La Economía que viene ...

 

Hoy en la Argentina se discuten dos temas económicos que alcanzan un alto voltaje. La deuda con el FMI y la intensa suba de los precios, especialmente de aquellos que tienen que ver con el consumo diario de los sectores populares. Este segundo tema ha convocado a una discusión sobre política y economía. Los partidarios de pensar las cuestiones de la vida social con la mirada tradicional de la economía ortodoxa, le dan preeminencia a la política monetaria y fiscal como instrumento para dominar la suba de los precios —la inflación— y a lo sumo aceptan sin demasiado entusiasmo el establecimiento de medidas sobre la relación precios/salarios, como procedimiento sólo circunstancial.

El Déficit Fiscal

El déficit fiscal resulta la base sobre la que se asienta la pasión de la corriente neoclásica. Tanto en términos del combate a la inflación como de variable macroeconómica estrella para negociar con el FMI. El diagnóstico de los economistas que transitaron, y transitan, la economía neoliberal, se nutre mucho más del sentido común que del análisis científico. Dicen que si el Estado gasta más de lo que recauda y no tiene margen para endeudarse, entonces incurre en déficit fiscal que debe financiar con la creación de moneda doméstica (en nuestro caso pesos). De allí se dirigen derechito a la teoría cuantitativa del dinero y postulan que si la cantidad de dinero aumenta respecto de la masa de bienes existentes, provoca el aumento de los precios. Este modo de razonar no es inocente respecto del sujeto imputado, ya que la responsabilidad sería del gobierno por no disciplinar el presupuesto y equilibrar las cuentas públicas. Sin embargo, a esta mirada tan atrayente e intuitiva como precopernicana, que suena tan verdadera como que el sol gira alrededor de la tierra, se le opone una inversa: que los precios aumentan por decisión del empresariado concentrado que está en condiciones de fijar sus valores en los mercados, esos incrementos desatan una lucha reivindicativa de los sectores de ingresos fijos que reclaman aumentos de salarios públicos y privados e incrementos de jubilaciones y otras prestaciones sociales a cargo del Estado. La demanda de crédito público y privado para atender el nuevo nivel de precios e ingresos de la economía presionaría sobre la necesidad de emisión de dinero por parte del gobierno. Por otra parte si los empresarios que aumentaron precios, y en general consiguieron mejoras en sus ganancias, se resisten a financiar las mayores erogaciones en las que debe incurrir el Estado mediante el pago de mayores tributos, hay un deterioro del saldo fiscal de las cuentas públicas.

La ecuación con la cual se analizan las dos miradas podría ser semejante. Pero el tema no es la ecuación, sino la función que se expresa en la misma con la hipótesis de causalidad fijadas en variables independientes diferentes. Para los que le achacan la culpa al Estado, el pregón clásico de los neoliberales, la variable independiente es lo que imprime la maquinita que tiene el que ejerce el gobierno, mientras que para los intelectuales que se alinean con la economía heterodoxa y la mirada crítica, el problema radica en las decisiones del poder económico concentrado que aumenta los precios y desata un encadenamiento de hechos que desembocan en los fenómenos inflacionarios.

Para los primeros, las variaciones del déficit serían una cuestión de disciplina y equilibrio macroeconómico, para los segundos esos cambios expresarían la puja distributiva y lucha de clases. Pero el déficit fiscal tiene otros costados que merecen analizarse y no sólo los sujetos y acciones que determinan su variación. Es necesario analizar que bajo el supuesto de que se logre cierta estabilidad del mismo resulta una cuestión relevante sopesar cuál es su nivel adecuado y qué evolución se propugna hacia el futuro. Por ejemplo, la Argentina hoy se encuentra en plena pandemia y requiere de un nivel de gasto público extraordinario. Como el resultado fiscal negativo resulta de la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda, es esperable que esa diferencia aumente, a menos que el impuesto a las grandes fortunas se convierta en permanente y pase de la exigüidad de sus alícuotas a niveles razonables, que las retenciones a la soja y sus derivados crezcan en más de diez puntos porcentuales como merecen sus precios internacionales actuales y que se trabaje en una reforma que alcance niveles aceptables de progresividad tributaria, recomponiendo el sistema cuyo proceso de destrucción comenzó la dictadura militar.

Pero si afanarse en reducir el déficit supone construir una política de reducción del gasto público, estaríamos ante un error de concepción por parte del gobierno popular. Y en esto corresponde cierta rigurosidad técnica. No estamos hablando del gasto público en términos nominales. Ni tampoco en términos reales. Sostener el gasto público y no reducirlo significa ponerse el objetivo de su crecimiento en relación al PBI. O sea proponerse como política que el gasto público crezca más que el Producto. Y esto no se trata de la defensa de lo que despectivamente llaman dirigentes del PRO como “Estado planero”. Expresa la vocación de un Estado que aumente la Inversión pública, que haga centro en la Investigación Científica y Tecnológica, que construya un Sistema Único de Salud de excelencia, que mejore los ingresos de los jubilados, que recupere la centralidad en todos los niveles del sistema educativo – cuyo eje debe ser la construcción de ciudadanía, de cultura y de capacidades productivas, en ese orden. Y además que tenga capacidad de regular a la economía concentrada y de frenar el proceso de concentración. La discusión relevante es cómo puede y debe financiarse un proyecto instituyente de estas profundas reformas saludables para la sociedad argentina. El gasto se financia en primer lugar con impuestos. Mencionamos ya las reformas progresivas de estos, pero también debe recuperarse el nivel de aportes patronales a las cajas de jubilaciones. No es necesario un presupuesto equilibrado, pues el equilibrio en sí mismo reporta más a una cultura de remanso conservador que a una virtud de la economía, refiere a una lógica de quietud, a un punto sin movimiento. Sería virtuosa, en cambio, la construcción de un mercado financiero en pesos de volumen al cual pueda también acudir el Estado a financiarse. Nunca debería volver a hacerlo para sus gastos corrientes en moneda local tomando prestado a fondos internacionales en dólares, para terminar en la debacle espantosa de 2019, cuando Macri, Dujovne y sus colegas de equipo se bajaron los calzoncillos ante el FMI. Claro, después de haber permitido y estimulado una fuga de capitales de velocidad sin precedentes.

El proyecto de país y el negocio del desabastecimiento

Esta mirada sobre la inflación y el déficit no se remite a estas dos categorías. Pensarlas con profundidad implica pensar el proyecto de país. Un gasto público que caiga en proporción al PBI significa pensar que la iniciativa económica y productiva debe quedar en manos del empresariado, expulsando al Estado de esos planos o reservándole un lugar subsidiario. Dos graduaciones, estas últimas, de la misma política, Estado chico o Estado subsidiario. Un Proyecto Popular exige más que un Estado presente, necesita de la centralidad del mismo en la vida económica. No sólo debe regular las condiciones en que deberían actuar las empresas privadas, sino que debe dirigir el destino de la economía. Con un importante nivel de Inversión Pública y, también con un Plan Económico, que contenga los lineamientos del país que la voluntad popular debe decidir. Entiéndase bien: un Plan Económico, que es una cuestión poco familiar con un Programa Macroeconómico de ordenamiento de las cuentas públicas (en argentino, esto es un plan de ajuste).

Frente al incumplimiento de las regulaciones de precios y comercialización que el Ministerio de la Producción dispuso, la Secretaría de Comercio intervino con inspecciones y sanciones. Los economistas neoclásicos descreen de este tipo de medidas. En su ingeniosa columna en el suplemento económico de La Nación del 28 de febrero de 2021, Juan Carlos De Pablo recurre a su toque de humor, simulando un reportaje  a Joseph Louis Francois Bertrand, que le permite compartir ideas y supuestas coincidencias que el imaginario reporteado tendría con las que el tradicional economista ortodoxo propala actualmente por medios orales y escritos. Como sus colegas del mainstream, De Pablo cree e intenta fundamentar la neutralidad empresarial. Para él el responsable de la inflación es el gobierno que lleva adelante malas políticas económicas.

Dice De Pablo: “Cualquier monopolista, oligopolista o competidor solo obtiene beneficios si produce y vende, es decir, si ‘abastece’. Cuando la cantidad óptima de producción y venta es cero, la empresa no está maximizando sus beneficios, sino minimizando sus pérdidas, porque igual tiene que afrontar costos fijos. Todo esto lo aprenden los alumnos en el más elemental curso de microeconomía. ¿Lo tendrán en cuenta los funcionarios del Poder Ejecutivo, que se ocupan del desabastecimiento?” El decano de los economistas neoclásicos del país se permite igualar las conductas maximizadoras de agentes que la propia economía que él exhibe como “objetiva” diferencia. Ya que la religión laica escrita en los “elementales manuales” que refiere De Pablo tiene un juicio de disvalor sobre los monopolios y los oligopolios, mientras que apologizan la libre competencia. La maximización de los primeros se da en un marco de fijación de precios (de poder de mercado), mientras que los competidores se presentan como tomadores atomísticos de precios. Los primeros los ponen, a los segundos se los da el mercado. Pero en el mundo de hoy quienes abogan por el dogma escrito en los manualitos de microeconomía, que según el autor deberían consultar más los miembros del Poder Ejecutivo, no defienden precisamente a las pymes, sino que lo hacen a los grandes empresarios que dirigen la Convergencia Empresarial, la AEA, la Sociedad Rural y la UIA. La sal del poder económico. Como buen neoclásico el enfoque de De Pablo es la comparación de fotografías (estática comparativa) y no el cinematográfico (la dinámica de los cambios). El empresario que desabastece es cierto que no vende, que no realiza. Ahora una cosa es una conducta de un empresario (sobre la que divagan los manuales) y otra la de un empresariado. Un colectivo con poder económico puede decidir no vender para desprestigiar una medida, para presionar por su derogación, para crear malestar popular con un gobierno, hasta para conspirar políticamente. Un empresariado puede disputar políticamente, puede decidir perder algo en una instancia para ganar mucho más después.

Hay también mercados específicos como el de los bienes-salario argentinos impactados por el precio internacional de la soja. Cuando sube este último, si el gobierno decidiera aumentar las retenciones y apropiar a la sociedad de parte del aumento de la renta diferencial, los empresarios agrarios podrían retener y no vender, ni afuera ni adentro, retener en los silobolsas para hacerlo luego de aprietes al gobierno para obligarlo a bajar los derechos de exportación. Estas conductas extorsivas privarían al gobierno de contar con las divisas para afrontar sus pagos de importaciones, deudas y remisión de utilidades empresariales. En estas cuestiones consiste el negocio de desabastecer: en la espera como lógica de obtener mayores ganancias, en la ganancia de poder político –que significa su sustracción a la voluntad popular— que importará mejores condiciones posteriores para  el “clima de negocios, ganancias y rentas” que propician.

El paradigma de los manuales, a los cuales De Pablo les otorga el lugar de autoridad de la microeconomía, basados en la Nueva Economía que inventaron  Edgeworth, Fisher, Marshall y Pareto, citados en el artículos, a los que se podrían agregar Walras, Menger , Jevons y Clark, entre otros, no se cumple. El axioma de tratar al gran empresario como una individualidad dentro de una sociedad en la cual los mismos actúan articulados para condicionar al poder político y modelar la distribución del ingreso y la riqueza es equivocado. Mientras esas reliquias que nunca tuvieron más que elegancia académica, pero nunca rigor científico, sigan guiando los estudios universitarios, una reforma pendiente remitirá a que los debates económicos trascendentes se desenvuelvan en aulas de cursos alternativos.

Ni saben sumar

Mientras tanto habrá que insistir en que economistas sistémicos, periodistas de medios concentrados y pretendientes de oradores televisivos se abstengan de sumar peras con limones. Eso hacen cuando suman deudas del Estado en moneda doméstica con la comprometida en divisas. Son advertidos por la heterodoxia en modo insistente, pero no parecen encontrar otro camino para ocultar la imperdonable política de endeudamiento del gobierno de Cambiemos. La ignorancia, real o simulada, parece el recurso único que tienen a mano para proteger el desastre del endeudamiento incurrido por los último cuatro años de liberalismo neo.

El autor del artículo publicado este fin de semana en “El Cohete a la Luna”, es Director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (CEFI-DAR) e integrante activo de Carta Abierta. Guillermo Wierzba, de él se trata, es uno de los estudiosos más competentes de la problemática económica del país.

En su espacio de casi todos los domingos, el periodista económico Alfredo Zaiat, advierte desde su artículo en página 12 : “La historia repetida de las "estrellas de la city" que instalan miedos en la economía. Amenazan con inestabilidad financiera y confunden con un supuesto atraso cambiario. La disputa es cómo se distribuirán los frutos de la recuperación económica de este año.”

No pocos economistas y financistas están obsesionados con sentenciar que el mercado está transitando un "veranito" cambiario. El objetivo es transmitir que la estabilidad de la paridad será efímera y que una corrida es inminente. Hace varias semanas que siguen esperando ese movimiento sin éxito.

También mencionan "el viento de cola" por la mejora de los precios internacionales de las commodities para desestimar la fase de la recuperación impulsada por la demanda interna luego de dos años de recesión macrista y uno de pandemia.

Con el aumento de la actividad, la evaluación más probable que difundirán será que se trata de "un rebote" para minimizarlo. Se puede adelantar entonces que en unos meses, cuando la economía se sostenga en un firme crecimiento hasta alcanzar el nivel de 2015, dejando atrás la noche macrista y el desastre del coronavirus, dirán que se ingresó en una "meseta".

Son tan obvios que a esta altura sólo generan piedad, no para ellos que hacen su negocio sino para quienes siguen confiando en sus análisis y, en un acto de desprendimiento monetario, pagan por ellos.

Son tan previsibles que son fáciles de descubrir, sólo es necesario apelar a la memoria corta para encontrar en forma inmediata el mismo recorrido analítico aplicado al periodo económico del kirchnerismo. Y entonces, el mismo fiasco.

Para esa cofradía, con acompañamiento entusiasta de medios de derecha, no es una cuestión de aprendizaje por yerros pasados, sino que ese posicionamiento es la muestra más evidente del carácter político –conservador y opositor a gobiernos denominados nacionales y populares- de proyecciones que se confunden con deseos.

La virulencia de opiniones de charlistas y consultores estrellas de la city en contra del presidente Alberto Fernández y del ministro Martín Guzmán hace sospechar que, además de la oposición ideológica, puede expresar un profundo enojo por apuestas fallidas.

Datos duros

El ejercicio entonces es rescatar datos duros de algunos reportes para ordenar la evaluación de la actual situación económica y financiera, y exhibir la carencia de rigurosidad de sus sentencias pese a las evidencias.

Aquí van tres indicadores claves:

1. El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea calculó que en este año el índice de los términos de intercambio se ubicará 26,1 puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos veinte años. Hay que remontarse al pico anterior de 2011/2012 para encontrar términos de intercambio tan favorables.

2. El economista Federico Vacalebre, de la Universidad CEMA, sostuvo que la competitividad cambiaria se encuentra en "niveles elevados, acorde a las devaluaciones experimentadas desde mayo de 2018". Calculó que en relación a diciembre de 2015, el tipo de cambio multilateral está 25 por ciento más alto. Ese mes fue el de la fuerte devaluación inicial del gobierno de Macri. O sea, el tipo de cambio real se mantiene bastante elevado.

3. Pese a que la producción agraria está atravesando el fenómeno La Niña (pocas lluvias y con riesgo de sequía), la campaña global de los cultivos más importantes (soja, trigo y maíz) no está tan afectada. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que será de 111 millones de toneladas, apenas 9 por ciento menos que la del año anterior. Pero con precios internacionales en alza, el valor de la cosecha global alcanzaría casi los 34 mil millones de dólares, 34 por ciento por encima de lo obtenido en 2020.

Tipo de cambio y retenciones

Estos tres indicadores proporcionados por fuentes conservadoras alejadas del oficialismo son contundentes: cada eslabón del complejo agroexportador está disfrutando de una situación muy favorable.

Frente a ese panorama, con tasas de inflación por encima de las previsiones oficiales, medidas de política económica tradicionales para aliviar el frente de precios pueden ser:

1. Subir retenciones.

2. Desacelerar el ritmo de devaluación.

La primera opción es complicada de aplicar en términos políticos luego de la crisis de 2008, salvo que esa iniciativa sea impulsada por gobiernos de derecha, como lo hizo el liderado por Macri en el tramo final de su mandato.

Queda entonces la otra alternativa: modificar la intensidad de las devaluaciones diarias. Es el camino que ha empezado a transitar el equipo económico.

La tasa de devaluación anualizada de los últimos 30 días corridos pasó de casi 58,0 a 40,9 por ciento. Si se proyecta el ajuste de acuerdo a la depreciación acumulada en lo que va de este mes, el deslizamiento del tipo de cambio bajó a una tasa de 34,8 por ciento. Puede seguir bajando sin provocar perturbaciones en el mercado financiero ni en el comercio exterior por los factores arriba mencionados respecto al nivel del tipo de cambio real y al alza de los precios de los commodities.

Dinámica

Esta política, por lo tanto, no es de "atraso cambiario", como vulgarmente se denomina, porque el manejo del tipo de cambio debe ser evaluado en un contexto dinámico. Vale insistir: la paridad real tiene un colchón sustancial y el mercado internacional ha mejorado para el complejo exportador.

Entonces, en una situación complicada por la suba persistente de precios, en un rango del 3 al 4 por ciento, con más intensidad en alimentos, el debate sobre cuál debería ser el nivel del tipo de cambio es crucial para abordar la cuestión inflacionaria de cortísimo plazo en una economía bimonetaria.

La importante suba del precio internacional de la soja y el maíz, de casi 40 por ciento desde noviembre pasado, y los valores sostenidos del trigo en un rango de 230 dólares la tonelada, representa un beneficio para productores y el resto de los protagonistas de esa actividad.

Si además las condiciones climáticas no son las mejores, pero alejadas de una situación crítica por la amenaza del fenómeno de La Niña, mantener un ritmo de devaluación sostenido, acompañando la inflación, hubiera sido un privilegio desproporcionado.

Además se sabe que en esas condiciones económicas continuar con una persistente depreciación de la moneda es regresiva en términos de distribución del ingreso.

Lobby

Realizar un diagnóstico y proponer medidas de política económica sin tener en cuenta que la economía mundial está transitando la peor crisis de por lo menos los últimos 100 años es una peculiaridad de economistas mediáticos. Si se le suma que se abrazan a manuales tradicionales sin la mínima evaluación crítica, el panorama analítico se presenta bastante complicado.

La economía argentina tiene la particularidad de ser bimonetaria, endeudada, de inflación elevada y de ingresos medios. No existe otro país que hoy tenga esas características, lo que exige un esfuerzo adicional para abordar esa complejidad. Esas dificultades exigen una observación más prudente cuando se evalúa el nivel del tipo de cambio.

Pese a ello, la reiteración del argumento de la necesidad de mantener un ritmo constante de devaluación en términos reales para mejorar la competitividad de la producción nacional queda debilitada por la evidencia empírica. Aunque el lobby devaluador no se detiene, está demostrado que no aumentan las exportaciones por el alza del tipo de cambio.

Quienes entienden de competitividad internacional señalan que ésta no depende sólo del tipo de cambio real, sino también de otros factores estructurales como el acceso y capacidad de manejo de la tecnología disponible, las escalas de producción, las barreras a la entrada en diferentes mercados, así como la disponibilidad de materia prima barata y abundante, el precio de la energía y la infraestructura logística.

Otros elementos importantes son líneas de financiamiento a tasas subsidiadas, beneficios impositivos y el costo del transporte.

Lejos está el tipo de cambio real de ser lo único que incide en la rentabilidad del complejo exportador: de acuerdo con los contextos y las especificidades de la estructura productiva, lo que ocurra con el nivel de actividad doméstica o la situación de la demanda internacional representan los principales determinantes de la competitividad externa.

Distribución del ingreso

Si el gobierno de Alberto Fernández pretende mejorar algunos puntos el salario real en este año, mantener un ritmo acelerado de devaluación en la salida de una de las peores crisis económicas atentaría contra ese objetivo. El equipo económico tomó nota de eso y ya adaptó su política cambiaria.

Con un mercado cambiario bajo control estricto, tanto de la demanda de importaciones como de la compra especulativa de dólares, la devaluación persistente es una solución ficticia para mejorar la competitividad y tiene corto recorrido porque alimenta la tasa de inflación.

Agudiza además la puja distributiva en una economía de desempleo de dos dígitos y en vía de recomposición del entramado industrial. Impacta en forma negativa en la actividad y distribución de la riqueza provocando una transferencia de ingresos desde sectores de remuneraciones fijas hacia grupos financieros, complejo agroexportador e industria exportadora.

Como se indicó, no surge a partir de la evidencia empírica de la economía argentina que el tipo de cambio aumente la demanda internacional e impulse el crecimiento general. En términos técnicos, los volúmenes de exportaciones muestran una baja elasticidad al tipo de cambio real multilateral. En lenguaje coloquial, esto significa que una moneda doméstica depreciada no se traduce en un alza adicional de la cantidad de exportaciones. Además de ganar mercados internacionales vía la negociación diplomática, la magnitud de las ventas externas dependen fundamentalmente de la evolución de la demanda mundial.

En estos momentos críticos, el aspecto relevante es saber que los ajustes del tipo de cambio, en un contexto difícil para la recomposición del salario por la elevada fragilidad del mercado laboral en la salida de una crisis inmensa, impactan en forma negativa en la distribución del ingreso. Se trata de definir entonces cómo se reparten los frutos del crecimiento en este año de recuperación económica.

https://www.pagina12.com.ar/330783-dolar-e-inflacion-el-combate-del-salario-real

La consultora Ecolatina sostiene que "luego de un comienzo de año complicado en la materia, la suba de precios podría empezar a ceder desde abril". Para ello recuerda que entre enero y febrero, la inflación acumuló casi 8%. Asimismo, según el IPC GBA de Ecolatina, la suba de precios alcanzó 3,3% en la primera mitad de marzo -comparado con la primera mitad de febrero- y rondaría 3,7% en el mes, totalizando cerca de 12% en el primer trimestre del 2021.

"Con estos números, la inflación mensual debería promediar 1,7% entre abril y diciembre para cumplir la meta oficial del 29%. Considerando la complejidad del proceso desinflacionario -que todavía siquiera empezó-, este objetivo está virtualmente descartado" explica la consultora pero agrega que "no todo está perdido".

Para ello analiza lo sucedido en los últimos años, "la inflación tuvo tres grandes motores en nuestro país: el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y los salarios". "A tono con los últimos períodos electorales, el ministro Martín Guzmán viene afirmando que el dólar oficial desaceleraría su marcha en los próximos meses" agrega el informe.

De esta manera, "el tipo de cambio dejaría de moverse en línea con la inflación pasada, buscando preservar la competitividad-precio, para ubicarse por debajo de ésta, priorizando relajar las tensiones sobre la inflación. Dado el régimen de control de cambios e importaciones vigente, es probable que esta menor tasa de devaluación se materialice, descomprimiendo tensiones en varios rubros".

No obstante, sostiene Ecolatina, "corresponderá ver cuán fluido será el acceso de los importadores al dólar oficial para saber así cuán relevante será éste en la determinación de los precios. Una demanda de divisas muy restringida relajaría las tensiones en el mercado oficial, pero volvería menos relevante su cotización. La recuperación de las exportaciones, impulsadas por la mejora de los precios internacionales, y las intervenciones del Banco Central en el mercado paralelo vía la recompra de bonos en dólares con Reservas, determinarán este margen de acceso".

Posteriormente la consultora confía en que más allá de cómo sigan las restricciones, es probable que las presiones por el lado cambiario se relajen en el corto plazo. De esta manera, la desaceleración inflacionaria comenzaría en abril. Para determinar su magnitud, agrega el informe, será clave conocer qué pasará con las tarifas residenciales de servicios públicos.

"Estas llevan más de un año y medio congeladas -el gasto en subsidios como porcentaje del PBI casi se duplicó en 2020 y sigue en aumento- y deberían actualizarse en las próximas semanas; sin embargo, todavía no está claro cuánto ni cuándo. En este sentido, proyectamos que el driver tarifario se recalentaría en las próximas semanas, pero que su impacto sería limitado y puntual: habría un solo ajuste antes de las elecciones" completa.

Por último, aparece el factor salarial. Entre 2018 y 2020, el poder adquisitivo de los trabajadores formales se redujo un 20%. Sin embargo, la destrucción de 200.000 puestos de trabajo formales durante 2020 (y de más de 400.000 desde que empezó la crisis a mediados de 2018), no permitiría que las recomposiciones del poder adquisitivo fueran muy significativas. Por lo tanto, si bien habrá presiones inflacionarias por el lado salarial, las mismas no alcanzarían a impedir la baja de la inflación, completa Ecolatina.

Alcanzado este punto, "vale notar el nuevo abordaje del problema inflacionario en la Argentina. Entre 2007 y 2015, intervención del INDEC mediante, la suba de precios fue negada en un primer momento, para ceder a algunos programas laterales después -Precios Cuidados, por caso-. Por su parte, entre 2016 y 2019, la estrategia antiinflacionaria reposó excesiva y exclusivamente en la política monetaria. En este marco, una tasa de interés mayor a la inflación esperada y una reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro constituyeron los pilares de la política oficial. Como es sabido, ambas estrategias obtuvieron magros resultados: su exceso de dogmatismo terminó jugándoles en contra", sostiene el informe.

En cambio, en 2021 una parte importante del equipo económico comenzó a pensar la lucha contra la inflación como un problema macroeconómico, donde la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la coordinación de expectativas son relevantes. En este sentido, el acuerdo de precios y salarios "permitiría coordinar las políticas oficiales con los distintos agentes implicados en el proceso inflacionario".

En la misma línea, "las menores presiones del Tesoro sobre el Banco Central y una política monetaria y cambiaria consistentes ayudarían a relajar las presiones. Aunque los excesivos pedidos de información y los controles de precios van en otra dirección que la descripta, hay una parte del gobierno con un enfoque más integral en la materia que permite ser menos pesimista -que no es lo mismo que más optimista-".

Ahora bien, si se materializaran algunos riesgos, la desaceleración comentada podría no concretarse, explica Ecolatina. Por ejemplo, "apuntar a una apreciación cambiaria mayor a la sostenible o extender indefinidamente el congelamiento tarifario residencial podrían volverse en contra. Un dólar oficial demasiado quieto alimentaría la brecha y las intervenciones del Banco Central con Reservas en el mercado paralelo, complicando el acceso al mercado oficial de cambios de muchos importadores. En un sentido similar, un aumento del gasto en subsidios que profundice el rojo fiscal y obligue a financiarlo con emisión tendría efectos parecidos. Por lo tanto, será clave no forzar en exceso al proceso desinflacionario: caso contrario, sus efectos podrían ser opuestos a los perseguidos".

En otro orden, la suba de precios de commodities, que ayuda en el frente externo, podría jugar en contra en materia inflacionaria. A modo de ejemplo, la suba de precios acumuló 1,1% en el primer bimestre en Brasil, duplicándose respecto del comienzo del 2020, mientras que en Estados Unidos alcanzó 1,0%, 0,3 p.p. más que en igual período del año pasado. "Si bien esta variable no es determinante para una economía con tanta inflación “local” como la Argentina, sí facilita o complica las cosas" explica la situación el informe.

En síntesis, "a pesar del arranque caliente de la inflación en 2021, es probable que la misma se desacelere en los próximos meses, especialmente cerca del período electoral. Sin embargo, incluso con esta baja, la meta del 29% seguirá siendo imposible: la suba de precios no perforará el 2% mensual en todo este año y el objetivo del Presupuesto quedará cada vez más lejos. Por otro lado, vale destacar que la baja no será sostenible: luego de las elecciones, es probable que tanto las tarifas de servicios públicos como el tipo de cambio oficial aceleren su marcha, desandando el camino “ganado” en los meses anteriores (abril-octubre). De esta forma, la suba de precios acumularía cerca de 40% en 2021, marcando una suba respecto del del año pasado y dejando atrasos pendientes para 2022".

https://www.ambito.com/economia/precios/estiman-que-la-desaceleracion-inflacionaria-comenzara-abril-n5178390

Martín Guzmán redobló la apuesta. El ministro de Economía planteó públicamente que la actividad crecerá más de lo previsto y se animó a poner números. "Esperamos un crecimiento del Producto Bruto del 7% para 2021, eso lo establecemos como una base", dijo en una videoconferencia con representantes de fondos de inversión soberanos extranjeros.

La nueva estimación es un punto y medio mayor que la consignada en el Presupuesto 2021. "Ya se está viendo una recuperación del empleo y un fortalecimiento de las cuentas públicas. La economía argentina es la que más rápido se está recuperando en todo el continente", argumentó el ministro, con el presidente Alberto Fernández a su lado, como respaldo de sus palabras ante los hombres de negocios.

Sin tanto estruendo, algunos análisis privados ya estaban augurando que el rebote de la actividad iba a ser mayor del 5,5% planteado a comienzos de año. El Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central en base a consultoras, bancos y centros de estudio pronosticaba a fin de febrero una suba del 6,2%. El informe del sitio FocusEconomicus también planteaba un crecimiento del 5,8%, superando el ritmo de los demás países de la región, a excepción de Perú.

Aunque la mejoría en los niveles de empleo a los que aludió Guzmán todavía no está certificada (en la semana entrante el Indec recién difundirá los datos del último trimestre de 2020), en el Palacio de Hacienda ven con satisfacción que los ingresos públicos están subiendo y creen que eso es una señal de mayor actividad económica. La recaudación tributaria lleva seis meses creciendo por encima de la inflación, los pagos de intereses bajaron un 69% a partir de la reestructuración de la deuda y en enero, por primera vez en casi un año y medio, hubo superávit primario.

Luces verdes, luces amarillas

En el tablero de Economía hay luces verdes y otras amarillas. Entre las primeras se encuentran algunos ingresos no contabilizados en el Presupuesto. Uno de ellos es el impuesto a las grandes fortunas, aprobado en diciembre, que permitiría recaudar unos $ 300 mil millones a partir de marzo. También se espera una mayor entrada por derechos de exportación, gracias a la soja, cuyo precio subió otro 10% en lo que va del año: se esperan U$S 2000 millones adicionales en concepto de retenciones.

Ese dinero extra podría dar margen para que el gobierno haga política fiscal. Por ejemplo, los proyectos de ley que rebajan Ganancias a los asalariados y las pymes, lo que redundaría en mayor consumo y actividad, y la anunciada rebaja de aportes patronales para empresas del norte del país que tomen personal. También el ambicioso plan de obras públicas, con eje en infraestructura vial, ferroviaria y viviendas, estimado para este año en $ 842 mil millones. En la última reunión del gabinete económico, además, se discutieron detalles de los Repro (programas de Recuperación Productiva) para auxiliar a las empresas que, después de la pandemia, aún tienen dificultades para pagar los salarios.

Es precisamente la cuestión sanitaria una de las que enciende luces amarillas. El Presupuesto no contempla gastos adicionales para combatir las consecuencias económicas del Covid-19, que en 2020 costaron al Estado casi un billón de pesos extra. Una segunda oleada de coronavirus tan fuerte como la del año pasado obligaría a rehacer todos los cálculos.

¿Hay billetes?

Otro obstáculo en el camino lo supone la histórica dependencia de divisas que tiene la economía argentina para sostener una recuperación duradera. Un estudio publicado por el Banco Central señala que el problema abarca a toda América Latina, porque "su matriz productiva incompleta genera una fuerte dependencia por parte de la producción doméstica tanto de insumos como de bienes de capital importados que no son —ni pueden ser, al menos en el corto y mediano plazos, por falta de conocimiento técnico, infraestructura o economías de escala— producidos localmente".

Pero la publicación también hace hincapié en que ese problema es mayor en la Argentina. El resumen de diferentes trabajos empíricos indica que en las últimas tres décadas la elasticidad importaciones-ingreso osciló entre 1,72 y 3,62. Esto significa que por cada punto que crece el PBI, las importaciones crecen hasta un 3,6%, mucho más que en otros países de la región.

Los datos revelan la necesidad de dólares para sostener un mayor volumen de importaciones que habilite ese crecimiento. Si bien el Banco Central viene engrosando sus reservas a buen ritmo (compró U$S 1300 millones en marzo), todavía no está resuelta la negociación con el FMI y el Club de París, que puede requerir desembolsos al contado.

En base a esos números, Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, planteó en el último informe de su consultora PxQ que aun en el supuesto de un acuerdo con el Fondo, la Argentina necesita llevar sus exportaciones a U$S 77 mil millones anuales (un 34% más que el nivel actual) para 2025. Solo así obtendría divisas suficientes para hacer frente a los pagos de deuda en moneda extranjera y a las importaciones que permitan sustentar un crecimiento sostenido del PBI del orden del 2% anual. Ese cuello de botella puede ahogar, una vez más, la recuperación de la economía. «

Salen datos de la actividad en 2020

El Indec dará a conocer este martes su informe sobre el nivel de actividad del último trimestre y el global del año pasado. La cuestión pasa por saber si la pandemia logró hacer de 2020 el año con mayor retroceso del Producto Bruto Interno desde que se llevan estadísticas de este tipo. La mayor depresión medida hasta ahora fue la de 2002, a la salida de la convertibilidad, cuando la economía se achicó un 10,9 por ciento.

Un anticipo de ese resultado lo dio el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que arrojó una caída del 10% para todo el ejercicio. Ese indicador es bastante más pequeño que el PBI, pero podría servir como indicio para creer que la triste marca de aquel año, por suerte, no llegó a ser batida.

En la elaboración del Presupuesto 2021 se partió de la base de que el año previo cerraría con una caída de 12,1% del producto. En principio, ese número quedaría descartado.

https://www.tiempoar.com.ar/nota/economia-espera-llegar-al-7-de-crecimiento-con-activismo-estatal-que-ya-esta-financiado

Los claroscuros de las predicciones dependen en gran medida de las secuelas y continuidad de los efectos de la pandemia. El año electoral agrega rispidez. No debemos perder de vista que nadie se salva solo …

Daniel Roberto Távora Mac Cormack




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