Andando caminos, buscándolos comunes ...
Con Cambiemos, las empresas fijaron el precio del gas natural que quisieron. La discusión para definir el cuadro tarifario transitorio que regirá durante los próximos dos años y los subsidios que erogará el Estado nacional esconde un tema central: el costo de extracción que definen las empresas y fija el precio en boca de pozo. Las mismas compañías que con el tarifazo de Macri fugaron capitales por 24 mil 769 millones de dólares en cuatro años.
Las tarifas de los servicios públicos son una parte relevante no solo del gasto de las familias, sino también de los costos de producción, logística y comercialización del entramado productivo. De allí que la discusión sobre cómo se fijan las tarifas, y muy en especial la determinación del precio del gas en boca de pozo, se debería dar en el marco de un debate sobre el proyecto de país que se pretende construir a mediano y largo plazo. Una discusión que no puede obviar el grado de concentración que exhibe el negocio, dominado por un puñado de empresas que producen, transportan y distribuyen un insumo esencial. Se trata, en última instancia, de establecer el valor del metro cúbico de gas natural que se extrae de las distintas cuencas del país. Un cálculo clave.
La Cuenca del Neuquén es la más importante en términos productivos. En segundo lugar se ubica la Cuenca de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. También se destaca por importancia el Estado nacional en la Cuenca Marina Austral. Más abajo en materia productiva se ubican, conformando un tercer bloque, las provincias de Salta, Mendoza y Río Negro, seguidas por Jujuy, Formosa, y La Pampa.
El “paga Dios” no existe
El problema central para determinar el precio del gas es que no se conocen los costos de extracción. Sin embargo, los precios ya quedaron definidos en la Resolución 117/2021 de la Secretaría de Energía y en el Informe Técnico que la acompaña. Bajo estas condiciones auto impuestas, al Estado solo le queda definir qué porcentaje subsidia y qué porcentaje recae sobre los consumidores. Subsidio que paga el conjunto de la sociedad, sea con impuestos o con deuda. Vale también señalar que las grandes empresas del sector fueron beneficiadas por el tarifazo de la gestión de Mauricio Macri. Cambiemos dolarizó los precios. Un factor que debe ponderarse en el presente y en el futuro.
Las consecuencias son conocidas. Apenas un ejemplo. Entre 2016 y 2019, la tarifa antisocial del tarifazo energético macrista terminó perjudicando a los sectores más vulnerables del norte argentino. Según el Ente Nacional Regulador del Gas, la cantidad de usuarios tucumanos de gas natural descendió un 35 por ciento en el período. Fiel reflejo de lo que aconteció a nivel país: la evolución del indicador retrocedió un porcentaje similar en el mismo lapso.
Durante los años en cuestión también se vieron perjudicados los beneficiarios de la Tarifa Social. En el caso de Tucumán, el número cayó de 45 mil 750 a 30 mil 612. Una reducción del 49 por ciento; es decir: 15 mil 138 usuarios dejaron de acceder al beneficio como consecuencia de las medidas dispuestas por la ex Secretaria de Energía en el marco de una situación inflacionaria. Si el análisis de extiende a todo el país, 591 mil 828 argentinos dejaron de percibir la Tarifa Social durante la gestión de Cambiemos.
Los ganadores de siempre
¿Si hubo tarifazos y se excluyó beneficiarios de la Tarifa Social, quiénes se beneficiaron? Veamos. A partir de 1992, con la sanción de la Ley N° 24.076 que fijó el marco regulatorio para la privatización de Gas del Estado, la industria del gas natural se dividió en tres segmentos: producción, transporte y distribución.
Hoy, las empresas que participan en la etapa de producción son YPF, Total Austral, Pan American Energy, Petrobras, Pluspetrol, LF Company, Tecpetrol, Apache y Chevron. El segmento de transporte lo controlan Transportadora General del Norte – de los grupos Techint y Eurnekían – y Transportadora General del Sur, esta última propiedad de Pampa Energía, cuyos principales accionistas son Marcelo Mindlin, Joseph Lewis y las familias Sielecki y Werthein. Ambas transportadoras conectan las cinco cuencas que existen en el país. La distribución es manejada por nueve empresas: Metrogás, Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Ecogás Centro, Ecogás Cuyana, Litoral Gas, GasNor y Gas Nea. Todas están agrupadas en la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), un cámara que se creó en 1992, tras la privatización de Gas del Estado.
También existen cooperativas en segmento de la sub-distribución. En su mayor parte están representadas por el Instituto de Sub-distribuidores de Gas de la República Argentina y la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina. Un dato central: las cooperativas se encuentran en una muy difícil situación. Sus tarifas son reguladas y el costo del gas y del gas retenido es por pass through. Esto determina que el margen bruto que tienen para afrontar los costos operativos es muy reducido ante la suba de los precios, factor al que se suma el altísimo costo financiero que deben afrontar al endeudarse, justamente, para hacer frente a los costos. La mayoría de las subdistribuidoras está al borde de la extinción. Sus deudas en conjunto ronda los 2 mil millones de pesos.
En 1995, según Adigas, el precio del gas se componía de la siguiente forma. Un 41 por ciento correspondía a las productoras, el 11 por ciento al transporte, el 24 por ciento a las distribuidoras y subdistribuidoras. El resto eran impuestos nacionales y provinciales. En la actualidad, los impuestos representan menos del 20 por ciento, lo que indirectamente recargó el aumento del precio en productoras y transportadoras.
Durante el gobierno de Cambiemos, las empresas fijaron el precio del gas natural que querían. Ahora, se corre un riesgo similar. Del lado de las extractivistas – donde YPF, Total Austral, Pan American Energy y Tecpetrol explican el 75 por ciento de la producción – sostienen que el precio del millón de BTU es de 3 dólares 91 centavos. Sin embargo, no dicen cómo llegan a ese precio, cuando es obvio que no es lo mismo extraer gas de la Cuenca Neuquina que de otras cuencas. El Informe Técnico Complementario de Energía estima que este año la demanda prioritaria – que suma residencias y comercios – alcanzará los 14 mil 254 millones de metros cúbicos. Teniendo en cuenta el precio del millón de BTU calculado por las productoras surge – como estima la Secretaría de Energía – que la demanda prioritaria equivale a 221 mil 605 millones de pesos [1.000.000 BTU es equivalente a 27 m3 de gas natural. El costo del gas natural para las residencias y comercio surge entonces del siguiente cálculo:
(14.254 MMm3 x U$s 3,91 MMBTU) / 27m3 = U$s 2.064 millones
Cabe aclarar que el cálculo de la Secretaría de Energía no toma el dólar promedio del Presupuesto Nacional (102,40 para diciembre 2021), sino el que surge del Relevamiento de Expectativas que realiza el BCRA (107,37 para diciembre de 2021).].
La propuesta oficial es que el 60 por ciento de ese monto, unos 132 mil 963 millones, lo pague el Estado nacional; es decir: el conjunto del pueblo. Lo dicho: sea con impuestos o mediante el endeudamiento público. El 40 por ciento restante, unos 88 mil 642 millones, lo pagarían los usuarios residenciales y comerciales. Sí, en teoría se beneficiarían los usuarios. Sin embargo, la realidad es que las grandes empresas del sector siguen haciendo prevalecer su situación monopólica y presentan precios que no se sabe a ciencia cierta cómo se componen. Las mismas que con el tarifazo de Cambiemos fugaron capitales. Unos 24 mil 769 millones de dólares en los cuatro años de la gestión macrista.
Los datos se publicaron en la nota Los cien de Macri (El cohete a la Luna). Nunca fueron desmentidos. Ni por las empresas, ni por el BCRA. Es hora que las productoras, transportadoras y distribuidoras rindan cuentas. Las audiencias públicas que se desarrollarán hasta el viernes para fijar los cuadros tarifarios transitorias que regirán durante los próximos dos años es una buena ocasión para saber si el tarifazo macrista significó una utilidad mayor que la declarada y qué inversiones realmente hicieron. También para conocer cómo llegan las empresas a establecer que el millón de BTU vale 3 dólares con 91 centavos.
http://socompa.info/economia/el-riesgo-de-tropezar-con-la-misma-piedra/
El nuevo régimen de promoción
de generación de empleo en el Norte Grande incluye la reducción de
aportes patronales de hasta 80% por las nuevas relacionales laborales
durante un período de tres años, con el objetivo de potencia la
creación de puestos de trabajo para la región. Al anunciar su
puesta en marcha, en la reunión del Consejo Regional del Norte
Grande que se realizó hoy en Catamarca junto a los gobernadores de
la región, el presidente Alberto Fernández exhortó a "eliminar
los desequilibrios" entre las distintas regiones.
El plan
prevé la instrumentación de incentivos fiscales en las
contribuciones patronales que pagan los empleadores radicados en las
provincias del Norte Grande -integrado por Catamarca, Chaco,
Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán-, a fin de corregir por este medio asimetrías
regionales en favor de las zonas más postergadas del país.
La
propuesta implica una rebaja gradual y temporaria de las
contribuciones patronales por las nuevas relaciones laborales,
durante un período de tres años, en sectores económicos
determinados de esas provincias orientados a la producción de
bienes. Entre las condiciones para acceder a dicho beneficio se
establece como requisito que los empleadores deberán producir
incrementos en su nómina de personal.
En particular, incluye la
reducción de 70% de las contribuciones patronales de nuevas
contrataciones a trabajadores varones el primer año, 45% el segundo
año y 20% de reducción el tercer año. En el caso de las
nuevas contrataciones a trabajadoras mujeres; travesti, transexual o
transgénero, la reducción de las contribuciones patronales es de
80% el primer año, 55% el segundo año y 30% el tercer año. 
El
ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, explicó que "esta
política tiene al mismo tiempo el objetivo de cumplir con
reducciones de tres grandes desigualdades que tiene la Argentina. La
primera es la desigualdad territorial, donde claramente las
provincias del Norte tienen mayores costos de infraestructura de
logística y esta es una herramienta para compensar partes de esos
costos diferenciales", dijo.
"En segundo lugar apunta
a reducir desigualdades de ingreso" que son mayores en estas
provincias, detalló y apuntó que en tercer término se busca
combatir la "desigualdad de género, que es tema que este
Gobierno nacional se ha propuesto reducir". El objetivo del
Consejo Regional del Norte Grande es "propiciar una agenda en
común en un proceso de integración para el desarrollo".
Para
el Gobierno nacional, "se requiere de un modelo de desarrollo
más justo, equilibrado, solidario y con perspectiva de género que
apoye a todos los argentinos y argentinas del país, particularmente
a quienes viven en las zonas más postergadas".
En ese
sentido, el Presidente ratificó hoy su compromiso de que "cada
argentino pueda desarrollarse allí donde nace y pueda encontrar allí
todo lo que necesita para su felicidad". La reunión del
Presidente con los gobernadores provinciales se desarrolló en el
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, actual sede del
Poder Ejecutivo provincial, donde fue recibido por el mandatario
local de Catamarca, Raúl Jalil.
Cuando las noticias se apagan
por Martín Becerra
El bloqueo informativo ejecutado por Facebook contra la ley australiana que la obliga a pagar a medios periodísticos expone los conflictos de la era digital.
El futuro de los medios de comunicación, del poder de las plataformas digitales y de la eficacia y las limitaciones de la política pública se jugó una partida feroz en Australia en las últimas semanas. El conflicto allí desatado entre Facebook, Google, grandes grupos periodísticos y el gobierno escaló a niveles insospechados y sus repercusiones se sienten en el resto del mundo. La adaptación de las especies a la era digital muestra una de sus facetas más descarnadas.
Lo que pasó, en resumen, fue que Facebook reaccionó a lo que hasta el pasado jueves era un proyecto de ley que tramitaba el Parlamento australiano –promovido por el gobierno centro derechista de Scott Morrison– que obligaba a las grandes plataformas a negociar el pago a los medios de comunicación por los contenidos de estos exhibidos o compartidos en ellas. Facebook atacó con un apagón de noticias el 17 de febrero que privó a la ciudadanía del acceso a la información en la red social más utilizada. Una semana después, el Parlamento aprobó la norma, llamada “Código de Negociación Obligatoria para las Plataformas Digitales y Medios Noticiosos”. En el medio, hubo negociaciones y Facebook recalculó la intensidad de su decisión, comprometiéndose a restaurar las noticias en la plataforma; pero la turbulencia no se detuvo.
Inicialmente, también Google había resistido la propuesta del Estado australiano. De hecho, con poco éxito, llegó a lanzar una campaña apocalíptica para deslegitimarla, pero luego negoció un paquete de ayudas con los grandes pulpos mediáticos de Australia (en el marco de su iniciativa global llamada Google News Showcase, también lanzada en la Argentina), bajó los decibeles de la crítica y la transmutó en un intento de capitalización de la nueva ley. En cambio, Facebook forzó su postura hasta ejecutar el apagón de noticias que afectó no sólo a las entidades periodísticas sino también a organizaciones de la sociedad civil y a instituciones estatales que activan en su plataforma como lógico espacio de encuentro con públicos y usuarios.
Facebook argumentó que el contenido de noticias representa menos del 4% de lo que los australianos usan en su red y que las empresas de medios reciben tráfico –por lo tanto, recursos- por su presencia voluntaria en la plataforma. Los grupos periodísticos de Australia, encabezados por los medios de News Corp, contraatacan subrayando que entre Facebook y Google concentran el 81% de los ingresos publicitarios y que el bloqueo de la compañía de Mark Zuckerberg les restó más de un tercio de las visitas diarias.
Aunque Facebook haya retrocedido finamente con el apagón, la demostración del poder que tiene con una medida tan drástica y masiva se suma a la preocupación de numerosos países por la cesión de facultades soberanas a las corporaciones de Silicon Valley. Sus reglas y algoritmos son objetados tanto por su opacidad como, también, porque determinan la suerte o desgracia de organizaciones económicas, sociales y políticas afectadas por la programación que hacen las plataformas en los sistemas de priorización (y remoción) de contenidos.
Por eso y como consecuencia directa de los sucesos, una coalición liderada por Alemania, Francia, Australia, Finlandia, Canadá y otros diez países avanza en la adopción de reglas comunes para definir “compensaciones justas” de los gigantes digitales a los grupos mediáticos.De hecho, la australiana no es la primera orden estatal que busca derivar parte de los ingresos publicitarios de las compañías de internet a los medios, cuya economía padece una crisis sin precedentes: también Francia impulsa políticas similares con documentación reunida por su autoridad de defensa de la competencia y amenaza con altas sanciones económicas a Google.
Aunque capturan buena parte de la torta publicitaria digital, Google y Facebook afectan de modo muy distinto al ecosistema de información y opinión tradicionalmente monopolizado por los medios de comunicación. Si bien en ambos casos desprograman y desorganizan las ediciones porque el contenido compartido en las redes digitales deja de tener el formato compaginado por sus productores, mientras que el motor de búsqueda de Google y su News exhibe el catálogo de títulos y resúmenes de notas con un orden jerárquico velado al conocimiento público, en Facebook en cambio son las propias empresas periodísticas las que deciden abrir muros y tener actividad allí.
Por lo demás, la cancelación de noticias por Facebook tuvo al menos un efecto indeseado para la reputación de las compañías digitales en lo inmediato, pues masificó la comprensión de la función editorial que ejercen las grandes plataformas. Que las bigtech tienen un poder inédito como espacios de distribución y acceso de contenidos no es una novedad, pero lo que evidencia el “caso australiano” es su rol editorial. No son intermediarios asépticos, como sus abogados han predicado en las últimas décadas, sino que son actores que pueden dañar el interés público trastornando acceso social a información relevante y también erosionando la labor de las organizaciones periodísticas y culturales.
La adopción de normas legales o su discusión es un estímulo para que conglomerados con poder dominante accedan a revisar parte de su desempeño. La nueva ley australiana puede ser criticada por su probable desenlace en un acuerdo entre gigantes: las plataformas digitales y los grupos más concentrados de medios. Efectivamente, las expectativas realistas de que medios locales, medianos, pequeños, comunitarios o cooperativos participen de un esquema “justo” de distribución de los beneficios que trae la amplia circulación de contenidos periodísticos, son escasas. Estos temen, con razón, que al apagón noticioso de Facebook le suceda el apagón informativo de ellos mismos.Más que ordenar la negociación entre privados, que subestima a quienes tienen menor capacidad de lobby, la política pública podría establecer normas tributarias más adecuadas según ingresos y nivel de actividad y luego definir, democráticamente y en consultas abiertas con todos los intereses cruzados, los sistemas de asignación a todos los actores, no sólo a los más poderosos. Pero nada de lo que pasa hubiese ocurrido sin la iniciativa estatal de revisar reglas de juego asimétricas. Esa revisión supone una alteración de la dinámica desigual del cambio, atenuando los impactos más regresivos de era tecnológica.
https://martinbecerra.wordpress.com/2021/03/20/facebook-cancela-las-noticias/
El complejo juego de relaciones que se establecen a todo nivel entre los humanos pensantes/ racionales/ conscientes … cada quién con sus posibilidades y potencialidades, encuentran en las confusiones presentes, los mismos elementos pasibles de solucionar como de agigantar problemas, de crearlos nuevos como de agravar los existentes o solucionar estos mismos sin producir otros males. El neoliberalismo es la etapa última de una civilización que ve desvanecer sus certezas, seguridades y operaciones de control. En la capacidad que comprendamos que podemos elegir con quienes y desde dónde jugar el juego, y nos hagamos responsables de esas decisiones, se confirmarán en la realidad cualquiera de esas opciones. Nadie se salva solo, pero la parte de cada uno no la hará “otro”.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
Imágenes:
Los dibujos de un solo trazo de Picasso alcanzaron su cúspide entre 1918 y 1924, en la prolífica obra de Picasso, estos dibujos de un solo trazo representan un fenómeno aislado, si bien fascinante en extremo.
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