De la política Nacional

 

No hay ajuste, pero ...

Delfina Torres Cabreros, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y periodista recibida en TEA. Trabajó en los diarios argentinos La Nación, Página/12 y El Economista y participó en las publicaciones La realidad, esa ficción (Marea, 2017) y Grandes Crónicas (Brando, 2019), escribe para “ElDiarioAr

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, adelantó este jueves detalles del acuerdo al que se llegó con el organismo internacional en lo que respecta a tarifas. Según admitió, se trató de un punto en el que el propio Gobierno tenía "diferencias" y que estaba demorando el cierre del texto.

Según explicó, el esquema aumento de tarifas está basado en la Ley 27.443 sancionada por el Congreso en 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri. Esa normativa establecía que el incremento de las tarifas debía tener como tope el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Para los usuarios residenciales, la segmentación regirá tanto para 2022 como para 2023 y se hará del siguiente modo:

  1. Un grupo de beneficiarios dejarán de percibir subsidios "en función de su plena capacidad de pago".

  2. Un segundo grupo de usuarios, que son actualmente beneficiarios de la tarifa social, tendrán un incremento en su factura para cada año calendario equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior.

  3. El resto de los usuarios conformarán el tercer grupo, para quienes habrá un incremento de la factura para cada año calendario correspondiente al 80% del Coeficiencia de Variación Salarial.

De acuerdo con los datos oficiales del Indec, en 2021 la suba de los salarios fue de 53,4%. Si se aplican los porcentajes de suba máxima sobre ese dato, resulta que los usuarios con tarifa social tendrían aumentos del orden del 21,4% como máximo. El resto de los usuarios, verían reflejados en sus boletas aumentos de hasta 42,7%.

Así, a los usuarios con tarifa social no se les podrán aplicar más aumentos que los autorizados hasta el momento, de 20% para el gas y de 22% para la electricidad (en este caso, incluso, debería rebajarse unas décimas). Para los usuarios de "clase media", en cambio, todavía queda margen para la suba de las tarifas finales a lo largo de 2022.

Según aclaró Cerruti, tanto en 2022 como en 2023 "no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos". Se trata de una propuesta con "esquema de segmentación de subsidio que enfoca el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago".

¿Estos topes rigen para todo el país? Si bien resta conocer el detalle, Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, estima que en las tarifas de gas sí, porque se trata de un servicio de jurisdicción nacional. En electricidad, en cambio, cada provincia tiene el control de decidir los aumentos finales excepto por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los hogares son servidos por Edenor y Edesur, reguladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

De acuerdo con Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, el aumento promedio ponderado se ubicaría en torno al 55%, por encima de lo previsto inicialmente el Gobierno. "Está alineado con lo que esperamos de inflación y los subsidios se mantendrían estables como porcentaje del PBI, pero en la medida que tengamos que importar más energía, y con precios en dólares creciendo, es posible que los costos suban un poco más", apuntó. Por este motivo, el economista consideró que esta segmentación "alcanza para acercarse un poco más a los costos", pero que la situación excepcional de la guerre en Ucrania podría derivar la necesidad de aumentar un poco los subsidios al sector, que en 2021 representaron casi US$11.000 millones (2,4% PBI, que Martín Guzmán pretende bajar a 1,7%).

Un punto a considerar, es que el CVS es un promedio del aumento que tuvo durante todo el año la masa de trabajadores, incluidos registrados (del sector público y privado) e informales. Pero si se observa el informe en detalle, se advierte que los trabajadores formales tuvieron una mejora superior al promedio, de 56,5% y por lo tanto el aumento de las tarifas será menos representativo en sus bolsillos. Por el contrario, a los trabajadores y trabajadoras informales su salario les mejoró apenas 40,6%, 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Cerruti también adelantó que se contempla un mecanismo para que los usuarios que no consideren justo el aumento percibido por no poder hacerle frente, podrán reclamar que se los excluya. Respecto de la tarifa social, desde 2019 que es responsabilidad de cada provincia otorgarla y financiarla, por lo que dependerá de la voluntad de los gobernadores ampliar o no el segmento que recibirá un reajuste no superior al 21,4%. Para avanzar con la segmentación, el Gobierno convocará a una audiencia pública convocada a fines de abril de 2022.

El debate Interno

Gimena Fuertes, periodista en Tiempo Argentino, escribe en la edición de hoy:

Alberto Fernández pone a prueba su capacidad de conducción hacia adentro de la coalición oficialista con la presentación en sociedad del acuerdo con el FMI. Mientras los y las diputadas de La Cámpora todavía no tienen decidido si se abstendrán o se ausentarán para dar cuenta de su posición crítica, el Grupo Callao, -albertismo puro- emitió un documento en el que sostiene por qué ahora sí el gobierno va a poder avanzar en un camino de “reconstrucción”.


Este jueves por la mañana, cuando se dio a conocer el acuerdo, La Cámpora posteó un tuit en el que Néstor Kirchner fustigaba duro al FMI, sus políticas impuestas a distintos países y los resultados problemáticos que dejó en todos lados. En paralelo, el Grupo Callao, que integran el canciller, Santiago Cafiero, la vicecanciller, Cecilia Todesca, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, entre otros dirigentes y dirigentas, emitió un documento para explicar cuál es la propuesta del Ejecutivo en función de lo que enmarcará la economía argentina de ahora en más.

La preocupación del Callao está puesta en el nivel de virulencia que tomó la discusión con la oposición. Si bien dan cuenta de que en términos comunicacionales la dirigencia opositora tomó la iniciativa, llaman “no perder el foco” de la discusión sobre las políticas productivas.

Destacan que el acuerdo traerá “alivio financiero que permitirá continuar con reactivación, que no contiene las clásicas reformas neoliberales que reducen derechos a trabajadores y jubilados y se reducirá el déficit fiscal sin ajuste”. Según contaron altos funcionarios a Tiempo, apuestan a poder pagar a partir de la recaudación que se genere por el crecimiento de la economía y el mayor control fiscal desde la AFIP.

Además, convocan a dar la discusión ante la sociedad sobre quién y cómo tomó la deuda, iniciativa que, según el kirchnerismo, faltó hasta el momento. En ese contexto, desde el gobierno apelan a mantener la unidad del Frente de Todos.

Por lo pronto proponen levantar el nivel de la discusión política y poner en el centro cómo superar la restricción externa (los dólares que necesita la industria argentina para comprar insumos importados para producir) y la inflación, que erosiona los salarios de los y las trabajadoras formales, pero más de los informales. Es un problema crítico que no fue tomado por la oposición, cuyas bancas lucieron la bandera de Ucrania este 1 de marzo.

Siempre estamos discutiendo lo que la derecha quiere. Eso no tiene que ver con un gobierno peronista. Gane quien gane en 2023, para llegar competitivos es esta agenda que hay que discutir y no otra”, sostuvo uno de los principales referentes del Callao.

Insisten en que “los objetivos fiscales son cumplibles, sin ajuste, sin reducir el gasto público en términos reales”. Pero admiten que “construir superávit fiscal lleva tiempo”, a la vez que admitieron que “los bancos, los mercados de capitales y los agro-exportadores están en contra de la política del gobierno”. Y que por ahora no se va a impulsar un impuesto adicional a esos sectores, que tenga el objetivo de recaudar entre los que más tienen. Sostienen que la política tributaria es potestad del Congreso. Desde La Cámpora también aclaran que no impulsarán ningún impuesto nuevo a los capitales financieros.

Para cerrar el capítulo del endeudamiento irresponsable y consolidar esta etapa de desarrollo e inclusión social, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que anunció nuestro presidente es indispensable. Se trata de un acuerdo que no condiciona las bases sobre las cuales construir nuestro futuro, ni impone reformas que alteran el contrato social que garantiza un Estado presente. Esto no significa que ignoremos las implicancias de tener un acuerdo con el FMI; jamás nuestra fuerza política hubiese propiciado un acuerdo de este tipo. Nos toca, una vez más, solucionar problemas generados por políticas equivocadas que, lamentablemente, ya han producido endeudamiento y pobreza. Son temas que no se resuelven de un plumazo o con una sola acción de gobierno. El acuerdo no es un fin en sí mismo», señaló este sector en un texto que emitieron este jueves.

«El acuerdo alcanzado tiene las características de ser un medio para tener el tiempo necesario para desplegar toda nuestra capacidad productiva-agrega el escrito-, para seguir creciendo y estabilizar la economía, para incluir a todas y todos, con políticas públicas que den cuenta de la heterogeneidad social y laboral que caracteriza a la Argentina” .”

Las Oposiciones

Trabajadores y trabajadoras nucleadas en organizaciones sociales realizan desde la mañana de este jueves 3 una Jornada Nacional de Lucha, con movilizaciones y acampes en diferentes puntos del país en rechazo al acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI. En la Ciudad de Buenos Aires concentran desde las 10 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego movilizar hasta las oficinas del Banco Mundial, ubicadas en Bouchard 547, donde luego instalarán un acampe. «Ahora al ajuste le llaman sendero, y nos hablan de todo tipo de senderos. Menos de uno que se refiera a la recuperación de los 25 puntos porcentuales reales perdidos por los salarios en los últimos años. Sumado a que se espera una seguidilla de aumentos en las de tarifas de luz, gas y transportes que trascenderá en mucho a los sectores pudientes, en tanto el recorte de subsidios que exige el FMI es gigantesco. El gobierno, de esta forma, está legitimando una estafa que empobrecerá a generaciones, y admite cogobernar de hecho con el FMI durante más de una década», sostienen.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD Aníbal Verón, el Movimiento de Resistencia Popular (MRP), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) La Libertaria y el MTR Por la Democracia Directa anunciaron que este jueves 3 de marzo desde las 10 realizarán movilizaciones y acampes en todo el país en rechazo al acuerdo con el FMI en el marco de una Jornada Nacional de Lucha.


En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires concentran desde las 10 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar hasta las oficinas del Banco Mundial, ubicadas en Bouchard 547, donde iniciarán un acampe.

En un comunicado conjunto expresaron los motivos de la jornada nacional de lucha: «los trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales nos movilizamos en rechazo al acuerdo con el FMI, rechazando el ajuste, que por más que se nos diga que no habrá, sabemos que ya es un hecho. Por ejemplo, los jubilados y jubiladas ya fueron ajustados, producto de que desengancharon su fórmula de actualización del índice de inflación. Hoy cobran cerca de $30.000 cuando la canasta básica total para no ser pobres, ya se encuentra en los $78.600. El Salario Mínimo Vital y Móvil (hoy en $32.000) también ronda el 40% de la línea de pobreza. El SMVM determina el ingreso de millones de trabajadores y trabajadoras precarizadas no formalizadas. Los y las trabajadoras de la economía popular tenemos un ingreso base que se fija en el 50% del SMVM, es decir apenas un 20% de la canasta básica total que define la línea de pobreza«, remarcan.

En cuanto al contenido del acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI sostienen: «ahora al ajuste le llaman sendero, y nos hablan de todo tipo de senderos. Menos de uno que se refiera a la recuperación de los 25 puntos porcentuales reales perdidos por los salarios en los últimos años. Sumado a que se espera una seguidilla de aumentos en las de tarifas de luz, gas y transportes que trascenderá en mucho a los sectores pudientes, en tanto el recorte de subsidios que exige el FMI es gigantesco. Todo esto solo augura seguir castigando al pueblo empobrecido con más y más inflación, que en lugar de reducirla parecen estarla alimentando».

Asimismo, agregan: «a su vez, cada tres meses el FMI nos mantendrá con la soga al cuello a su arbitrio, con lo cual los capítulos de ajuste que nos explican no están previstos, perfectamente nos los podrán imponer en lo sucesivo. El gobierno, de esta forma, está legitimando una estafa que empobrecerá a generaciones, y admite cogobernar de hecho con el FMI durante más de una década«.

También apuntan contra el rol del Banco Mundial en el marco de este acuerdo: «esta pérdida de soberanía se completa con una concesión totalmente gratuita al Banco Mundial, en tanto le aceptan que nuevamente interfiera en las políticas sociales de nuestro país, cosa que no ocurría desde hace años. Las organizaciones sociales no estamos dispuestas a admitirlo«, remarcan, y agregan: «históricamente el BM se ha especializado en promover políticas sociales estrictamente focalizadas hacia los casos más agudos de necesidad y siempre ha sido contrario a las políticas universales. En el mundo entero se expulsan fuera del mercado formal de trabajo a contingentes enteros de la clase trabajadora, tendencia que solo se incrementa con el paso del tiempo, producto de la utilización pro lucro de la innovación tecnológica. Cuando en el mundo se discute la universalización de las respuestas a esta verdadera pandemia laboral que vino para quedarse, el BM atrasa décadas con sus políticas focalizadas, que son la contracara de las políticas neoliberales que tanto ellos como el FMI defienden y nos imponen«.

En la misma línea, plantean: «mientras el 40% del país somos pobres, mientras la inflación supera el 50%, mientras la canasta básica total supera los $78.600, nosotros y nosotras decimos que no se debe pagar ni un solo peso a esta deuda fraudulenta, contraída por el gobierno de Mauricio Macri, y que solo sirvió para enriquecer a empresarios y bancos mediante el mecanismo de la fuga. ¡No se puede pagar una estafa a costa de millones de personas! ¡La deuda es con el pueblo y no con el FMI!».

«Es responsabilidad del Estado y del Gobierno Nacional no patear para adelante el problema de esta deuda odiosa, que siempre va a ser impagable, y volcar decididamente esos cuantiosos recursos para el desarrollo real y en escala de la obra pública, y para instrumentar políticas serias de generación de empleo formal con todos los derechos (y no demagogia electoralera sin recursos, como la que vienen haciendo) – amplían – Deben invertir en garantizar derechos básicos como la salud, la educación, jubilaciones dignas, y el cuidado ambiental y de los recursos naturales, que también hacen a nuestra vida y supervivencia. Creemos que quienes debemos ser partícipes de la configuración de las políticas sociales somos las organizaciones sociales de este país, y no el BM ni el FMI«.

Además, destacan: «llevamos décadas enfrentando las secuelas de la creciente pobreza allá donde nadie llega, en los barrios populares más postergados de todo el territorio nacional. Somos los y las que creamos y sostenemos espacios productivos y de servicios para millares de trabajadores y trabajadores que no se resignan a vivir de un plan social, quienes construimos viviendas populares y refaccionamos hogares humildes, quienes realizamos obras de infraestructura en los barrios más pobres, quienes garantizamos un plato de comida para miles de familias, quienes sostenemos espacios sociales, comunitarios, deportivos, de salud, de niñeces, y somos quienes acompañamos diariamente a miles de mujeres y disidencias en situaciones de violencia machista y patriarcal».

Por todo lo señalado, y considerando que tienen «derecho a un trabajo digno, con salarios dignos y una vida digna», exigen «un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que recupere lo perdido frente a la inflación durante seis años» y el «aumento salarial para todos los trabajadores y trabajadoras cooperativistas» porque «con $16.000 nadie puede vivir«. También exigen que «el plus socio-comunitario no quede desactualizado frente a la inflación«, por lo que reclaman «su movilidad al 50% del Potenciar Trabajo (PT)», y reclaman «un bono especial de $10.000 para hacer frente al costo de la canasta escolar«, que «el Estado promueva decididamente, y en escala, el compre social para las producciones de los movimientos sociales en todos los rubros» y, finalmente, «políticas públicas para el acceso a la tierra, para construir polos productivos, para trabajar la tierra, y para construir viviendas«. (ANRED)

La investigación Judicial

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso una batería de medidas de prueba tendientes a identificar a los principales operadores del mercado de divisas al momento de la acreditación del empréstito adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.

La magistrada lo dispuso en el marco de la causa en la que se investiga si el expresidente Macri y otros funcionarios de su gobierno incurrieron en un fraude en contra de las arcas del Estado cuando promovieron el endeudamiento del país con el FMI.


Entre las principales medidas, la jueza le solicitó al Banco Central (BCRA) que identifique a las empresas que realizaron las mayores transferencias netas de divisas al exterior en el período investigado, como así también a las personas físicas que efectuaron operaciones por 40,5 millones de dólares o superiores.

Desde el juzgado se le pidió al BCRA un "amplio informe vinculado al documento del Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019", explicaron a la agencia nacional de noticias Télam fuentes judiciales que indicaron que se trata de medidas tendientes a identificar a los principales operadores del mercado para poder establecer quienes se beneficiaron con el endeudamiento.

Entre las medidas ordenadas, la jueza le reclamó al BCRA que identifique a los 100 agentes que realizaron compras netas por más de 24.679 millones de dólares entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 y a los 10 compradores de más de 7.945 millones de dólares en el mismo período.

A instancias del fiscal Franco Picardi, también se le reiteró la orden al BCRA de que elabore un informe en el que se detalle monto, evolución y composición de las reservas internacionales existentes en esa entidad entre diciembre de 2015 y 2019 y que indique cómo fue la variación/evolución operada de las reservas internacionales con posterioridad a la acreditación del empréstito.

Por otra parte, se le reiteró un pedido a la Caja de Valores S.A. para que informe quienes suscribieron títulos de deuda Lebacs entre 2015 y 2019 y quienes desarmaron esas posiciones en pesos entre enero de 2018 y diciembre de 2019, otra medida que apunta reconstruir los movimientos en los mercados bursátiles y de divisas a partir del préstamo que el FMI le dio a la Argentina durante el gobierno de Macri.

La denuncia que dio origen a esta investigación había sido presentada por el titular de la OA, Félix Crous, ante el juzgado federal número 5 y sostenía que a través de la violación de una serie de normas el Gobierno de Macri había contraído una millonaria deuda con el FMI cuyo monto, además, era idéntico al de la cifra en dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.

Entre los imputados se encuentran el expresidente Macri, sus exministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.

De la denuncia surgía que de la conducta imputada a los acusados se desplegó en el contexto de una política económica, monetaria y financiera que permitió "generar ganancias extraordinarias mediante la colocación de letras en moneda nacional, de corto vencimiento, que pagaban una elevadísima tasa de interés".

En la presentación de la querella criminal se resaltó que ya a principios de 2018, y como consecuencia del sobreendeudamiento -el mayor en los mercados internacionales desde 2016-, Argentina "perdió el financiamiento internacional privado en dólares, a la par que los inversores especulativos desarmaron sus posiciones en letras en pesos y dolarizaron sus tenencias para asegurar sus ganancias ante la debacle, mediante la formación de activos externos". (Infonews)

Las Claves del Acuerdo

El acuerdo alcanzado por el Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene como principales ejes la búsqueda de un crecimiento sostenible e inclusivo en el tiempo, la lucha contra la inflación, el logro de una estabilidad cambiaria, la reducción del financiamiento monetario, políticas de precios e ingresos, la reducción del déficit fiscal, los subsidios que se destinan a las tarifas del sector energético y la potenciación de las exportaciones, la inversión y la productividad.

Desde el Palacio de Hacienda subrayaron que el entendimiento reconoce la importancia de
"impulsar políticas de crecimiento y resiliencia" para abordar los "cuellos de botella de largo plazo" y sentar las bases de un "crecimiento más sostenible e inclusivo" en el tiempo.

Estas políticas tratarán de "potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales", se planteó.

Inflación y tipo de cambio

También se coincidió en que la inflación es un "fenómeno multicausal" que debe ser abordado desde un "enfoque integral" y que la condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un "proceso de acumulación de reservas".

Por ello, el programa refuerza el compromiso de "estabilidad cambiaria", descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas.

Al mismo tiempo, se avanzará en una "consolidación fiscal progresiva" que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la "recuperación de la actividad económica" y una "reducción gradual del financiamiento monetario" del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en "tasas de interés reales positivas" para fortalecer la demanda de activos en pesos.

Precios y tarifas

También este proceso será acompañado por "políticas de precios e ingresos" que contribuirán a "anclar expectativas en pos de una desinflación gradual" junto a una continuidad de la "recuperación de los ingresos reales".

Para lograr niveles de tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad "razonables y susceptibles" de ser aplicadas con "criterios de justicia y equidad distributiva", contempla un esquema de "segmentación de subsidios" que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago.

En forma complementaria, se desarrollará un "plan energético de mediano plazo" para incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, reducir las pérdidas en el segmento de distribución, mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso, fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos y asegurar que las tarifas reflejen los costos.

El entendimiento, cerrado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, será elevado en las próximas horas al Congreso e incluirá como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, precisó en un comunicado el Palacio de Hacienda.

Desde el Palacio de Hacienda precisaron que la iniciativa -que lleva como título "Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, ingresará al Parlamento en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras, que todo programa realizado con el organismo multilateral requerirá de una Ley del Parlamento que lo apruebe expresamente. (Telam)

El Argumento de Juntos por el cambio

Ricardo Carpena, periodista que se desempeño como vicepresidente de la Agencia Telam en época del macrismo, hoy escribe en los diarios La Nación a Infobae, escribe :

Mauricio Macri y Gerardo Morales trataron de acercar sus posiciones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ex presidente tiene una postura más cercana al rechazo, mientras que el gobernador de Jujuy quiere apoyar al Gobierno para disipar la zozobra económica. Dicen que fue una charla “amigable” y que coincidieron en que hay que votar el financiamiento y evitar el default. Quedaron en seguir conversando, sobre todo porque todavía no se conoce la letra chica del entendimiento, y acordaron un objetivo: tratar de unificar las posiciones en Juntos por el Cambio para votar el acuerdo en el Congreso.

Para el ex jefe del Estado, la renegociación de la deuda argentina que firmó la Casa Rosada perjudicará al país y se convertirá en una “bomba de tiempo” para el próximo gobierno, en sintonía con el diagnóstico de economistas de la coalición opositora. El mandatario jujeño está alarmado por el fantasma del default y está seguro de que todo lo que se firme con el Fondo deberá ser renegociado.

Fue el tema casi excluyente del encuentro en una conocida hamburguesería de la localidad bonaerense de Martínez, pero no el único: el titular del radicalismo se quejó por el tuit del senador del PRO Ignacio Torres (Chubut) contra el diputado de la UCR Facundo Manes, de quien dijo: “Habla mucho del cerebro pero lo usa poco, no es tiempo de vanidades”. El jefe del radicalismo le exigió al legislador que se rectifique y le advirtió: “La construcción de una Argentina mejor parte de la tolerancia y del diálogo. Los agravios contra Facundo Manes merecen un enérgico rechazo y no representan en absoluto los valores que nos definen en Juntos por el Cambio como un espacio plural”.

Ambos dirigentes de Juntos por el Cambio se sentaron en una de las mesas de la ancha vereda de la avenida del Libertador al 14.000, entremezclados con otros clientes. El ex presidente venía de reunirse en su casa de Acassuso con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, para analizar la situación que atraviesa Ucrania, tras la invasión de Rusia, y el “futuro” del país y la región.

A Macri y Morales los vieron gesticular con intensidad, pero sin levantar la voz. Pese a las diferencias, coinciden en que el gran objetivo de JxC es mantener como sea la unidad. Si no lo logran, saben, se alejarán las chances de que pueda regresar al poder en 2023.

En el encuentro de ayer, Macri y Morales hablaron sobre la posibilidad de facilitarle el quórum al oficialismo para aprobar el memorando de entendimiento en el Congreso, aunque sobrevoló la alternativa de dejar en libertad de acción a los legisladores de Juntos por el Cambio para votar como prefieran. Podría ser un recurso para evitar que las diferencias terminen en una ruptura. Aun así, se juramentaron en intentar llegar a una postura común en JxC a la hora de la votación parlamentaria del memorando.

En la conversación analizaron el escenario que se le presenta al Presidente, que tiene un frente interno complicado: el kirchnerismo se resiste a respaldar un acuerdo con el FMI que incluirá ajuste económico, con recortes de gastos, baja de subsidios y aumentos de tarifas. Por eso la oposición insiste en que Alberto Fernández debería convencer primero a Cristina Kirchner y a La Cámpora de votar la iniciativa que promueve para acordar con el Fondo: si lo hace, tendría el número de legisladores para aprobarla.

Sugestivamente, dos referentes camporistas como Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, de viaje en Europa, no estuvieron el martes pasado en la Asamblea Legislativa para acompañar al primer mandatario en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Y La Cámpora publicó ayer en las redes sociales un video con críticas de Néstor Kirchner al Fondo: “El FMI ha actuado como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino”.

Morales es partidario de “aprobar el financiamiento y nada más, sin sobreactuar ni involucrarse con el ajuste que haga el Gobierno”. Macri coincide en que un default sería demoledor para la Argentina, aunque cree que el acuerdo que firmó el ministro Martín Guzmán condicionará al gobierno que asuma en 2023 y no resolverá ninguno de los problemas estructurales del país.

Aun así, los dos coincidieron ayer en protestar porque la oposición sigue sin tener los detalles del entendimiento. El que se refirió al tema en las últimas horas fue el senador de la UCR Alfredo Cornejo: “Anuncian el acuerdo con el FMI con bombos y platillos, pero aún no presentaron ni el proyecto de ley ni los anexos con el contenido. Ni el kirchnerismo se atrevió a tanto. Del relato pasamos al ‘yo no miento’”, publicó en Twitter.

Las diferencias entre el PRO y sus socios del radicalismo y de la Coalición Cívica se amplifican por otros componentes: además de las críticas del senador Torres contra Manes, todavía subsiste el malestar por la decisión de los legisladores del partido de Macri de haber abandonado la Asamblea Legislativa en protesta por las críticas del Presidente al gobierno de Cambiemos.

Si bien en la dirigencia de JxC se conocía la jugada del PRO, causó indignación en la UCR y en la Coalición Cívica que dirigentes y militantes del partido que conduce Patricia Bullrich hayan atacado luego desde las redes sociales a los diputados y senadores que decidieron quedarse sentados en sus bancas en la Cámara de Diputados, pese a los cuestionamientos presidenciales.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, se refirió al tema en diálogo con Infobae: “No podemos hacer política con chicanas y golpes bajos en Juntos por el Cambio”, dijo, y advirtió que “la unidad es importante, pero no puede ser a cualquier precio”. (Infobae)

Algunas reflexiones

Es claro que ningún acuerdo dejará conformes a todos. Es claro que no solo queda expuesto el interés de cada sector en sus propios relatos y argumentos sino que hay limitaciones fácticas que tienen mas que ver con las condiciones económicas generales afectadas por la pandemia, ahora la guerra y en general por las políticas restrictivas que siempre imponen los organismos multilaterales de crédito y las decisiones que el Fondo de Reserva Federal de los EEUU (FED) define como política Nacional respecto al dólar y los intereses y sus efectos sobre las economías dolarizadas total o parcialmente y limitadas en sus soberanías por las deudas en esa moneda.

Para el Macrismo, como sitúa el problema en el déficit fiscal del Estado, toda deuda (ademas fortuitamente dolarizada), es deuda externa y ese es el falso argumento que utilizan a la hora de presentar datos a la sociedad tratando de excusar su gestión, por lo recibido de la gestión de Cristina Kirchner, y con el que acusaron a Alberto Fernandez de falsear la verdad y mentir. La realidad es que al dejar Cristina la Casa Rosada, la deuda genuina en dólares no superaba el 33% del PBI mientras que durante su gestión, llevo ese porcentaje por encima del 80% del PBI, creciendo un 76%. respecto de la recibida, El stock de deuda pública nacional cuando se fue Macri había llegado a u$s323.177 millones, de los cuales el 60% se concentraba en títulos públicos, un 25% en préstamos y 10% en instrumentos de corto plazo.

Ademas esta el asunto del “para que”. La mayor parte de esa deuda se fue por la canaleta de la fuga de capitales y la bicicleta financiera. Es decir no se tradujo en obras o en beneficios para el pueblo argentino.

En los discursos, algunos conceptos comienzan a desmoronarse.

Unidad y diálogo

Toda asunto tiene como fondo y trasfondo, la cuestión de como es pensado. ¿Que elementos, decisiones o intereses ocupan lugares mas importantes que otros? ¿como se ordenan esos elementos e intereses? ¿Con que conceptos se articulan en un relato que lo haga confiable y posible como explicación o propuesta de solución?

Es recurrente las apelaciones a conceptos como el de la unidad y el diálogo, pero ¿A que unidad y diálogo se refieren expresamente cada interlocutor o cada sector que lo pronuncia?

Para el macrismo, obviamente, diálogo es “hagan caso a lo que nosotros decimos”, es decir no ofrecen una posición y en la aceptación de la del otro, buscan que elementos pueden ser usados para acercarse y formular una alternativa posible que medie esos intereses y coloque la unidad en ese equilibrio.

En sus debates internos, sin embargo, hay dos aspectos que atraviesan sus diferencias internas: Por un lado las posiciones políticas, por el otro las responsabilidades de gestión en lo que respecta a quienes tienen responsabilidades de gobiernos territoriales y por ultimo las aspiraciones individuales de las figuras para posicionarse como posibles candidatos a algo.

En lo que refiere al primer asunto, son claras las posiciones diferentes de las llamadas alas políticas, ya sea las que responden al Radicalismo o aquellas constituidas por la llamada ala política del macrismo integrada por dos grupos principales: las huestes de Carrió y los caídos del peronismo residual menemista que no encontraron espacios en el Peronismo y el Frente de todos.

En ese segundo aspecto, el radicalismo es el que tiene mayor presencia, pero no deja de ser interesante observar las gobernaciones de Mendoza, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus posturas diferentes y las intendencias que les responden en la provincia de Buenos Aires.

Por último y relativizadas en este tramo del tiempo político por ser 2022 un año dónde no se define nada en este plano de las postulaciones personales, pero que sin embargo, siendo precisamente el Macrismo, la referencia de las posiciones individuales que se privilegian en cualquier ámbito y define en mucho como se piensa, no deja de ser un elemento disruptivo a la hora de precisar y actuar en forma unida. La realidad es mas clara que las declamaciones la respecto. Las divisiones quedaron ostensiblemente expuestas entre quienes abandonaron el recinto frente a las palabras del presidente en la sesión inaugural del período parlamentario y quienes, por diversas “razones”, permanecieron en sus bancas.

En el FPV, especialmente en el asunto de la deuda, el eje es otro en tanto el diálogo interno existe … el asunto es que la decisión final la tienen Alberto Fernandez y el ministro de economía Martín Guzman, por lo tanto, como en todo dialogo en ámbitos de decisión, hay un espacio reservado al poder, que no siempre entiende y atiende las cuestiones por las que se está debatiendo, sino mas bien la necesidad de afianzar y consolidar esos espacios de poder. En el FPV esos espacios están hoy atravezados por el “kirchnerismo” y los sectores que intentan separarse del “kirchnerismo”, que muchas veces, mas que por sus convicciones “moderadas” o de “socialismo europeo” o “peronismo puro” (como slogans discursivos que intentan definir esas lineas internas fuera del Kirchnerismo), repiten el error de la política desde el advenimiento de la democracia pos-dictadura y la irrupción del neoliberalismo, que es el de definirse en los “anti” antes que definir la propia identidad, el propio pensamiento, el posicionamiento político mas razonado y definido por una mirada común respecto de la realidad y de sus problemas y de como Argentina se inserta en este mundo y ese pensamiento en esas ideas de Argentina y el mundo.

Todo esto forma un combo que termina dibujando una realidad “mediocre” y “degradante” en lo que respecta al debate político y discusiones mas serias sobre el rol y posicionamiento del país en el contexto mundial actual y de las posturas diferentes respecto de las políticas al interior de las fronteras y de cara a nuestro pueblo, nuestra gente, nuestras comunidades, poblados y ciudades en todo el territorio Nacional y en aquellos que nos han sido arrebatados como el de Nuestras Islas Malvinas. Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack


Imagenes: Milo Lockett es un artista plástico argentino contemporáneo, oriundo de la provincia norteña de Chaco, y que desde hace unos años ha conseguido fascinar a los amantes del arte propio y ajeno con sus singulares creaciones artísticas.

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