Trazos de realidad ...
En el mundo: 131.487.572 casos confirmados y 2.857.702 muertes. Ayer se confirmaron 434.047 casos nuevos y se administraron 604.032.357 vacunas (OMS).
En Argentina: 2.428.029 casos confirmados y 56.634 muertes. Ayer se confirmaron 20.870 casos nuevos y 163 fallecimientos. Ya hay 4.515.834 vacunas aplicadas (Ministerio de Salud de la Nación y Monitor Público de Vacunación).
La segunda ola es un hecho y hay un aumento sostenido de los casos, dijo la ministra Vizzotti. En una semana se duplicaron los municipios en rojo por aumento de casos. Ministros de Educación de todas las provincias acordaron sostener las clases presenciales. El gobierno dispondrá nuevas restricciones. Juntos por el Cambio rechaza la aplicación de restricciones frente a la segunda ola.
Liberaron el tránsito en el puente interprovincial que une Chaco y Corrientes, tras un año de restricciones. Restringen la circulación nocturna en Mendoza. Santiago del Estero mantiene la restricción de circulación entre las 2 y las 7 de la mañana.
EEUU al borde de la cuarta ola tras el relajamiento en las restricciones. Biden adelantó al 19 de abril la fecha para que los estados norteamericanos expandan la vacunación a todos los adultos. La vacuna de Sinovac utilizada en Chile tiene una efectividad del 54% y habría frenado alrededor de un 10% del incremento de casos nuevos diarios, según un estudio de la Universidad de Chile. República Dominicana recibió las primeras dosis de la iniciativa COVAX.
Brasil superó su récord de muertes diarias: llegó a las 4.195. El país reanudará la ayuda a las personas en situaciones vulnerables. Bogotá tendrá tres días de cuarentena total desde el sábado al lunes próximos. Austria extiende las medidas de confinamiento. Hungría levanta restricciones a partir de hoy. Portugal registra su mayor número de contagios diarios del último mes. Toronto, Canadá, cancela las clases presenciales hasta el 18 de abril, ante el aumento de contagios. Teherán volvió al confinamiento ante “la cuarta ola”.
El CDC dijo que el riesgo de infección por contaminación de superficies es de 1 en 10.000.
Ganancias para empresas
El gobierno anunció ayer que bajará el impuesto a las Ganancias para el 90% de las empresas. La decisión se tomó en una reunión del gabinete económico que contó con la presencia de Martín Guzmán y Sergio Massa.
El gobierno había enviado un proyecto para reformar este impuesto, estableciendo que las empresas debían pagar entre el 25 y el 35 de alícuota. Sin embargo, ayer se comunicó la decisión de modificar el alcance para pequeñas y medianas empresas. De esta forma, 9 de cada 10 empresas pagará el 25%.
PASO 2021
El ministro del Interior, Wado de Pedro, se reunirá hoy con legisladores nacionales de todas las bancadas en el Congreso para buscar consensos sobre el calendario electoral. El gobierno plantea posponer las elecciones primarias para septiembre y las generales en noviembre.
Ayer, Juntos por el Cambio dijo que no recibió ninguna propuesta formal del gobierno y que “de haberla, tiene que significar una mejora estructural y no solo para esta elección”.
El Congreso de Chile aprobó ayer la suspensión de las elecciones constituyentes para el 15 y 16 de mayo.
Multimillonarios
Salió la lista de Forbes y hay algunos datos interesantes. A pesar de la pandemia, la fortuna de las personas más ricas del mundo aumentó unos 5 billones de dólares entre todos los integrantes de la lista. Además, se incrementó la cantidad de nuevos multimillonarios.
Este año hay cuatro personas que acumulan más de cien mil millones de dólares (el año pasado solo Jeff Bezos, dueño de Amazon, pasó esa suma). El millonario más joven del mundo tiene 18 años, se llama Kevin David Lehmann y tuvo el mérito de haber heredado 3.300 millones de dólares.
Hay cinco argentinos en la lista: Marcos Galperín, Paolo y Mario Rocca, Gregorio Pérez Companc, Alberto Roemmers y Eduardo Eurnekian.
Crecimiento 2021
El FMI mejoró la previsión de crecimiento mundial para el 2021 al 6% (5 décimas más que en enero) y de 4,4% en 2022. Advirtió que el crecimiento tendrá dos velocidades: los países emergentes lo harán más lento. La recuperación está atada a la disponibilidad de las vacunas.
Para América Latina, el crecimiento de 2021 se estima en 4,6%, medio punto más del pronóstico de enero. Estiman un aumento de exportaciones tras el repunte de la manufactura mundial.
Para Argentina también mejoró la previsión: se estima en 5,8% para 2021, casi un punto porcentual por encima del pronóstico de octubre pasado.
Gita Gopinath es Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI), con licencia laboral del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. En Harvard, es profesora de la cátedra John Zwaanstra de Estudios Internacionales y Economía.
En el ámbito de la investigación, Gopinath se ha centrado en las finanzas internacionales y la macroeconomía, y sus estudios se han publicado en prestigiosas revistas especializadas. Es autora de numerosos artículos de investigación sobre tipos de cambio, comercio e inversión, crisis financieras internacionales, política monetaria, deuda y crisis en los mercados emergentes.
Actualmente, es codirectora de la publicación Handbook of International Economics y fue codirectora de American Economic Review y directora editorial de Review of Economic Studies. Previamente, también se desempeñó como codirectora del programa de Finanzas Internacionales y Macroeconomía de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), profesora visitante en el Banco de la Reserva Federal de Boston y miembro del panel de asesoramiento económico del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Entre 2016-18, ocupó el cargo de Asesora Económica del Ministro Jefe de Kerala. Asimismo, se desempeñó como miembro del Grupo Asesor de Personas Eminentes sobre asuntos del G-20 para el Ministerio de Finanzas de la Unión.
Gopinath fue elegida miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, y de la Sociedad de Econometría, y ha recibido el premio “Distinguished Alumnus Award” de la Universidad de Washington. En 2014, fue nombrada uno de los 25 economistas menores de 45 años más destacados por el FMI y en 2011 fue designada “Joven Líder Mundial” por el Foro Económico Mundial. Antes de incorporarse a la Universidad de Harvard en 2005, fue profesora adjunta de Economía en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago.
Gopinath nació en India en 1971. Es ciudadana estadounidense y ciudadana india en el extranjero (OCI, por sus siglas en inglés). Recibió su doctorado en Economía de la Universidad de Princeton en 2001 tras obtener una licenciatura de la Universidad de Delhi y maestrías de la Facultad de Economía de Delhi y de la Universidad de Washington.
Escribe en “Dialogo a Fondo” blog del FMI
Manejar recuperaciones divergentes
Transcurrido un año de la pandemia de COVID-19, la comunidad mundial aún se enfrenta a tensiones socioeconómicas extremas mientras crecen las pérdidas humanas y millones siguen desempleados. Aun así, incluso a pesar de la gran incertidumbre en torno al curso de la pandemia, la salida de esta crisis sanitaria y económica se ve cada vez más cerca. Gracias al ingenio de la comunidad científica se están administrando vacunas a millones de personas, lo cual se prevé que estimulará la recuperación en muchos países más adelante en el año. Las economías también siguen adaptándose a nuevas modalidades de trabajo a pesar de la movilidad restringida, y ello ha permitido en todas las regiones una reactivación más vigorosa de lo previsto. El respaldo fiscal adicional proporcionado en las grandes economías, en especial Estados Unidos, contribuyó a mejorar aún más las perspectivas.
En este momento, prevemos una recuperación más fuerte de la economía mundial en comparación con nuestro pronóstico de enero: el crecimiento está proyectado en 6% en 2021 (un aumento de 0,5 punto porcentual) y 4,4% en 2022 (un aumento de 0,2 punto porcentual), que sigue a una contracción histórica estimada en –3,3% en 2020. Sin embargo, la recuperación será despareja y requerirá esfuerzos multilaterales para salvaguardar los avances logrados antes de la pandemia en la reducción de la desigualdad y el alivio de la pobreza.
Los pronósticos indican un mayor crecimiento mundial en 2021 y 2022 principalmente debido a revisiones al alza para las economías avanzadas, especialmente una revisión significativa en el caso de Estados Unidos (1,3 puntos porcentuales), donde se prevé que el crecimiento sea de 6,4% este año. Esto significa que Estados Unidos sería la única de las grandes economías donde se proyecta que el PIB supere el nivel pronosticado para 2022 de no haber ocurrido la pandemia. Otras economías avanzadas, incluida la zona del euro, también registrarán un repunte este año pero a ritmo más lento. Dentro del grupo de economías de mercados emergentes y en desarrollo, se proyecta que China crecerá 8,4% este año. Aunque la economía de China ya había retomado en 2020 el nivel de PIB previo a la COVID, se prevé que muchos otros países no lo harán hasta 2023.
Enormes desafíos por delante
Sin embargo, el futuro plantea enormes desafíos. La pandemia aún no ha sido derrotada y los casos de infección se están acelerando en muchos países. Se observa también una peligrosa divergencia en la recuperación entre los distintos países y dentro de cada país, dado que la situación es menos favorable en las economías donde la distribución de las vacunas es más lenta, el respaldo de política económica es más limitado y la dependencia del turismo es mayor.
Es probable que esa divergencia en las trayectorias de recuperación ahonde las disparidades en los niveles de vida de los distintos países en comparación con las expectativas previas a la pandemia. Según las proyecciones, en comparación con los pronósticos previos a la pandemia la pérdida anual de PIB per cápita en 2020–24 será, en promedio, de 5,7% en los países de bajo ingreso y 4,7% en los mercados emergentes, en tanto que para las economías avanzadas se prevén pérdidas menores, de 2,3%. Estas pérdidas han borrado los avances en la reducción de la pobreza: se prevé que 95 millones de personas más caigan en la pobreza extrema en 2020 en comparación con las proyecciones anteriores a la pandemia.
También la recuperación es dispar dentro de cada país, ya que los trabajadores jóvenes y los menos calificados siguen viéndose mucho más afectados. Como la crisis ha acelerado las fuerzas transformadoras de la digitalización y la automatización, muchos de los empleos perdidos tienen pocas probabilidades de reaparecer; eso exigirá una reasignación de los trabajadores entre sectores, lo cual a menudo castiga con dureza los ingresos.
En todo el mundo se adoptaron con celeridad políticas que evitaron que el desenlace fuera mucho peor, entre ellas un respaldo fiscal de USD 16.000 billones. Nuestras estimaciones indican que el grave colapso del año pasado podría haber sido tres veces peor sin dichas políticas de respaldo.
Debido a que se evitó una crisis financiera, se prevé que las pérdidas a mediano plazo, de alrededor de 3%, serán menores que después de la crisis financiera internacional de 2008. No obstante, a diferencia de lo que ocurrió después de la crisis de 2008, se prevé que las mayores cicatrices queden en los países de mercados emergentes y de bajo ingreso, dado el limitado margen de que disponen para la aplicación de políticas.
Las perspectivas mundiales están rodeadas de un alto grado de incertidumbre. Un avance más rápido de la vacunación podría mejorar los pronósticos, en tanto que una mayor prolongación de la pandemia con variantes del virus que no puedan prevenirse mediante las vacunas podría provocar una drástica corrección a la baja de los pronósticos. Las recuperaciones a distintas velocidades podrían plantear riesgos financieros si las tasas de interés siguen subiendo en Estados Unidos de formas imprevistas, lo cual podría provocar una corrección desordenada de los activos sobrevalorados, un abrupto endurecimiento de las condiciones financieras y un deterioro de las perspectivas de recuperación, especialmente para algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo muy apalancadas.
Trabajar mancomunadamente para dar a la gente una oportunidad justa
Las autoridades de política económica tendrán que seguir proporcionando respaldo a las economías y al mismo tiempo hacer frente a un margen de maniobra más limitado y niveles de deuda más altos que antes de la pandemia. Para ello se requerirán medidas mejor focalizadas que dejen margen para un respaldo prolongado en caso necesario. En un contexto en que la recuperación avance a distintas velocidades, será necesario un enfoque adaptado a cada situación, con políticas bien calibradas en función de la etapa de la pandemia, el vigor de la recuperación económica y las características estructurales de cada país.
En este momento, el énfasis debe estar puesto en salir de la crisis sanitaria priorizando el gasto en atención de la salud: vacunaciones, tratamiento e infraestructura sanitaria. La política fiscal debe estar correctamente focalizada para respaldar a las empresas y los hogares afectados. La política monetaria debe seguir apoyando un crecimiento más rápido (mientras la inflación esté contenida), gestionando al mismo tiempo los riesgos para la estabilidad financiera de manera proactiva utilizando medidas macroprudenciales.
A medida que se logre derrotar a la pandemia y normalizar las condiciones del mercado laboral, se deberían replegar poco a poco las medidas de respaldo, como las de mantenimiento del empleo. En ese momento se debería poner más énfasis en la reasignación de trabajadores, entre otras formas mediante subsidios a la contratación focalizados y de programas de reconversión profesional y formación para la adquisición de nuevas aptitudes laborales. Conforme se vayan replegando algunas medidas excepcionales como la moratoria de los pagos de la deuda, podrían aumentar los casos de insolvencia de empresas, con lo cual en muchos países uno de cada diez puestos de trabajo estaría en riesgo. A fin de limitar el daño a largo plazo, los países deberían considerar la conversión del respaldo de liquidez previo (préstamos) en respaldo con características de capital para las empresas viables, y elaborar al mismo tiempo marcos de reestructuración extrajudicial para acelerar las eventuales quiebras. También habrá que dedicar recursos para ayudar a los niños a recuperar el tiempo de instrucción que perdieron durante la pandemia.
Una vez superada la crisis sanitaria, las políticas podrán centrarse más en construir economías resilientes, inclusivas y más verdes, tanto para afianzar la recuperación como para incrementar el producto potencial. Como prioridades se deberían realizar inversiones en infraestructura verde para contribuir a mitigar el cambio climático y en infraestructura digital para estimular la capacidad productiva, y reforzar la asistencia social para evitar que siga aumentando la desigualdad.
Financiar estas iniciativas será más difícil para las economías con espacio fiscal limitado. En esos casos será esencial mejorar la capacidad tributaria, aumentar la progresividad de los impuestos (sobre la renta, los bienes inmuebles y las herencias), establecer un sistema de tarificación del carbono y eliminar los gastos innecesarios. Todos los países deben anclar sus políticas en marcos a mediano plazo creíbles y observar las normas más estrictas de transparencia de la deuda que ayuden a contener los costos de endeudamiento y en su momento a reducir la deuda para constituir reservas para el futuro.
En el ámbito internacional, primordialmente los países tienen que colaborar para lograr la vacunación universal. Mientras que en algunos países se logrará una vacunación generalizada para el tercer trimestre de este año, la mayoría, y especialmente los países de bajo ingreso, deberán esperar hasta finales de 2022 para lograrlo. Para acelerar las vacunaciones se requiere aumentar la producción y distribución de vacunas, evitar los controles a las exportaciones, financiar plenamente la iniciativa COVAX, de la que dependen muchos países de bajo ingreso para obtener dosis, y asegurar transferencias mundiales equitativas del excedente de dosis.
Las autoridades también deberían continuar garantizando un acceso adecuado a la liquidez internacional. Los grandes bancos centrales deberían brindar pautas claras sobre las medidas futuras, con la antelación suficiente para evitar turbulencias como las que causó el repliegue del estímulo monetario en 2013. Los países de bajo ingreso se beneficiarían si se prolongara más la pausa en el reembolso de la deuda en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda y la implementación del Marco Común del G-20 para una reestructuración ordenada de la deuda. Una nueva asignación de derechos especiales de giro del FMI proporcionará la liquidez que se necesita como protección en tiempos de gran incertidumbre.
Aunque todas las miradas están centradas en la pandemia, es esencial avanzar en la resolución de las tensiones comerciales y tecnológicas. Los países también deberían cooperar en la mitigación del cambio climático, la modernización de la tributación internacional de las sociedades, y las medidas para limitar el traslado transfronterizo de utilidades y la elusión y evasión de impuestos.
Durante el último año hubo innovaciones significativas en materia de política económica y una gigantesca expansión del apoyo a nivel nacional, sobre todo en las economías avanzadas que han podido permitírselo. Ahora se necesita un esfuerzo igualmente ambicioso a nivel multilateral para dejar asegurada la recuperación y construir bases más sólidas para el futuro. Sin esfuerzos adicionales para que todo el mundo tenga una oportunidad justa, la disparidad entre los niveles de vida de los países podría agudizarse significativamente, y podrían revertirse los avances en la reducción mundial de la pobreza que llevó décadas lograr.
En
el día de ater se publicó en el Boletín Oficial la
Disposición
58/2021 que
viene a establecer una prórroga al plazo original de ratificación
para la adhesión a la Ley de la Economía del Conocimiento (LEC) de
las empresas que provienen de Ley de Promoción del software
(LPS).
Los
beneficiarios del Régimen
de Promoción de la Industria del Software de la Ley N° 25.922
tienen que ratificar su adhesión a la Ley
de La Economia del Conocimiento,
siempre y cuando hayan sido notificados por la Dirección Nacional de
encontrarse en curso normal de sus obligaciones
promocionales.
Existen diferentes plazos para
acreditar la ratificación, a saber:
Empresas que han sido notificadas con una providencia más un informe técnico que indique que se encuentra en normal cumplimiento antes del 18/02/2021
Empresas que han sido notificadas con una providencia más un informe técnico que indique que se encuentra en normal cumplimiento después del 18/02/2021
Empresas que han sido notificadas con una providencia más un informe técnico que indique que NO se encuentra en normal cumplimiento, pero que se ha presentado posteriormente una nota allanando al ajuste propuesto.
Empresas que al día de la fecha aún no han sido notificadas con una providencia más un informe técnico que indique que se encuentran o no en normal cumplimiento
La
Disposición
11/2021
(BO del 18/02/2021) en su ART 19, disponía un plazo máximo de
treinta (30) días desde la entrada en vigencia de dicha Disposición,
por lo que el vencimiento para la ratificación y el envío de la
información operaba técnicamente hoy 06/04/2021.
Hoy,
06/04/2021 se ha publicado en el BO la disposición 58/21 (SEC), que
dispone una prórroga de 30 días hábiles administrativos al plazo
establecido en el Art. 19 de la Disp. 11/21. Es decir, el nuevo plazo
operará de la siguiente manera:
Caso 1 |
Caso 2 |
Caso 3 |
Caso 4 |
VTO 18/05/2021 |
30 días hábiles desde la fecha de notificación |
30 días hábiles desde la fecha de presentación de la nota x TAD |
30 días hábiles desde la fecha de recepción de la providencia |
En países en desarrollo, las suscripciones a teléfonos celulares cayeron por primera vez en la historia de 103 por cada 100 habitantes en 2019, a 99 por 100 habitantes en 2020 (ITU 2020). Sin embargo, a pesar de que el 84% de las personas tiene un teléfono móvil, tan sólo el 69% tiene internet. A partir de este punto, el acceso a tecnologías digitales comienza a ser profundamente desigual.
El subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva, analiza cómo la participación electoral está cambiando durante la pandemia de COVID-19.
Si durante el último año has escuchado repetidamente la frase “Estás en mute” durante reuniones virtuales - ya sean de trabajo o sociales - probablemente estás dentro del grupo de personas para quienes la digitalización permite expandir sus opciones de vida. ¿Cuántos personas de América Latina y el Caribe no tienen la misma fortuna?
A pesar de los importantes avances en la cobertura de banda ancha en la región, y el gran porcentaje de personas que poseen teléfono móvil, la mayoría de la población se encuentra lejos de tener las herramientas, conocimientos y oportunidades para hacer uso de la digitalización como motor para mejorar sus condiciones de vida. Es así como la digitalización en la región toma forma de una pirámide invertida que en cada escalón va dejando a millones de personas en América Latina y el Caribe atrás.
Al momento en que el Covid-19 se arraigó en el mundo, el acceso a tecnologías digitales se convirtió, de forma repentina, en uno de los determinantes más importantes del bienestar de las personas. El acceso a internet en los hogares es la principal herramienta con la que las personas han hecho frente a la pandemia, ya que les ha permitido continuar con algunas de sus actividades cotidianas, entre ellas trabajar, estudiar y socializar aun estando en aislamiento.
Sin embargo, la desigualdad digital persiste en América Latina y el Caribe, tanto en el interior de los países como entre ellos. En la región, el acceso a tecnologías básicas ha ganado terreno. Prácticamente la totalidad de las zonas urbanas en América Latina y el Caribe tiene cobertura de banda ancha móvil, y poco más de un 84% de la población tiene ya un teléfono móvil.
El problema es que, si solo tomamos en cuenta estos dos elementos, la posibilidad de continuar con estudios o actividades laborales de manera remota no es del todo factible. Por lo general, un teléfono móvil solo tiene acceso a internet si paga por un servicio de banda ancha móvil y tenerla con acceso amplio cuesta una cantidad importante de dinero. De hecho, la contracción económica ha obligado a muchas personas a suspender su suscripción de telefonía celular.
En países en desarrollo, las suscripciones a teléfonos celulares cayó por primera vez en la historia de 103 por 100 habitantes en 2019, a 99 por 100 habitantes en 2020 (ITU 2020). Sin embargo, a pesar de que el 84% tiene un teléfono móvil, tan sólo el 69% de las personas reporta hacer uso de internet. A partir de este punto el acceso a tecnologías digitales comienza a ser profundamente desigual.
Siguiendo con la posibilidad de realizar tareas remotas, el principal determinante es que tu hogar cuente con acceso a un servicio de banda ancha fija, aquí la heterogeneidad se vuelve cada vez más relevante.
Una gran desigualdad
En países como Chile y Costa Rica se reporta que más del 85% de los hogares tiene internet, pero en países como Bolivia y Guatemala este porcentaje no llega al 25%. Una vez con acceso a la red en casa, la posibilidad de realizar trabajo o estudios de manera remota requiere en su gran mayoría de una computadora. Ahí, el porcentaje de hogares que cuentan con una es todavía menor. La desigualdad entre países va de 65% y 68% en Argentina y Uruguay, a 17% en países como Honduras, El Salvador y 11% en Haití.
Tomando en cuenta el acceso a internet en el hogar y que éste tenga al menos una computadora podemos ver que la marginación digital —laboral y educativa— en tiempos de confinamiento alcanza a cerca del 60% de la población de América Latina.
En el interior de los países, las desigualdades están muy marcadas por la dimensión urbano/rural. Por ejemplo, la adopción de internet muestra niveles muy superiores en áreas urbanas como lo muestra el caso de Brasil donde, al año 2017, el nivel de adopción era de 65% en áreas urbanas y de solo 33,6% en áreas rurales; o el caso de Ecuador que, al año 2017, el nivel de adopción era de 46% en áreas urbanas y de solo 16.6% en áreas rurales (CAF, 2020).
¿Qué se puede hacer virtualmente?
Otro factor relevante es el uso que se le está dando a internet, el cual determina si la persona está siendo capaz de realizar tareas de forma virtual (que antes requerían contacto físico) o en su mayoría solo se utiliza para comunicación básica en redes sociales. Según el “Índice de resiliencia digital del hogar” creado con este objetivo por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) esta “virtualización” aún es limitada.
El índice combina cuatro indicadores: descarga de aplicaciones para la salud, descarga de aplicaciones educativas, densidad de plataformas fintech e intensidad del comercio electrónico para calcular la “resiliencia digital del hogar”. Estos indicadores deben servir como indicador de los países cuya población está más preparada para afrontar la cuarentena sanitaria mediante la digitalización de sus hogares.
En el índice se puede ver la marcada heterogeneidad dentro de la región. El CAF interpreta que, de manera agregada, la posibilidad de los hogares para acceder a información sanitaria, realizar transacciones monetarias, adquirir bienes por comercio electrónico, y contribuir a la educación de niños en países con un índice inferior a 30, es limitada. (Por encima de esa barrera, se encuentran Chile, Brasil, Argentina, Colombia; por debajo, Panamá, México, Perú, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia.
Si bien el punto de partida es garantizar el acceso digital de manera horizontal en la sociedad, para que éste pueda ser aprovechado aún se requiere tanto de una mayor capacitación de la oferta laboral como de una transformación paralela de parte de la demanda.
En América Latina y el Caribe, la proporción promedio de trabajos que se puede realizar desde casa es tan solo del 20%, inferior a la de otras economías de similar ingreso. Esta varía entre el 14% de Honduras y el 27% de Uruguay. Esta proporción es del 41% en los Estados Unidos (G4T Julio 2020).
Un motivo para el optimismo
Un motivo para el optimismo es que la pandemia ha obligado a que las personas con recursos suficientes profundicen sus habilidades y herramientas digitales** y, por otro lado, a que se construya un consenso de que el Estado asuma la tarea de una digitalización incluyente como una de sus más importantes prioridades.
Desde el inicio de los confinamientos ha habido un gran esfuerzo por parte de los sectores tanto público como privado para aliviar los obstáculos presentados por la enseñanza a distancia y el trabajo remoto.
Las compañías de telecomunicaciones han tenido un rol fundamental en expandir el acceso a la conectividad y a los recursos educativos digitales.
A lo largo de la región se han implementado nuevas iniciativas para enfrentar estos retos, mismos que permitieron avances o, por lo menos, el mantenimiento de la conectividad, en especial para poblaciones de ingreso medio-bajo. Esta inercia positiva debe rebasar la coyuntura de los confinamientos y apuntalarse un motor de largo plazo para tirar de la productividad nacional y regional.
La cuarta reunión del Foro se realizó de manera virtual del 15 al 18 de marzo de 2021. En el encuentro, CEPAL lanzó el Documento “Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe", el cual propone estrategias para aproximar la región al logro de los ODS y ofrece estimaciones de cuánto se ha avanzado y cuánto falta para alcanzar las metas. Además de contribuir a la formulación de políticas en consonancia con esos Objetivos y a la combinación de la respuesta a los problemas estructurales con la necesidad urgente de actuar frente a la coyuntura crítica provocada por la pandemia de COVID-19, señala que el desafío pendiente es determinar la secuencia de implementación y evaluar las sinergias entre los ODS para avanzar con mayor eficacia y velocidad hacia lo que la CEPAL ha llamado “una recuperación transformadora”. Durante la reunión, los países de la región subrayaron la urgencia de una vacunación equitativa y una recuperación transformadora para construir un mundo mejor en el marco de la Agenda 2030. Entre las actividades, destacaron varios eventos paralelos organizados por la División de Desarrollo Social de la CEPAL junto a otros socios estratégicos:
- "El rol de protección social sensible a niñez en recuperación sostenible y resiliente", con el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC), UNICEF y Save the Children.
El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y el Seguimiento Regional de la Agenda 2030
La dimensión regional adquiere cada vez mayor relevancia frente a los actuales cambios globales de paradigma y resulta esencial para la implementación de la Agenda. Las Comisiones Regionales han sido identificadas como un espacio importante para avanzar las discusiones a nivel regional para la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 y de los ODS. En este contexto, los países de América Latina y el Caribe , a través de la Resolución 700 (XXXVI) aprobada en mayo del 2016 en el marco del Trigésimo Sexto Periodo de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), crearon el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo regional para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los ODS, sus metas y sus medios de implementación, así como para la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el Financiamiento para el Desarrollo. El Consejo Económico y Social (ECOSOC) respaldó posteriormente el establecimiento del Foro en su resolución E/RES/2016/12 en agosto del 2016.
El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible se convoca anualmente bajo los auspicios de la CEPAL, iniciando en 2017. Este Foro es dirigido por los Estados de América Latina y el Caribe y abierto, a los representantes de la sociedad civil, el sector académico y el sector privado. Involucra también a los órganos subsidiarios de la CEPAL, bancos de desarrollo, otros organismos de las Naciones Unidas y bloques de integración regional. El Foro proporcione oportunidades de aprendizaje entre pares, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes, y busca incentivar la cooperación con organizaciones regionales y subregionales para orientar un proceso regional inclusivo hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.
Cuatro semanas antes de que se celebre cada reunión anual del Foro, la Secretaría de la CEPAL emite un informe de progreso que se considera como un aporte regional al FPAN sobre el Desarrollo Sostenible -auspiciado por el ECOSOC y un informe de avance cuatrienal los años que el FPAN sesione bajo los auspicios de la Asamblea General.
Aprovechar la arquitectura institucional existente en América Latina y el Caribe, incluida la experiencia de la CEPAL y sus órganos subsidiarios, en coordinación con el resto del sistema de las Naciones Unidas y demás espacios regionales y subregionales, en el acuerdos globales y regionales, contribuye a formar una base sólida para un seguimiento y análisis colaborativos de los ODS, fortaleciendo las capacidades de los países e identificando las tendencias regionales y las brechas en la implementación de la Agenda 2030.
Esta institucionalidad marca la pauta del seguimiento de la Agenda 2030 a nivel regional y promueve una relación transparente, coordinada e integrada, con mecanismos de presentación de informes, jerarquía y mandato claros entre los niveles global, regional y nacional. El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible aprovecha los mandatos y plataformas existentes, evitando las duplicaciones y la creación de estructuras adicionales, y, dentro de los límites de los recursos existentes, promueve la coordinación y coherencia en el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo e invita a otros organismos regionales y subregionales relevantes y a instituciones financieras internacionales a participar en sus reuniones, estableciendo así un vínculo claro de la región con el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible a nivel global.
la Conferencia Internacional de Revistas de Acceso Abierto de Diamantes, que tendrá lugar prácticamente del 13 al 15 de abril de 2021.
Entre los oradores destacados se incluyen:
Abel Packer , Director, SciELO
Jean-Gabriel Bankier , Managing Director, Digital Commons, Elsevier
Louise Curtis , vicepresidenta sénior de ciencias biológicas y sociales de Elsevier
Deborah Sweet , vicepresidenta editorial de Cell Press
En los últimos años, el modelo Diamond OA ha abierto espacio para investigaciones emergentes, formatos innovadores y voces diversas. Estimulado por cambios significativos en el panorama global de la investigación y la publicación, este modelo se usa a menudo a nivel universitario, nacional o social y proporciona un punto de entrada convincente a la internacionalización para las revistas que publican en idiomas locales, sobre temas regionales o disciplinas que no son STM. .
La conferencia reúne múltiples perspectivas globales para explorar temas críticos en la publicación Diamond Open Access:
Digital Commons , parte de la suite de soluciones Research Intelligence de Elsevier, es la mejor solución llave en mano de su clase para que las instituciones publiquen, administren y promuevan abiertamente el espectro completo de su trabajo. Creado para el descubrimiento, nuestro software de repositorio digital alojado en la nube incluye una plataforma de publicación de nivel profesional para becas de profesores y estudiantes, revistas y libros de acceso abierto, actas de conferencias, recursos educativos abiertos y más. Casi 600 instituciones, y cada vez más, utilizan Digital Commons para preservar y promover su producción intelectual y su experiencia.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) identificó que en 2020 no se ejecutó el presupuesto nacional destinado a vivienda en la Cuenca Matanza - Riachuelo y que para 2021 el Estado proyectó una reducción de más del 27% en el mismo. Además disminuyeron los montos asignados por el Ministerio de Obras Públicas y lo mismo sucedió con las proyecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se destinan a la zona.
“Desde el 2008 está vigente una sentencia que ordena la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo y el mejoramiento de las condiciones socio-habitacionales que viene siendo incumplida por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, las reducciones presupuestarias para esta actividad se han vuelto una constante”, afirmó Felipe Mesel, abogado del área Derecho a la Ciudad de ACIJ.
Historia
En 2006, la ley 26.168 motivó la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR) en el ámbito de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con competencias en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires que adhirieron mediante las leyes 2217 y 13642, respectivamente. Desde entonces se lleva adelante el Plan Sanitario de Emergencia (PSE), el cual forma parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Ambos se orientan a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona.
En 2008, la sentencia judicial dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo que se conoce como la causa Mendoza ordenó el saneamiento integral y el otorgamiento de soluciones para todas las personas que están en situación de déficit habitacional y ambiental. La demanda que le dio origen había sido iniciada en 2004 contra el Estado Nacional, la Provincia, CABA y 44 empresas instaladas en el área. Reclamaba la recomposición ambiental, la creación de un fondo para financiar las obras y un resarcimiento económico. Posteriormente, la misma se amplió hacia los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Este fallo histórico determinó quiénes serían los responsables de llevar adelante las acciones. “De esto pasaron casi 13 años y hubo muy poco presupuesto destinado a financiar obras y además asistimos a un proceso de decaimiento progresivo del mismo”, explicó Mesel.
La causa Matanza - Riachuelo involucra 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto significa que casi 20 mil personas se ven afectadas por la falta de políticas públicas.
Presupuestos
Los incumplimientos y las reducciones presupuestarias se pueden ver en las distintas carteras y jurisdicciones. En el ámbito del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Hábitat, existe la actividad “Acciones para el Desarrollo Habitacional y de Infraestructura en la Cuenca Matanza - Riachuelo”, incluida en el programa 40 de la Secretaría de Hábitat. El informe de ACIJ identificó que a septiembre de 2020 el 100% del limitado presupuesto que tenía asignado no había sido devengado. A su vez, detectó que hubo una reducción del 27,43% en el presupuesto proyectado para 2021 (equivalente a más de $ 300 millones).
Otro caso se da en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas. Allí se lleva a cabo el programa 44 “Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo” que tiene como objetivo llevar a cabo tareas vinculadas a la recomposición sanitaria de la salud y su fortalecimiento dentro del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo (PISCUMAR). Asimismo, contribuye al mejoramiento de los servicios de desagües cloacales, la minimización de las descargas industriales sin tratamiento a los cursos de agua, el mejoramiento del sistema de drenaje urbano y el uso del suelo.
Según ACIJ, en septiembre del 2020 se ejecutó sólo el 59,3% del presupuesto destinado a este programa. Además, el monto asignado para 2021 demostró una reducción del 81% en términos reales.
También se encuentran disminuciones similares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la actividad denominada "ACUMAR-Villas" que es parte del Programa 104 de “Reintegración, integración y transformación de villas” del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que desde el 2019 sólo incluyó presupuesto para la 21-24. ACIJ halló una reducción interanual para la misma: mientras que en 2019 se le destinaron alrededor de 103 millones, en 2020 sólo se le otorgaron 40 millones. Desde la asociación aclaran que como es una actividad y no un programa no está aún publicado el detalle de cuánto se destinará este año.
El caso de Villa Inflamable
La contaminación de niños con plomo de Villa Inflamable fue el punto de partida de la sentencia de la Corte Suprema de 2008. Se encuentra en las cercanías del Polo Petroquímico Dock Sud y sus habitantes se hallan expuestos a numerosos contaminantes emitidos por las industrias del lugar y por los rellenos del suelo.
En el marco del fallo Mendoza, las autoridades decidieron relocalizar la totalidad del asentamiento. Dicho proceso debe ser llevado adelante por la Municipalidad de Avellaneda y ACUMAR, pero según ACIJ se realiza sin brindarle a los vecinos ningún tipo de información al respecto y sin contemplar su participación.
"Aunque la gran mayoría de los vecinos no están dispuestos a mudarse, no tendrían dónde porque ni el municipio de Avellaneda, ni el Gobierno Nacional, ni ACUMAR han hecho planes de vivienda eficientes, ni obras de reurbanización, ni mejoramiento del hábitat. Por lo que la gente sigue con una situación cada vez más grave”, explicó Mesel.
El abogado destacó el caso de la creación del Barrio Alianza, el cual estaba destinado a albergar a las más de 2000 familias que deberían ser relocalizadas de Villa Inflamable. Según Mesel, “no se llegaron a hacer 200 viviendas” y actualmente ACUMAR entrega bidones, dado que no llega el agua potable y la que llega lo hace con una presión demasiado baja, lo que obliga a enviar camiones cisternas.
Control
Aunque la denuncia que dio origen al fallo de la Corte Suprema se originó por el accionar de sólo 44 empresas, el número de fábricas en la Cuenca es dinámico y crece cada vez más. La resolución 297/2018 de ACUMAR, estableció la obligatoriedad de re-empadronamiento de todas las empresas instaladas que, a la fecha, son 5566.
“Se supone que las autoridades públicas deben supervisar a las empresas, controlar que las que degradan el ambiente dejen de hacerlo y que no puedan instalarse más en determinadas zonas. Pero prácticamente no hubo clausuras de industrias altamente contaminantes. Por ejemplo, en Villa Inflamable está el polo petroquímico más grande de Argentina que sigue funcionando y con un ritmo mayor al que tenía en 2008”, expresó Mesel.
Tanto el Estado Nacional, como CABA y la Provincia de Buenos Aires están condenadas por el fallo. Si bien los municipios no lo están, tienen responsabilidad derivada. Aunque en su momento los abogados querellantes quisieron lograr que fueran responsabilizadas las 44 empresas detectadas como contaminantes, la Corte las eximió.
En este sentido, el abogado destacó lo dificultoso del intrincado panorama de autoridades, que incluye a ACUMAR, a los municipios y los estados locales: "En principio la instalación de cualquier industria necesita aprobación municipal, pero ACUMAR tiene la facultad de su supervisión, es decir que puede rechazar que se instalen en la cuenca. Sin embargo, no lo hace y los municipios tampoco. En muchos casos, las empresas se instalan de manera irregular en barrios populares y ni siquiera cuentan con aprobación para desarrollar sus actividades. No se controla a las que se instalan de esta manera", concluyó.
Aleardo F. Laría Rajneri es abogado y periodista argentino, nacido en General Roca, provincia de Río Negro. Estudió abogacía en la Universidad de La Plata, donde fue uno de los fundadores de la FURN (Federación Universitaria de la Revolución Nacional). En la provincia de Río Negro fue dirigente de la Juventud Peronista adscripta a la denominada “tendencia revolucionaria” y abogado del Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta y otras organizaciones gremiales. En 1977 se exilió en España. Allí se desempeñó como abogado de la Unión General de Trabajadores.
En su último ensayo, “La religión populista” describe los rasgos más importantes del populismo: estructura retórica y liderazgo carismático, para a continuación desarrollar la tesis de que el populismo no es una ideología –como el marxismo- ni un movimiento político –como el fascismo- sino un estilo discursivo utilizado por ciertos líderes para llegar al inconsciente colectivo de las masas y ganar su apoyo. Actualmente se desempeña como vicedirector del diario “Río Negro”, un diario regional con amplia difusión en las provincias de Río Negro y Neuquén.
El uso estratégico del Derecho. Va CON Firma
egún la opinión de un profesor de periodismo de la Universidad Austral, “como todo mito conspirativo, el lawfare es una ensalada”. La frase se incluye en una columna publicada en un diario nacional bajo el título “La neblina del lawfare en América Latina”. Resulta entretenido asistir a este ingenioso malabarismo con las palabras mediante el cual destacados periodistas e intelectuales del establishment compiten en utilizar el adjetivo más espectacular para desacreditar lo que desde Maquiavelo no es más que una consuetudinaria estratagema de la política basada en la razón de Estado. Dada la pasión nacional por las hipérboles, no sorprende la intrepidez de los calificativos: Una “mentira fascista” (Jorge Fernández Díaz); “una papilla destinada a quienes ya creen en ella a priori” (Carlos Pagni), un “relato del progresismo” (Eduardo van der Koy); una “tontería” (Roberto Gargarella); “la invención discursiva más reiterativa de los seguidores de Cristina Kirchner” (Joaquín Morales Solá); un “invento” (Ricardo Laferriere); una “teoría falaz” (María Eugenia Talerico).Sin embargo, como dice José Luis Martí, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, lo cierto es que “el uso estratégico o incluso abusivo del derecho, la utilización del derecho como arma, también conocido como lawfare o “guerra jurídica”, es tan antiguo como el derecho mismo”.
En Estados Unidos numerosos especialistas han abordado el tema en una serie de elaborados ensayos inducidos por el hecho de que, como reacción al atentado contra las Torres Gemelas, el Congreso aprobó la Patriot Act, dando inicio así a la “guerra jurídica” contra el terrorismo. Mediante esta ley se legalizaron una serie de prácticas, como la tortura o las detenciones indefinidas, que escapan al marco del Estado de derecho y colisionan con el derecho internacional. Sobre el tema, además del conocido trabajo del coronel Charles Dunlap (Law and Military Interventions), destacan los ensayos de Orden Kittrie, (Lawfare: Law as a Weapon of War), David Kennedy (Of War and Law), James Crawford (Lawfare and Warfare), Juan M. Padilla (Lawfare) y R. Hirschl, (The Judicialization of Politics). En lengua castellana se añaden los estudios de Günter Jakobs y Manuel Cancio Meliá (El derecho penal del enemigo); Eduardo R. Zaffaroni (El derecho penal del enemigo y La expansión del derecho penal) y Manuel Cancio Meliá y Carlos Gómez-Jara (Derecho penal del enemigo). Como resulta obvio, este esfuerzo intelectual de tantos estudiosos del derecho se ha llevado a cabo porque ninguno pensó que estaban ante una evanescente neblina.
El negacionismo del lawfare ha sufrido un golpe demoledor a partir de la decisión de la Corte Suprema brasileña que dispuso la anulación de los procesos contra Lula por la falta de imparcialidad del juez instructor Sergio Moro. En el caso de Lula se dan todos los ingredientes que caracterizan al lawfare: 1) la condena se basó en una prueba muy endeble, reducida a la declaración de un “arrepentido” que obtuvo una reducción de su pena por esta declaración; 2) la resolución judicial tuvo efectos políticos y consiguió apartar a Lula de la competencia electoral; 3) la revelación del contenido de los whatsapps intercambiados entre el juez Moro y el fiscal que llevaba el caso dejaron a la vista, de un modo descarnado, la pérdida de independencia del juez que se confabuló con el fiscal para obtener evidencias que permitieran sostener la condena. Como es obvio, en un Estado de derecho, los tribunales deben ser los primeros en respetar las garantías penales y procesales de todos los ciudadanos. Sin embargo esta exigencia no ha impedido que en América Latina, desde la implantación del sufragio universal, se ensayaran todo tipo de maniobras dirigidas a torcer la voluntad popular expresada en las urnas. De modo que se han ilegalizado partidos políticos, se han invalidado listas con falsas argucias, se han formulado denuncias falsas, se han utilizado fake news para desprestigiar a un candidato y, como novedad, surge esta politización de la justicia por la manipulación de causas judiciales que afectan a dirigentes de la oposición.
¿De qué se sorprenden?
Frente al cerrado negacionismo de tantos comunicadores es legítimo preguntarse, ¿de qué se sorprenden? Las condenas por hechos no corroborados, las dilaciones procesales infinitas por motivos políticos, las prisiones preventivas abusivas, o el direccionamiento de la prueba, han estado presentes en innumerables episodios a lo largo de la historia del derecho. El asunto Dreyfus, en la Francia de la Tercera República, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se ha convertido en el caso más emblemático de condena a un inocente por razones de Estado. El episodio guarda gran semejanza con lo que acontece actualmente en Argentina en relación con las causas instruidas por el juez Claudio Bonadío contra Cristina Fernández porque la sociedad francesa también se dividió profundamente en dos campos opuestos: los dreyfysards, partidarios de la inocencia de Dreyfus, y los antidreyfysards, convencidos de su culpabilidad. En esa división de la sociedad francesa influyeron poderosamente diarios conservadores como La Libre Parole de Édouard Drumont, que utilizando sentimientos potentes como el nacionalismo y el antisemitismo, instalaron en la opinión pública la convicción de la culpabilidad de un inocente. También aquí, a semejanza del caso Nisman, se presentó una pericia grafológica falsa y el coronel Henry, que había prestado un falso testimonio inculpatorio, terminó suicidándose.
Más recientemente, la doctrina del “derecho penal del enemigo”, expuesta por el penalista alemán Günther Jakobs en 1985, reposa en una argumentación similar. Basándose en que los derechos y garantías del proceso penal están previstos solo para los ciudadanos, Jakobs opina que no pueden extenderse a los no-ciudadanos, es decir a los terroristas o todos aquellos que de una u otra manera amenazan la seguridad nacional. Como se percibe, en la base de estos razonamientos está omnipresente la idea de que el fin justifica los medios. En Argentina, la defensa de la República ante la supuesta amenaza del populismo, explica la indulgencia con la que jueces, intelectuales y periodistas tratan las arbitrariedades de un juez tan poco calificado como ha sido Claudio Bonadío. El deseo inconsciente de reducir la disonancia cognitiva que producen las evidencias del rol activo del gobierno de Macri en la manipulación de algunas causas judiciales lleva a desechar toda información que contradiga ese relato interior. De allí el negacionismo del lawfare y la pulsión por caricaturalizarlo.
La historia argentina registra notorias intervenciones de los gobiernos en el Poder Judicial para desacreditar y encarcelar líderes populares. Rafael Bielsa y Pedro Peretti describen en “Lawfare, guerra judicial mediática” el encarcelamiento, tortura y asesinato de varios líderes que encabezaron la huelga agraria de 1912 en la provincia de Santa Fé, conocida como el Grito de Alcorta. Los hechos de violencia que afectaron a Francisco Capdevila, Francisco Neri y Juan B. Justo fueron precedidos de campañas difamatorias propaladas a través de la prensa que prepararon el camino para la violencia posterior. Por su parte, el Institut de Ciències Polítiques i Socials de Barcelona ha editado un interesante trabajo de la profesora Silvana Ferreyra bajo el título “Usos políticos de la corrupción en el enfrentamiento peronismo-antiperonismo” (https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp356.pdf?noga=1) en el que describe el proyecto de “desperonización” de Argentina que llevó a cabo la Revolución Libertadora en 1955. La autora se pregunta ¿qué era “desperonizar”? y contesta: “A grandes rasgos, podría definirse como el proyecto de eliminación del peronismo como identidad política. La iniciativa implicó técnicas diversas: exonerar a funcionarios peronistas, intervenir sindicatos, proscribir partidos, prohibir la mención de Perón y Eva o investigar las supuestas irregularidades del Gobierno depuesto”. Ferreyra encuentra notables semejanzas históricas: “Lo que efectivamente resulta distintivo en 1955, junto con la magnitud del proceso, es la asociación entre las imputaciones de corrupción y las de totalitarismo…Así, lucha contra la corrupción y contra el totalitarismo, sellaron una alianza cuya fortaleza resignificó las vinculaciones populares entre anticorrupción y democracia que ya se habían construido en 1890. Reemplazando totalitarismo por populismos, la tentación de considerar que pasado y presente se repiten una y otra vez de manera cíclica es demasiado fuerte. Si ampliamos la perspectiva hacia toda Latinoamérica, el estímulo es todavía más vigoroso”.
Si nos remontamos a tiempos más cercanos, una vez recuperada la democracia, Menem promocionó sin recato alguno a los conocidos “jueces de la servilleta”, entre los que se encontraba Bonadío, para tenerlos al servicio del Gobierno. La estrecha vinculación entre los jueces federales y la SIDE de Menem quedó al descubierto en la causa por la que el ex juez federal Juan José Galeano fue condenado a seis años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, prevaricato y violación de medios de prueba producidos en el curso de la investigación de la causa AMIA. En otras ocasiones, resoluciones judiciales sorprendentes, parecen haber sido preparadas en despachos gubernamentales. Un caso notable de absolución por razones políticas fue adoptado por la Corte Suprema de “mayoría automática” de Menem en la causa por contrabando agravado incoada contra Franco y Mauricio Macri por la venta de autopartes de la empresa Sevel a Uruguay y su reintroducción como vehículos terminados, cobrando indebidos subsidios a las exportaciones. Los jueces de la mayoría automática -Nazareno, Moline O’Connor, Boggiano, López y Vázquez- votaron a favor de la absolución con la disidencia de Fayt, Belluscio y Petracchi. Este fallo dio lugar a un posterior juicio político “por obstruir el proceso legal” que terminó con la destitución de O’Connor y Boggiano y la renuncia del resto de jueces implicados en la maniobra. Mauricio Macri registra otros favores judiciales, como el sobreseimiento en el espionaje que fue objeto su cuñado por la policía de la CABA y los retrasos incomprensibles de la convocatoria del Correo Argentino, un procedimiento que registra el record de 20 años de duración. Otro ejemplo de resolución más política que jurídica ha sido adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal integrada por Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, que en octubre de 2018 decidió absolver a todos los acusados en la causa de tráfico de armas a Ecuador y Croacia debido a que no se había cumplido el “principio de plazo razonable” para arribar a una condena firme.
La paradoja del lawfare
El lawfare encierra una paradoja que ha sido señalada en el estudio del profesor José Luis Martí de la Universidad Pompeu Fabra. Tanto en Brasil como en Argentina el lawfare ha aprovechado la cobertura brindada por la lucha contra la corrupción para involucrar de un modo forzado a los ex presidentes. Es evidente que no se pueden atribuir al lawfare todas las causas de corrupción que engloban a funcionarios públicos. Sería necio negar que América Latina arrastra un problema estructural de corrupción de larga data, generalmente vinculado a la concesión de los servicios y de la obra pública. Por consiguiente muchos ciudadanos se preguntan cómo distinguir unos casos de otros. En un Estado de derecho los llamados a discernir el grano de la paja, es decir a depurar los procesos penales de todas las irregularidades en que haya podido incurrir un juez, son los propios tribunales de justicia. Por ese motivo existe un sistema de doble instancia, que teóricamente está concebido para revisar los procesos y evitar que los prejuicios o errores voluntarios o involuntarios de un juez lleven a la condena o a la absolución injustificada de un investigado. En esto consiste la paradoja señalada por Jose Luis Martí, dado que son los propios jueces los llamados a revisar las resoluciones de los jueces que se sumaron al lawfare. ¿Pero que sucede cuando los tribunales de alzada han sido cubiertos con jueces identificados políticamente con la facción política que ha promovido el lawfare? En esto no se puede ser ingenuo. Si, como se sospecha, durante el gobierno de Macri se montó una “mesa judicial” para hacer un monitoreo de las causas que afectaban a Cristina y promover a jueces amigos a los tribunales estratégicos el resultado supone la contaminación de los tribunales de alzada que ya no ofrecen las garantías de imparcialidad anteriores. Tomemos simplemente unos pocos ejemplos. ¿Qué garantía de imparcialidad puede ofrecer el camarista federal Gustavo Hornos que ha visitado la Casa Rosada para entrevistarse con el presidente Mauricio Macri en varias ocasiones? ¿Qué pensar de la Cámara de Casación que no aceptó la recusación de Bonadío en la causa Cuadernos y luego, en nuevo fallo dividido, convalidó el tratamiento que este juez, con la colaboración del fiscal Stornelli confirió a los “arrepentidos” utilizando la prisión preventiva para obtener su forzada colaboración?
Llamativamente, el camarista que desequilibró el fallo a favor de la tesis que convalidó esa irregularidad es Daniel Petrone, estrecho colaborador y amigo del ex ministro de Justicia Germán Garavano, circunstancia que ha reconocido al excusarse en una causa que afecta al ex ministro invocando la “íntima amistad”. ¿Qué garantía de imparcialidad pueden ofrecer los camaristas Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que deben agradecer al presidente Mauricio Macri su presencia en esa instancia a través de un ascenso declarado irregular por la Corte Suprema? Por lo tanto, enfrentamos un problema aparentemente insoluble cuando los tribunales de revisión han sido contaminados por jueces que no ofrecen garantías de imparcialidad.
La independencia de los jueces
Desde la perspectiva del Estado de derecho, la independencia de la Justicia es la garantía de la imparcialidad del juez, esencia de la función jurisdiccional. En ocasiones, diversas circunstancias pueden confluir para impedir que se alcancen los niveles deseables de independencia, como acontece actualmente en Argentina. En primer lugar, el sistema presidencialista establece un sistema complejo de designación, mediante la intervención del Poder Ejecutivo que elige a los jueces de una terna que le presenta el Senado. Esta sola circunstancia ya permite que se filtre la política dado que el presidente puede elegir aquel juez cuya lealtad le viene garantizada por el “operador” judicial que lo patrocina. Si bien la lealtad posterior no está garantizada, en sociedades patriarcales como la nuestra, el hábitus del “agradecimiento debido” pesa mucho. Los efectos del sistema de selección con participación presidencial son muy evidentes en Estados Unidos, donde todo el mundo sabe perfectamente cuales son los jueces conservadores y cuales los jueces progresistas de la Corte Suprema, atendiendo al presidente que lo designó. El otro factor que opera de un modo decisivo es el generado por los poderes mediáticos que cada vez muestran un grado de influencia mayor, tanto en la polarización de las sociedades como en la polarización de la Justicia. Este “cuarto poder”, que permanece desregulado en las democracias modernas, cuando pierde la neutralidad que le viene impuesta por sus códigos deontológicos, se convierte en un factor de desestabilización política muy relevante. En Argentina hemos podido visibilizar la fuerza del “cuarto poder” en el tratamiento mediático de varios casos que han alcanzado notoriedad. El primero lo provocó el fiscal Nisman con su audaz denuncia por “encubrimiento de un acto terrorista” contra la ex presidenta Cristina Fernández. La denuncia era tan frágil que motivó el rápido archivo por el juez Rafecas que dictó una resolución muy bien argumentada que fue confirmada por la Cámara Federal integrada por los camaristas Ballesteros, Farah y Freiler. Sin embargo se desató una campaña mediática inmediata contra el juez Rafecas. Una solicitada publicada en La Nación, firmada por excelsos intelectuales republicanos, reclamaba la destitución fulminante del juez por el contenido de su sentencia. Cuando un año después esa misma Cámara Federal dictó una resolución disponiendo revocar la prisión preventiva injustificada de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, se desató otra virulenta campaña mediática contra los jueces que terminó con la jubilación de uno, el traslado consentido de otro y una maniobra en el Consejo de la Magistratura para acabar expulsando al tercero, lo que prueba que la derecha “republicana” no se anda con remilgos a la hora de apartar jueces que escapan a su control. Un último ejemplo que quedará incorporado para siempre en los anales jurídicos de la estulticia es la escandalosa pretensión de convertir el suicido del fiscal Nisman en un magnicidio. Las maniobras dirigidas a llevar la causa a Comodoro Py; la decisión del juez Julián Ercolini de apartarse del dictamen de la Junta del Cuerpo Médico Forense, integrada por peritos de la Corte -que había declarado que en la muerte de Nisman no intervinieron terceros-; la impresentable pericia de Gendarmería, son todas muestras de actos de arbitrariedad manifiesta que, como era previsible, terminaron luego convalidados por la Cámara Federal integrada por Martín Irurzun (autor de la doctrina homónima que le otorgará un indiscutido puesto en la historia del lawfare) y Leopoldo Bruglia (ascendido por decreto de Macri y confirmado temporariamente por decisión de la Corte).
El tribunal que en última instancia, según nuestro esquema institucional, está llamado a intervenir frente a todas las decisiones recurridas de las cámaras federales, es la Corte Suprema en su calidad de intérprete máximo de las garantías constitucionales. Sin embargo el alto tribunal no ha dado señales de mostrarse muy activo en este terreno, aparentemente condicionado por el temor a que cualquier decisión garantista los exponga a una inmediata condena mediática. Este es el motivo por el que desde el Gobierno se han insinuado algunas iniciativas, todavía no muy definidas, como la de crear un Tribunal de Garantías que ofrezca el servicio que la Corte no parece dispuesta a asumir. Todas estas iniciativas desatan las críticas inevitables de la alianza opositora y de los medios del establishment que las consideran destinadas a “ocupar” el Poder Judicial. Los voceros de Alberto Fernández rechazan esas críticas señalando que la única intención del Gobierno es corregir las irregularidades producidas por las intervenciones del gobierno de Mauricio Macri y conseguir recuperar la independencia del Poder Judicial como modo de garantizar que las decisiones que se adopten no van a estar teñidas de parcialidad. Por consiguiente, en este debate se asiste a otra suerte de “empate hegemónico de sentido”. Un modo de zanjar esta polémica podría darse en el marco de la bicameral, que según iniciativa del Gobierno analizará los problemas registrados en el Poder Judicial. En ese marco podrían ser convocados juristas de prestigio internacional a participar en esta suerte de escrutinio de los procesos cuestionados y ofrecer una opinión imparcial que, si bien no conformará a todos, al menos podría servir para dejar en evidencia a los jueces que han rehusado afrontar sus responsabilidades.
En estos días ha circulado un texto del ex ministro de Economía Jorge Remes Lenicov en el que interpela al conjunto de la clase política señalando la necesidad de alcanzar algunos consensos básicos que permitan afrontar el deterioro que desde hace décadas sufre la economía argentina. Enrique Iglesias, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, acaba de declarar que “la Argentina necesita un mínimo de concertación política para tomar medidas de fondo. Está en guerra con su economía”. Son llamados similares al formulado por el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019 cuando señaló que “si actuamos de buena fe, podemos ser capaces de identificar prioridades urgentísimas y compartidas para acordar los mecanismos que superen aquellas contradicciones”. El actual clima político de confrontación, atizada por los medios, parece poco propicio para que fructifiquen estas propuestas, y como en la fábula de los dos conejos de Tomás de Iriarte, seguimos debatiendo sobre si son galgos o son podencos. No cabe ninguna duda que la mayor responsabilidad por este bloqueo debe ser asignada a quienes diseñaron e implementaron el lawfare, causando enorme daño a la democracia argentina. Ahora hace falta articular soluciones jurídico-políticas para avanzar hacia un nuevo escenario, pero será muy difícil obtener resultados mientras no se arbitren medidas que permitan reparar las graves lesiones jurídicas inferidas.
Una parte importante del contrato social se asienta sobre el sistema legal. Tanto en las aplicaciones prácticas y concretas de una gestión o administración, ya sea en lo referido a cuestiones coyunturales (Como el de la pandemia) o mas estratégicas en cuanto a los rumbos económicos, modelos de desarrollo, que en términos generales se definen en las “políticas públicas”, (Como en las gestión de Deuda en Moneda extranjera o en las posiciones geopolíticas nacionales respecto a las relaciones globales o internacionales del mismo modo que en las gestiones de administraciones locales o territoriales como ACUMAR y la gestión del Matanza Riachuelo o la Hidrovía del Paraná, por citar dos ejemplos, uno menos mediatizado que otro, según la concepción “ideológica” con la que se interpretan, pero que en ambas involucran las cuestiones mínimas (Corrupciones individuales o de “personas en sus roles” y “corrupciones sistémicas” en tanto intereses ajenos a lo nacional y el ejercicio de la soberanía o el pleno ejercicio de esta en administraciones que prioricen lo común por encima de los intereses de elites, grupos, monopolios, oligopolios o financieros transnacionalizados y corporativizados.).
Información, Justicia y rumbos de políticas, se entrelazan en esos vericuetos poco transparentes y claros donde toda presunción de inocencia se subvierte y es manipulada por el juicio subjetivo de las interpretaciones perversamente manipuladas a favor de intereses de pequeños grupos con mucho poder en detrimento de las mayorías populares. La participàción y organización de la ciudadanía, del pueblo, de cada uno de nosotros es la única herramienta que confirmará la democracia y el destino común que nos forjemos. Cada quién debe hacer su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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