fiscales acuerdan procedimientos sin informar a las defensas de los acusados, hablan de operar a periodistas y defienden haber cometido ilegalidades ya que estaban cubiertos de “apoyo popular y de los medios”.
Todo ocurrió entre 2015 y 2017 y en el medio la crisis por el Petrolao permitió la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por supuestos delitos fiscales en el manejo del presupuesto.
En las desgrabaciones, Moro y Dallagnol y otros fiscales también revelan que se han hecho contactos ilegales con la fiscalía de Suiza y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin cumplir con los procedimientos debidos.
En una de las conversaciones, Livia Tinoco, una de las fiscales de Lava Jato confiesa que Moro, la cámara de apelaciones de Porto Alegre y la TV Globo tenían el sueño de ver a Lula preso y calificó ese momento como un “múltiple orgasmo”.
“No quieren a Lula de nuevo porque el pobre no puede tener derechos”, escribió a sus colegas, riendo, el mismo día de abril en el cual Lula se entregó a la Justicia para cumplir su sentencia en una celda de la Policía Federal de Curitiba.
La incompetencia de Moro -que luego de condenar a Lula fue Ministro de Justicia de Bolsonaro hasta mayo de 2020- debe ser votada por el Supremo Tribunal Federal en el primer semestre.
La segunda causa de Lula -la supuesta propiedad de una quinta en la ciudad paulista de Atibaia- fue juzgada con condena a prisión por la jueza Marcela Hardt, sucesora de Moro que utilizó un texto de su antecesor para emitir la sentencia.
Como Lula está condenado en dos instancias, la Ley de la Ficha Limpia le impide ser candidato o ejercer cargos públicos.
Sin estas condenas por el accionar de Lava Jato, estaría en condiciones de ser candidato nuevamente.
Asociaciones de juristas pidieron la anulación total de la Operación Lava Jato a partir de los archivos hackeados que fueron tomados como válidos por la corte.
Dallagnol renunció a su cargo de jefe de Lava Jato el año pasado y Moro trabaja en una consultora estadounidense sobre corrupción.
Los diálogos están contenidos en archivos de 7 teras confiscados a un hacker en una operación de la policía federal.
Moro dijo en un comunicado que no confirma la veracidad de los documentos por considerar que el chat fue obtenido ilegalmente.
Fuente Télam.
El mayor donante de la campaña presidencial de Mauricio Macri fue, paradójicamente, un empresario cordobés que apostaba públicamente al triunfo de Alberto Fernández después de las Primarias. Se trata de Roberto Urquía, dueño del Grupo Aceitera General Deheza (AGD), un holding cerealero y alimenticio manejado por su familia.
Para apoyar a Macri desembolsó en total $29 millones es decir, casi medio millón de dólares, a través de varias de las empresas del holding cerealero y alimenticio. La cifra surge tras analizar los aportes a las PASO y las elecciones generales en los informes presentados por Juntos por el Cambio ante la Justicia Electoral.
Lo llamativo es que Urquía -ex senador nacional por Córdoba y uno de los empresarios favoritos de Cristina Kirchner hasta que tomó distancia por la resolución 125 de suba de las retenciones agropecuarias- ha apostado públicamente al triunfo de Alberto Fernández después de las Primarias. De hecho fue el organizador del almuerzo en la Fundación Mediterránea de Córdoba al que fue invitado Fernández a disertar, en busca de votos en ese distrito estratégico que se disputa con Macri.
Los $29 millones en apoyo a la campaña de Macri surgen del aporte de $19 millones para las generales presidenciales a través de Niza SA ($ 9 millones), La Paz Agropecuaria ($ 7 millones) y Establecimientos Agropecuarios La Paz ($3 millones), más los $10 millones que el holding de Urquía ya había aportado para la campaña de Macri-Miguel Pichetto en las PASO, a través de AGD ($ 4 millones), Niza SA ($ 3,5 millones) y Aceitera Chabás ($2,5 millones).
La contribución de $19 millones para las elecciones generales supera largamente el máximo permitido por ley - $ 9.240.988- para donaciones de un particular o empresa en estas elecciones generales. Si bien la ley habla de un tope por “persona jurídica”, fuentes de la Cámara Electoral admitieron ante Infobae que cuando aportan distintas firmas que integran un mismo grupo empresarial, hay “un gris” en la legislación. “Esa situación deberá ser analizada por los auditores que revisan los informes de financiamiento electoral de los partidos y, eventualmente, ser resuelta por los jueces de primera instancia”, explicaron.
Urquía había recibido al presidente Macri en septiembre de 2017, un mes antes de las elecciones legislativas de ese año, en su nueva planta de acopio y transferencia de granos y oleaginosas que Aceitera General Deheza levantó en Pampa del Infierno, Chaco. El primer mandatario encabezó el acto inaugural de la planta y de un nuevo ramal del ferrocarril Belgrano Cargas que transportaría la producción hasta los puertos fluviales del Complejo Rosario, también operado por AGD en asociación con otras firmas.
El empresario cordobés es, a su vez, dueño de Nuevo Central Argentino (NCA), concesionaria de los servicios de carga del ex Ferrocarril Mitre. Fue uno de los indagados por el juez Claudio Bonadio por una derivación de la llamada “causa de los cuadernos” por presuntos sobornos en el transporte ferroviario en la época de Ricardo Jaime.
Infobae contactó a Aceitera General Deheza para consultar sobre los aportes hechos a la campaña de Macri pero fuentes de la empresa indicaron que “no tiene nada que informar sobre esta consulta”.
Desde Juntos por el Cambio señalaron que los aportes fueron realizados con distintas personas jurídicas. “Nosotros les pedimos a los donantes una declaración jurada de que no tienen prohibido por ley donar para la campaña, hacemos un chequeo de que no sean proveedores del Estado, y le pedimos la trazabilidad de los fondos”, aseguraron.
En el Frente de Todos informaron a este medio que luego del cierre contable del informe que presentaron ante la Justicia, ingresó un aporte empresario de Urquía por unos $9 millones, poco menos del tope permitido por donación para estas elecciones generales.
Origen de los fondos recibidos
Según el informe previo de financiamiento electoral presentado por Juntos por el Cambio, del total de $187,5 millones que declararon haber recibido para la elección presidencial, $85 millones provienen de aportes privados, de los cuales el 80% son de empresas. Las donaciones de personas jurídicas, que habían sido prohibidas en 2009 durante el kirchnerismo, fueron restablecidas por la nueva ley de financiamiento político sancionada este año, impulsada por el Gobierno nacional.
Los restantes $102,3 millones que ingresaron a las arcas del oficialismo son aportes públicos fijados por ley para la campaña y la impresión de boletas para las elecciones generales. Estos aportes les corresponden, una parte a todos por igual y otra proporcionalmente en relación a los votos obtenidos en la elección anterior, a todas las agrupaciones.
Por su parte, en su informe preliminar ante la Justicia, el Frente de Todos declaró ingresos para la campaña presidencial de las elecciones generales de este domingo por un monto mucho más bajo que el oficialismo: apenas $8 millones. De esta suma, $5,5 millones son de donaciones privadas, de los cuales el 56% son de empresas y el resto de particulares.
Los restantes $ 2,5 millones que figuran como ingresos en las arcas del Frente de Todos son el saldo que les quedó de las PASO, según le precisaron a Infobae los responsables financieros de la agrupación que lleva a Fernández como candidato a la Casa Rosada. Sin embargo, informaron una estimación de ingresos privados de particulares y empresas por un total de $41 millones.
Ante la consulta de este medio sobre por qué el informe solo detalla un porcentaje bajo de donantes (solo el 13,4% de las donaciones estimadas), explicaron que el informe preliminar “es solo un estimativo en función de los gastos previstos”. También precisaron que hicieron “el cierre contable el 22 de septiembre, por lo que varios ingresos hechos con posterioridad por montos superiores no fueron incluidos en ese informe” y sí estarán en la rendición final de ingresos y gastos de campaña”. El informe definitivo debe presentarse -como máximo- 90 días después de las elecciones.
“En general, en las elecciones generales se reciben más aportes y por montos superiores que en la PASO. En este caso, además, creemos que el resultado de las Primarias ayudará a sumar apoyos financieros”, confiaron.
La principal alianza opositora recibió $93,4 millones de fondos públicos para hacer campaña e imprimir boletas para el cuarto oscuro, que no llegaron a quedar consignados en el informe previo, porque fueron acreditados el 25 de septiembre.
Las empresas que más donaron al oficialismo
Unicenter SA, el conocido shopping de la zona norte del Gran Buenos Aires, propiedad del holding chileno Cencosud, es la segunda empresa en el ranking de las firmas que apoyaron la campaña presidencial de Juntos por el Cambio.
Según el informe previo presentado ante la Justicia por la alianza oficialista, la empresa donó $4,5 millones, y ya había hecho otros dos aportes de $4 y $4,5 millones para la campaña presidencial en las PASO. Si se suman los $5 millones para “desenvolvimiento institucional” que donó a la coalición oficialista, Unicenter contribuyó con $18 millones en su apuesta a la reelección de Macri. Este medio contactó a Cencosud, pero desde el holding chileno declinaron comentar sobre esta información.
Entre los principales aportantes de la campaña presidencial de Juntos por el Cambio figuran otras firmas vinculadas al agro, un sector que apoyó a Macri en 2015 y, pese a que el mandatario incumplió su promesa de campaña de eliminar las retenciones, volvió a acompañarlo financieramente para estas elecciones.
Después de las firmas del Grupo AGD, se destaca el Grupo Vicentín que aportó $3 millones para la reelección de Macri en las generales, a través del frigorífico Friar SA. El monto es menor al que donó en las PASO, cuando esta firma puso $ 4,5 millones y, a través de otras dos empresas del grupo - Algodonera Avellaneda y Oleaginosa San Lorenzo- contribuyó con $ 4,5 millones cada una. En total, este holding agroindustrial santafesino aportó $16,5 millones en las Primarias y las generales para la continuidad del actual mandatario.
Otro sector que contribuyó para la campaña del oficialismo es el de los frigoríficos. Gorina donó $7,2 millones, que sumados a los $ 4,5 millones que puso en las PASO, totalizan $11,7 millones en favor de la fórmula Macri-Miguel Pichetto.
Arre Beef SA también volvió a apoyar la continuidad del oficialismo en la Casa Rosada. Llamativamente, lo hizo con los mismos montos: $7,2 millones para las generales y $ 4,5 para las PASO. En total, $11,7 millones. Y el Frigorífico Rioplatense donó $5 millones para las generales en favor de Macri, una cifra similar a la que aportó en las PASO, $ 4,5 millones. En total, su contribución para toda la campaña fue de $9,5 millones.
Caída del apoyo tras las PASO
Los 17 puntos de ventaja que Fernández le sacó a Macri parecen haber influido en la recaudación para la campaña electoral del oficialismo.
El empresario Marcelo Mindlin, que había aportado en las PASO presidenciales $8.7 millones en favor del primer mandatario, a través de sus empresas Grupo EMES y Orígenes Seguros de Retiro, para las generales no hizo ninguna contribución. Desde Juntos por el Cambio confirmaron que tampoco ingresó ningún aporte tras el cierre del informe previo, el 16 de octubre.
El Grupo EMES controla la ex IECSA, firma que era del primo de Macri, Angelo Calcaterra y que quedó involucrada en las sospechas de sobornos en la obra del soterramiento del Sarmiento. En manos de Mindlin pasó a llamarse SACDE y tuvo a cargo la construcción de un tramo del Paseo del Bajo. La nueva ley de financiamiento político prohíbe donaciones de los que contratan con el Estado, aunque no especifica si esa limitación alcanza a las empresas controlantes.
Tampoco contribuyó para la campaña de Macri de cara a las elecciones de este domingo SICMA SA. Esta sociedad de inversión del Grupo Pérez Companc había sido la máxima aportante de Macri en las PASO, con $ 4.535.618, justo debajo del tope permitido por ley. La firma también había contribuido con $1.674.668 para las Primarias Legislativas en la Provincia de Buenos Aires. La familia Pérez Companc es dueña de la empresa Molinos Río de la Plata, a la que a través de un decreto del Ministerio de Agricultura, el año pasado, el Gobierno le condonó una deuda de USD 70 millones con la AFIP por gravámenes a las exportaciones.
Una situación similar se dio con Aluar. La única empresa productora de aluminio en Argentina y una de las mayores en Sudamérica aportó 4,5 millones para la campaña de Macri en las PASO, pero no volvió a repetir el aporte en las generales. Aluar sí le aportó a la campaña de Alberto, después de las PASO, aunque un monto bastante inferior: $ 900.000.
El Banco Galicia, que en las PASO había aportado $4,5 millones al oficialismo a través de cinco de sus empresas vinculadas (Tarjeta Naranja, Tarjetas Regionales SA, Sudamericana Holding, Ondara SA y Cobranzas Regionales), no figura en el informe previo de financiamiento de Juntos por el Cambio para las elecciones de este domingo. Sin embargo, desde esta agrupación señalaron que hicieron un aporte que ingresó después del cierre del informe previo.
Los mayores donantes particulares de Macri
En cuanto a las donaciones de personas físicas, el mayor aportante de Macri para estas elecciones generales es Norberto Oscar Morita, con $5.455.000. Fundador del fondo de inversión Southern Cross Group, tiene una larga carrera en posiciones ejecutivas de distintas empresas, desde Grupo Bemberg hasta Juncadella Prosegur, The Value Brand Company, La Polar, Supermercados del Sur, South-Net y ESSBIO. Integra el Consejo de Administración de CIPPEC y es vocal de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
Le sigue en el ranking de donantes particulares Matilde María Pereda de Casabal, directiva del Grupo Bermejo, dedicado a la explotación forestal y los negocios agropecuarios, con una cifra similar: $5.455.000. Este grupo empresario ya había aportado $1.674.000 para la campaña del oficialismo en las PASO legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
Los donantes de Alberto
En cuanto al Frente de Todos, las donaciones de personas jurídicas fueron mucho más modestas, según surge del informe previo que presentaron ante la Justicia. Del total de $ 5,5 millones consignados, poco más de la mitad - $3,1 millones- son donaciones de solo cuatro empresas.
Ante la consulta de Infobae, los responsables financieros explicaron que el cierre contable lo hicieron el 22 de septiembre, mucho antes del plazo máximo que establece la ley para su presentación. “Igual, los que nos donan a nosotros lo hacen por cifras mucho más bajas”, afirmaron.
El mayor aporte empresario es de $1 millón y lo hizo Castello Mercuri SA, un broker de seguros con oficinas en Puerto Madero, cuyo dueño es Oscar Alberto Castello. “Lo chequeamos como hacemos con todos los donantes en el Banco Central y en Nosis, y no le encontramos ninguna mancha”, aseguraron ante la consulta de Infobae desde el Frente de Todos.
El segundo aportante en el ranking es Aluar con $900.000 y en tercer puesto se ubica Los Mellizos Panificados, con 14 aportes por un total de $700.000. Esta firma tucumana había declarado en registro público on line de aportantes privados de la Cámara Electoral haber donado $ 856.000 en favor de Fernández para las PASO, pero ese aporte no figuró en el informe presentado ante la Justicia por la alianza opositora.
El cuarto y último donante entre las empresas de Fernández es Ferrosider, con $500.000, una firma especializada en el procesamiento de aceros planos, con dos plantas en la provincia de Buenos Aires y otra en Rosario.
En cuanto a los particulares, el mayor donante es el empresario tucumano Pablo Albertus, dueño de la cadena de panaderías en San Miguel de Tucumán que lleva su nombre, con cinco aportes por un total de $1.258.840. Proveniente de una familia con tradición panadera, y actual presidente del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, está ligado al PJ en esa provincia, cuyo gobernador Juan Manzur es uno de los mandatarios más cercanos a Fernández.
Albertus ya había donado para la campaña presidencial del Frente de Todos en las PASO, aunque había una discrepancia sobre el monto: mientras que en el informe que el Frente de Todos presentó a la Justicia figuraba con dos donaciones por $ 300.000 en total, en el registro de aportes privados de la Cámara Nacional Electoral aparecía con $ 1.708.840.
Curiosamente, el mayor benefactor del Frente de Todos para las Primarias presidenciales, el financista Walter Roberto Grenón, no contribuyó para la campaña de la fórmula de Alberto-Cristina Kirchner de cara a las elecciones generales. Grenón había aportado en las PASO en forma individual y con sus empresas -la financiera Nexfin y la inmobiliaria Arroyo Abajay SA- un total de $ 5.442.000, tal como se lo confirmó a Infobae.
Desde el Frente de Todos se ocuparon de destacar que “no conocen a los aportantes” y que antes de aceptar las donaciones, “corroboran que no haya incompatibilidades previstas por la ley y que no presenten irregularidades”. En este sentido, los responsables financieros aclararon a Infobae que "hubo un aporte de Edificar Seguros por $500.000 para las PASO que devolvimos, aunque el porcentaje de participación del sindicato de los porteros en la empresa era muy minoritario”. El titular de ese gremio es Víctor Santa María, presidente del PJ porteño y alineado con Fernández. La nueva ley de financiamiento político mantuvo la prohibición para donaciones de sindicatos.
¿Cómo se procesó la información?
Los documentos originales de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se descargaron del sitio de la Justicia Electoral en formato PDF. Luego la Unidad de Datos de Infobae procedió a la extracción de datos usando la herramienta Tabula. Finalmente se analizaron, tal como se ve en esta hoja de cálculo, donde hay pestañas por empresas, personas y partidos.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) emitió un pronunciamiento ante “la utilización del lawfare para enfrentar e impedir el cumplimiento del programa comprometido por un gobierno electo por el pueblo: el caso argentino”.
La AAJ afirmó que “en Argentina desde la asunción a la Presidencia de la Nación de Mauricio Macri, se desarrolló un proceso de degradación institucional del sistema judicial, fruto de la intromisión indebida, presiones y ataques que han sufrido los magistrados, defensores, fiscales, en distintas jurisdicciones (nacional y provincial),que no se allanaban a las directivas dictadas. Así socavaron la independencia de éste Poder del Estado de Derecho”.
El texto lo firman Vanessa Ramos, persidenta de la AAJ, Luis Carlos Moro, su secretario general, y Beinusz Szmukler, presidente del Consejo Consultivo de la asociación. El documento contó con las adhesiones de una importante cantidad de organizaciones como Justicia Legítima, la Asociación Internacional de Juristas demócratas, la Liga Argentina de Derechos Humanos, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, la CTA de la provincia de Buenos Aires y de Capital. También de personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Eugenio Raúl Zaffaroni, Majorie Cohn, Mempo Giardinelli, Horacio González, Atilio Boron, Noé Jitrik, Nelly Minyersky, Ana María Careaga, Alcira Argumedo, Eduardo Barcesat, Stella Calloni, Carlos Zamorano, Maria Seoane, Ricardo Forster, José Sbatella, Thelma Luzzani, Juliana Marino, Alicia Castro y Jorge Elbaum, entre otros.
“Se ejecutó en la República Argentina un plan para establecer un sistema judicial donde no importaba mantener la imparcialidad de sus jueces, fiscales y defensores, o reforzar la calidad institucional de la magistratura, sino más bien todo lo contrario: se trató de la necesidad de encontrar un respaldo punitivo a decisiones políticas que, sin ese escudo judicial, hubieran sido imposibles de ser llevadas a cabo”, describe el documento de la AAJ.
El texto también señala que “la desarticulación y ataque a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, tuvo su correlato fuera del sistema judicial, generando consecuencias socio económicas devastadoras para su población, como así también la persecución a líderes políticos, sindicales y sociales, incluyendo el uso abusivo de la prisión preventiva, que llegó a su máxima expresión con los numerosos presos políticos que aún existen en la Argentina”.
Los juristas describen también la doble vara del Poder Judicial argentino, rápido para investigar a ex funcionarios kirchneristas y lento para hacerlo con los macristas.
El documento de la AAJ señala algunos casos de “persecución y presión hasta límites inimaginables” como el de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, “acompañada con una campaña mediática de desprestigio, que puede calificarse como una suerte de ‘linchamiento público’”
Desde la AAJ también repudiaron la maniobra ante el FMI de la agrupación Será Justicia, un sello de de goma del Colegio de Abogados del establishment argentino. Para la AAJ eso fue “una actitud francamente conspirativa a los intereses nacionales-, el de debilitar al actual gobierno Argentino en su capacidad de negociación en las gestiones llevadas adelante ante los organismos multilaterales de crédito”
En las 20 páginas que tiene el escrito le dedican una parte importante a desarmar la operación de Será Justicia, a marcar que es manejada por ex funcionarios de Macri como María Eugenia Talerico, a detallar que la gestión de Talerico al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) no solo dejó de combatir el lavado de dinero sino que se transformó en otro organismo de persecución judicial y a señalar, a su vez, las diferencias entre la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos y la actual.
En sus conclusiones, la AAJ sostiene: “La supuesta ‘lucha contra la corrupción’ solo propició la persecución de los sectores políticos y sociales que impulsaron políticas de ampliación de derechos, instalando un sistema de gestión a cargo de empresarios transnacionales ‘politizados’, habilitados a desempeñar un papel clave en el quehacer de delinear la legislación y economía planetarias, aun cuando ‘sólo’ fuera por el poder que tuvieron para privar a la sociedad de sus recursos materiales (capital, tecnologías, puestos de trabajo, etc.). Eso solo fue posible -y es posible- merced al Lawfare”.
La negociación con el FMI por la deuda originada en el préstamo stand by del año 2018 incorporó un elemento no previsto por los analistas tradicionales: el cuestionamiento a la legitimidad de ese acuerdo por parte del gobierno argentino.
La revisión de las condiciones de ese acuerdo se discute en este momento en dos instancias diferentes. Una es el departamento técnico de auditoría interna del Fondo, que habitualmente realiza una evaluación ex post del programa acordado con cada país. A esta instancia se refirió Martín Guzmán en una entrevista con la AM 750 de hace un par de semanas. El ministro de Economía dijo entonces que en esa instancia "el gobierno nacional va a tener la oportunidad de expedirse al respecto, de dar su visión sobre esa evaluación; y el FMI va a tener la posibilidad de revisar aquéllo que se hizo en 2018 y que le provocó un daño muy importante a la Argentina".
La segunda instancia es la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, que ya propuso tratar el caso argentino en su programa de actividades para 2021/22, y que esta semana recibió una misiva del bloque de senadores del Frente de Todos proponiéndole que lleve a cabo "una investigación exhaustiva" sobre el préstamo stand by de 2018 a la Argentina.
Y no sólo presentó dicha requisitoria: el bloque oficialista de la cámara alta le anticipó, además, sus propias conclusiones acerca de la "falta de sustento para determinar la sostenibilidad de la deuda", la vulneración del Estatuto del Fondo y la inobservancia de nomas jurídicas de Argentina en la firma del acuerdo, y la intencionalidad política para acordar el préstamo, al sólo objeto de "satisfacer necesidades electorales del gobierno de Mauricio Macri, políticamente afin al expresidente Donald Trump".
El bloque se senadores lo puso por escrito y atacó de frente al acuerdo stand by en su carta al FMI. Guzmán habló hace quince días de esa auditoría interna y de la posibilidad de que el gobierno argentino intervenga con su propio alegato, y cuando se le preguntó, en el mismo programa radial, si esto significaba que Argentina pudiera desconocer "total o parcialmente" el acuerdo, su respuesta fue: "es una cuestión legal que se verá, no soy yo como ministro de Economía quien deba responderlo", dejando abiertas las puertas de par en par a esa posibilidad.
Dos manifestaciones, por cierto, poco usuales en medio de una negociación que se presume "amistosa" entre el equipo económico argentino y las autoridades del FMI encabezadas por Kristalina Georgieva. ¿Qué grado de coordinación hay entre ambas posturas? ¿Las expresiones del ministro de Economía, una figura referencial del gobierno de Alberto Fernández, van pautadas en el mismo libreto que sigue el bloque de senadores, donde la voz dominante es la de Cristina Kirchner?
"Venimos trabajando en paralelo en el tema, conversamos habitualmente y, por supuesto, se cruza información antes de cada acción", comentó a este periodista una fuente del bloque legislativo que elaboró la carta a la OEI del Fondo. Cada uno entiende su rol y sus limitaciones, así como el rol y las obligaciones del otro. Los senadores del FdT, como brazo político del gobierno, definen posiciones. Pero es el Ejecutivo, a través de su ministro, el que se sienta a la mesa de negociaciones y administra las políticas y sus tiempos.
El análisis que derivó en la carta del bloque al FMI en la cual condena el acuerdo stand by por irregularidades legales, inconsistencia económica, intencionalidad política y dañino por sus costos sociales y económicos, indica además que generó una deuda "impagable". Y no sólo impagable en los términos previstos en el acuerdo original, que establecía el siguiente cronograma de vencimientos:
*Año 2021, u$s 4712 millones (capital más intereses)
*Año 2022, u$s 18.901 millones (por los mismos conceptos)
* Año 2023, u$s 19.145 millones (ídem)
* Año 2024, u$s 4.825 millones (ídem).
Como señala la nota al titular de la Oficina de Evaluación, "es imposible comprender cuál fue la evaluación" que consideró posible que en 2022 y 2023 el país pudiera destinar 19.000 millones de dólares en cada año sólo al pago de compromisos con el FMI, aparte de otras deudas con el exterior y otras transferencias.
Lo más grave es que, tomando en cuenta además que Argentina reprogramó sus compromisos externos privados con vencimientos "fuertes" a partir de 2025, resulta que tampoco alcanzaría con postergar cuatro años los pagos y cargar de compromisos al 2025 en adelante con obligaciones con el FMI. "Algunos hablan de un acuerdo a diez años, pero supondría agregar compromisos por unos 8000 millones por año a partir de 2025: inviable, Ni planteando una refinanciación a veinte años queda claro que sea posible tener capacidad de repago sin renunciar al crecimiento", sostuvo uno de los analistas que trabajó estas hipótesis.
El acuerdo de crédito que le otorgó Christine Lagarde a Mauricio Macri no le dio mayor liquidez a la Argentina, no nutrió de "dólares frescos" al país que iba a heredar el gobierno que ganara las elecciones de octubre de 2019. No. Se fugó en sus distintas variantes de salida: pago de intereses de deudas anteriores, desequilibrio comercial, huida de capitales especulativos, y envío de divisas al exterior vía transferencias autorizadas de mil ingeniosas formas diferentes.
Pérdida de confianza en el país, lo llaman algunos. El más fabuloso robo patrimonial al país y la condena a sufrir las consecuencias para gobiernos y generaciones posteriores, lo definimos otros. Cambiemos lo generó. El FMI lo hizo posible.
La mención de Guzmán a la futura auditoría interna del FMI sobre el crédito y la carta de los senadores a la Oficina de Evaluación para que avance en la "investigación exhaustiva" del mismo crédito le "mete presión" al Fondo cuando se inicia una ronda clave de negociaciones.
Por su posición y cuota en el FMI, Argentina no podría haber podido acceder a un crédito mayor a 22 mil millones de dólares en 2018. Recibió el doble (45.000) y se le había otorgado dos veces y media lo que le correspondía (57.000 millones). La diferencia no llegó a desembolsarse ante la debacle anticipada del gobierno de Macri.
El ministro de Economía sabe que asumir semejante deuda, de la que Argentina no recibió beneficios sino todo lo contrario (graves daños a su estructura productiva y deterioro de la situación social), sólo podría suponer prolongar ese estado de cosas. Fue una decisión política la que tomó el FMI al respaldar a Macri. Lo que está sugiriendo ahora el gobierno argentino, es que el organismo se haga cargo de su grave error y las consecuencias.
(https://www.pagina12.com.ar/326364-el-fmi-se-hara-cargo )
El último día de marzo de 2016 trajo a su fin el que quizás ha sido el juicio más complejo de la historia entre una nación soberana, Argentina, y sus tenedores de bonos, incluyendo un grupo de fondos de inversión con sede en Estados Unidos. El senado argentino ratificó un acuerdo entre la partes y así pasó la página de esta disputa.
Es una excelente noticia para un pequeño grupo de inversionistas, pero también es un anuncio terrible para el resto del mundo, especialmente para los países que enfrentarán sus propias crisis de deuda en el futuro.
A finales de 2001, Argentina incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en préstamos mientras atravesaba una desastrosa depresión económica. El producto interno bruto se redujo un 28 por ciento, 57,5 por ciento de los argentinos vivía en la pobreza, y la tasa de desempleo se disparó a más del 20 por ciento, lo que produjo disturbios y enfrentamientos que resultaron en 39 muertes.
Incapaz de pagarle a sus acreedores, Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones. El paquete descontó dos tercios del valor de los bonos, pero proporcionó un mecanismo para efectuar más pagos cuando la economía del país se recuperará, lo que ya sucedió. La mayoría de los tenedores de bonos, 93 por ciento, aceptó ese trato.
Entre la pequeña minoría que rechazó al acuerdo estaban los inversionistas que compraron muchos de sus bonos con un enorme descuento, bastante tiempo después del cese de pagos del país e incluso después de la primera ronda de reestructuración. Estos inversionistas se ganaron el nombre de fondos buitre por comprar la deuda en un momento de gran dificultad y a menudo asistidos por abogados y grupos de presión que forzaron los acuerdos.
Entre las compañías involucradas están algunos de los fondos buitre más conocidos, como NML Capital —una subsidiaria de Elliott Management, un fondo de inversión codirigido por Paul Singer, quien es un importante contribuyente del Partido Republicano—, así como Aurelius Capital y Dart Management. NML, que tenía el reclamo más grande en el caso de Argentina, fue el principal litigante de un grupo de tenedores de bonos en las cortes federales de Nueva York.
Durante mucho tiempo, Argentina se negó a pagar. Los fondos intentaron todo tipo de maniobras para cambiar la decisión del país, lo que incluyó la detención temporal de la fragata Libertad, el buque insignia de la Marina argentina, en un puerto de Ghana.
En 2012 un fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, inclinó la balanza a favor de los fondos buitre al tomar la decisión de que Argentina debía pagar el valor total de los bonos, lo que le costaría 4,65 mil millones de dólares. NML, por ejemplo, podría obtener un retorno total de 1500 por ciento de su inversión inicial, según nuestros cálculos, debido a los bajos precios que pagó por la deuda y a una tasa de “compensación” de interés del 9 por ciento bajo las leyes de Nueva York.
El fallo del juez Griesa entró en vigor en 2014 y puso una condición más: emitió una orden que impedía que Argentina le pagara a los acreedores que habían aceptado el acuerdo hasta que cancelara las deudas de los fondos buitre en su totalidad.
Este jueves, Argentina finalmente aceptó un trato que se acerca a los términos establecidos por Griesa. NML Capital recibirá aproximadamente la mitad del total del acuerdo -2,28 mil millones de dólares por su inversión de unos 177 millones de dólares, un rendimiento total de 1180 por ciento (cabe destacar que la nación argentina también pagó los honorarios legales de los fondos buitre).
Esta solución es un peligroso precedente para el sistema financiero internacional pues puede fomentar que otros fondos se resistan a negociar y así logren que las reestructuraciones de la deuda sean prácticamente imposibles. ¿Por qué aceptar menos si pueden esperar y obtener rendimientos exorbitantes por una pequeña inversión?
Argentina fue un caso especial. Luchó agresivamente para conseguir los mejores términos con los primeros tenedores de bonos y preparó el terreno para una recuperación espectacular: de 2003 a 2008, hasta que la crisis financiera global se entrometió en sus planes, el país creció un promedio de 8 por ciento al año y el desempleo, que superaba el 20 por ciento, se redujo al 7,8 por ciento. Al final, los acreedores que aceptaron la reestructuración inicial obtuvieron el valor principal del total y hasta 40 por ciento más.
La mayoría de los países se sienten intimidados por sus acreedores y aceptan lo que les exigen, lo que suele traer consecuencias devastadoras. Según nuestros datos, el 52 por ciento de las reestructuraciones soberanas con acreedores privados desde 1980 han tenido que añadir otra reestructuración o han caído en cese de pagos en los cinco años siguientes. Grecia es el ejemplo más reciente: reestructuró su deuda en 2012 y pocos años después tiene una urgente necesidad de volver a negociar.
Es común escuchar el término “riesgo moral” cuando se estudia a los países que enfrentan una deuda aplastante, como Grecia o Argentina. El riesgo moral se refiere a la idea de que permitirle a los países (o empresas o personas) una oportunidad para renegociar y disminuir sus deudas solo refuerza el comportamiento derrochador que los endeudó en primer lugar. Resulta mejor que el deudor se enfrente a la desaprobación y a sus consecuencias adversas. Sin embargo, el acuerdo de Argentina invierte el riesgo moral al recompensar a los inversionistas por hacer apuestas pequeñas y cosechar enormes recompensas.
El Reino Unido y Bélgica han declarado ilegales ciertos tipos de fondos buitre. En septiembre pasado, Naciones Unidas aprobó por una abrumadora mayoría los nueve principios que deben guiar la reestructuración de las deudas soberanas. Durante el debate, un embajador se disculpó con los buitres —se refería a los pájaros— por el uso del término.
Solo seis países votaron en contra, pero como son las principales jurisdicciones para los préstamos soberanos (incluyendo a Estados Unidos), estos principios no serán muy eficaces.
Muchos países tienen leyes de bancarrota o quiebra. Sin embargo, no existe un marco equivalente para las quiebras soberanas. La ONU ha tomado la iniciativa para llenar ese vacío y, como demuestra el caso de Argentina, esa propuesta es más importante que nunca.
Martín Guzmán es investigador en la Escuela de Negocios de Columbia University y miembro del Center for International Governance Innovation. Joseph E. Stiglitz es profesor de la Universidad de Columbia y ganó el Premio Nobel de Economía en 2001.
"Buitres": los secretos del megamillonario negocio de los bonos y la ingeniería extorsiva de Paul Singer
El documental cuenta con dirección de Mariano Mucci y guión del periodista Joe Goldman. Incluye testimonios de Adrián Paenza, Martín Guzmán y Axel Kicillof, entre otros. Se estrena este jueves en Cine.ar
“Macri también terminó cambiando nuestro enfoque de la película, por lo menos en parte. Y para la Argentina fue realmente el principio de lo que haría su gobierno en todo momento con el FMI, con los Buitres, con Wall Street, con la fiesta de bonos; todo eso fue un cambio radical en todo, y ahora la Argentina va a pagar ese cambio durante muchos años”, sintetiza con bastante pena Joe Goldman -el periodista estadounidense que hace más de 30 años reside en Argentina y armó una familia aquí-, cómo el documental del que es autor tuvo que cambiar su enfoque de mostrar el éxito conjunto de varios países contra los Fondos Buitres, a uno que describiera un derrotero de nunca acabar.
Buitres, lo tituló, con ese estilo bien directo del periodismo anglosajón, al documental que el jueves 28 se estrena en Cine.Ar: sencillo pese a la complejidad del tema del que se ocupa, didáctico a pesar de la cantidad de aristas que tiene el tema, contundente en su objetivo de mostrar que la política de reestructuración de la deuda que habían llevado los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estaba en consonancia con la de otros países del mundo y, más aún, era un factor fundamental para resolver parte de las desigualdades que aquejan al mundo actual.
“Tenía mucho interés en el tema deuda externa no sólo en la Argentina, sino también en Ecuador, Perú, Brasil, Congo -cuenta la génesis del proyecto que dirigió su amigo Mariano Mucci-. Pensamos que algo visual podría involucrar a Estados Unidos y la Argentina.” Así fue que, siempre que su trabajo de corresponsal de Sudamérica lo permitía (“tuve que cubrir el terremoto de Ecuador, por ejemplo”), en 2014 viajó a Nueva York para entrevistar al Nobel de Economía Joseph Stiglitz y terminó hablando con Martín Guzmán, por entonces docente en la universidad de Columbia. “En vez de hablar conmigo, ¿no quieres hablar con quién trabaja aquí al lado?, me dijo Stigliz, y me presentó a Martín Guzmán. Desde allí desarrollamos un diálogo hasta hoy. Y para el momento que asumió el macrismo teníamos la película resuelta.” “Era el final perfecto con (Axel) Kicillof y (Jacobo) Timerman con el voto a favor en las Naciones Unidas de la propuesta de la Argentina en contra de los Fondos Buitre”, acota Mucci, con quien Goldman comparte un almuerzo en Larroque, Entre Ríos, donde nació Alfredo Yabrán. “Pero no estoy por nada de eso”, aclara.
Poco después de unas imágenes de animales, en el documental se ve a Goldman frente a un grupo de personas mayores, explicándoles los cambios de moneda en la Argentina. “Nunca montaría un show así para una película”, ríe cuando se le pregunta si se trata de escenas ficcionadas para la ocasión. “Esas son charlas para turistas estadounidenses de cruceros. Es algo que hacemos con otros dos periodistas para dos grandes empresas de Estados Unidos, que también se dan en Chile y Ecuador. Nos contrataron para que se genere una historia cuando la gente pasa por allí, y es algo que me encanta hacer. Como periodista veo que la gente ahí no tiene idea de lo que pasa en Sudamérica, y es lindo explicar algunas cosas. De mi educación en Nueva York sólo pude saber de Evita Perón y de la carne de la Argentina, de Brasil hablan del samba y la Amazonia.”Y lo que más le cuesta explicar (incluso a sí mismo) es la participación de los mismos gobiernos argentinos. “Desde el principio que (Macri) pagara más de lo que los Buitres habían pedido fue realmente muy fuerte; y es muy fuerte también que fue un gobierno elegido. Pienso lo mismo de Trump en muchos temas nacionales referidos a la economía de Estados Unidos: la gente que lo votó es la gente más afectada por sus medidas. Perón dijo que los pueblos saben, y los pueblos no siempre saben. Especialmente cuando hay en este mundo moderno mucha publicidad y recordemos que Macri en la campaña dijo que nunca iba a ir al FMI y fue, y en el documental repasamos todas sus mentiras en la campaña. Quisimos hacer una película que no fuera de talking heads (cabezas parlantes), economistas hablando, dando cifras que la gente no pudiera entender.
Por eso usamos a Adrián Paenza como una manera de explicar lo inexplicable. Y también es importante saber, y creo que en la película lo hicimos mucho, que esos Fondos Buitres no compraron fondos argentinos para ayudar al país, compraron en el mercado secundarios o terciarios a centavos de dólar esos bonos de fondos de pensiones de jubilados en Japón, Italia, Estados Unidos; no era que habían sido de alguna manera estafados o estafadas por esos mismos fondos de pensión. Y quisimos decir que eso no sólo sucede en la Argentina: en Estados Unidos es famoso que General Motors estaba en quiebra después de la depresión del 2008 y que (Paul) Singer, que había comprado las acciones, hizo un chantaje a la administración Obama, diciendo que iba a cerrar la empresa si no le daban un subsidio de 12 mil millones de dólares; y Obama se los dio. Como dice el investigador de Singer, Greg Palast, en el documental: ‘No soy amigo de los bancos, pero los bancos quieren que el mundo exista en 20 años; a los fondos buitres no les importe un carajo.”
Buitres. La cara salvaje del capitalismo. Con entrevistas a Greg Palast, Axel Kicillof, Martín Guzmán, Adrián Paenza, Alfredo Zaiat, Rafael Correa, Claudio Loser, entre otros. La película fue presentada el Jueves 28 a las 20 en Cine.Ar. Repitió el sábado 30, a las 20. y se pudo ver gratis hasta el 5 de febrero en Cine.Ar Play.
El negocio no podría haberles salido mejor. El 15 de abril de 2016 el gobierno de Mauricio Macri comenzó con la emisión de deuda por 15 mil millones de dólares (2.500 millones más de los que aprobó el Congreso Nacional). Con ese dinero se pagara la deuda que los fondos Buitres reclaman.
Cabe aclarar que esos fondos no fueron dueños originarios de la deuda (que se emite e bonos), sino que cuando argentina reestructuró su deuda este sector, encabezado por Paul Singer compró la deuda a los tenedores de bonos.
La decisión de Mauricio Macri y su ministro de Economía, Alfonso Prat Gay fue acatar el fallo del juez norteamericano Thomas Griesa y pagar el total del valor de esos bonos.
Pero, ¿a cuánto compró los bonos Singer y cuánto va a cobrar hoy por ellos?
Por cada bono que los buitres pagaron 25 dólares, hoy el gobierno argentino le abonará 400 dólares. Una ganancia del 1.600 por ciento.
Los buitres invirtieron menos de 800 millones de dólares en comprar bonas y gracias al juez Thomas Griesa, al ministro de Economía, Prat Gay y al presidente Macri, ganaran 12.500 millones de dólares (lo que el Congreso autorizó a pagar).
https://politicaymedios.com.ar/nota/8528/cuanto-ganaron-los-buitres/
Los bancos colocadores de la nueva deuda por US$ 16.500 millones
transfirieron una parte a las cuentas de los fondos buitre y el
Gobierno se lo informó al juez Thomas Griesa, que levantó las
cautelares que frenaban pagos a los tenedores de bonos argentinos en
el exterior y puso así fin al capítulo del default y una larga saga
de litigios.
A casi 15 años de la declaración de cesación de
pagos de la deuda externa argentina por parte del entonces
presidente, Adolfo Rodríguez Saá, el ministro de Hacienda, Alfonso
Prat-Gay lo anunció vía Twitter: “Cautelar levantada. Basta de
ataduras. Basta de cepos. #ChauDefault. Arranca una nueva etapa. Los
argentinos, listos para emprender y crecer”.
El “fin de las
ataduras” implicó el pago de US$ 9.300 millones, de los cuales US$
2.400 millones fueron para el fondo NML Capital, del holding Elliot,
de Paul Singer. En total, si entran todos los acreedores, el monto
trepará a US$ 12.500 millones. Prat-Gay reconoció ayer en
declaraciones radiales que la negociación “resultó terriblemente
costosa, no sólo en términos financieros, sino también en términos
económicos”, pero se lo atribuyó a la “mala negociación del
gobierno anterior”.
En una carta firmada por el abogado de
Cravath, Swaine & Moore, Michael Paskin, la Argentina le informó
al juez que se habían cumplido las dos condiciones para levantar las
cautelares: el fin de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano y el
pago a todos los demandantes con acuerdos antes del 29 de febrero. A
continuación llegó la orden del juez que puso fin a las
restricciones.
“Se levantan las cautelares en todos los
casos”, sentenció Griesa después de revisar la declaración del
subsecretario de Finanzas, Santiago Bausili, sobre la remoción de
los “obstáculos legislativos” y la del director de Securities
del Deutsche Bank, Matthew Dukes, que enumeró los pagos realizados a
cada acreedor y el número de transferencia. De todas formas, el juez
dio plazo hasta el lunes 25 a las 2 pm para presentar rechazos al
levantamiento de la cautelar.
“La Argentina cumplió sus
promesas y les pagó a los bonistas holdouts que habían alcanzado
acuerdos preliminares el 29 de febrero. Los acreedores que acordaron
después de esa fecha recibirán los pagos según sus acuerdos”,
informó también el mediador Daniel Pollack en un comunicado donde
daba cuenta de la orden de Griesa y de su satisfacción con el
resultado. “El juez me pidió hacer público el hecho de que le
generó un gran placer cumplir con su orden y levantar la cautelar
como resultado del cambio dramático de circuntancias en la Argentina
tras la elección del presidete (Mauricio) Macri”, escribió el
Special Master.
Pollack explicó que los bonistas que aceptaron
los canjes de 2005 y 2010 podrán recibir varios miles de millones e
intereses que no se pagaban bajo las cautelares. Son unos US$ 3.100
millones los que cobrarán en un pago estos acreedores, según
explicó Prat-Gay en Washington. El subsecretario Bausili indicó que
estos pagos llevarán veinte días.
El martes pasado, Griesa
había firmado una orden en la que autorizaba al Bank of New York a
distribuir los pagos de la Argentina. Ahora, el proceso retoma los
canales que el mismo Griesa interrumpió en 2014 para forzar el
acuerdo entre el gobierno y los buitres. Consultados por PERFIL,
desde el BoNY indicaron que “el banco cumplirá con sus
obligaciones bajo todas las órdenes de la Corte”.
“El juez
Griesa me expresó que está muy contento por este desarrollo en los
15 años de litigio”, relató Pollack, que también se mostró
satisfecho por haber llegado a un acuerdo “después de años de
hostilidad y amargas recriminaciones entre las administraciones
anteriores de la Argentina y los holdouts”.
EE.UU.:
“Una vuelta de página”
Con
el pago a los buitres, el Gobierno siguió cosechando elogios del
establishment financiero internacional, como el del titular del
Tesoro de los Estados Unidos, Jacob Lew, que destacó la “acción
decisiva” del Gobierno, que “está dando vuelta una página sobre
un período difícil de su historia”, en relación con el
default.
“El regreso de Argentina a los mercados de capitales
internacionales y su reintegración con la economía global
representa un hito importante no sólo para Argentina sino también
para todo el sistema global financiero”, aseguró el titular del
Tesoro, que destacó además la velocidad cona que se llevó adelante
el acuerdo.
Tras el multimillonario pago y emisión de deuda, el
funcionario señaló que la Argentina se prepara “para crear más
crecimiento sostenible e inclusivo y para reconectar con la economía
global y la comunidad mundial”.
Obviamente los pronósticos fallaron. La realidad fue exactamente la contraria. Y sobran elementos para una producción de película.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
Comentarios
Publicar un comentario