Decir o no decir, esa es la cuestión.

 

DEL ABUSO SEXUAL AL POLÍTICO

Alfredo Grande, psiquiatra, psicólogo social y una de las figuras más importantes del campo del psicoanálisis marxista. Es fundador de Atico, la cooperativa de salud mental. Y entre sus múltiples tareas hace teatro, radio y escribe sus opiniones en la Agencia de Noticias Pelota de Trapo, Tramas y Contrahegemonía Web.

Hay una divisoria de aguas entre las izquierdas fundantes y las derechas permanentes. Las derechas, más o menos maquilladas con más o menos retórica posmo y progre, no superan el corralito de los efectos. Las izquierdas intentan, y a veces lo logran, analizar las multicausalidades. Que se expresan en registros individuales, vinculares, grupales y sociales. Las derechas con el maquillaje de las democracias representativas pueden incluso deplorar al nazismo. Pero apenas se detienen a pensar las condiciones subjetivas y objetivas para el surgimiento de políticas reaccionarias. En otros términos: a coro maldicen la yerba mala, pero crean todas las condiciones para que nunca muera.

La familia en su versión más aceptada -origen sagrado, con mandatos reproductivos, heteronormativos y monogámicos- es territorio apto para el crecimiento de todo tipo de yerba mala. La suma de sexualidad reprimida más sexualidad represora es letal. A pesar de todos los intentos, algunos necesarios y otros útiles, la familia sigue siendo el cementerio de los deseos.

Los tabúes, los secretos familiares, el listado de los “de esto no se habla”, los mitos encubridores, la práctica sistemática del silencio como si fuera salud, son evidencias de que el abuso de los mandatos termina sepultando el uso de los deseos.

Hace décadas leí una nota sobre un informe del Banco Mundial donde señalaba que el lugar más peligroso para una mujer y para los niños era el hogar familiar. Pero nunca presentó un proyecto de ley para abolir el matrimonio y para establecer la crianza comunitaria. La propiedad privada de mujeres, niñas y niños tiene la marca subjetiva del patriarcado y la marca objetiva del modo de producción capitalista. La familia que genera y sostiene variados tipos de abuso, y desde ya abusos sexuales, no es cuestionada en su fundante. Y además se prolonga en otras sucursales de la familia, como las escuelas, las comunidades religiosas, los centros deportivos.

La mentada deconstrucción de las masculinidades empieza tarde. Porque no incluye la deconstrucción de las familias recicladores de las lógicas reaccionarias. Mantener todo tipo de abusos en la familia es lo que se prolonga en todo tipo de abusos políticos en el adulto. La deconstrucción, que es una palabra que encubre lo revolucionario que necesitamos, debería ser de los vínculos familiares.

En las marcas iniciales donde las masculinidades y femineidades formalizan pactos perversos, a veces inconscientes, pero no siempre. Una de las denominaciones de ese pacto perverso es “sociedad conyugal”.

La familia como mandato será subvertido por las familiaridades por deseo. Una noticia buena y mala al mismo tiempo. De nosotras y nosotros depende. Y estamos formateados para sostener diferentes formas de suicidio por goteo o por derrame. Una pedagogía para sostener y amplificar la dignidad de la vida sólo es posible cuando no predicamos, pero sí intentamos que los mejores ejemplos se multipliquen.

Insisto: de nosotras y nosotros depende. Y creo que sólo debería ser una buena noticia.

DE SUBSIDIOS TAMBIÉN SE VIVE

Juan Pablo Hudson, (1978). Rosarino viviendo en Capital Federal. Edita la revista crisis y trabaja como investigador en el CONICET. Autor de los libros de no-ficción Acá no me manda nadie. Empresas recuperadas por obreros (2011), Las Partes Vitales. Experiencias con jóvenes de la periferia (2015) y Chicas en Fuga. Derivas de las adolescentes en las nuevas periferias urbanas (2020).

Hace veinte años que los planes sociales son presentados como políticas transitorias bajo la promesa de que a partir de futuros crecimientos se convertirán en empleo asalariado. Pero los subsidios llegaron para quedarse. No solo se sostienen sino que se expanden para generar ingresos mínimos entre los expulsados y precarizados del capitalismo financiero y periférico, que cada vez son más. ¿Qué ocurrirá con la ayuda social en tiempos de cogobierno con el FMI?

Una historia de los planes sociales en este siglo debiera remontarse al decreto ley que dio vida en 2002 al Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, con sus más de dos millones de beneficiarios iniciales. Pero si rompemos la línea del tiempo, nos topamos con una referencia todavía más apabullante: en 2016, el gobierno neoliberal, promercado, presidido por Mauricio Macri, inauguraba una audaz etapa superadora en el vínculo con los movimientos sociales. No solo los incluía como Entes Ejecutores de los planes que antes administraban básicamente municipios del conurbano bonaerense sino que votaba en el parlamento y promulgaba una ley (27.345) que reconocía formalmente a los trabajadores de la economía popular y les destinaba 30.000 millones de pesos a desembolsar en cuatro años. Las organizaciones se atajan con que no fue una astuta estrategia gubernamental sino una derrota frente a su capacidad de movilización junto a la CGT. Sin embargo Cambiemos supo vetar leyes e ignorar multitudinarias marchas en su contra. Durante cuatro años recortó sin piedad el gasto público al mismo tiempo que incrementó los beneficiarios de planes y le cedió poder a ciertos movimientos de la economía popular. Esta política desconcertó tanto a militantes, académicos y funcionarios kirchneristas sobrevivientes en sus cargos que directamente ocultaban o negaban las estadísticas oficiales.

Desde entonces una discusión quedó cerrada: los planes sociales no son propiedad exclusiva de gobiernos populistas poco propensos a la disciplina fiscal y monetaria. De hecho, en octubre de 2019, en el ocaso de la experiencia amarilla, Cristina Fernández hacía público algo real: “Lo más patético es que acusaban a nuestro gobierno de planero. Hoy este gobierno tiene el doble de planes sociales de los que teníamos nosotros cuando nos fuimos”. Y concluía: “Cuando Néstor llegó al gobierno había más de 2 millones de puestos de trabajo artificiales que estaban creados por esos planes. Antes de irme (...) quedaban 200.000. Habíamos generado millones de puestos de trabajo en el mercado formal”.

Este cierre de su discurso incluía una verdad a medias. Hubo efectivamente un formidable crecimiento del trabajo registrado entre 2003 y 2011. Pero el PJyJHD nunca se terminó. Se fue fragmentando en una batería recombinante de nuevos derechos (como la Asignación Universal por Hijos) y el permanente lanzamiento de planes y programas focalizados para complementar los ingresos de una porción del 50% de la población trabajadora que no tendrá un recibo de sueldo en toda su vida.

LA INVERSIÓN

El Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD) se inició en 2002 con 2.050.332 beneficiarios, tuvo un leve incremento en 2003 (2.095.265) y de allí en más comenzó a caer. En 2007, con un crecimiento a tasas chinas, se redujo en un 50% (1.107.649). Ya para 2010 tan solo lo cobraban 93.922 personas.

Su desaparición definitiva se debió a una disminución del desempleo (del 21,5% en 2002 al 8,4% en 2009), a un crecimiento del 9% de la tasa de trabajadores asalariados entre 2003 y 2011 (del 66,4% al 75,5%) y de un 12,4% de los registrados (del 37,4% al 49,88%) al interior de ese universo. Pero también porque fue desdoblado en 2004 en otros dos programas: el Plan Familias por la Inclusión Social, destinado a grupos sumergidos en una extrema vulnerabilidad; y el Plan de Capacitación y Empleo, para personas con alguna posibilidad de retornar al mercado laboral. Finalmente, porque se dio un histórico salto de calidad institucional a partir de la creación en 2009 de la AUH, con la inmediata incorporación de más de 3 millones de niñas, niños y adolescentes de familias con desocupados, monotributistas sociales y trabajadores de la economía informal.

Y también porque en simultáneo se lanzó el Programa de Inclusión Social con Trabajo (PRIST), conocido como Argentina Trabaja, cuyo requisito obligatorio para obtenerlo era organizarse en forma cooperativa. Si el PJyJHD incluyó a los desocupados crónicos del ciclo 1990-2002, el PRIST sumó a desocupados y/o trabajadores informales que no habían podido reingresar al mercado de trabajo formal en el último período real y masivo de crecimiento (2003/2009). La propia presidenta Cristina Fernández lo reconocía en el acto de lanzamiento: “Es necesario abordar situaciones desde desarrollo social en materia directa en el mientras tanto, porque tantos años de tragedia social van creando lo que denominamos núcleos duros de pobreza, que no hay posibilidad de abordarlos desde el crecimiento de la política económica o de la actividad económica, sino que requieren un tratamiento integral y especial”.

Pero la gran novedad fue que así como los piqueteros habían gestado sus microemprendimientos y exigido planes en las rutas para solventarlos, ahora se invertía ese orden: era el propio Estado quien demandaba a los desocupados e informales que se organizaran en cooperativas para financiarlas con planes.

El Jefes y Jefas asistió a los desempleados a secas. El Plan Argentina Trabaja, por el contrario, se propuso retomar la expansiva faceta autoorganizativa de los movimientos piqueteros. De hecho, nunca más se utilizó el término desocupados en el nombre de un plan. Esta nueva etapa se gestó traduciendo al lenguaje estatal los saberes labrados por las organizaciones de desempleados y también por las empresas recuperadas por obreros en el ciclo de luchas 1996-2003.

El PRIST generó 8000 cooperativas que entre 2009 y 2015 realizaron tareas elementales en los municipios. Cuando se lanzó, se aprobaron apenas 48.945 altas y en 2010 crecieron a tan solo 166.929. Todavía persistían por entonces 500.354 titulares del PJyJDH y pululaban una miríada de diferentes subsidios focalizados. Recién en 2013, cuando se incorpora una línea complementaria (Ellas Hacen), destinada a financiar cooperativas de mujeres, alcanzó los 227.444 beneficiarios y cerró en 2015 con 207.842 activos.

TERCERA GENERACIÓN

Cuando asumió Néstor Kirchner en 2003 y la economía empezó a crecer a paso redoblado, se reactualizó un debate entre las organizaciones piqueteras. Las líneas más autonomistas rechazaban volver al trabajo asalariado aun si la industria resucitaba. “Yo empleado no soy más, ni siquiera en blanco”, se plantaban. Otra línea, la más masiva, reclamaba al nuevo gobierno que profundizara una senda productivista que les permitiera recuperar un estatus laboral perdido. Para este segundo sector la autogestión colectiva era una estrategia fecunda pero transitoria. La discusión, sin embargo, no la zanjaron ni los movimientos ni el Estado: fue el mercado. Tras cinco años de creación de empleo, la crisis financiera internacional de 2008 fijó el techo definitivo al modelo de crecimiento kirchnerista. Ya no se pudo optar entre ser asalariado o autogestionario. La informalidad y el desempleo, dos dinámicas estructurales del mercado laboral en el capitalismo financiero, ahora sí se transformaban en condiciones definitivas.

Entre las cenizas de ese debate surge en 2011 la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). La tercera generación (2011/2022) del movimiento piquetero. La primera (1996-2003) nació en los cortes de ruta y tuvo como punto máximo de expresión diciembre de 2001. La segunda (2003-2011) estuvo determinada por el apoyo o el rechazo a los gobiernos de Néstor y Cristina.

La CTEP vino a oxigenar una discusión estancada en torno a los planes y las expectativas de empleo. Esteban “el Gringo” Castro, su secretario general, recuerda las primeras discusiones con el kirchnerismo: “Esta idea de que de alguna manera estamos en una crisis pero el desarrollo del capitalismo va a resolverla y va a incluir a todos, era una charla que teníamos con Carlos Tomada. Todos aquellos trabajadores que no estaban incluidos con todos sus derechos, a partir del desarrollo del modelo, iban a entrar. Y a nosotros, por las cuentas que sacábamos, no nos daba, no iba a entrar nadie. Que el 35% del trabajo no registrado quedaba ahí y que una gran porción de ese trabajo era parte de la economía popular. Lamentablemente tuvimos razón”.

Si ya no es posible volver a ser asalariados, proclama CTEP, el objetivo pasa porque los trabajadores populares sean reconocidos por el Estado, garantizándoles derechos similares (salario, obra social, aguinaldo, paritarias) a los que gozan los formales. “En el fondo tiene que ver con una mirada más sindical, más obrerista. Pero que no deja de ser una invención en relación con el mundo de los movimientos sociales”, explica Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

Por el contrario, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, afirma que “lo de CTEP es una declaración de rendición, porque parte de una supuesta inevitabilidad del capitalismo para siempre. Si nosotros no caracterizáramos a eso como una ofensiva del capital, seríamos funcionales a que efectivamente le reconozcan algunos derechos a los trabajadores informales y que nos tiren algo en el marco de la derrota de la clase obrera”.

Si el kichnerismo elimina la palabra “desocupados” a la hora de nombrar planes, las orgas de la economía popular directamente se proponen eliminar la palabra “plan” para pasar a hablar de salarios (complementarios). Saben el maremágnum imaginario que desata entre sectores policlasistas que los acusan de ser una clase social parasitaria.

En una entrevista publicada en crisis sobre el ingreso universal, el economista mexicano Pablo Yanes afirma: “Cuando se dice que hay gente que recibe ingresos sin trabajar pienso en los grandes inversionistas que pueden recibir ingresos efectivamente sin trabajar. Entonces se sospecha del que no trabaja, pero del que no tiene trabajo asalariado”.

OXÍMORON RESUELTO

En diciembre de 2016, al cumplirse un año de gestión de Cambiemos, se aprobó en el parlamento la Ley de Emergencia Social, impulsada por la CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. La 27.345 implicó dos medidas trascendentales, entre otras: la realización de un Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, a los fines de censar a quienes participan de esta economía mayormente opaca; y la creación del Salario Social Complementario (SSC), un monto mensual correspondiente al 50% del salario mínimo, vital y móvil, destinado a complementar los ingresos de vendedores ambulares, agricultores familiares, obreros de empresas recuperadas, cartoneros, entre muchos otros.

La aprobación del SSC plasmó en una ley el reclamo más disruptivo de la CTEP: lo que antes era un oxímoron (informalidad laboral + salario), se transformaba en una relación complementaria. “Yo estaba empecinado en que había que imponer en la sociedad la idea del salario y que nosotros no queremos hablar más de planes, porque es lo que te corresponde por derecho. Por eso es social, porque lo paga toda la sociedad, y complementario porque complementa el ingreso que vos te generás con tu forma de trabajar”, explica el Gringo Castro. Daniel Menéndez agrega: “Así como hay un ingreso universal para los chicos, tiene que haber un ingreso para todo trabajador que realiza una actividad en el marco de la economía popular”.

Matías Kelly fue el Secretario de Economía Social durante la gestión de Carolina Stanley entre 2015 y 2019. Junto a él ingresaron otros cuadros extrapartidarios, provenientes de ONG ligadas a las finanzas inclusivas y el cooperativismo. Una medida de quiebre que tomó en 2017 fue la eliminación de la obligatoriedad de organizarse en cooperativas para percibir un plan. La medida desató duras acusaciones sobre una reorientación individualista del Argentina Trabaja. “Se evaluó desde un punto de vista empresarial cooperativas de subsistencia que apenas podían cumplir con las tareas que les daban los intendentes. Pero al menos había un intento de fomentar el cooperativismo. A ellos no les interesaba eso y las descartaron porque les parecían berretas”, concluyen exfuncionarias kirchneristas de Desarrollo Social.

Kelly reniega de esas críticas: “Yo creo que ha habido una idealización de ese plan [Argentina Trabaja]. Cuando te corren por izquierda, les digo que no era como decían que era. El concepto de la cooperativa es maravilloso. Hace años que trabajo con cooperativas. Pero esas no eran cooperativas. Eran otra cosa. Eran quince personas que se anotaban para cobrar un plan y las conformaban como una cooperativa. No era real”. En un informe final de gestión en 2019, su equipo concluye: “La cooperativa productiva autónoma (...) se había alcanzado en solo unos casos aislados y el 93% de las cooperativas del programa estaban irregulares frente a la AFIP y el INAES. Nos llamó la atención
que muchas veces los miembros no se conocían, porque las cooperativas habían sido generadas en escala, no había “afecto societatis”. Muy pocas producían algo o brindaban algún servicio”.

En 2018 inauguraron un nuevo plan social llamado Hacemos Futuro, que absorbía el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, las dos patas del PRIST. Ya no se subsidiaba el trabajo exclusivamente sino la finalización de los estudios y la capacitación técnica. Las organizaciones sociales criticaron la medida por su enfoque meritocrático: “Hacemos Futuro es como decirte que vos no tenés capacidad para conseguir trabajo, o sea, tenés que hacer la primaria, la secundaria; tenés que estudiar y el mercado te va a dar trabajo. Y nosotros decimos: no, no, el mercado no me va a dar un carajo, los compañeros fueron capaces de crear sus propias fuentes de trabajo. Vamos a un ejemplo: los vendedores de chipa. ¿Vos creés que yo la tengo que capacitar para producir ese chipa? Lo que tenés que hacer es fortalecer esa unidad productiva. Pero es la misma discusión que teníamos con el kirchnerismo. Creer que de alguna forma el mercado te va a resolver el problema”.

Durante la gestión de Cambiemos hubo una interna entre la Secretaría de Economía Social, cuya propuesta era dar un salto desde la economía popular, considerada de mera subsistencia, a una economía social de mercado, protagonizada por cooperativas capaces de autosustentarse y competir, y el ala política del gobierno que privilegiaba la pax social en un contexto de brutal ajuste. Si por un lado se beneficiaba a la CTEP adjudicándole la gran mayoría de los SSC, con el Hacemos Futuro se intentaba quitarles poder en la intermediación de los planes. Así lo explica Matías Kelly:  “La primera cualidad del Hacemos Futuro fue que la gente pudiera elegir libremente su trayecto laboral o formativo. En su momento las organizaciones sociales quisieron imponer que se eliminaba la posibilidad de trabajar y únicamente el plan admitía los estudios. Pero no era así. (…). Lo importante fue que los Entes Ejecutores dejaron de ser dueños de esas personas porque ellas podían ingresar a un sitio de Internet y elegir”.

Otro exfuncionario resume aquella disputa al interior del gobierno macrista: “La implementación de la Ley de Emergencia Social para mí fue errónea. Terminaste creando el Hacemos Futuro que te encantaba y que lo podíamos contar satisfechos. Pero, por otro lado, armaron esta otra cosa, el SSC, regalado a tres organizaciones sociales, que encima no era un Salario Social Universal ni un programa de transferencia condicionada”.

Cambiemos finalizó 2016 con 232.000 titulares del PRIST. En 2017 se alcanzó los 260.994 beneficiarios y otros 164.123 correspondientes al naciente Salario Social Complementario (SSC), sumando un total de 425.067 personas, más del doble que en el final del kirchnerismo. En 2018 subió todavía más –517.043–, divididos en 269.874 del SSC y 247.169 del Hacemos Futuro. En el último año de gestión, entre ambas modalidades se alcanzó a 551.730 personas.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR PADRES

En diciembre de 2019, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y de la CTEP, asumió como Secretario de Economía Social junto a otros líderes y militantes sociales como Daniel Menéndez de Barrios de Pie. Sin embargo, las principales conquistas del sector, obtenidas durante el macrismo, fueron pronto descartadas por la gestión de Alberto Fernández. Se eliminó el trascendental Salario Social Complementario y se implementó el Plan Potenciar Trabajo que también puso fin al Hacemos Futuro. En 2021, durante el contexto electoral, proliferó un virulento discurso oficial contra los planes sociales. Así lo analiza un líder cetepista: “A partir de la lucha contra el macrismo dejaron de llamarse para nosotros planes sociales y se llamaron Salario Social Complementario, que es el complemento salarial del ingreso que vos te generás changueando o colectivamente a través de una cooperativa. Pero después hay sectores muy progresistas que ningunean ese concepto. Ahora se vuelve a hablar de planes sociales y a mí me pone... [Niega con la cabeza]. Yo lo discutí con los compañeros que trabajan en el Ministerio. Les dije que volvíamos a poner la lucha debajo de la alfombra. Está bien la idea de un programa que se llame Potenciar Trabajo. Acuerdo. Pero ya perdimos la relación con el Ministerio de Trabajo y solo nos relacionamos con Desarrollo Social. Y ahora perdimos la conquista del concepto del salario. Son cositas que te van poniendo de nuevo en el lugar del asistido”.

Más tarde, a instancias de Sergio Massa, el gobierno presentó un plan de reconversión de los planes en trabajo genuino casi idéntico al implementado por Mauricio Macri en 2017. Nunca consideraron sus magros resultados: de un promedio anual de 500.000 titulares de planes sociales, solo 20.570 obtuvieron un trabajo en blanco en los dos últimos años del gobierno cambiemita. Esta intención mítica de fomentar un puente entre los planes sociales y el empleo en blanco, es uno de los puntos centrales del inminente acuerdo entre el gobierno y el FMI. En su versión borrador se hace hincapié en la focalización hacia mujeres y jóvenes: “Estamos avanzando en varias iniciativas del mercado laboral para fomentar el empleo formal y la inclusión laboral, especialmente para mujeres y personas jóvenes con baja calificación laboral. Hemos ampliado significativamente nuestro programa insignia Potenciar Trabajo (…) para profundizar la inclusión laboral entre las personas más vulnerables a través de programas de capacitación laboral y transferencias monetarias directas a los beneficiarios e incentivos a los empleadores”. Una perspectiva que se aleja de los objetivos primordiales de las organizaciones de la economía popular que forman parte del Frente de Todos, como el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entre otros.

En definitiva, con la degradación de la situación económica y social, intensificada por la pandemia y las políticas de austeridad fiscal del Frente de Todos, hubo un crecimiento súbito de los titulares del Potenciar Trabajo: en 2020 alcanzó los 760.664 titulares y en 2021 cruzó la barrera del millón (1.006.000), casi el doble que al cierre del mandato de Cambiemos. Es la primera vez que un único plan supera ese umbral desde 2007.

Recuperemos cifras y pongámoslas en una secuencia histórica: en mayo de 2003, Eduardo Duhalde dejó su presidencia interina con 1.990.735 beneficiarios del PJyJHD; en 2015, Cristina Fernández cerró su mandato con 207.842 titulares del PRIST; en 2019, Mauricio Macri se fue con más del doble: 551.730 personas recibían el SSC y el Hacemos Futuro.  En dos años Alberto Fernández volvió a duplicarlos, llegando a 1.200.000 de titulares del Potenciar Trabajo.

Mientras tanto se ha desatado una disputa pública entre sectores internos del gobierno por el control de los planes. El camporista Andrés “Cuervo” Larroque, actual Ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, declaró que “la cultura del plan social no va más. Cuando las organizaciones determinan quiénes son los beneficiarios o los sujetos de derecho, estamos en una dificultad frente al conjunto de la sociedad”. Un intento por volver a un ancien régime nuevamente capitaneado por los intendentes del conurbano. Desde el Movimiento Evita advierten: “El deporte del Cuervo es pegarnos a nosotros. Son disputas de poder. El que quiere pasar el control a los municipios después se bancará el parche porque le vamos a hacer unos quilombos a los intendentes que no tiene nombre”.

Otro sector de la CTEP, liderado por Juan Grabois, impulsa un Salario Básico Universal para personas de entre 18 y 64 años desocupados, cuentapropistas de bajos ingresos y trabajadores de la economía popular. A doce años de la implementación de la AUH, se impulsa ahora una figura semejante para padres y madres. Ciertos actores políticos se ilusionan con que CTEP sea capaz de romper sus férreas posiciones corporativas para que esa propuesta de salario tenga un alcance verdaderamente universal.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional echaría por tierra esta intención de lograr una cierta universalización de la ayuda social. En el borrador se subraya la necesidad de “focalización de nuestro apoyo social” y que con ese fin se trabajará con “bancos de desarrollo para realizar y publicar una evaluación integral de nuestros programas de apoyo social y su estrategia”.

En mayo de este año el Ministerio de Desarrollo Social publicó los resultados del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Entre julio de 2020 y febrero de 2021 se inscribieron 2.093.850 personas, casi la misma cantidad que percibía el PJyJHD hace veinte años. De ese total tan solo el 22,4% recibe la AUH y el 22,1% el Potenciar Trabajo. Dos datos abrumadores que sacan a la luz que los subsidiados son la ínfima punta del iceberg de una población cada vez más precarizada y desprotegida. Pero siempre capaz de autoorganizarse e inventar planes propios para sacar a flote sus vidas.

Revista Crisis Nº50 15 de Diciembre de 2021

OTRA VEZ EL NEOLLIBERALISMO DE LA MANO DEL FMI

La Comisión Nacional de Valores dispuso que a partir del próximo lunes se terminarán las restricciones para las operaciones de compra de dólares financieros a través del MEP y el contado con liquidación. Se trata de una medida que colabora para aliviar las restricciones sobre los mercados cambiarios que operan en la bosa a través de bonos. La decisión se publicó este viernes en el Boletín Oficial y fue coordinada entre los equipos técnicos de la CNV, el Banco Central y el Ministerio de Economía. Los analistas consideran que es una medida que va en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Esta nueva medida que empieza a aliviar las regulaciones en los mercados financieros de dólar deroga normas previas que imponían un cupo semanal de 50 mil dólares para las operaciones que se hacían con bonos Al30 y GD30 en las Agencias de Liquidación y Compensación (Alyc).

En detalle, estas operatorias son el dólar bolsa o MEP, que consiste en la compra de un bono en pesos para luego venderlo en su versión en dólares, y el Contado con Liquidación (CCL), que se requiere una cuenta en el exterior para poder concretar la dolarización de los activos.

Desde la Comisión Nacional de Valores detallaron que “la concertación y liquidación de títulos de deuda soberanos denominados en dólares bajo legislación local en moneda extranjera no supondrá restricciones sobre otras operatorias en mercados regulados".

A su vez, agregaron que las resoluciones derogadas “habían sido dictadas en atención a las circunstancias excepcionales y con carácter transitorio, con la finalidad de evitar operaciones elusivas, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real".

La flexibilidad de los controles ocurre en un momento de menores tensiones en el frente externo. El avance del acuerdo con el FMI junto con otros elementos de la coyuntura como la fuerte suba de los precios de la soja y de los cereales, la cercanía de la época de liquidación de la cosecha gruesa y el aumento de la tasa de interés en pesos fueron clave para reducir las presiones cambiarias y la brecha entre el tipo de cambio oficial y financiero. 

Además del dólar blue que bajo de 223,50 pesos en enero a 201 pesos este viernes, el contado con liquidación y otras cotizaciones financieras negociadas en la bolsa también mostraron una importante merma. Actualmente el CCL se ubica en 201,23 pesos, cuando a principio de este año había alcanzado picos cercanos a los 240 pesos. Es decir que bajó casi un 20 por ciento. Esto permite ofrece mayor flexibilidad al mercado para operar con los dólares financiero.

Analistas financieros de la city explicaron que la medida de restricciones sobre el MEP y el contado con liquidación se habían tomado para evitar que las intervenciones con títulos públicos provoquen mayores caídas en las reservas de la autoridad monetaria. “Como el Banco Central ya no interviene, era poco lógico seguir manteniendo esta medida”, dijo Christian Buteler.

Por su parte, Diego Martínez Burzaco, head de Research & Estrategia de Inviu, sostuvo que "la disolución de esa normativa (por las resoluciones derogadas) va en el sentido correcto". Agregó que la nueva normativa "va en línea con el acuerdo con el FMI y es un paso para ir desarmando todas las regulaciones en el mercado de capitales".

Las regulaciones que vencen el lunes habían generado nuevos mercados de dólares financieros, puesto que incrementaron las transacciones de activos entre particulares sin una cotización de referencia. Esto se llamó en la city porteña en los últimos meses el dólar Senebi, puesto que eran intercambios armados en un segmento de negociaciones bilateral.

Desde el equipo económico, más allá de aflojar los controles sobre el contado con liquidación y el mep, aliviando la operatoria para los inversores que buscan dolarizar sus activos a través de la bolsa, mantienen un fuerte control sobre el mecado de dólares oficiales. El objetivo es evitar que haya filtraciones en ese segmento y custodiar esas divisas para que sean aplicadas a importaciones que permitan sostener el aumento de la producción y el crecimiento del mercado interno.

¿A QUIENES BENEFICIAN ESTAS MEDIDAS?

¡Por supuesto que a quienes concentran dinero y especulan con los precios de bonos y títulos!

El objetivo de que ese nuevo giro hacia la dolarización sea volcado al mercado productivo o a inversiones para importaciones que agreguen valor a la producción nacional, obviamente resulta en una mera expresión de deseos en tanto y en cuanto no hay posibilidad de regulación efectiva y aunque las tasas de interés ofrezcan mejores rendimientos en pesos, los sectores concentrados eligen el dólar aún cuándo ganan menos, ya que están seguros que en el largo plazo obtienen mejores rendimientos en tanto y en cuanto todo el sistema se direcciones allí, cuándo deja de haber restricciones. En especial porque los grandes jugadores son transnacionales y derivan divisas en dólares a sus casas matrices o evaden impuestos en paraisos fiscales o triambulaciones financieras.

El FMI no puede desconocer esto. Pero sabe que la fuga obliga sistemáticamente a refinanciar acuerdos y a sostener las excusas que les permiten ser “controladores” de la economía del país y fiscalizadores de las acciones del gobierno de turno, en un perfecto juego de pinzas que solo se quiebra cuándo su presencia resulta innecesaria y prescindible como lo fue antes del gobierno de Macri.

LOS MEDIOS: LO QUE HAY QUE DECIR Y LO QUE NO HAY QUE DECIR

Marta Sánchez Esparza, Doctora en Ciencias de la Comunicación y profesora universitaria. Ha trabajado como periodista en diversos medios nacionales y como responsable de comunicación de varios partidos políticos de distinto signo.

Yoshiro Mori, exprimer ministro de Japón, cumplidos ya los 83 años y con una dilatada carrera política a sus espaldas, renunciaba hace unos meses a su puesto en el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio. El exmandatario nipón no había incurrido en ningún escándalo financiero o sexual. La razón de su marcha fue la avalancha de reacciones suscitada por unos breves comentarios a los que él no concedió ninguna importancia. Si se aumentase el número de mujeres en las reuniones del comité organizador –dijo– habría que incrementar el tiempo para los turnos de palabra. Mori completó la idea aludiendo a la rivalidad de las féminas en estos foros. La broma le salió cara. El incendio en las redes sociales acabó calcinando su hasta entonces incuestionada trayectoria. De nada sirvieron las disculpas. Voluntarios y corredores preparados para portar la llama olímpica renunciaron de inmediato como muestra de rechazo, y Mori tuvo que dimitir.

No es el único caso en el que una sólida carrera se desvanece tras unas palabras a destiempo. El pasado verano, el exjefe del Mundial de Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue reprobado tras perder su condición de presidente honorífico del campeonato por señalar que en ocasiones las personas negras «son más racistas que los blancos». También a inicios del verano, el CEO y fundador de CrossFit, Greg Glassman, tuiteaba la frase «it’s FLOYD-19» para responder a la idea de que el racismo era un problema de salud pública, lanzada por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud. La respuesta de Glassman, combinando el nombre del coronavirus con el del fallecido George Floyd, víctima de la violencia policial en Estados Unidos, hizo estallar la cólera de los internautas, y acabó provocando que marcas como Reebok decidieran retirarle sus contratos de patrocinio.

El New York Times despedía recientemente al periodista Donald McNeil, reportero con más de 45 años de experiencia a sus espaldas, por emplear la palabra nigger –considerada extremadamente ofensiva para los afroame- ricanos– durante una charla con universitarios, y hacerlo sin ninguna intención de ofender, mientras explicaba justamente el uso del término. La gravedad de su falta, según una carta remitida por 150 compañeros de su redacción pidiendo su destitución, no estribaba tanto en la intención del veterano periodista, sino en cómo había podido hacer sentir a otras personas.

El pasado mes de enero, la firma Ralph Lauren dejó de patrocinar al golfista Justin Thomas, número 3 del ranking mundial, por insultarse a sí mismo diciendo entre dientes la expresión faggot –que podría traducirse como maricón– tras fallar un golpe. El insulto fue captado por los micrófonos, y el deportista de élite tuvo que disculparse. «Estoy avergonzado. No es el tipo de persona que soy», llegó a decir.

La actriz Gina Carano, que ha interpretado durante dos temporadas al personaje de Cara Dune en la serie The Mandalorian, del universo Star Wars, fue despedida recientemente por Lucasfilm tras publicar un tuit compa- rando la situación de los republicanos en Estados Unidos con la de los judíos durante el nazismo.

Y el humorista gráfico Xavier Gorce, del diario Le Monde, abandonaba su puesto tras ver cómo el periódico pedía disculpas por una de sus viñetas, en la que un pingüino bromeaba en torno a unas relaciones que podían considerarse transgénero. «La libertad no se negocia», dijo antes de marcharse.

«UN NUEVO PURITANISMO»

Estos son solo algunos ejemplos. Pero el número de personajes cuya estrella ha dejado de brillar tras unas palabras que alguien considera imperdonables no deja de crecer. Basta asomarse a las redes sociales para leer reacciones de indignación de internautas que, si logran encender la ira colectiva, acaban por abrasar al aludido en unas llamas parecidas que algunos han comparado con las que hacían arder a las víctimas de las cazas de brujas en Europa y EE.UU. entre los siglos XII y XIX.

Así lo expone el abogado y filósofo Axel Kaiser en su libro La neo Inquisición, donde considera este tipo de ataques como la manifestación de «un nuevo puritanismo», originado en una parte de la izquierda, que ha descendido sobre Occidente provocando un daño considerable.

«Vivimos en la era de lo que se ha pasado a llamar “corrección política”, la cual podría definirse como una práctica cultural que busca la destrucción reputacional, la censura e incluso la sanción penal de aquellas personas e instituciones que no adhieran, desafíen o ignoren una ideología identitaria que promueva la supuesta liberación de grupos considerados víctimas del opresivo orden social occidental», subraya Kaiser.

La democracia se habría transformado en «emocracia», pues el foco está en las emociones de colectivos supuestamente victimizados por la sociedad, «quienes pueden sentirse atacados incluso por las expresiones o errores más inofensivos», incide Kaiser.

«La epidemia de disculpas, de castigos y de ostracismo social que han experimentado tantas personas, de izquierda y de derecha, en tiempos recientes por opiniones o conductas que han quebrado tabúes habla de la forma irracional y primitiva en la que podemos actuar colectivamente», considera el autor.

Por su parte el catedrático y exdirector de la Real Academia Española, Darío Villanueva, estima en su reciente libro Morderse la lengua: corrección política y posverdad (Espasa, 2021) , que nos encontramos «ante una forma posmoderna de censura» que no tendría origen en partidos, instituciones religiosas o regímenes políticos, «sino que emana de una fuerza líquida o gaseosa, hasta cierto punto indefinida, relacionada con la sociedad civil. Pero no por ello menos eficaz, destructiva y temible».

Para Villanueva, «la corrección política es la forma contemporánea más perversa de la censura». Coincide así en su diagnóstico con el periódico The Economist, que denunciaba la extensión de una creciente ola de censura que estaría poniendo en peligro la libertad de expresión. «Existía la experiencia de la censura de pensamiento, pero la de hoy es una censura difusa que afecta a la libertad de conducta de las personas», subrayaba el académico y exrector de la Universidad de Santiago de Compostela en una reciente entrevista en El Cultural, con motivo de la publicación de su libro.

La tendencia discurre paralela con la proliferación en la opinión pública de un nuevo marco de interpretación: la necesidad de luchar contra el discurso del odio. Una muestra de esta nueva sensibilidad es el movimiento #StopHateForProfit (No al odio para lucrarse), que emergió en 2020, y donde más de mil compañías de todo el mundo se unieron para reclamar a las plataformas la eliminación de mensajes xenófobos, nacionalistas, sexistas o violentos en redes.

La iniciativa llevó a multinacionales como Coca-cola, Unilever, Procter&Gamble o Starbucks a retirar su publicidad de plataformas como Facebook, Twitter, Youtube o Instagram. Facebook, que había rechazado hasta ese momento interferir en los contenidos publicados en su plataforma, prometió entonces que prohibiría todos los anuncios que usaran como chivos expiatorios a las minorías raciales, a los inmigrantes o a grupos más vulnerables por su origen u orientación sexual. No se permitiría ya el contenido de odio, ni siquiera en anuncios pagados. Tampoco mensajes que considerasen dañinos o peligrosos para la seguridad o la convivencia a determinados colectivos sociales.

El hecho refleja la victoria de la protección de las sensibilidades frente a la tecnología ciega de Facebook, que había rechazado convertirse en «árbitro de la verdad», y que se lanzaba desde ese momento a una cruzada para proteger a las minorías.

EL ACCESO A LA PALABRA

Frente a los que describen estos fenómenos como una nueva dictadura de lo políticamente correcto, se encuentran quienes creen que el núcleo de estos sucesos no está en los sentimientos de las minorías, sino en el hecho de que estas minorías tengan ahora voz a través de los nuevos medios.

«No creo que sea un problema de derechos versus sentimientos, ni tampoco de derecho a ofender versus derecho a no ser ofendido. Es un problema de acceso a la palabra. Históricamente, accedían a la palabra muy pocas personas. Casi siempre hombres maduros y con cierto capital económico, cultural y/o simbólico. El resto no tenía cómo expresarse libremente y, si lo hacía, era en privado», señala Eduardo Maura, profesor de Filosofía Política en la Universidad Complutense, que fue diputado y responsable de Cultura en Podemos.

Ahora, en cambio, «hay más voces y por eso hay quien se sorprende que las cosas racistas y machistas que antes se decían con normalidad, ahora encuentran resistencia. Bendita sea esa resistencia, porque es el germen de una opinión pública más diversa. Llevábamos siglos escuchando y normalizando una esfera pública muy restringida. En nuestros días, al ampliarse, hay más conflicto. Pero es que el conflicto es parte de la libertad y de la democracia», señala Maura.

En ese sentido, Maura sostiene que personalidades como el exprimer ministro de Japón viven ahora «en una sociedad diferente a la de hace cuarenta años, cuando ser machista era algo normal y bien valorado, amén de divertido. Parece que él no lo sabía. Que hoy ser machista no sea “lo normal” es un avance, no un retroceso, tanto para la humanidad como para él».

El racismo y el machismo no son sentimientos u opiniones «sin intencionalidad», a juicio de Maura. «Son estructuras de dominación y desigualdad sistemática que, a través del fortalecimiento de roles y de dinámicas de desigualdad, se perpetúan en el tiempo. Ser racista no es una opción entre otras. No es un plato en un menú. El racismo mata, el machismo mata, la desigualdad mata. No deben perseguirse las opiniones, y de hecho no se persiguen, ni siquiera las más terribles. Deben perseguirse las cosas que nos destruyen como seres humanos, individual y colectivamente», subraya. En cuanto a la posibilidad de hacer chanzas sobre estos temas sin ser por ello penalizados, Maura argumenta que «bromear sobre la raza y el género es posible, sin duda, pero tiene su sentido y su fundamento que haya personas al otro lado que tomen la palabra para decir lo que piensan».

«Quien bromea tiene que asumir que no todos los terrenos de juego son iguales. Forma parte del uso práctico de la libertad comprender y respetar la libertad de los otros para decir lo que piensan, su libertad de callarse o no, de tolerar o no, de responder o no. Forma parte del hecho de ser libre entender que uno no está solo en el mundo», afirma Maura.

OPINAR SIN SER PERSEGUIDOS

En cualquier caso, tal y como recuerda el periodista y escritor Juan Cruz, adjunto a la dirección del diario El País, «las opiniones no se deben perseguir, siempre que no inciten a la violencia o al odio».

El mismo sentir subyace en la legislación que aplican los tribunales de Justicia en los casos de conflicto entre la libertad de expresión y los excesos de la misma, como sucede con los delitos de odio. En este caso «no se castiga el ser racista, antisemita o profesar cualquier ideología, incluido defenderla públicamente, sino que se sanciona la incitación directa a discriminar, humillar, atacar, etcétera, a personas o colectivos en razón de su etnia, ideología, raza, religión, creencias, sexo, orientación sexual o discapacidad», explica el magistrado y profesor universitario Eduardo de Urbano, experto en Derecho Penal.

La libertad de expresión, de hecho, según recuerda De Urbano, «comprende la libertad de crítica, aun cuando pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues en una sociedad democrática el pluralismo, recogido en el artículo 1.1. de la Constitución Española como uno de los valores superiores de ordenamiento jurídico, así lo autoriza».

Pero la libertad de crítica no es un derecho absoluto. «No existe un derecho absoluto a manifestar lo que uno quiera porque no hay tales derechos absolutos –ni siquiera lo es el más importante, el derecho a la vida, pues se puede eximir de responsabilidad a quien se la quita a otro si lo hizo en legítima defensa–. Por eso, injuriar, calumniar, amenazar, acosar, etcétera, son delitos, no derechos, y todos se producen utilizando la expresión, ya sea de viva voz o a través de comunicaciones escritas o medios sonoros, vídeos, etcétera», recuerda De Urbano.

«Hay que dejarlo muy claro –prosigue el jurista–, no se puede decir cualquier cosa contra cualquiera y desde luego, no es libertad de expresión, que es una libertad comunicativa, el llevar a cabo actos materiales diciendo que son o que se amparan en la libertad de expresión. Por eso se ha condenado a políticos, raperos y otros cuando bajo el paraguas de tal derecho se ha agredido, denigrado, desobedecido o incitado al delito».

Esta es la praxis de los tribunales de Justicia en España, que ha llevado recientemente a la condena y la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por delitos como el enaltecimiento del terrorismo a través de las letras de algunas de sus canciones. El encarcelamiento del rapero derivó en airadas reacciones en las redes y violentas manifestaciones en las calles de varias ciudades, en defensa, supuesta y precisamente, de la libertad de expresión.

MEDIR LAS INTENCIONES

Pero la condena de Pablo Hasel no solo fue contestada mediante la movilización violenta en las calles, sino que ha suscitado todo un debate sobre los límites de la libertad de expresión y su regulación. Organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) pusieron en cuestión la interpretación hecha por los tribunales, considerando que se basa en preceptos del Código Penal que criminalizan el discurso de forma contraria a lo que establecen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

Así lo expone el jurista y experto internacional en libertad de expresión, Joan Barata, socio de la PDLI, para quien el enaltecimiento de terrorismo «solamente se debe criminalizar cuando haya intención y riesgo efectivo de incitación a la comisión de actos terroristas». Pero, ¿cómo se mide la intención? Incluso en el caso de los delitos de odio, la regulación «es técnicamente confusa y amplísima», referida en especial a las circunstancias en que se han proferido determinados discursos, y eso «conduce, inevitablemente, a que pueda haber interpretaciones discordantes», según explica Eduardo de Urbano. Por eso, en ocasiones se hace un «desmesura- do uso del odio», de forma que «cualquier opinión que no guste se reputa de tal», provocándose denuncias cruzadas de toda índole entre partidarios de diferentes ideologías o colores políticos, como ha ocurrido en España con los mensajes del autobús de Hazte Oír o con determinados mensajes de blogs o chats de Whatsapp.

«Para mí –precisa De Urbano–, la clave es que se rebase el cambio de las opiniones, y se sustituyan las razones -aunque sean equivocadas- por un comportamiento que genere un clima en el que se incite directamente a crear violencia, hostilidad, odio o discriminación a personas concretas o grupos por el mero hecho de pertenecer a una etnia, ideología, raza, religión, creencias, sexo u orientación sexual determinada».

Para Barata, el contexto es fundamental en los delitos de odio, pero este cambia en función de la sociedad. «Lo que cambia es la forma en que en un determinado contexto puede efectivamente generarse un peligro de hostilidad o violencia frente a minorías vulnerables: una misma expresión puede ser inocua en el marco de la sociedad sueca pero generar violencia en el Congo», subraya.

CONFLICTO DE PERCEPCIONES

En cualquier caso, no parece que sea ese el caso de quienes dijeron una frase a destiempo en las redes, usaron una palabra ofensiva sin ánimo de ofender o exclamaron sin querer algo inapropiado durante una competición deportiva. Según Barata, en la mayor parte de estos casos «estaríamos ante supuestos de discurso protegido por la libertad de expresión (de otra forma serían jueces y fiscales quienes intervendrían), pero en los que una determinada empresa o institución no quiere verse asociada con una determinada persona después de que esta se haya expresado en unos determinados temas».

«Aquí la libertad de expresarse corre en paralelo a la libertad de asociarse o contar con quien se quiera. No es un conflicto jurídico sino más bien de usos y percepciones sociales en el ámbito de lo políticamente correcto», concluye.

El profesor de la Universidad de Comillas Adam Dubin advertía, sin embargo, en un reciente artículo sobre el «efecto paralizante» que estos linchamientos virales tienen sobre la libertad de comunicación y expresión de las personas. Y el ya citado Axel Kaiser sugería que este estado de opinión imponía a los individuos una suerte de nueva censura, autoimpuesta por ellos mismos por miedo a la persecución pública y la muerte civil.

«La característica distintiva de la era de la corrección política que estamos viviendo es precisamente la autocensura, que en muchos sentidos es peor que la censura oficial impuesta por el Estado, pues se basa en el triunfo del miedo a un castigo y enemigo tan difuso que no se puede afrontar», subraya Kaiser.

La Corte Suprema de Estados Unidos en Texas recordaba en una sentencia que «si hay un principio fundamental […] es que el Gobierno no puede prohibir la expresión de una idea simplemente porque la sociedad encuentra la idea en sí misma ofensiva o desagradable».

Sin embargo, la autocensura ya funciona como una auténtica espiral del silencio que cercena la libertad y hace callar por miedo al castigo. Un reciente estudio del Pew Research Center advertía hace unos años, además, de que el 40 % de los millennials se mostraba a favor de limitar la libertad de expresión para proteger a las minorías. Cabe preguntarse si este notable cambio de sensibilidad no terminará haciendo que se recorte un derecho sobre el que ha pivotado la riqueza del diálogo y la pluralidad de toda la sociedad democrática.

UNA "BISAGRA HISTÓRICA"

Martín Piqué, periodista del medio cooperativo “Tiempo Argentino” escribe al respecto.

La decisión de la Unión Europea de impedir la emisión de los medios estatales rusos Sputnik y Russia Today (RT) en los 27 países que integran el bloque, y la respuesta de Moscú al aprobar este viernes una nueva ley que fija penas de hasta 15 años por difundir "información falsa" sobre las tropas rusas, implican una "bisagra histórica muy importante" que "no será gratuita", advirtieron especialistas en libertad de expresión y derecho a la información en diálogo con Télam.

Las medidas restrictivas al ejercicio de la comunicación dispuestas por los europeos, junto al bloqueo de medios estatales rusos por parte de corporaciones estadounidenses como Google y Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), configuran para académicos e investigadores una escalada propia de las "guerras híbridas", un escenario que se completa con las recientes prohibiciones y normativas implementadas por Rusia.

Convocados por esta agencia, tres expertos en el diseño de políticas de comunicación y en los marcos regulatorios vigentes en distintas partes del mundo evaluaron que la regulación de la UE implica "riesgos" muy importantes para la propia Europa, al "haber elegido el peor camino, la censura de información".

Los especialistas plantearon que las restricciones que impiden que usuarios y televidentes puedan acceder a ciertos medios atentan contra la libertad de los receptores y refuerzan una concepción incompleta de la libertad de expresión, al entenderla solo como el derecho individual de quien emite, "mas no la de quien escucha, conversa y entiende", según planteó Natalia Aruguete, investigadora del Conicet y de la Universidad de Quilmes.

Por otro lado, en materia de legislación comparada, el abogado especializado Damián Loreti remarcó que los principios jurídicos que rigen frente a emergencias de este tipo son muy diferentes en Europa y en el continente americano.

"En términos de libertad de expresión, en Europa están previstos casos de censura que en el Sistema Interamericano (de Derechos Humanos) no se admiten", explicó.

En ese sentido, Loreti puntualizó que el artículo 10 de la Convención Europea de DDHH plantea que el derecho a la libertad de expresión puede estar "sometido a formalidades, condiciones, restricciones o sanciones", en particular cuando sean necesarias medidas "para la seguridad nacional" o "la integridad territorial".

"El artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos permite injerencias previas del Estado siempre que se den estos requisitos, mientras que en la Convención Americana de Derechos Humanos está prohibido ejercer mecanismos de censura. De hecho, en el artículo 13 un inciso prohíbe las restricciones indirectas, la obstaculización de cualquier modo de la circulación de informaciones y opiniones", diferenció el abogado y titular de la cátedra Plenario de Derecho a la Información en la UBA.

De ese modo, mientras el marco normativo europeo prevé -en situaciones excepcionales- restricciones a la libertad de expresión con censura previa, en América eso está expresamente vedado, ya que "el sistema interamericano de Derechos Humanos se basa en la regla de sólo responsabilidades ulteriores", agregó.

Sobre la eliminación de RT y Sputnik de la grilla de Europa, Loreti opinó que "el principio de legalidad podría estar cumplido a medias por la situación de emergencia, el fin legítimo tiene pinta de ser más sólido, pero lo que no está explicado es por qué no hay ningún medio menos restrictivo para la libertad de expresión; no sólo para las empresas afectadas, sino para el público que quisiera escuchar o ver esos medios".

Desde un planteo similar, el docente universitario Gustavo Bulla consideró que "a una información que se considera falsa o con defectos, o manipuladora o el adjetivo que quieran endilgarle al Estado ruso, se la debería combatir con información fidedigna, con transparencia, con otro tipo de información", y no erradicarla de la oferta de medios a la que puede acceder una determinada población.

"Estas sanciones contra el Derecho a la Información de los ciudadanos europeos, al impedirles autoritariamente que puedan tener otro punto de vista, se dan en el marco de durísimas sanciones económicas, lo cual nos lleva a pensar que una vez más el pensamiento liberal, sea de raigambre más conservadora o se autoperciba progresista, termina considerando a la información en términos mercantiles", analizó Bulla, profesor de Teorías del Estado y la Planificación en la UBA y de Política de los Medios en la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ).

"No se puede hablar de libertad de expresión como sagrada y luego cercenarla. Perfectamente podrían difundir la información rusa y oponerle su punto de vista particular, que aparentemente es antagónico en todos sus términos", cuestionó.

Su crítica estuvo en sintonía con las advertencias de Aruguete, para quien la confrontación informativa que desencadenó la invasión de Ucrania "pone en discusión el concepto de libertad de expresión en su versión liberal-moderna".

La investigadora, en ese punto, citó al jurista estadounidense Owen Fiss, profesor emérito en la Universidad de Yale, para insistir en que "el reclamo por la libertad de expresión es insuficiente si queda restringido a una concepción individual", dado que "el concepto de libertad de expresión en su versión liberal moderna no es, estrictamente, sinónimo de derecho a la comunicación".

Desde el lado ruso, la salida de pantalla de RT y Sputnik generó como reacción que el Parlamento apruebe una ley que endurece las penas para lo que el Kremlin considere "noticias falsas" ligadas a la guerra; también, se profundizó el bloqueo a plataformas, redes y medios extranjeros que hasta hace unos días informaban desde Rusia.

Sobre esas medidas de Moscú, Loreti dijo ignorar "cuál es la legislación rusa preexistente que se aplicó en las manifestaciones contra la guerra, legislación que estos días aparece endurecidas, con previsión de hasta 15 años de cárcel, de acuerdo a lo que dicen los medios occidentales", y recordó que en el Tribunal Europeo de DDHH tramitan "gran cantidad de casos de libertad de expresión" que objetan la legislación rusa en la materia.

En cuanto al impacto de estos debates en Estados Unidos, Loreti sostuvo que como la Primera Enmienda prohíbe expresamente cualquier iniciativa que reduzca la libertad de expresión, no es el Estado el que aplica restricciones previas -como ocurre en Europa- sino el sector privado que asume recomendaciones y sugerencias: lo hace a través de la sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones.

"Esa normativa garantiza que las plataformas puedan poner, suprimir y sacar contenidos de terceros sin tener responsabilidades como intermediarios", repasó el abogado y docente de la UBA, y entonces recordó un antecedente que ilustra esa dinámica, luego de que el Departamento de Estado publicara, el 20 de enero, un reporte sobre "el rol de RT y Sputnik en la desinformación y el ecosistema de propaganda".

Tras la difusión de ese informe por la Casa Blanca, agregó Loreti, el Washington Post tituló que había "una seria presión de EEUU por sobre las empresas" del sector de la comunicación para quitar a los medios estatales de Rusia de los canales y las plataformas.

La discusión sobre la censura previa y la prohibición de medios tiene un capítulo en la Argentina: hace cinco días, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) presentó un proyecto para eliminar a RT de la grilla de la Televisión Digital Abierta (TDA) con el argumento -según la legisladora de JxC- de que esos medios "desinforman" e "interfieren en el desarrollo de las democracias".

Sobre ese tema, Loreti advirtió que en la Argentina "no se pueden medir los temas de libertad de expresión con las reglas de la Convención Europea de Derechos Humanos", ya que en el país tiene jerarquía normativa el Sistema Interamericano de DDHH, para concluir: "No me parece que haya que responder en espejo al modo de aplicar las reglas europeas". (Telam)

EN EL MISMO LODO

En estos días de Finales de pandemia (???) y principios de Guerra, la realidad deformada por dónde se la intente mirar ofrece pocos espacios donde se pueda pensar y buscar conocimiento. Es que todo esta tamizado y filtrado por el interés financiero y económico primero (Hay que asegurarse el sustento). En segundo lugar por el sitial social en el que las dinámicas de acumulación de ese dinero me coloque respecto de otros (Hay que sostener el bienestar alcanzado, el estilo de vida, el consumo y disfrute de los bienes materiales obtenidos con el propio esfuerzo aunque este dañe a otros o directamente no sirva para nada pero esta bien pago). Y en tercer lugar por los afectos, los sentimientos, las emotividades que no contradigan mi propia posición según los dos primeros. Entonces son mas terribles y mortales los misiles rusos que los misiles que hace años Ucranía viene sostenidamente lanzando en sus provincias separatistas y los misiles que promete la OTAN a su presidente, que obviamente aún no han sido fabricados en tanto y en cuanto “negocios son negocios”.

El combo no nos hace tan malos a la hora de defender “egoísmos” “individualismos” y posiciones de privilegios que involucran a otros mas privilegiados y someten a los menos privilegiados a condiciones cada vez peores. Es que efectivamente no se trata de una “guerra” entre el bien y el mal (Ninguna guerra trato nunca de esto), sino de relaciones interpersonales, grupales, sociales, que producen instituciones y leyes y ordenan la vida en comunidad de modo injustos, inequitativos y generan esos privilegios y alimentan y premian el egoísmo, la avaricia y los buenos sentimiento con los “afectos”.

LOS TRES PLANOS DEL PROBLEMA

1 Acceso al dinero o los medios financieros

2. El sitial en el que tal acceso me coloca en el orden social

3 La carga afectiva que me permita sentirme buena persona pese a que mis decisiones son signadas por los dos anteriores.

Las falsedades y los autoengaños sustentados en frases y slogans que se repiten hasta el cansancio intentando justificar el daño que provocamos sometidos a esta escala de valores deshumanizante, dónde precisamente el conocimiento es relegado al fondo de esa tabla de valores.

¿Sino como se explican “violaciones en manada” y represiones policiales para quienes piden trabajo? ¿Como se justifica repetir los males del endeudamiento con el FMI sencillamente por haber creído en las mentiras de los medios de comunicación que, rara casualidad, tienen sus intereses asociados a los paises que alimentan el financierismo y este estado de cosas (Claŕin cotiza sus acciones en Londres. La Nación tiene Ceos y descendientes de sus primeros dueños asociados a empresas transnacionales. Infobae, en manos de un empresario de medios Mexicano, asociado a sectores conservadores de los EEUU)?

La civilización occidental se cae a pedazos. Argentina es una parte mas del castillo de naipes que se desmorona rápidamente. La Crisis es profundamente ética y de valores en tanto prima el “Sálvese quien pueda” sobre la cuestión de “lo común” y de un orden fundado en la justicia y la solidaridad en las relaciones humanas. No se trata de posiciones ideológicas o intereses de negocio, se trata de la vida en común. Del orden común que nos damos. De como queremos vivir en sociedad. Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack