Acuerdos y desacuerdos por la vida y por el pan, tengas el genero que tengas ...
La primera mesa del acuerdo de precios y salarios entre el gobierno y los sindicatos duró dos horas. Dos horas en las que todos los actores presentes sostuvieron coincidencias casi totales y en las que los ministros del Ejecutivo dejaron dos premisas: no habrá techo para las discusiones paritarias y es necesario que haya un trabajo articulado con los sindicatos -como también se les pedirá a los empresarios- para un acuerdo político de monitoreo responsable de la evolución de los precios y variables.
Mientras se armaba la mesa rectangular en el Museo del Bicentenario, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, comandó una mini reunión del Gabinete Económico en la que se acordaron algunos puntos para llevar a la charla con la CGT, CTA y los gremios fuera de esas centrales obreras. Un rato después, el jefe de ministros volvió a espantar fantasmas ante los gremios y recalcó la premisa uno: que "las paritarias no tienen techo porque este es un gobierno peronista". Además, les dijo a los presentes que "ustedes son el núcleo de la recuperación de la Argentina, queremos que sean protagonistas".
Otras dos ideas rectoras dejaron los funcionarios: que la reunión de este miércoles fue "la primera de varias" porque, según especificó el Gobierno, lo que se busca es más que una foto y un convenio parcial. Los ministros creen que los acuerdos de precios nunca funcionaron en la Argentina dado que carecían de un pacto político con todos los actores del poder económico. Y que ésta es la chance de lograrlo en esta instancia y las superiores, como el Consejo Económico y Social. El segundo punto, que las voluntades tienen que alinearse detrás de los mandatos de una ley de leyes que es casi un mandato divino para el Gobierno: el Presupuesto 2021.
Junto a Cafiero y Moroni participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán (uno de los más activos con un diagnóstico de la situación general y marcando el caracter político del encuentro); el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. Moroni, que jugó de local con los sindicatos, también refirió a la necesidad de "un buen proyecto macroeconómico", combinado con "acuerdos políticos". Y concluyó que "el proyecto político de este gobierno es que los salarios reales le ganen a la inflación".
La voz de los trabajadores
Cuentan los presentes que el clima fue particularmente positivo y que hubo apoyo total de los gremios a la gestión en la pandemia y a la línea económica. El Gobierno les devolvió agradeciendo el rol que jugaron las clínicas y sanatorios sindicales en la atención médica. Por otra parte, Yasky, Daer y Caló fueron de los más activos respecto a la crítica a los "formadores de precios", apuntados como "responsables" de los desbordes en los valores, sobre todo de alimentos.
Otro de los que jugó fuerte apoyando la gestión fue Moyano. "Estoy convencido de que esto va a tener éxito por la forma en la que ha se ha desarrollado este gobierno, porque lo hace con responsabilidad, no imponiendo sino con convencimiento, como dijeron mis compañeros nos tienen a todos nosotros, el gobierno va con calma, esta conversa le hace bien a la sociedad", explicó en relación al acuerdo de precios.
Martínez, de la UOCRA, le hizo un guiño a la apuesta oficial a los números del Presupuesto. Aseguró que espera que se pueda cumplir la pauta inflacionaria del 29 por ciento, ya que esa distorsión económica es "un impuesto a la pobreza" y afirmó que cualquier medida en ese sentido "es muy positiva".
Así, la pelota quedó ahora del lado de los empresarios, que se verán estes jueves en la misma mesa con el Gobierno, con la marcha de los precios como eje central.
"Yo no quiero aumentar las retenciones, se interpretó como una amenaza lo que fue una convocatoria a todos los sectores para resolver el problema de que los precios de los alimentos están caros, inaccesibles". En esos términos, el presidente Alberto Fernández desarmó ante los cuatro integrantes de la Mesa de Enlace todas las especulaciones que se tejieron a partir de los dichos del mandatario en el reportaje que publicó Página/12 el domingo pasado. En el mismo, el jefe de gobierno había planteado que el alza descontrolada de los alimentos "o se resuelve con diálogo o lo resuelve el Estado" (fue el textual utilizado en la portada del diario). "Si tiene que hacerlo el Estado, sólo tiene dos herramientas, o sube las retenciones o fija cupos (a las exportaciones)", agregó en dicho reportaje y volvió a aclararlo ante los dirigentes rurales. Esta vez, los ruralistas se dieron por satisfechos y acordaron continuar con una serie de diálogos con el objetivo de ponerle un freno a la suba de precios de los alimentos.
Quizás no sea una gran novedad en términos generales, ya que otros sectores del llamado "campo" ya lo vienen haciendo, pero sí lo es para la Mesa de Enlace, que hasta ahora había rechazado la negociación que realizó el Consejo Agroindustrial para llegar a soluciones en cadenas específicas como la del maíz y la del aceite. Justamente la Mesa de Enlace, ligada a los sectores más duros del PRO, llamó a un lockout empresario cuando el Consejo negociaba con el Gobierno una salida para mantener precios accesibles del maíz en el mercado interno sin afectar las exportaciones.
El encuentro entre los cuatro dirigentes agrarios (Daniel Pelegrina, Jorge Chemes, Carlos Achetoni y Carlos Iannizzotto) y Alberto Fernández (acompañado por Cecilia Todesca, Felipe Solá, Luis Basterra y Gustavo Béliz) empezó en un clima de cierta tensión, que se fue aliviando hacia el final. Inicialmente, los integrantes de la Mesa expusieron su rechazo a la imputación de ser responsables de la inflación. "No somos formadores de precios y la incidencia de las materias primas en el precio de los alimentos es muy baja", afirmaron sustentados en una serie de cálculos que llevaron al encuentro.
Estos fueron rebatidos por el ministro de Agricultura, que advirtió que el impacto en el precio final era mucho mayor, si no en todos, en algunas de las cadenas que acaban de describir. Este fue el caso de la carnes aviar y la incidencia del maíz sobre el precio final, con gruesas diferencias entre el cálculo oficial y la estimación de los ruralistas.
El cuarteto rural cuestionó también el precio que le pagan las cerealeras a los productores, señalando que "no reflejan en su totalidad" la suba de precios internacionales. Y que a su modo, la producción ya está en los hechos haciendo un "desacople" entre precios externos e internos.
A su turno, las autoridades nacionales (principalmente, Todesca y Basterra) plantearon la preocupación del gobierno: sea como fuere el reparto de responsabilidades, "los precios de los alimentos se encarecieron y hoy son inaccesibles para muchos argentinos", lo cual requería un gran esfuerzo de todos los sectores involucrados.
Los ruralistas pideron no ser señalados como responsables de los aumentos, lo cual fue respondido por el propio presidente de la Nación. "Con los demás venimos hablando, todos tienen que hacer un esfuerzo, todos los eslabones de la cadena, y le solicitamos a ustedes que también se comprometan" para que, a través de un diálogo fluido, todos aporten a lograr el objetivo.
Fue en ese momento que uno de los dirigentes rurales lanzó la pregunta: "¿Sin retenciones?", que disparó la respuesta de Alberto Fernández descripta al inicio de esta nota. "Yo no quiero aumentar retenciones", dicho por el presidente, fue la llave que abrió la puerta al inicio de un nuevo diálogo que, por ahora al menos, compromete a la Mesa de Enlace a bajar las armas y comprometerse al diálogo y "el esfuerzo compartido" para el aquietamiento de los precios de los alimentos.
El compromiso asumido es "revisar cómo están funcionando los distintos eslabones" de las cadenas productivas y de comercialización para detectar por qué se están produciendo desvíos de precios que, a esta altura, todos parecerían admitir que son injustificados.
El tono de las declaraciones de los dirigentes rurales a la salida del encuentro pareciera marcar que el clima cambió. Jorge Chemes (Confederaciones Rurales) aseguró que se llegó a un acuerdo con el Gobierno para que haya "reuniones más seguidas" en donde se analicen las cadenas de comercialización. Se mostró optimista, además, frente a la convocatoria del Consejo Económico y Social. "Es una buena noticia empezar a trabajar en cómo vamos a sacar definitivamente a la inflación de la economía", agregó
Por su parte Carlos Iannizzotto, el titular de Coninagro, indicó que "hubo acercamiento con el Gobierno y se estableció una hoja de ruta que es el diálogo. Nos vamos a poner a trabajar para ver cómo llevarle tranquilidad al sector productivo". El desafío, ahora, es ver si esta nueva relación arroja resultados en materia de precios en el mostrador.
La reunión fue agendada horas después de que las entidades del campo le solicitaran a Alberto Fernández debatir propuestas para estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola, y manifestar personalmente su rechazo a un incremento de los derechos de exportación o la instrumentación de cupos a la exportación de productos primarios.
En los últimos días, el Gobierno mostró su preocupación por el impacto que tuvo la suba de los precios internacional de los commodities en los alimentos locales. Para evitar el traslado a góndola, planteó la necesidad de que los productores ofrezcan soluciones si querían evitar que el Estado resuelva la situación con las dos herramientas a su alcance: retenciones o cupos.
"Cuando estoy hablando de estas cosas no estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos.Tienen que entender que son parte de la Argentina. Les estoy diciendo públicamente que no puedo dejar que esto siga pasando, porque el riesgo es que con la pandemia todos estos productos van a seguir creciendo en su precio y no estamos dispuestos a tolerarlo. Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos. Si no lo entienden, me obligan a resolver el problema y no pueden hacerse los desentendidos", aseguró el Presidente.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó una evaluación de la situación económica con el foco puesto en adelantos de medidas y señales que dará la política en este escenario. Fue una adaptación a medida de los discursos que viene dando en universidades y organizaciones de las provincias del Interior que recorre.
En ese diagnóstico ante gremios hizo centro en temas candentes como el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos, la inflación y los alimentos. No fue casual la exposición, dado que el Gobierno entiende el pacto de precios y salarios como una parte de un acuerdo político integral en el que precisa que todos los actores que manejan el poder en la Argentina comprendan la pretensión oficial de llegar a determinados objetivos.
Arrancó hablando de "tres prioridades de la gestión en lo inmediato, dos de ellas económicas y, una, política”. Detalló que “desde el punto de vista económico, son tener un esquema de política macro para la recuperación de la actividad económica junto a una mejora de la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores y la segunda es reducir la inflación”. Y continuó: “La tercera prioridad, política, es que esto se haga sobre la base de acuerdos que robustezcan y permitan que aquello que programamos en lo económico se pueda volver una realidad”. Asimismo, el ministro aseguró que “hoy tenemos condiciones para que la inflación se vaya reduciendo año a año y es factible".
Por otra parte, destacó que, "como queremos acumular reservas, el tipo de cambio nominal se va depreciando en función de las presiones que consideramos que hay desde la emisión para financiar el Presupuesto". Y agregó que "dijimos que a diciembre de 2021 el tipo de cambio promedio estará en 102,40 pesos. Eso es más o menos 24 ó 25 por ciento de depreciación en el año".
El punto de Guzmán es central para la previsión cambiaria. Explicó en esta línea que "elegimos una secuencia de política cambiaria que concentre la depreciación del tipo de cambio en los primeros meses del año, pero la pauta de política cambiaria está definida y es aquella que establece el Presupuesto. Es decir que desde el punto de vista macroeconómico tenemos los instrumentos para apuntar a aquello que apuntamos".
Pegada a esa afirmación, mencionó la cuestión tarifaria, un enigma que empieza a develarse con las manifestaciones de funcionarios y que es de suma importancia por el impacto en el bolsillo del costo de los servicios públicos. "Al mismo tiempo -expresó el ministro- avanzamos en un cuadro tarifario que esté dentro de los contornos de la Ley de Presupuesto. Ahí están todos los precios de la economía. Esto nos dice que es factible tener una inflación de alrededor de 29 ó 30 por ciento".
De esta manera, adelantó la idea reactora sobre tarifas que se escuchó en las últimas horas de boca del titular de Diputados, Sergio Massa, y ahora de la del propio Guzmán: que los aumentos que se estipulen para luz y gas, estarán por debajo de los aumentos de los salarios.
"Hoy lo que viene ocurriendo es que mucha gente extrapola lo que ocurrió en el último trimestre del año, y lo que va a ocurrir en los primeros tres meses para todo el año. Eso es un error", siguió Guzmán ante la escucha atenta de los sindicalistas. "Hay factores que han estado presentes en el último trimestre del año y en los primeros meses de 2021 que no tendría sentido extrapolar para más adelante, incluyendo factores como el tema de lo que fue el salto en los precios internacionales en un contexto de pandemia, en el cual en todo el mundo cambiaron la demanda por cosas que se consumen en el mundo. Se consumen más alimentos y menos servicios, y hubo inflación de alimentos que le pegó a todo el mundo", concluyó.
hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y, según el Informe diagnóstico sobre la situación de las mujeres en ciencia y tecnología elaborado por el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación, “la disparidad en términos de espacios de liderazgo y toma de decisiones entre varones y mujeres es notable al interior del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación argentino”.
Entre muchos indicadores que dan cuenta del problema que representa la llegada a cargos jerárquicos, se destaca este párrafo: “Las mujeres se encuentran bajo el techo de cristal, ya que solo el 22% de los puestos directivos de los Organismos de ciencia y tecnología son ocupados por ellas. A nivel de política universitaria, es auspiciosa la representatividad mayoritaria de las mujeres en el caso de las secretarías académicas (59%). Asimismo, las secretarías de CYT tienen una representación cercana a la paridad (46%). Sin embargo, la brecha se amplía al enfocarse en puestos de vicerrectoría (30%) y, sobre todo, en los puestos de rectoría donde el número se reduce notoriamente a un 11%, valores que se sostienen similares respecto de años previos. Tal como fuese mencionado en informes anteriores, si bien se destaca la participación de las mujeres en secretarías académicas, no se debe perder de vista que estas áreas son las que mayor carga laboral administrativa representan; además de estar abocadas a la docencia, que como es sabido, ya desde los niveles iniciales es ejercida mayoritariamente por mujeres”.
Esta semana las docentes porteñas volvieron a las escuelas y la que viene empezarían las clases presenciales, cosa que no solo impacta en un sector altamente feminizado como la educación. ¿Te acordás que en varias ediciones destacamos que en pandemia las mujeres científicas publicaron menos y pudieron dedicar menos horas a la investigación porque se multiplicaron sus tareas de cuidado?
Además, la ANMAT aprobó la producción y comercialización de misoprostol por parte de un laboratorio público, algo que no puede pensarse sin tener en cuenta la planificación estratégica del sector científico - tecnológico en un contexto como el argentino en el que el movimiento feminista es uno de los más conovocantes y representativos.
la ANMAT autorizó a un laboratorio público santafesino (LIF) a producir y comercializar misoprostol, la droga recomendada por la OMS para realizar abortos farmacológicos. Para saber qué implica este anuncio, conversé con Érica Hynes, ex ministra de ciencia de la Provincia de Santa Fe y actual diputada provincial.
Antes de arrancar y ya que estamos, dado que este año nos la pasamos anunciando aprobaciones de este organismo, te cuento que se ha relanzado su revista científica, donde podés chequear cómo vienen las novedades en cuanto a los criterios de regulación de productos.
Ahora sí, vamos con la entrevista:
¿Qué diferencia hay entre este misoprostol y otros?
La diferencia más notoria es que se fabrica en un laboratorio público y eso impacta en el precio. La producción pública no busca lucrar, sino proveer a todos los efectores de salud del Estado. En nuestra provincia, el misoprostol del LIF se podía distribuir desde 2019 y ahora se va a poder hacer en todo el país. Desde la legislatura no tenemos los números finos de la gestión, pero en 2018/2019 habíamos calculado que el valor de compra para el Estado con esta modalidad terminaba siendo entre un 20 y un 30% menos (N. de la A. Sonia Tarragona, subsecretaria de medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación, declaró que actualmente el medicamento cuesta $6.500 en farmacias, que el estado lo compra a $2.800 y que se espera que el LIF pueda producirlo a un costo de entre un tercio y la mitad de esos valores).
La provisión de medicamentos dentro del propio circuito estatal disminuye mucho los costos de la cartera de salud, que puede reasignar partida presupuestaria a otras áreas. En su momento, el 70% de los medicamentos que se distribuían en el sistema de salud público de Santa Fe eran producidos por laboratorios públicos. Y esto no solo impacta en el sector estatal, además impacta en el valor de mercado.
Por otro lado, cuando se empezaron a hacer las formulaciones, el misoprostol que se conseguía en Argentina tenía un recubrimiento de otra droga, diclofenac, ya que era un medicamento indicado para problemas gástricos. La decisión de producir misoprostol solo implicaba una visibilización de que se iba a usar para interrumpir embarazos y esa fue una decisión política pionera. El misoprostol del LIF se produce en dos presentaciones: de administración vaginal, de uso hospitalario y de administración oral, para uso ambulatorio.
¿Qué representa esta aprobación en cuanto a políticas públicas de ciencia y tecnología?
En 2017, cuando se decidió iniciar la producción pública, lo que vimos fue que la voluntad de implementar políticas feministas derivó en la necesidad de invertir en investigación. Como no había fabricación nacional no había datos, así que hubo que hacer consultoría, convocar expertos, generar mecanismos de colaboración internacional. Es cierto que al ser una droga conocida no implicó investigación en el sentido tradicional para el diseño del fármaco, pero sí fue una gran innovación en la que sobre todo se invirtió tiempo. No es fácil destinar gente a tareas de planificación y restárselas a la producción de otros fármacos como paracetamol, menos en un contexto en el que se lo veía como una demanda superflua, ya que ni siquiera estaba en los planes el primer debate de la ley en el Congreso.
¿De qué manera este hecho expresa la conexión del sistema CyT con los reclamos populares y la coyuntura política?
La posición del discurso social con respecto al aborto cambió más rápido en la calle que en la política. Por suerte, la política no quedó tan atrás y además en Santa Fe se habían tomado decisiones con anterioridad, pero el fenómeno de la Marea Verde facilitó mucho abrir estos temas y empujarlos, sobre todo ante las resistencias. Hay que recordar que una fuerza política, la de Amalia Granata, cuya propuesta de campaña fue casi exclusivamente oponerse a la legalización del aborto, metió 6 diputados provinciales.
Además de impulsar la agenda feminista en un contexto con reticencias, creo que la presencia en las calles también logró sostener este proyecto, ya que en el medio hubo un cambio de gobierno hacia una administración que frenó otras iniciativas de salud sexual y reproductiva pero continuó con esta.
¿Cómo se preparará la provincia para implementar la ley?
Hay algunos claroscuros. Ya observamos un retroceso en la provisión de anticonceptivos. Varias organizaciones informan que van a los centros barriales de salud y no hay. También algunas agrupaciones de socorristas dicen que no se están garantizando las interrupciones de embarazos, que hay problemas tanto con las que entran en el marco de la nueva ley como con las que entran bajo los causales estipulados en el marco legal anterior. Para saber más sobre la situación hicimos un pedido de acceso a la información a la ministra de salud, pero aún no hubo respuesta.
Es educando para no matar y no para evitar la muerte
A partir del lunes, el personal docente y no docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está ocupando sus puestos de trabajo. En las siguientes semanas, se espera que los estudiantes vuelvan a clase presencial de manera escalonada.
El Gobierno de la Ciudad hizo circular dos documentos con recomendaciones: un protocolo para el inicio de clases y otro llamado “#PrioridadEducación. Orientaciones para la presencialidad”.
El tema sin dudas es muy complejo. La página del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades dice: “Los brotes en escuelas no han sido un rasgo predominante en la dinámica de la pandemia de COVID-19. La transmisión en los edificios escolares parece estar determinada por los niveles de transmisión comunitaria. (...) Sin embargo, varios estudios han mostrado que los chicos pueden infectarse y transmitir la infección”. Respecto a las recomendaciones, son bastante similares a las de la Ciudad: el énfasis está puesto en el distanciamiento dentro del aula, la reducción de los grupos y la rotación horaria.
Hasta acá entonces no pareciera haber motivos de alarma. Pero miremos el primer punto de la guía de la OMS para la vuelta a clases: “Llevar a cabo detección temprana, testeos, rastreo de contactos y cuarentena de los mismos, investigar clusters, asegurar la distancia física, prácticas de higiene y uso de máscaras, proteger a los grupos vulnerables. Las iniciativas comunitarias para desmentir noticias engañosas también juegan un rol importante en reducir el riesgo de infección”. Ya se complicó la cosa, ¿no?
En el protocolo no hay ningún tipo de indicio de un plan de detección temprana, testeo y rastreo de contactos especialmente creado para la vuelta a clases. No es que en otros países se haya hecho uno particular para las escuelas, sino que ya estaba en marcha. Mientras escribo estas líneas no puedo evitar preguntarme (bueena Carrie Bradshaw) si en realidad no estamos haciendo mal la pregunta cuando buscamos evidencia. La mayoría de las veces discutimos este tema tratando de responder si abrir las escuelas aumenta los contagios cuando en realidad deberíamos pensar si están las condiciones dadas en nuestra comunidad para frenarlos. En el primer caso, vamos a cruzar bases de datos y verificar si efectivamente la apertura de escuelas en otros lugares fue correlativa a un aumento de casos. En el segundo, observaríamos nuestra dinámica epidemiológica y pensaríamos que las escuelas, como parte de la comunidad, responderían a la misma lógica.
En este sentido, a pesar de que en la Ciudad de Buenos Aires la circulación comunitaria está lejos de estar controlada, podríamos pensar que si no se ha comprobado que la apertura de escuelas sea un evento superpropagador, no va a empeorar la situación. Y ante este escenario de “qué le hace una mancha más al tigre”, el énfasis podría estar en que la apertura puede mejorar mucho la situación personal en los hogares. Esta nota del New York Times respecto al aumento en la carga de cuidados durante la pandemia es realmente impactante e incluye una visualización con audios de madres agotadas, artículos exhaustivos y algunos datos de Estados Unidos: desde que empezó la pandemia se perdieron 4.367.000 puestos de trabajo y el 32% de las mujeres entre 22 y 44 años sostuvo que el cuidado de niños es la razón de ese desempleo.
Sin embargo, aunque encontremos un buen enfoque reflexivo, la pregunta acerca de las condiciones comunitarias para frenar el virus no es abstracta. ¿Qué posibilidades tienen nuestras escuelas de aplicar los protocolos?
Pero más allá de esto, que es bastante menor, los testimonios de la vuelta a las escuelas incluyen: termómetros que no funcionan, falta de productos de limpieza y de protección personal, aulas en las que no entra la cantidad de bancos designada por turno e infraestructura en condiciones de abandono. Esto no solo impide garantizar la seguridad de docentes y alumnos, sino también cumplir un rol fundamental de la escuela: promover prácticas de cuidado comunitarias.
De yapa y porque a veces sirve lo de “reír para no llorar”, te cuento algunas perlitas de los protocolos. La primera es respecto al término “burbuja”, cuya definición es “aula/curso/grado”. O sea que se inventó una palabra pandémica para un concepto preexistente que todos comprendemos. Por otro, el protocolo habla de dejar la ropa de trabajo en un lugar aislado para “evitar la contaminación cruzada”, un término que designa un riesgo en cadenas alimenticias. Por último, se insiste mucho con la desinfección frecuente de superficies. Esto es sin dudas controversial, dado que los expertos señalan que si bien este tipo de contagio es posible en teoría, sin dudas es poco frecuente en la realidad.
Para no perder la costumbre, la conclusión a la pregunta “¿hay que abrir las escuelas?” es... ninguna. Una pregunta compleja basada en indicadores extrapolados nunca debe tener respuestas taxativas. Ahora bien, respecto a una pregunta como: dado que las escuelas cumplen un rol fundamental en la organización social y la garantía de derechos y que no hay evidencia determinante de que si abrieran con protocolos correctos esto supondría un aumento de casos significativo, ¿deberíamos hacer la prueba de volver a la presencialidad? La respuesta tampoco la sé, pero por ahora los supuestos no están dados, así que más bien me surge otra pregunta. Puesto que ya se ha determinado que la prueba se va a hacer, ¿cómo nos organizamos para reclamar que se haga en las condiciones adecuadas?
Que si existe la igualdad también contempla a disidentes
Como decimos siempre en este news, la igualdad no es solo cuestión de calidad laboral, acceso a la educación y desarmar estereotipos. No solo queremos producir conocimiento, sino cambiar sus estándares.
Van entonces algunas lecturas:
1- Hace dos años, la revista médica The Lancet publicó un número dedicado a la brecha de género en la investigación en salud. Una política contra los all male panels, sus editores no pueden participar en eventos sin mujeres y los que organiza la revista tienen que tener al menos un 50%, aumentaron la representación femenina en sus comités de asesores (de un 30% en 2018 a un 50.6% actualmente).
En una entrevista sobre cannabis medicinal realizada a Silvia Kochen, directora del Laboratorio de Neurociencia Clínica, Epilepsia y Cognición del Instituto de Robertis de Biología Celular y Neurociencia, además de una de las fundadoras de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, la entrevistada expresó: “Millones de veces me enfrenté a situaciones que más que techos de cristal eran bodoques de cemento imposibles de perforar sin morir en el intento. Pero acá estoy, no morí y una puede tener más o menos conciencia pero el patriarcado siempre se siente, tanto en el área de la ciencia y la tecnología como en otras áreas.
En nuestro caso (la ciencia), no se ve reflejado en el salario y a igual posición académica igual salario, pero lo que sí está clarísimo es que para que una mujer tenga la misma posición académica que un varón, tiene que mostrar más currículum y ser mejor. Siempre demostrar un poquito más. Nosotras pasamos por pruebas que a los varones jamás se les cuestionan o se les pregunta.
Nosotras como RAGCyT sabemos que estamos mejor y que esa tijera, en donde las mujeres somos mayoría en los puestos más bajos y vamos desapareciendo en los puestos de mayor jerarquía, está menos presente pero sigue estando, independientemente de la edad y del área temática. Todavía hay un largo camino a recorrer.
El hecho de que la presidenta de CONICET sea hoy en día Ana Franchi, quien es también fundadora de la Red, es una señal de que vamos en buen camino. Pero de ninguna manera hay que aflojar. Hay que estar siempre alerta y lo que siempre le digo a las mujeres más jóvenes cuando les puedo dar un consejo es que elijan todo y que no se dejen convencer de que si quieren ser madres no pueden ser científicas o no pueden ser amantes o no pueden ser amigas: elijan todo. Porque así como los hombres eligen todo, nosotras también podemos hacerlo”
Una anécdota de Ben Barres, un neurobiólogo trans que murió en 2017 y que escribió varios textos hablando de su experiencia “estando de los dos lados”, ilustra el tema. En este caso, narra como un investigador tras asistir a una de sus conferencias dijo: “Ben Barres dio un gran seminario hoy, su trabajo es mucho mejor que el de su hermana Bárbara”. Por supuesto, se trataba de la misma persona.
Otra: En este día no quiero dejar de recordar que si hablamos de las mujeres y las niñas en la ciencia, hay una generación que falta. Durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, muchas estudiantes universitarias fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas
—Son las 5 de la tarde —me
dijo Ana casi susurrando.
—¿Cómo sabés? —le pregunté
desde la celda de al lado.
—Por la proyección del sol en la
pared. Se forma un ángulo, y por trigonometría, mido el seno y el
coseno; así lo puedo calcular. Estudio Astronomía.
Seguimos
hablando un rato, de celda a celda, en el Pozo de Quilmes. Nos
habíamos levantado la venda y mirábamos por las ventanitas de las
puertas de los calabozos que daban a un paredón. Un día se la
llevaron. Nunca supe más de ella.
Voy agitando, transformando desde hoy, voy
Si la desigualdad es estructural la solución no es de a partes. Si la ciencia no es nuestra ni para nosotras, no es de todos ni para todos. Tal vez haya que dejar de buscar la punta del ovillo para encontrar “por dónde empezar” para conformarnos con que “estamos mejor que antes” como si eso significara que estamos yendo hacia dónde queremos y no que estamos negociando niveles de opresión. Si hay que arreglar todo hay que cambiar todo. Todo junto, todos juntos.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
Imagenes:
Leonor Fini es considerada una de las artistas más importantes de mediados del siglo XX, junto con Leonora Carrington, Frida Kahlo, Meret Oppenheim, Remedios Varo y Dorothea Tanning, la mayoría de las cuales Fini conocía bien. Su carrera, que abarcó unas seis décadas, incluyó pintura, diseño gráfico, ilustración de libros, diseño de productos (el famoso frasco de perfume en forma de torso de Shocking de Schiaparelli) y diseño de escenografía y vestuario para teatro, ballet, ópera y cine. En este relato de lectura convincente y exhaustivamente investigado, el autor Peter Webb trae el arte provocativo y la vida personal poco convencional de Fini, así como el vibrante mundo de vanguardia en el que giraba, vívidamente en la vida.
Nacida en Buenos Aires en 1907 (30 de agosto - 18 de enero de 1996, París) de padres italianos y argentinos, Leonor creció en Trieste, Italia, criada por su madre independiente y de voluntad fuerte, Malvina. Fue una artista virtualmente autodidacta, aprendió anatomía directamente al estudiar cadáveres en la morgue local y absorbió la composición y la técnica de los viejos maestros a través de libros y visitas a museos.
Los incipientes intentos de Fini de pintar en Trieste la llevaron a Milán, donde participó en su primera exposición colectiva en 1929, y luego a París en 1931.
Falleció en Paris (Francia) un 18 de enero de 1996
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