2da. Entrega …
El Comando Estratégico del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (USSTRATCOM) es un organismo que dirige el combate unificado de las Fuerzas Armadas y tiene a su cargo, entre otras operaciones, las vinculadas a la guerra nuclear, espacial y electrónica. Esta semana, desde un twit, esta institución sugirió la posibilidad de que las condiciones de un conflicto lleven rápidamente a un enemigo del país a considerar que la nuclear “es la opción menos mala” que tiene.
El twit precedió a la exposición del almirante Charles Richard, jefe del Comando estratégico, ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado norteamericano, donde advirtió sobre la rápida y creciente capacidad nuclear de China y su avance en tecnología militar del espacio (neewsweek.com 20 4 202). Expresiones similares constituyen muchas veces parte de una campaña de presión política sobre el Congreso norteamericano para obtener financiamiento específico para el complejo industrial militar, eje central de la economía norteamericana. Hoy, sin embargo, estas definiciones trascienden su posible implicancia económica y adquieren especial relevancia.
Ocurren en un contexto de creciente tensión militar entre las principales potencias del mundo y echan luz sobre un mecanismo de manipulación cognitiva utilizado desde tiempos inmemoriales para consolidar relaciones asimétricas de poder. El mismo consiste en la naturalización de un fenómeno, en este caso la guerra nuclear, y su utilización para inculcar miedo de un modo subliminal. Este último arrastra consigo una tempestad de emociones que impiden la reflexión y el cuestionamiento. Hoy se inculca miedo, odio, confusión etc., a través de falsedades que, bajo la apariencia de verdades absolutas, buscan manipular subjetividades, opiniones y comportamientos. El objetivo es siempre el mismo: controlar al otro, sustituyendo su capacidad de reflexión por comportamientos de manada en una dirección determinada, acorde a los intereses que dominan la relación. Esta técnica es hoy usada cotidianamente para controlar el disenso en distintos ámbitos de la vida social.
En el caso específico de la guerra nuclear, si esa es la “opción menos mala” que tienen los enemigos de los Estados Unidos, la capacidad de destrucción catastrófica de un ataque nuclear y su carácter irreversible y terminal desparecen de la escena. La guerra nuclear se convierte así en una opción entre otras más letales que no se identifican. Además, si no es catastrófica admite retorno, desarrollo gradual y contención a voluntad. Estas implicaciones chocan contra la realidad objetiva de la evidencia científica. Asimismo, la cantidad de armas nucleares acumuladas y las experiencias de las dos últimas guerras mundiales indican que cualquier conato militar escalaría rápidamente convirtiéndose en una carnicería inimaginable. Plantear a la guerra nuclear como una opción posible falsea la realidad y bloquea la crítica, sembrando subliminalmente el miedo y la pasividad ante un poder capaz de desatar a piacere la fuerza bruta del diluvio nuclear.
El twit de UUSSTRATCOM no es un episodio aislado. Se replica en una política exterior norteamericana que hoy presiona abiertamente a China y a Rusia con la amenaza nuclear. Esta militarización de los conflictos geopolíticos ocurre en un mundo donde las potencias en conflicto no discuten el predominio de las “leyes del mercado”. Tanto Rusia como China consideran que “la tendencia a la apertura y a la integración económica es imparable… cualquier país que intente desacoplar las economías o erigir barreras que atentan contra los principios económicos del mercado está condenado a fracasar (Xi Jinping, zerohedge.com 20 4 2021). Maximizar la apropiación de ganancias, rentas, excedente, riqueza acumulada y recursos del planeta y concentrarlas en pocas manos es la ley que hoy rige a la economía mundial y a la relación entre naciones. Las diferencias institucionales e ideológicas entre Occidente y Oriente no han logrado revertir esta dinámica.
En este contexto, la pandemia ha agudizado la crisis sistémica del capitalismo global monopólico. Esto agrava los conflictos domésticos, erosiona la legitimidad institucional a escala global y profundiza la competencia geopolítica por el dominio de los mercados, la tecnología y los espacios: cibernético, terrestre, marítimo, aéreo y estratosférico. En el tumulto de esta crisis y, a pesar de las diferencias institucionales políticas e ideológicas entre países, los mega-monopolios tecnológicos de capitales privados pujan por acumular poder al interior de las naciones y a escala global.
Su bramido socava los cimientos del capitalismo y erosiona a las instituciones imponiendo un autoritarismo creciente basado en el control y la manipulación de la información, de las subjetividades y de las acciones individuales y colectivas. Su rol en la economía, en las finanzas y en los conflictos muestra, sin embargo, que sólo desatando sus privilegios se podrá encontrar el camino de salida a una crisis que, por primera vez, abruma al mismo tiempo al conjunto de la humanidad.
El desarrollo tecnológico que engendran, con su secuela de aplicaciones móviles de distinta índole, permiten conectar a una humanidad fragmentada y eventualmente movilizar las energías necesarias para producir una transformación social. Para que ello sea posible, sin embargo, es necesario resolver el desafío de los tiempos que vivimos: la conjunción entre la capacidad oficial de bloquear el pensamiento crítico manipulando las subjetividades y la posibilidad única de acrecentar el conocimiento de las causas más profundas de los problemas que nos aquejan.
Monopolios tecnológicos, crisis global y control social
La crisis económica y financiera global amenaza hoy al dólar como moneda internacional de reserva. En este contexto, el bautismo oficial del yuan digital emitido por el gobierno de China, y con curso legal internacional constituye, según Morgan Stanley, una amenaza para el dólar (zerohedge.com 18.4 2021). Sin embargo, también cumple otras funciones cruciales, entre ellas controlar el avance impetuoso de algunos monopolios tecnológicos sobre las finanzas chinas y los mega datos de sus usuarios.
Así, por ejemplo: la aplicación de mensajería y pagos electrónicos wechat desarrollada por Tencent y alipay, la mega plataforma de pagos digitales de Ant Group, filial de Alibaba, llegaron a controlar conjuntamente el 90% de los pagos electrónicos del comercio minorista, constituyendo una capa intermedia entre los bancos y sus clientes. El yuan digital restablece el control del Banco Central Chino sobre el sistema de pagos comerciales en el ámbito minorista y coarta la posibilidad de que los monopolios tecnológicos adquieran más poder sobre las finanzas y los datos de miles de millones de usuarios.
El yuan digital se engarza en el marco de un conjunto de medidas tomadas recientemente por las autoridades chinas para “disciplinar” a los monopolios tecnológicos y limitar su control de los mercados. El gobierno conminó a 34 monopolios tecnológicos a rectificar en el plazo de un mes una serie de conductas que las autoridades chinas consideran lesivas para la competencia leal en sus mercados, incluyendo irregularidades y violaciones en el pago de impuestos. También impuso severas sanciones económicas a uno de ellos. Alibaba, y obligó a una de sus filiales –Ant Group, uno de cuyas empresas es alipay– a dividirse reestructurando sus componentes como entidades aisladas sujetas a control regulatorio (wsj.com 12 4 2021, zerohedge.com 12 4 2021).
En los Estados Unidos, el subcomité de prácticas monopólicas del Congreso interpeló hace poco tiempo a los principales ejecutivos de Amazon, Google, Facebook y Apple acusándolos de prácticas predatorias de diversa índole. Sin embargo, no se formularon sanciones ni se analizó su relación con los megabancos. La interpelación permitió exponer la magnitud del control que estos monopolios ejercen sobre la cosecha de datos, su monetización, su capacidad ilimitada de lucrar y su capacidad de manipular la información y la opinión pública (judiciary.house.gov 29 7 2020).
Algunos de estos monopolios tecnológicos también han intentado penetrar en el mundo de las finanzas y controlarlo. Facebook, por ejemplo, intentó vincular sus actividades con una moneda digital propia, la Libra, cuyo valor estaría asociado a una canasta de monedas. El intento fue resistido por la Reserva Federal y otras autoridades y terminó en un fracaso. Ahora Facebook intenta recrear una nueva versión con la criptomoneda Diem, asociada esta vez al valor del dólar norteamericano. La Reserva Federal sigue resistiendo estos intentos por considerarlos una amenaza a la supremacía del dólar, al control que ella tiene sobre el sistema financiero y a la función de intermediación financiera de los bancos. Desde hace un tiempo estudia, junto con el BIS (Bank of International Settlements) y el FMI, la posibilidad lanzar un dólar digital bajo su control.
En China, los monopolios tecnológicos son funcionales a un sistema de espionaje y control social manipulado por el gobierno. Este acaba de lanzar una aplicación que induce a los ciudadanos a reportar las “opiniones equivocadas” que se expresan por internet. Esta aplicación se suma al sistema de crédito social que vigila, evalúa y castiga a los ciudadanos de acuerdo al grado en que su comportamiento se adecua a las normas existentes. En los Estados Unidos, los monopolios tecnológicos que dominan las redes y los medios de comunicación también han incursionado con éxito en la censura y el control del disenso. En otras notas hemos analizado el rol crucial que han jugado durante la última campaña electoral, censurando información y sancionando a Trump y a sus votantes. Hoy tienen un rol central en la censura construyendo relatos a partir de noticias falsas, que se mantienen y repiten a ultranza aunque exista evidencia objetiva en su contra.
Dos casos ejemplifican este modo de operar: el supuesto pago de recompensas por parte de Rusia a los talibanes en Afganistán para que asesinaran a soldados norteamericanos y el supuesto asesinato a golpes de un policía por un partidario de Trump cuando una turba invadió el Congreso el 6 de enero pasado. Ambos episodios fueron desvirtuados: en el primer caso por los propios organismos de inteligencia y en el segundo por la autopsia del policía. A pesar de ello, estos episodios siguen siendo utilizados tanto por los medios como por las redes y el gobierno para inculcar fobia contra Rusia en un caso, y para desprestigiar a Trump y sus votantes en el otro (entre otros, Glenn Greenwald, zerohedge.com 16 y 20 4 2021).
Hacia un “formateo más autoritario de la democracia”
Esta semana la ofensiva macrista llegó a un punto de inflexión y exhibió de un modo incandescente cómo manipula política e ideológicamente a la ciudadanía para desestabilizar al gobierno y arrasar con las instituciones democráticas. Con declaraciones y medidas extemporáneas, funcionarios y dirigentes macristas llamaron a la desobediencia civil para obstruir la aplicación del DNU 241/2021 del Presidente Fernández. Engendrando un tumulto en torno al cierre de las clases presenciales, buscaron en lo inmediato invisibilizar a los más vulnerables y a los que corren mayor riesgo de muerte: los pobres y los viejos, ejemplo viviente del fracaso del gobierno de Macri. Las incitaciones a la desobediencia civil fueron seguidas por el forum shopping del intendente Rodríguez Larreta, quien a través del colectivo #ALasClases respaldado por fundaciones macristas y organizaciones que nuclean a grandes corporaciones, incluidos Clarín y Amcham –órgano de las empresas norteamericanas con inversiones en el país–, logró que la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Capital impugnara al DNU.
El mamarracho legal fue aceptado por el intendente como un éxito de su campaña electoral y convocó el lunes a las clases presenciales. El engendro municipal fue eventualmente desactivado por un juez federal y la validez del DNU depende ahora de la Corte Suprema. Mientras tanto, el intendente continúa desacatando la ley y machacando con total frialdad un relato plagado de datos falsos, que tiene por objetivo fanatizar a sus adeptos instilando odio, resentimiento y miedo a la pérdida de privilegios ante las huestes mafiosas de los K sentados en el gobierno nacional.
Esta arremetida del macrismo es, como siempre, liderada y amplificada por el periodismo de guerra. Uno de sus exponentes se deschavó esta semana y reveló el verdadero objetivo perseguido con la batahola por las clases presenciales, al expresar livianamente su preocupación porque “ciertos niveles estrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena… vamos a tener que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro… este es el tema muy de fondo en la Argentina” (ámbito.com 21 4 2021). Así, más que campaña electoral, pareciera que el intendente Larreta y su llamado a la desobediencia civil incursiona en el intento de provocar este “formateo autoritario”, algo que ha tenido consecuencias nefastas en nuestra historia pasada.
En este contexto, el aumento de la inflación, la persistente caída del salario real y de la capacidad adquisitiva de los ingresos de los sectores más vulnerables continúan deteriorando la situación económica y social. De continuar, es posible que hacia el mes de diciembre la pobreza alcance a la mitad de la población, golpeando especialmente a los niños y a la juventud. Hoy la muerte y el hambre acicatean a una poderosa clase empresaria que responde invisibilizando la pobreza, negándose a pagar impuestos y remarcando precios con furor. Estos acontecimientos han colocado al gobierno nacional en una encrucijada: o impone –sin perder tiempo y con toda la fuerza que le da su legitimidad de origen y el comando del Estado– las políticas necesarias para salvar vidas de la pandemia, del hambre y de la desnutrición, o perderá credibilidad y habilitará el avance arrollador de los formateadores de la democracia. El Estado nacional tiene recursos y medios para enfrentar este enorme dilema, frente al cual palidece la importancia de otras presiones, en particular las del FMI.
El lawfare en Argentina
Hace apenas unas horas la doctora María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, se excusó de tener intervención en las causas “FLP 14.149/2.020 caratulada “Melo, Facundo y Otros s/ Asociación Ilícita.” y en la causa FLP 5.056/2.020 caratulada “Ruíz, Alan Flavio y Otros s/ Incumpl. de Autor. y Viol. Deb. Func. Publ. (art. 249) y Falsedad Ideológica”. Los nombres de las causas no dicen nada a quienes no son abogados. Paso a explicar: son las causas en las que se investigan las maniobras de espionaje ilegal llevadas adelante durante el gobierno de Mauricio Macri.
Las causas se iniciaron y tramitaron en los juzgados federales de Lomas de Zamora. Casi desde el inicio de las mismas los involucrados se dividieron en dos grandes grupos. Los que querían que se sigan tramitando en Lomas de Zamora y los que pretendían llevarlas a Comodoro Py. No deja de ser llamativo que los acusados, muchos de los hoy procesados por haber realizado el espionaje ilegal y algunas de sus víctimas –los adherentes a Juntos por el Cambio— hayan insistido en que la causa tramite en Comodoro Py. Mientras que el resto de las víctimas y el propio Colegio de Abogados de Capital Federal consideran que deberían continuar tramitando en Lomas de Zamora.
También resulta llamativa la conducta de los tribunales. Sobre todo, la de Comodoro Py, que no ha cesado en hacer papelones para conseguir que la causa tramite allí. El primer fiscal que intervino, Carlos Stornelli, consideró que debía tramitar en Comodoro Py… hasta que debió excusarse cuando se encontró con el hecho incontrastable de que él no podía intervenir, porque en una causa en la que Stornelli es parte, no como fiscal sino a título personal, el objeto de la causa eran las intervenciones telefónicas ilegales cuya investigación tramitaba en Lomas de Zamora.
Carlos Stornelli está procesado en otra causa –FMP 88/2019, que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de Dolores, provincia de Buenos Aires— donde se investigan maniobras de inteligencia ilegal, pero además de eso, investiga maniobras extorsivas realizadas en base a la inteligencia ilegal. Una de las estrategias defensivas de Stornelli son unas desgrabaciones de escuchas telefónicas que le llegaron de forma “anónima” y que, sostiene, demostrarían que la acusación en su contra no es cierta, sino que es fruto de un presunto complot de “los presos K”, alojados en aquel entonces en los pabellones IRIC del complejo penitenciario de Ezeiza
En la causa de Lomas de Zamora se ha demostrado que desgrabaciones de las escuchas telefónicas que se obtuvieron como consecuencia de una investigación realizada por el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, habrían excedido el objeto procesal de dicha causa. En pocas palabras, las desgrabaciones de las escuchas que pretende utilizar Stornelli para defenderse, se hicieron sin una orden judicial. Pero más aun, los responsables de haberlas realizado por fuera de la ley, que son los responsables de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), fueron procesados, ya que se demostró que desde el área de Jurídicos de la AFI, a cargo de Sebastián De Stéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, se escuchó ilegalmente a las personas alojadas en el sistema IRIC y se desgrabaron esas escuchas telefónicas también en modo ilegal. Y no suficiente con eso, las desgrabaciones obtenidas ilegalmente por la AFI se filtraron también de modo ilegal a Stornelli y a Elisa Carrió.
Stornelli no puede intervenir en esa causa por una sencilla razón: está utilizando para su defensa desgrabaciones cuya producción ilegal se investiga en Lomas de Zamora.
Como Stornelli, tampoco podía intervenir como juez el doctor Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal Criminal y Correccional. Por una razón bastante simple. Su primo, Rafael Llorens, es querellante en Lomas de Zamora. A favor del doctor Llorens, debo señalar que intentó excusarse de intervenir por esa razón, pero su excusación fue rechazada.
Quiero ser justa en este caso también. No poder intervenir no lo convierte en un mal juez. Es solo una precaución expresamente prevista en la ley procesal para custodiar el principio de “juez imparcial”, que como supo decir la Corte Suprema, “la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado».
«10) Que en este contexto, la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia. Así por ejemplo lo expresa Ferrajoli: ‘Es indispensable para que se garantice la ajenidad del juez a los dos intereses contrapuestos… Esta imparcialidad del juez respecto de los fines perseguidos por las partes debe ser tanto personal como institucional’ (del Fallo Llerena)».
Siguiendo con el fallo Llerena: “La imparcialidad desde dos puntos distintos, uno objetivo y uno subjetivo. El primer enfoque ampara al justiciable cuando éste pueda temer la parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento, sin cuestionar la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular del magistrado que se trate; mientras que el segundo involucra directamente actitudes o intereses particulares del juzgador con el resultado del pleito”.
Cabría preguntarse entonces si los funcionarios que han intervenido hasta acá tienen o no algún interés en el resultado del pleito. En particular me lo pregunto respecto al incidente en el que se ordena que los expediente de Lomas de Zamora se continúen investigando en Comodoro Py, porque ese incidente trata ni más ni menos que sobre la validez o no de la prueba obtenida del celular de Nieto, que —aviso— compromete a muchos ex funcionarios.
Pero volvamos a inicio de esta nota. Luego de la última decisión de la cámara de Casación, la causa de Lomas de Zamora fue girada a Comodoro Py. Y entonces María Eugenia Capuchetti se excusó. ¿Por qué lo hizo, se preguntarán ustedes? Lo hizo porque es tan escandalosa la magnitud de las maniobras de inteligencia ilegal que se llevaron adelante por el gobierno de Mauricio Macri, que incluso la magistrada fue espiada también.
Así consigna la jueza: “Luego de designada la suscripta como magistrada subrogante a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, tomé conocimiento de la causa nro. 4.262/2.017; la cual tuvo su inicio a partir de diferentes denuncias originadas por una columna publicada por el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación con fecha 2 de abril de 2017, en cuyo marco relató que un sector de la Agencia Federal de Inteligencia se dedicaría a realizar operaciones clandestinas, mencionando numeroso blancos de dicho accionar, así como también a los agentes que presuntamente llevarían a cabo el mismo, encontrándose entre ellos Silvia Cristina Majdalani y Gustavo Héctor Arribas».
«En su marco se llevaron a cabo una gran cantidad de medidas de prueba, entre las cuales se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe sobre las consultas de movimientos migratorios que se habían hecho respecto de jueces, fiscales, legisladores, etc».
«Con su resultado se formaron diferentes legajos de investigación. Particularmente, en el identificado con el n° 5, se investigan las consultas efectuadas en el Sistema General de Migraciones sobre los movimientos migratorios registrados respecto de quien suscribe. Dichas consultas habrían sido realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia, en el período de tiempo en el cual se circunscriben los hechos aquí investigados».
«Concretamente, en aquella causa se pudo probar el ingreso por parte del personal de la AFI (Sede Central) al Sistema de la Dirección Nacional de Migraciones el día 20 de marzo de 2018, ocasión en la que se consultó en tres oportunidades los movimientos migratorios correspondientes a mi persona (una vez a tránsito de pasajeros coincidentes y dos veces a tránsito de sistemas de búsqueda)”.
Como sucedió en la causa de Dolores y como sucede ahora con la causa de Lomas de Zamora, las maniobras de inteligencia ilegal del gobierno de Mauricio Macri fueron tan amplias y tan sistemáticas, que muchos son parte de las mismas. Sea como víctimas, sea como victimarios o sea como meros cómplices silenciosos que conocieron lo que estaba pasando y pese a ello, no lo denunciaron.
El sistema de manipulación judicial que se llevó adelante durante el gobierno de Macri se conformó como un operativo de pinzas. Por arriba había una serie de operadores judiciales que presionaban o bien influenciaban con promesas a miembros del Poder Judicial para obtener los resultados pretendidos por ese gobierno. El cruce de llamadas telefónicas de “Pepín” Rodríguez Simón, da cuenta de la habitualidad de las conversaciones de uno de los operadores judiciales de Juntos por el Cambio con funcionarios judiciales de altas instancias. También entra en el capítulo de influencias indebidas en los registros de las visitas mantenidas en secreto, de jueces y fiscales tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos. Si no fuera tan triste y tan nefasto, daría algo de risa la cantidad de veces que los operadores judiciales del macrismo prometieron cargos como el de Procurador Judicial o el de miembro de la Corte Suprema.
Por abajo, la pinza se completaba con inteligencia ilegal, hecha por sujetos marginales, oscuros funcionarios de inteligencia u sombríos operadores inorgánicos como Marcelo D’Alessio. Se ve con toda claridad al analizar las causas de Dolores y Lomas de Zamora. Esta inteligencia ilegal terminaba en manos de periodistas, dirigentes políticos y funcionarios judiciales.
La dimensión de la inteligencia ilegal queda someramente descripta en el informe escalofriante que presentó la Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que resume: “171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiados ilegalmente; al menos 354 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Estos son sólo algunos de los datos que surgen de la descripción minuciosa de los delitos señalados en esta investigación, que resulta clave para que la sociedad argentina pueda separar del Estado a las cloacas por las que tiraron a nuestra democracia. Se impone así, un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina”.
El informe conmina a investigar las relaciones entre el Poder Judicial y estos vectores de inteligencia ilegal.
El jueves 22 de abril de 2021, el Consejo de la Magistratura emitió un comunicado al respecto en el que señalaba: “El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en el marco de las facultades y funciones que le ha acordado el artículo 114 de la Constitución Nacional, expresa su enérgico rechazo a las acciones de espionaje e intrusión en ámbitos privados a diferentes magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación, de las que se ha tenido noticia a partir de sendos comunicados de entidades que nuclean en el plano asociativo a jueces y juezas de este poder del Estado».
«El Cuerpo ha tomado conocimiento, en ejercicio de sus competencias, de la consistencia de tales conductas ilegales que se investigan en los tribunales federales de Lomas de Zamora, y ese ámbito se expresa la imperiosa necesidad de que se provea a su cabal dilucidación y juzgamiento, puesto que se trata de acciones evidentemente enderezadas a anticipar con fines espurios el conocimiento de los posibles modos de resolver de los/as magistrados/as en causas de notable trascendencia política e institucional”.
Cuando se debatía este comunicado, la diputada Graciela Camaño, que fue víctima también de la inteligencia ilegal, señaló al cerrar su intervención y como respuesta a otro consejero que se oponía: “Yo lo entiendo al doctor Tonelli [diputado de Juntos por el Cambio], porque fue su gobierno el que hizo esto”.
Creer que las maniobras de inteligencia ilegal y las de persecución judicial son solo un tema que afecta a la política, es firmar la sentencia segura de que con el tiempo volverán a repetirse. Porque esas maniobras necesitaron de la colaboración, ineludible e inexcusable del Poder Judicial. Y eso no tenemos que olvidarlo.
Graciana Peñafort en “El Cohete a la Luna”
Después de once meses de arduo trabajo, el pasado 20 de abril, en el Salón Delia Parodi del Honorable Congreso de la Nación Argentina, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, prevista en la ley 25.520, presentó las conclusiones de la investigación referida al espionaje ilegal a lo largo de los años del gobierno de la Alianza Cambiemos.
Finalmente se dio a conocer el informe, resultado de ese trabajo, sobre el espionaje ilegal durante el gobierno macrista. El encargado de detallar el extenso documento de 383 páginas fue el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) Leopoldo Moreau, quien convocó a una conferencia de prensa presencial en el salón de los Pasos Perdidos. Se trata de una versión más acabada del informe presentado ante las autoridades de ambas cámaras a fines del año pasado. Secundado por los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, junto al diputado Eduardo Valdés y la diputada Blanca Osuna, habló de un “plan sistemático de espionaje ilegal”.
Esas conclusiones estudian una fibra sensible de las operatorias mafiosas desplegadas en la Argentina durante el gobierno presidido por Mauricio Macri. El documento tiene un título de alto voltaje: El Estado mafioso, que sintetiza su tesis principal. Se trata de un dictamen corto y contundente firmado por lxs diputadxs Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna, Eduardo Valdés y por los senadores Oscar Parrilli, Sergio Leavy, Gerardo Montenegro y Claudio Doñate. Aquí es posible acceder al dictamen y al propio informe elaborado por la Comisión. Y aquí es posible ver la presentación pública, con una exposición nítida y sumamente didáctica del diputado Moreau acerca del accionar conjunto de servicios de inteligencia (i)legales, medios hegemónicos y Poder Judicial.
En algunos párrafos relevantes el informe expresa “Durante el gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa. Fue diseñado con premeditación y alevosía y, en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos. No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 354 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas (…). Los nombres de las operaciones aquí detalladas contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri, muestran la amplitud del espectro alcanzado por el ataque: Operación Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; Brusa Dovat-PDVSA; atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; dirigentes políticos del norte argentino; Gas Natural Licuado-GNL (…) incluyendo la que sufrió la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. (…) El método que se usó, conocido universalmente como lawfare o guerra jurídica, consiste en el ataque contra opositores (…) a través de la manipulación del Poder Judicial (…) en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos. Las acciones concretas con que se materializó, fueron: seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras. (…) Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás garantías constitucionales. Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos. (…) Este espionaje ilegal se produjo a través de células armadas específicamente para ese objetivo. (…) Se creó una estructura estatal paralela y clandestina; una verdadera organización mafiosa”.
El Estado de Control
Una de las primeras acciones del recientemente elegido presidente de la Argentina, Mauricio Macri, allá por enero de 2016, fue la de asistir a la cumbre del Foro Económico Mundial que diariamente reúne a las personas mas poderosas del planeta.
En aquella oportunidad, acompañada de la flamante ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bulrich, tuvieron los primeros contactos con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, donde delinearon los primeros acuerdos en materia de seguridad interior e inteligencia, para nuestro país.
El alineamiento del Gobierno de Mauricio Macri con los intereses y las políticas de Israel y Estados Unidos no es novedoso. Cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admitió, sin ningún prurito, que designó a Jorge “el fino” Palacios jefe de la Policía Metropolitana porque fue el hombre que le recomendaron desde las embajadas de Estados Unidos e Israel y desde sus respectivos servicios de inteligencia (la CIA y el Mossad).
Varias fuentes señalan que, concretado el triunfo en las elecciones presidenciales, estas dos embajadas volvieron a dar nombres para la conformación del Gabinete Nacional. La norteamericana habría “sugerido” a Susana Malcorra para conducir la política exterior argentina, y la israelí habría “pedido” que la titular del Ministerio de Seguridad sea Patricia Bullrich. Las políticas llevadas adelante desde cada una de estas Carteras tienden a confirmar esas apreciaciones.
Pero no fue sino hasta Noviembre de ese mismo año dónde la ministra Bullrich viajó a Israel, junto a los secretarios de Seguridad Interior, Gerardo Milman, y de Coordinación, Planeamiento y Formación, Alberto Föhrig. Allí participaron de diversos encuentros sobre seguridad, se reunieron con miembros del ejército israelí (que ocupa ilegalmente los territorios palestinos) y negociaron la compra de drones, cámaras y radares. Estos implementos de “seguridad” y espionaje se instalarían en las frontera y mediante ellos se controlaría no sólo a nuestro país, sino también a los países vecinos.
Rafael Araya Masry, analista de política internacional y especialista en temas de Medio Oriente aseguró: “Esto no es ni más ni menos que la reafirmación de la decisión del presidente Macri de que el Gobierno argentino tenga un vínculo mucho más estrecho con el Gobierno racista de Israel. Esto se hizo cada vez más evidente luego de que, en Davos, Macri se entrevistase con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu”.
“La política que se está llevando adelante en ese sentido es, simplemente, la coronación de todo un proceso que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo hasta esta parte. Esto viene desde la época en que la actual ministra de Seguridad, Patria Bullrich, era diputada nacional. En ese momento, ella era presidenta de la Comisión Nacional de Amistad con Israel. En ese sentido, no extraña la actitud del Gobierno, que intenta estrechar vínculos con un Estado que hoy reprime, tortura y ocupa territorios, violando el derecho internacional”, afirmó.
Por último, Araya Masry aseguró: “Lamentablemente conocemos los procedimientos de las fuerzas de seguridad israelíes, de sus fuerzas de inteligencia, la política de asesinatos selectivos en los territorios palestinos ocupados, de violación de todos los derechos internacionales. Sería realmente trágico que esa forma de actuar, siempre por fuera de la ley, se traslade a un Estado que se ha caracterizado en los últimos años por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Sería trágico que Argentina se transforme en una cueva de agentes de inteligencia, que se dediquen a atentar contra la privacidad de las personas y perseguir opositores políticos, o que trabajen para desnaturalizar las tareas propias del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, todo indica que Argentina va fortaleciendo los lazos con un Estado racista, que ha instaurado un sistema de apartheid en los territorios palestinos ocupados”.
El asunto no es nuevo. Ya Macri lo había hecho funcionar como Jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La causa por espionaje o causa de las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires refiere a una denuncia relacionada con una supuesta estructura de espionaje paraestatal, con escuchas telefónicas ilegales que presuntamente habría empleado el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fines personales. Por la misma fueron originalmente procesados el entonces titular del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano Narodowski, y el entonces Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y posteriormente Presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien fuera sobreseído a pocos días de asumir la presidencia por el juez federal Sebastián Casanello.
En octubre de 2018, la Cámara Nacional de Casación Penal anuló toda la causa en su instrucción por parte del juez federal Norberto Oyarbide y del fiscal federal Alberto Nisman
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
Imagenes: Salvador Dalí.
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