Sociedades del control
Juicio por delitos de lesa humanidad
Comenzó en Bahía Blanca el juicio a 38 militares y policías por crímenes de lesa humanidad.
Se trata del octavo juicio que se realiza en Bahía Blanca y el más grande en cantidad de imputados y víctimas: 38 militares y policías serán juzgados por hechos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebes y delitos contra la integridad sexual, cometidos en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. Otros 15 imputados fueron apartados o fallecieron antes del inicio del juicio.
Organismos de derechos humanos de la región convocan a asistir a la primera audiencia que se realizó ayer este jueves desde las 9 horas en la sala de audiencia del Tribunal Federal, ubicada en Chiclana y Lavalle.
Este jueves 17 de febrero a las 9 horas, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dará comienzo el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Cuerpo V del Ejército, que abarcó el sur bonaerense, Neuquén, Río Negro y la región patagónica. Se trata del octavo juicio que se realiza en Bahía Blanca y del más grande de la provincia de Buenos Aires por cantidad de imputados y víctimas.
El juicio de la denominada megacausa Zona V tiene 38 militares y policías imputados por delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebes y delitos contra la integridad sexual cometidos contra 334 víctimas. Además, 13 imputados fallecieron la instrucción de la causa y otros dos se encuentran incapacitados de afrontar un juicio. Se espera que más de 200 personas den testimonio durante las audiencias.
Entre los 38 imputados, se encuentran ex miembros del V Cuerpo del Ejército, del Destacamento de Inteligencia 181 y del Batallón de Comunicaciones 181, de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén, dos oficiales de la Policía Federal de Viedma, un miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires y el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.
Dos de los imputados fueron profesionales de la salud, se trata del ex oficial medico Humberto Adalberti y el suboficial enfermero Adalberto Bonini; de acuerdo a la acusación, Adalberti y Bonini, a cargo de la atención médica de las víctimas del centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita”, permitieron con su accionar prolongar el tiempo de cautiverio y las prácticas de torturas sobre las víctimas. Además, están acusados por la apropiación de los hijos de las desaparecidas María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero, que nacieron en ese CCD.
De cara al comienzo, en un comunicado firmado por H.I.J.O.S. Bahía Blanca, Red por el Derecho a la Identidad Bahía Blanca, Familiares de desaparecidxs, Nietas y Nietos de desaparecidxs y la Mesa por el Juicio y Castigo, los organismos de derechos humanos convocaron a la sociedad bahiense a asistir a la primera audiencia, que se realiza en el sede del Tribunal, ubicada en Chiclana y Lavalle.
Contrariamente a lo que sucedió en otros juicios en donde las audiencias se desarrollaban en la aula magna de la Universidad Nacional del Sur, el TOF de Bahía Blanca –integrado por los jueces Ernesto Sebastián, Marcos Aguerrido y Sebastián Luís Foglia– decidió que el juicio se desarrolle en la sede tribunalicia, con modalidad virtual y con proyección simultánea en la casa de altos estudios. La primera audiencia, a su vez, será transmitida en vivo por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación.
“Como único organismo de DDHH querellante, conjuntamente con las dos restantes querellas, la subsecretaria de DDHH de Provincia y la Secretaría de DDHH de Nación, realizamos un pedido de continuar los juicios en la sede de Colón 80 de la UNS, como fueron todos los juicios anteriores, como también, que sean transmitidos virtualmente en su totalidad por canal de Youtube. Hasta el momento no fue tenida en cuenta por el Tribunal, la presentación realizada de manera Oral y también escrita”, señalaron en el comunicado desde H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
Intervienen el fiscal general Miguel Palazzani y los auxiliares fiscales José Nebbia y Pablo Fermento.
Sociedades del control
Gilles Deleuz, filósofo francés, considerado entre los más importantes e influyentes del siglo XX. Desde 1953 hasta su muerte, escribió numerosas obras filosóficas sobre la historia de la filosofía, la política, la literatura, el cine y la pintura, dio a conocer su artículo "Posdata sobre las sociedades de control" en 1990 y en ese mismo año fue publicado en la Argentina en el número 21 de la revista Babel, con traducción de Martín Caparrós. Esta versión pasó luego a libro: El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo. (Christian Ferrer, compilador).
Primeramente en la Editorial Nordan (Montevideo, 1991) y más tarde en la Editorial Altamira (Buenos Aires, 1999, 2007). Otra versión disponible en el libro de Gilles Deleuze, Conversaciones. Valencia, Editorial Pretextos, 1995.
Gilles Deleuze proponía allí un programa de estudios para transformar el análisis de la sociedad disciplinaria, dado que, como el mismo Michel Foucault decía a fines de la década de 1970, la disciplina estaba perdiendo vigencia. En el anexo del libro que consagró a la obra de su amigo, Deleuze había entrevisto otra vía de renovación del pensamiento foucaultiano, esta vez respecto de la episteme moderna.
Sin embargo, el florecimiento de los libros, los proyectos de investigación y los congresos dedicados a Foucault, abonados por la publicación periódica de sus cursos dados en el Collège de France, omiten en general estas apuestas de Deleuze, quien ha sido, sin dudas, uno de sus mejores intérpretes, cuando no una inspiración intelectual directa. Tanto se habla de Foucault, tanto ha transitado en los programas de las facultades humanísticas y sociales, que sus problemas parecen evidentes y sus soluciones adecuadas, o denostado con igual ímpetu el conjunto de su pensamiento. Pero en uno y otro caso parece difícil atisbar lo que Foucault da a pensar y no lo que ya ha pensado. Con la figura de “sociedades de control”, inspirada en El almuerzo desnudo, de William Burroughs, Deleuze encuentra un modo de interpretar y de valorar a Foucault en relación a cuestiones contemporáneas en las que se juega, en definitiva, la vigencia de su obra. Es un texto corto, urgente, lleno de ideas y reivindicado apenas por un puñado de autores. (Pablo Rodríguez, docente en la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. “¿Qué son las sociedades de control?” Publicado en http://www.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/21.-Qué-son-las-sociedades-de-control.pdf)
Foucault situó las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX; estas sociedades alcanzan su apogeo a principios del XX, y proceden a la organización de los grandes espacios de encierro. El individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a otro, cada uno con sus leyes: primero la familia, después la escuela ("acá ya no estás en tu casa"), después el cuartel ("acá ya no estás en la escuela"), después la fábrica, de tanto en tanto el hospital, y eventualmente la prisión, que es el lugar de encierro por excelencia. Es la prisión la que sirve de modelo analógico: la heroína de Europa 51 puede exclamar, cuando ve a unos obreros: "me pareció ver a unos condenados...". Foucault analizó muy bien el proyecto ideal de los lugares de encierro, particularmente visible en la fábrica: concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe ser superior a la suma de las fuerzas elementales. Pero lo que Foucault también sabía era la brevedad del modelo: sucedía a las sociedades de soberanía, cuyo objetivo y funciones eran muy otros (recaudar más que organizar la producción, decidir la muerte más que administrar la vida); la transición se hizo progresivamente, y Napoleón parecía operar la gran conversión de una sociedad a otra. Pero las disciplinas a su vez sufrirían una crisis, en beneficio de nuevas fuerzas. que se irían instalando lentamente, y que se precipitarían tras la segunda guerra mundial:
las sociedades disciplinarias eran lo que ya no éramos, lo que dejábamos de ser.
Estamos en una crisis generalizada de todos los lugares de encierro: prisión, hospital, fábrica, escuela, familia. La familia es un "interior" en crisis como todos los interiores, escolares, profesionales, etc. Los ministros competentes no han dejado de anunciar reformas supuestamente necesarias. Reformar la escuela, reformar la industria, el hospital, el ejército, la prisión: pero todos saben que estas instituciones están terminadas, a más o menos corto plazo. Sólo se trata de administrar su agonía y de ocupar a la gente hasta la instalación de las nuevas fuerzas que están golpeando la puerta. Son las sociedades de control las que están reemplazando a las sociedades disciplinarias.
"Control" es el nombre que Burroughs propone para designar al nuevo monstruo, y que Foucault reconocía como nuestro futuro próximo. Paul Virilio no deja de analizar las formas ultrarrápidas de control al aire libre, que reemplazan a las viejas disciplinas que operan en la duración de un sistema cerrado. No se trata de invocar las producciones farmacéuticas extraordinarias, las formaciones nucleares, las manipulaciones genéticas, aunque estén destinadas a intervenir en el nuevo proceso. No se trata de preguntar cuál régimen es más duro, o más tolerable, ya que en cada uno de ellos se enfrentan lasliberaciones y las servidumbres. Por ejemplo, en la crisis del hospital como lugar de encierro, la sectorización, los hospitales de día, la atención a domicilio pudieron marcar al principio nuevas libertades, pero participan también de mecanismos de control que rivalizan con los más duros encierros. No se trata de temer o de esperar, sino de buscar nuevas armas.” ( Gilles Deleuze: "Posdata sobre las sociedades de control" en Christian Ferrer (Comp.) El lenguaje literario, To 2, Ed. Nordan, Montevideo, 1991. Traducción: Martín Caparrós)
Fragmentaciones y control
La fragmentación de “lo humano”, en tanto necesidad de ruptura respecto a la tríada teocrática que sostenía a las sociedades feudales (Cuerpo, alma, espíritu), supuso, en la irrupción de la mentalidad científica racional y lógica, la necesidad de limitar espacios de comprensión para que la ciencia pudiese manipular y establecer sus conjeturas y crear así el conocimiento científico.
Las diferentes disciplinas científicas se articularon en torno a sociedades que repetían el modelo de fragmentación. Las personas tenían una vida pública, social y una vida privada, en el interior de sus deseos y pensamientos y en la intimidad de sus relaciones mas cercanas: pareja, familia, amistades. Al mismo tiempo, sus quehaceres adquirían iguales estados fragmentarios … La vida laboral, la vida espíritual o religiosa, la vida familiar, cada aspecto de la vida adquiere así dimensiones propias diferentes y la imposibilidad de una coherencia de todas en una sola integridad individual, por tanto se pudo ser “buen padre” y “genocida”.
El paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades del control, en el devenir de la evolución de esas vidas fragmentadas, se consuma, en America Latina y algunas otras sociedades del llamado “Tercer mundo”, en cruentas dictaduras militares que establecían los limites de la libertad individual y el imperio del neoliberalismo como dirección global.
Es imposible pensar y comprender el neoliberalismo (El discurso del libre mercado, del mundo único, del fin de la historia, de las ideologías y de las fronteras territoriales e identatarias con las que los pueblos definen su pertenencia concreta a un territorio concreto el cual consideran soberanamente propio y ejercen allí su capacidad de decidir como quieren vivir y producir en él), sin los totalitarismos y dictaduras sobre las cuales se impuso el modelo de globalización vigente, transnacional, corporativo, financiarizado, megaproductivo manejado por un puñado de 600 corporaciones que involucran apenas al 2% de la población y definen los rumbos de la humanidad…
Lo que vino en los 90 no fue mas que recoger la siembra. Los límites ya habían sido impuestos. El temor anida en las consciencias. El control es un resultado “natural” de los sucesos y del devenir de las subjetividades creadas a fuerza de desapariciones forzadas, asesinatos sin juicio, encarcelamientos sin procesos de legitima defensa, exilios.
Las crisis que caracterizaron el final del siglo XX y el comienzo del XXI, fueron las consecuencias del agotamiento del sistema respecto de sus posibilidades en la realidad. Las tensiones son irresolubles. Nunca se puede imponer algo del todo y la reacción, sino es conducida por voluntades organizadas, resultan productos del hartazgo y el cansancio y explotan anarquicas y desordenadas. Esas explosiones, no producen transformación sino solamente la revelación de que el rumbo que se está siguiendo no es positivo para todos. Sin embargo no hay conque reemplazarlo. Por esto, las transformaciones tienen sus expresiones máximas en meras reformas y el temor sigue dominando las conciencias de la gente respecto a como orientar sus decepciones, angustias, hartazgos y percepciones de las dificultades actuales.
Los sectores del privilegio no tienen contra quién pelear y entonces, en su afán de prevalecer, inventan enemigos que se pueden sostener poco tiempo, pues la realidad devuelve esa percepción de que solo hay un modelo vigente en el mundo y que se impone a fuerza de violencia militar imperial y de dinero.
Inventar enemigos, sostener el temor y la industria de la guerra y las operaciones de inteligencia en la globalización, hasta el momento alcanza para impedir conciencias que se aglutinen en propuestas de sociedades diferentes.
Los controles se sostienen en las instituciones del pasado, pero además, en algunas nuevas … Posibles por los nuevos escenarios tecnológicos, digitales y paridos en estas sociedades globales.
Ecosistemas digitales
Más suscripciones digitales, más TikTok y menos Facebook: las perspectivas del periodismo para 2022
Ocho de cada diez reporteros y jefes de redacción planean avanzar este año con estrategias de suscripciones o de membresías.
Esta es una de las principales revelaciones del estudio “Periodismo, Medios, Tendencias Tecnológicas y Predicciones del 2022”, elaborado por el Instituto Reuters para el estudio del Periodismo.
La encuesta fue elaborada con periodistas, editores y directores de medios de comunicación de 52 países y territorios del mundo, entre ellos varios de Sudamérica como Argentina, Colombia, México, Ecuador y Brasil.
La mayoría de periodistas afirman que una de sus prioridades será avanzar con las suscripciones, sin embargo, a un 47% le preocupa que los modelos de membresías impulsen un periodismo que “atienda en exceso a las audiencias más ricas y educadas y deje atrás al resto de los ciudadanos”.
Los medios han detectado que -en un número importante de casos- quienes se convierten en suscriptores pagos tienden a ser personas de un perfil socioeconómico alto con interés en los asuntos públicos. El levantamiento de muros de pago es un método razonable para financiar el periodismo, pero también establece brechas en las audiencias.
Sin embargo, el autor del estudio afirma que podemos esperar en 2022 más ofertas para personas de menor poder adquisitivo.
“El Daily Maverick en Sudáfrica ofrece una membresía de "paga lo que puedas pagar" y El Diario en España permite que las personas no paguen nada. En Portugal, la financiación de la lotería se ha utilizado para financiar 20.000 suscripciones gratuitas a noticias digitales para ocho medios de comunicación (...). Otros, como Politiken en Dinamarca, están buscando extender esquemas que ofrecen acceso gratuito para estudiantes a instituciones educativas”, se lee en el estudio.
A continuación, una lista de perspectivas del periodismo para este 2022:
1. Aumento en ingresos impulsa confianza
Tres de cada cuatro periodistas (75%), editores, directores de medios y líderes digitales están confiados acerca del futuro de sus medios. Esto viene impulsado por un incremento en las ganancias de los medios, en donde seis de cada diez periodistas afirman que los ingresos crecieron en 2021, pese a que el consumo digital de noticias cayó.
“El periodismo ya no se da por sentado. La industria se está explicando mejor y el dinero fluye proporcionalmente al crecimiento económico”, dice David Walmsley, editor del Globe and Mail de Canadá, quien participó en el estudio.
Sin embargo, esta confianza baja a 60% cuando se les consulta por el futuro del periodismo. La polarización de las sociedades, ataques a periodistas y la estabilidad financiera de medios regionales son parte de las preocupaciones.
2. Diversificación
En promedio, los medios intentarán tener tres o cuatro fuentes de ingresos que serán muy importantes este año. Un 30% esperan obtener ganancias a través de plataformas tecnológicas para licencias de contenido o innovación, con un 15% buscando donaciones. Otros esperan reiniciar eventos que se estancaron durante la crisis del COVID-19.
3. Menos Facebook y Twitter, más TikTok e Instagram
Los editores dicen que le prestarán menos atención a Facebook y Twitter este año. En cambio, los esfuerzos en redes sociales irán hacia Instagram, TikTok y Youtube, plataformas populares entre las personas jóvenes. Además, los medios manifestaron que endurecerán controles sobre lo que publican sus periodistas en redes como Facebook y Twitter, dado que se puede dañar la confianza del medio para el que trabajan, conforme expresan más sus puntos de vista.
4. No esperemos mucha innovación
Se puede esperar un “back to basics”, de acuerdo con el Instituto Reuters. Dos tercios de los entrevistados admitieron que se enfocarán en mejorar los productos ya existentes en lugar de lanzar nuevos. Los editores alegan que la falta de recursos así como la dificultad para retener y atraer talento son las principales barreras para innovar.
5. Más podcasts
El podcast vino para quedarse y los editores invertirán más recursos en estos formatos así como en los newsletters, dado que ambos han probado incrementar la lealtad y atraer nuevos suscriptores.
6. Más redacciones completamente virtuales
Las audiencias no deben extrañarse de ver más organizaciones de noticias que cierran sus oficinas. No es una mala noticia del todo. En Reino Unido, la editorial regional Reach (dueña de nueve medios ingleses, 110 periódicos regionales y 80 marcas digitales) ha cerrado el 75% de sus oficinas, convirtiendo al personal en trabajadores remotos, mientras que otra editorial, Archant, cerrará dos tercios de sus oficinas para marzo de este año.
7. Los explainers cada vez son más necesarios
Los formatos explicativos son cada vez más necesarios cuando Internet está lleno de la misma noticia contada solo para expertos. Las audiencias quieren entender el mundo acelerado en el que viven, por qué sus amigos hablan de ciertos acontecimientos y los explainers son la mejor manera de consumir información breve, atractiva y sencilla.
El COVID-19 ha incrementado esta necesidad y los formatos explicativos se convierten en hits virales de las redes sociales, especialmente cuando son presentados en video.
La necesidad de políticas públicas mas claras
Políticas públicas y legislación en materia digital: ¿Hay avances o retrocesos en América Latina?
El Foro de Comunicación para la Integracion de NuestrAmérica (FCINA), Publicó el siguiente informe en el medio “pressenza”
Pese a que existe ya un buen número de documentos de análisis que tipifican las diversas amenazas que el incontrolado avance de las corporaciones monopólicas sobre la red internet y las tecnologías digitales supone para los derechos humanos y el desarrollo equitativo de las poblaciones, la acción estatal frente a este hecho, tanto en términos de medidas de gobierno como de regulación legislativa, es lenta.
En parte debido a la velocidad rasante de los cambios tecnológicos, en parte por la complejidad que representa la transversalidad alcanzada por la digitalización y las posibles implicancias de leyes que pudieran afectar los derechos que se quiere defender, los desafíos son muchos y la difusión y el debate público sobre casos de avance en nuestra región, escaso.
El espacio latinoamericano-caribeño
Internet Ciudadana organizó un conversatorio virtual para abordar este aspecto clave y sensibilizar fuera de los reducidos espacios especializados.
Sobre la necesidad de regulación, la periodista británico-ecuatoriana Sally Burch (ALAI) señaló que si bien en los inicios de internet se reivindicó a la red como un espacio libre que no necesita regulación, esta situación ha cambiado, en particular por la creciente concentración y control que ejercen de hecho las principales plataformas con las que interactuamos. El modelo de negocio de estas corporaciones se basa en la recolección y procesamiento de datos de todo tipo, de tal modo que no sólo deja indefensas a las personas sino que se ejerce competencia desleal frente a las pequeñas y medianas empresas, asumiendo además funciones y servicios que antes correspondían a las entidades públicas, las más de las veces sin mecanismos democráticos de rendición de cuentas.
Por su parte, Paula Martins, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) señaló que la internet continúa teniendo un gran potencial como aplicadora de derechos y de desarrollo social y económico pero que hoy ya se comprenden mejor los riesgos que también conlleva. Entre los principales cambios de la última década, puede observarse que la red es mucho más amplia y complejiza las interacciones y vivencias personales con la tecnología digital. Además hay una nueva configuración del mercado y la economía alrededor de la internet con actores con vasta influencia más allá de la esfera económica, cuya operación es arbitraria, en base a reglas definidos por ellos mismos.
Un problema es que se está regulando, pero no siempre de manera positiva para los usuarios y usuarias. La pregunta entonces, señala Martins, es qué tipo de regulación se necesita para mantener y reforzar la internet que queremos, “una internet global, abierta, libre, descentralizada, verdaderamente al servicio de las personas, de sus derechos tanto de manera individual como de manera colectiva”.
En cuanto a los consensos necesarios para avanzar , hay algunos aspectos que dificultan. La tecnología es un tema que en sí puede resultar excluyente por la falta de comprensión de cómo funciona y su impacto, en especial si el debate se hace con una jerga técnica. En el caso de legisladores que sí tienen acceso a una asistencia capacitada, el desafío es salir al paso de la velocidad con que avanzan y mutan estas tecnologías. Hay poco tiempo para comprender su impacto y discutir las soluciones que como sociedad queremos adoptar.
Para regular la internet se requiere crear un contexto de debate público plural e incluyente que habilite soluciones democráticas. Lo más importante es “romper la lógica que ha primado en nuestra región de adoptar legislación y regulación sin debate público, de una manera acelerada respondiendo a coyunturas o intereses políticos o de otra índole sin un análisis profundo de las implicaciones de cada propuesta pasándolas por el lente de los estándares regionales e internacionales de derechos humanos y de las garantías constitucionales”, indicó la investigadora.
Por otra parte, además del tema de la moderación de contenidos online, cuestión importante que ha ocupado buena parte de los debates, es necesario introducir una agenda que incluya la navegación de contenido para que la internet continúe siendo libre, neutral y segura, la privacidad y la protección de datos, pero también el acceso y la infraestructura. Es preciso promover un ambiente regulatorio que garantice la no fragmentación de la internet, la accesibilidad, las alternativas de acceso para quienes lo enfoquen desde la autodeterminación de las comunidades, poner un freno a monopolios y oligopolios, tratar temas de la seguridad digital para las mujeres, la población lgbti+, entre los sectores más vulnerables y abordar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos en línea.
El caso brasileño
En Brasil hay un entorno normativo superpuesto y contradictorio que acarrea incluso una gran inseguridad jurídica, señala Renata Mielli, coordinadora del Centro de Estudios de Medios Alternativos Barão de Itararé y miembro de la Coalición por los Derechos en la Red. Es más, legislar es complejo debido a los grandes intereses involucrados.
Ante la rápida evolución de las tecnologías digitales, es necesario tener leyes flexibles pero cuyos presupuestos básicos deben asentarse en la defensa de la soberanía nacional, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la tendencia que imponen las empresas a profundizar un estado de vigilancia social. Leyes que respeten los derechos fundamentales y que busquen producir un ambiente más democrático a partir del uso y la existencia de las tecnologías.
En un escenario complejo, producto de la siempre existente correlación de intereses y fuerzas, es posible partir de tres grandes legislaciones brasileñas: el Marco Civil de la internet, la Ley de Protección de datos generales y la posibilidad de que sea aprobada la ley 2630, que contienen un conjunto de principios en el que otras leyes e iniciativas judiciales y civiles pueden reflejarse.
Su principal característica es la protección de los usuarios y de las personas. Recientemente incluso, se consolidó la aprobación de la inclusión en el artículo quinto de la Constitución Federal de un dispositivo que reconoce la protección de datos como derecho fundamental.
Entre muchas otras iniciativas, un proyecto de ley actualmente en discusión que ha logrado ser modificado a partir de la acción de las organizaciones de derechos digitales, es la que regularía el accionar de las plataformas de internet, estableciendo reglas de transparencia para la actividad de estas empresas, en particular en lo concerniente a la moderación de contenidos, para defender la libertad de expresión de los usuarios.
Esta ley 2630, pronta a ser votada, que nació como combate a la desinformación y acabó transformándose en un punto de partida para la manipulación mínima de las plataformas digitales, también crearía mecanismos de transparencia para la publicidad en línea, un código de conducta, un mecanismo de regulación participativa sectorial, sanciones para las empresas que no respeten la legislación nacional, entre otros dispositivos.
Junto a muy marcados intereses de mercado en el campo de la infraestructura detrás de la exigencia al Estado de políticas que garanticen el acceso a la internet, hay también un avance de políticas y discusión sobre la cuestión de la inteligencia artificial con muy poca participación social, a pesar de su gran impacto en la configuración de la sociedad.
Uruguay, de pionero en soberanía digital a peón de las corporaciones
En el 2008, se aprobó en Uruguay una ley de protección de datos personales definiendo a ésta como un derecho humano, perfectamente aplicable en su uso al espacio digital, expresó en su intervención Enrique Amestoy, activista por la Soberanía Tecnológica y actualmente administrador de sistemas y programador en la comisión sectorial de investigación científica de la Universidad de la República.
Un paso importante, en Diciembre de 2013, fue la aprobación de la Ley de software libre en el Estado (No 19179), que tuvo sus dificultades para ser puesta en práctica. En Abril 2014, se instituyó el Decreto 92/014, por el cual los correos electrónicos institucionales deben tener como dominio «.gub.uy» o «.mil.uy», prohibiéndose la utilización de cualquier otro nombre de dominio, de acuerdo con los «Lineamientos para la implementación y uso de servicios de correo electrónico seguro».
Otro logro importante en Uruguay, fundamental para los países latinoamericanos, es la obligación del Estado de tener los datos y los sistemas informáticos de la Administración Central alojados en centros de datos seguros situados en territorio nacional (art. 3° del Decreto N° 451/009 de 28 de setiembre de 2009), lo cual evita que los datos sensibles de los ciudadanos puedan ser derivados a nubes corporativas privadas. Por fin, en Abril 2018, se establece la Firma electrónica avanzada (Decreto 70/2018), que según el sitio de gobierno, facilita la realización de trámites en línea ante diversos organismos públicos.
En cuanto a los temas preocupantes, en los que la participación ciudadana es fundamental, está la discriminación por pago en el tráfico de contenidos, que afecta la declamada neutralidad de la red, pero sobre todo el poder desbocado supranacional de las grandes empresas tecnológicas.
Como ejemplo, en Uruguay en septiembre 2021, el ministro de industria firmó acuerdos con Amazon y Microsoft para el uso de la nube y sistemas de inteligencia artificial respectivamente.
Otro ejemplo es la reciente adquisición por parte de la plataforma “Star+” de Disney, de los derechos de transmisión del fútbol uruguayo por streaming, afectando a todos los usuarios.
Otras cuestiones acuciantes son los delitos en las redes sociales, como delito de acoso, delitos de odio o desinformación. Tenemos que pensar si la legislación vigente en cada uno de los países para el mundo fuera de lo digital aplica o no a la internet, con las modificaciones específicas del caso, manifestó el académico.
Ecuador: Avances en protección de datos y criminalización de prácticas digitales de seguridad.
La legislación y la regulación intermedia relativa a derechos digitales en el Ecuador se efectúa en un contexto de gran polarización política, precisó Valeria Betancourt, Directora del Programa de políticas de información y comunicación en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). Esto incide en el deterioro de la calidad del debate público en redes sociales a través de la presencia de redes paraestatales que se organizan para hacer más tóxico el entorno en línea.
En medio de esos retrocesos en materia de derechos digitales en América latina y en el Ecuador, hay algunos avances destacables. Uno de ellos es la aprobación en ese país de la Ley de protección de datos personales, que se constituye en un mecanismo habilitante de otros derechos y que apunta a garantizar que se refuerce la capacidad de autodeterminación informativa en la era digital.
Por otra parte, la persistente brecha digital causa problemas de exclusión severa por la tendencia a que buena parte de los aspectos de la vida y el trabajo de las personas transcurre en línea, lo que se acentuó con la emergencia sanitaria, el confinamiento de la población y la virtualización de muchos aspectos de las dinámicas sociales y económicas.
La existencia de datos en línea se ha incrementado significativamente y las modalidades de análisis de los datos se ha sofisticado de tal manera que arrojan aspectos muy reveladores de las personas. Por lo que quién tiene acceso a nuestros datos personales realmente puede saber mucho sobre nosotros, nuestros antecedentes médicos, orientación sexual o preferencias políticas, entre muchas otras cuestiones.
En Ecuador ha habido varios episodios de filtraciones masivas de datos. En 2019 una filtración que expuso nombres, información financiera y otros datos personales de casi toda la población del país. Recientemente se filtraron los datos de clientes de uno de los bancos nacionales que congrega la mayor cantidad de personas en el sistema bancario.
La actual ley de protección de datos viene a llenar un enorme vacío normativo, conteniendo reglas claras para evitar usos arbitrarios y legítimos o con consecuencias discriminatorias. Luego de un proceso largo se sienta un paradigma por el nivel de alineación que tiene esta ley con estándares internacionales de derechos humanos.
Es un instrumento fuerte que establece reglas para la actividad de los actores públicos y privados sobre recolección y el tratamiento de los datos personales, permite no sólo hacer efectivo el derecho de las personas a ser informadas sobre los fines de dicha recolección y tratamiento sino que establece qué información puede recogerse, cómo se autoriza, por cuánto tiempo y como se resguarda la información. Por último, incluye derechos esenciales relacionados con la autodeterminación informativa como acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Plantea definiciones bastante claras respecto a lo que constituye un dato personal y además cuenta con una lista acabada de principios ampliamente reconocidos como principios generales de protección presentes en normativas similares en otros países y en instrumentos internacionales, al tiempo que establece una autoridad de control dotada de independencia con rango de superintendencia así como mecanismos apropiados para garantizar la aplicación de la ley.
Por otro lado, un acontecimiento que está sucediendo en este momento en Ecuador es el caso de Ola Bini, un miembro de la comunidad de seguridad informática que está siendo perseguido judicialmente por acusaciones que no se sostienen, señaló Betancourt.
Justamente cuando pensamos en llevar a la práctica el derecho a la privacidad y a comunicarnos de manera segura en el entorno digital, no podemos dejar de referirnos a la importancia crucial del trabajo que Ola Bini y la comunidad de seguridad informática realiza en torno al desarrollo de herramientas de protección de ese derecho, la identificación de vulnerabilidades de las infraestructuras digitales públicas y privadas y la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad de esas infraestructuras.
Muy problemático es el uso de una captura de pantalla del navegador Tor, que permite moverse de manera anónima, cifrada y segura en la internet, para acusar a Bini de injerencia arbitraria en sistemas informáticos. Eso es terriblemente grave, porque no solamente se está juzgando la actividad de un experto en seguridad digital, sino el uso de estas herramientas, sentando un precedente de criminalización del uso del cifrado, reconocido por expertos de Naciones unidas y otras instancias como central para la posibilidad de ejercer la libertad de expresión y otros derechos.
Internet Ciudadana es una iniciativa en construcción que apuesta a generar un espacio latinoamericano y caribeño, donde las organizaciones que trabajan por la justicia social, la democracia, la democratización de la comunicación, el software libre y abierto, la neutralidad de la red o la amplia gama de los derechos humanos, así como para el empoderamiento de la ciudadanía, puedan confluir para construir agendas comunes hacia la Internet de los pueblos.
La sociedad global del control: Los tentáculos de Pegasus que van desde Asia hasta América Latina.
En los últimos días se conoció que el diario salvadoreño El Faro y la defensora de derechos humanos Ebtisam al-Saegh, en Baréin, fueron blanco de espionaje a través de Pegasus, “software” israelí. Esto refuerza la necesidad de llevar a cabo discusiones que protejan los derechos humanos ante el uso de herramientas tecnológicas.
María José Noriega Ramírez, Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana. Empezó como practicante en El Espectador en junio del 2020. Le interesa especialmente entender cómo las dinámicas sociales y políticas del país, así como del mundo, se pueden estudiar y entender a través de las expresiones culturales. Con convicción, cree que la cultura es un escenario de construcción de paz y como tal ha escrito sobre mujeres, conflicto armado e iniciativas de paz. Escribe este informe en el portal del medio colombiano “El Espectador”
El 3 de julio de 2017, Ebtisam al-Saegh fue sacada de su casa en Yid Ali, al sur de Manama, capital de Baréin, cuando al menos 25 agentes vestidos de civil y enmascarados, que dijeron pertenecer a la Dirección de Investigaciones Criminales, irrumpieron en su hogar después de la medianoche. Quitándole su documento de identidad y su teléfono, se la llevaron sin explicación alguna. “No hace falta que hables. Lo sabrás en cuanto llegues”, fue la respuesta que obtuvo al preguntar por el motivo de su detención y por el lugar al que la llevaban. Una serie de publicaciones en Twitter sobre el maltrato perpetrado desde la Agencia de Seguridad Nacional contra las mujeres, responsabilizando al rey de Baréin de ello, sería la razón de su detención, creyendo que su trabajo por la defensa de los derechos humanos guardó relación con lo sucedido, escribió Amnistía Internacional en un comunicado.
Aquella no fue la primera vez en la que fue retenida. La organización internacional afirmó que, en una ocasión anterior, siete horas de detención terminaron en el sometimiento a tortura y agresión sexual. Ahora, se conoce que Al-Saegh sufrió un nuevo ataque, pero esta vez de forma silenciosa: fue objeto de espionaje a través de Pegasus, software creado por el Grupo NSO, empresa israelí.
“El hogar solía ser el único espacio seguro para mí, un lugar de libertad personal donde podía quitarme el velo y ejercer mis libertades religiosas y sociales sin límites”, dijo la líder bareiní en un comunicado compartido por Front Line Defenders (FLD), grupo de defensa de los derechos humanos. “El miedo ha restringido mi trabajo. Estoy constantemente ansiosa y temerosa de haber puesto a otros en riesgo debido a su contacto conmigo”, agregó Al-Saegh, cuyo celular, según afirmó el laboratorio Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, fue hackeado por lo menos unas ocho veces, entre agosto y noviembre de 2019, con el software del grupo israelí, cuando al trabajar para Salam para la Democracia y los Derechos Humanos estaba siendo acosada por las autoridades de su país, según reportaron FLD y Access Now, organización que vela por la protección de los derechos digitales.
Aunque Al-Saegh no fue físicamente retenida esta vez, la invasión a su celular, donde tiene información personal, como conversaciones y fotografías, y en donde se consagra toda su red de contactos, equivale a que las autoridades allanaran su casa. Así, al menos, lo advierte la Fundación Karisma, organización que trabaja en la protección y promoción de los derechos humanos y de la justicia social en el diseño y uso de las tecnologías digitales. Desde allí se comenta que, en regímenes autoritarios, donde las mujeres son discriminadas en razón del género, la violencia contra ellas también se puede manifestar en el mundo digital, lo que convierte a las mujeres líderes en un target.
Y es que Al-Saegh no ha sido la única que ha sido objeto de persecución en Baréin: la periodista Ghada Jamsheer, entre 2014 y 2016, fue llevada diez veces a juicio por difamación, hecho relacionado con la información publicada en su cuenta de Twitter acerca de un presunto caso de corrupción en el Hospital de la Universidad Rey Hamad, siendo condenada a diez meses de prisión, según informó Amnistía Internacional en ese entonces. Esto ocurre en un país en el que, según reporta la organización de derechos humanos, se registran juicios injustos de manifestantes y de personas que critican en internet al gobierno y a sus familiares, al tiempo que las mujeres son discriminadas en la legislación.
Sin embargo, las líderes defensoras de derechos humanos, como Al-Saegh y la jordana Hala Ahed Deeb, quien trabaja con organizaciones de derechos humanos y grupos feministas en su país, no son las únicas que han sido espiadas con el Pegasus. El diario salvadoreño El Faro también fue blanco de ello. Según un estudio llevado a cabo por Citizen Lab, en el que participó Access Now, los celulares de 22 miembros del medio de comunicación fueron intervenidos con Pegasus, incluyendo, en cerca de 17 meses de espionaje, al menos del 29 de junio de 2020 al 23 de noviembre de 2021, a jefaturas editoriales, periodistas, miembros de la junta directiva y al personal administrativo.
“No nos ha sorprendido sabernos intervenidos, sino la cantidad, frecuencia y duración de estas intervenciones. Casi todo El Faro ha sido intervenido. Todo apunta, según los peritajes que hemos analizado, a que el responsable de estas intervenciones es el gobierno salvadoreño, que está utilizando el software para espiar y obtener ilegalmente información alojada en los teléfonos de periodistas”, afirmó Carlos Dada, director y fundador de El Faro. Y es que algunas de las fechas en las que se llevó a cabo el espionaje coinciden, por ejemplo, con la investigación acerca de la negociación entre el gobierno y las pandillas, la implementación del bitcóin como moneda de curso legal y la posesión de la Asamblea Legislativa, controlada por Nayib Bukele.
Desde AlSur, organización que busca fortalecer los derechos humanos en el entorno digital en América Latina y el Caribe, recordando el escándalo de Pegasus en México, donde fueron interceptados los celulares de 15.000 personas durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, Carolina Botero, directora de Fundación Karisma, aseguró: “Aunque en la región las actividades de vigilancia han sido reguladas para proteger la intimidad, con estándares internacionales, esto no ha sido actualizado para la era de internet. Los controles, en general, son políticos y muy vagos. Los judiciales o por organismos autónomos, como las entidades de protección de datos, no existen en la región. Hay que hablar de regulación y de los límites de esta actividad en la era de internet, incluyendo la discusión sobre la prohibición de herramientas como Pegasus”. Según ella, América Latina no ha discutido el tema y si bien a escala internacional se está debatiendo sobre el acceso ilimitado de los gobiernos a los datos personales en poder de las empresas, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el alcance de Pegasus pone sobre la mesa la necesidad de una discusión de mayor alcance.
Organizaciones de la sociedad civil deEn el marco de la visita del Primer Ministro israelí a la Argentina, Benjamín Netanyahu, la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich, y el Embajador de Israel en el país, Ilan Sztulman, suscribieron, en Casa Rosada, el “Acuerdo entre el Estado de Israel y la República Argentina sobre Cooperación en Asuntos de Seguridad Pública e Interior”, instrumento que permitirá reforzar los mecanismos existentes en diversas temáticas que hacen a la seguridad en el país.
Cabe destacar que la Ministra de Seguridad fue signataria del mismo luego de que el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, delegara plenos poderes en su investidura a partir de las gestiones de la Dirección Nacional de Cooperación Regional e Internacional de la Seguridad, a cargo del Lic. Gastón Schulmeister.
En la actualidad, Israel representa uno de los países pioneros a nivel mundial en lo que refiere a tecnologías, equipamiento y nuevas metodologías en materia de seguridad, además de contar con vasta experiencia en el campo del combate al delito complejo.
En este sentido, el Acuerdo significa un gran avance en el establecimiento de una amplia gama de sistemas de cooperación bilateral, desde aquellos que fortalezcan la lucha contra los delitos organizados; la seguridad en eventos masivos; y la inteligencia, ciencia y tecnología aplicadas a la seguridad pública; hasta aquellos abocados a la gestión de emergencias y el análisis criminal y forense.
Denuncian el espionaje ilegal y las intimidaciones a periodistas y medios de comunicación.
Las organizaciones abajo firmantes repudiamos el uso de la tecnología del Grupo NSO Group, en El Salvador para vigilar a periodistas y a la sociedad civil, tal como alertaron inicialmente El Faro, Gato Encerrado, y como confirmaron luego Access Now, Front Line Defenders, The Citizen Lab, Amnistía Internacional, Fundación Acceso y SocialTIC. Si bien, hasta la fecha, no se ha identificado quién fue responsable de esta vigilancia, el Grupo NSO ha alegado en repetidas ocasiones que solo vende la tecnología Pegasus a gobiernos.
Estos ataques son particularmente preocupantes, ya que muchas de las infecciones tuvieron lugar luego de que las revelaciones del Proyecto Pegasus se hicieran públicas en julio de 2021, lo que indica que quienes están detrás de los ataques del software espía eran conscientes de las denuncias del uso de Pegasus —incluidas las de las ONG internacionales de derechos humanos y personal experto y autoridades de la ONU—, pero las ignoraron.
Infección de teléfonos de periodistas: los sucesos
En septiembre de 2021, un grupo de periodistas independientes se puso en contacto con la Línea de Ayuda de Seguridad Digital de Access Now, luego de haber testeado sus dispositivos mediante el uso de la herramienta Mobile Verification Toolkit de Amnistía Internacional para detectar la presencia del software espía Pegasus. SocialTIC, una organización de la sociedad civil que trabaja en tecnología digital, también remitió casos a Front Line Defenders para su investigación. Todas las infecciones fueron confirmadas a través de un análisis forense realizado por The Citizen Lab, y luego confirmadas de forma independiente por Amnistía Internacional.
A la fecha, se ha confirmado que 37 dispositivos pertenecientes a 35 personas han sido infectados. Veintitrés de estos dispositivos pertenecen a profesionales afiliados al medio regional El Faro, y cuatro al medio nacional Gato Encerrado. El Faro y Gato Encerrado son medios independientes de periodismo de investigación que a menudo han publicado información crítica con las acciones del gobierno salvadoreño. Los dispositivos infectados confirmados correspondientes a otros medios de comunicación incluyen un dispositivo del personal de La Prensa Gráfica, uno de Revista Digital Disruptiva, uno de El Diario de Hoy, uno de El Diario El Mundo y dos periodistas independientes. Los dispositivos infectados confirmados correspondientes a ONG incluyen: uno de Cristosal, dos de Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) y uno de una ONG que desea permanecer en el anonimato.
Los dispositivos fueron infectados entre julio de 2020 y noviembre de 2021. Uno de los dispositivos fue infectado más de 40 veces*, hecho que refleja uno de los usos más persistentes e intensos de Pegasus para vigilar periodistas alrededor del mundo. No descartamos la posibilidad de que más personas de medios independientes y de la sociedad civil de El Salvador sean blanco de Pegasus u otro software espía.
El 23 de noviembre de 2021, El Faro anunció que 12 de sus periodistas habían recibido una notificación oficial de Apple que alertaba que sus dispositivos probablemente habían sido blanco de Pegasus. Al día siguiente, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó que un total de 23 periodistas de diferentes redacciones de noticias habían recibido la misma información. Otras personas que también recibieron la notificación de Apple sobre Pegasus incluyen Jhonny Wright Sol, parlamentario (anterior miembro del partido ARENA y fundador del partido Nuestro Tiempo); y Héctor Silva, concejal local de San Salvador.
Un Estado y un presidente intimidadores
El trato hostil por parte de Nayib Bukele hacia la prensa comenzó en la etapa inicial de su presidencia, cuando, durante los primeros meses de su mandato, en general evitó dar conferencias de prensa.
En cambio, usó su cuenta personal de Twitter para emitir órdenes, despedir a autoridades públicas, y hostigar a periodistas, a quienes con frecuencia califica arbitrariamente como “activistas políticos”.
El gobierno salvadoreño ha acosado en repetidas ocasiones a periodistas de El Faro y Gato Encerrado. En septiembre de 2019, el acceso de El Faro y otros medios a una conferencia de prensa fue bloqueado por “mal comportamiento” en el pasado. Desde julio de 2020, El Faro denunció ser víctima de hostigamiento administrativo por parte del gobierno en forma de auditorías desproporcionadas, acompañadas de falsas acusaciones de evasión fiscal. En el mismo mes, Julia Gavarrete, una víctima de Pegasus que actualmente trabaja en El Faro y anteriormente trabajaba en Gato Encerrado, denunció el robo de su computadora portátil del trabajo, lo que levantó la sospecha de que las autoridades podrían estar implicadas en el hecho. En febrero del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 34 miembros de El Faro debido a que “estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización, principalmente a través de redes sociales, por motivos de sus actividades periodísticas”. Luego, en septiembre de 2021, Javier Argueta, asesor legal de casa presidencial, amenazó con infracciones a Gato Encerrado para que revelara sus fuentes de información.
El presidente Bukele ha realizado múltiples acusaciones en las que desacreditaba a ambos medios en Twitter.
Además, Bukele contribuyó a la subestimación y tergiversación del trabajo de algunas periodistas mujeres. Tras los tuits de Bukele, usuarios de Twitter acosaron y hostigaron a dichas mujeres, en algunos casos incluso expresando sus deseos de que las violaran.
Es alarmante que otras autoridades de gobierno estén imitando al presidente en su hostigamiento a la sociedad civil salvadoreña. En junio de 2021, el Ministro de Seguridad señaló que “vivimos en libertad de expresión, pero yo siempre lo digo, todo tiene su límite, y sí le estamos dando seguimiento a muchos periodistas”. En octubre, el partido del presidente, Nuevas Ideas, debatió un proyecto de “agentes encubiertos digitales”, que podría permitir a la Fiscalía General eludir las órdenes judiciales y autorizar a agentes, lo que pondría en grave riesgo la privacidad de las personas. Y en diciembre, el asesor legal de la casa presidencial recomendó a funcionarios señalados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por actos que pudieran estar relacionados con corrupción, emprender acciones legales contra quienes escriban al respecto en El Salvador.
Además, si se convierte en ley, el nuevo proyecto de ley de agentes extranjeros podría crear un clima de temor y censura al limitar y controlar la actividad de organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades “sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero”. Este aumento de la autoridad incluye inspecciones por parte del gobierno, 40 % de impuestos a la financiación externa y abrir la puerta a la censura mediante la prohibición de actividades políticas. Leyes similares fueron aprobadas en Rusia y Nicaragua para perseguir y silenciar a organizaciones de derechos humanos, medios independientes, periodistas, blogueros(as) y activistas.
¿Y ahora qué?
Llamado a la acción para proteger a periodistas y sociedad civil contra el software espía
Alentamos a periodistas y activistas de El Salvador, independientemente de su afiliación, a ponerse en contacto con la Línea de Ayuda de Seguridad Digital de Access Now para verificar si sus dispositivos han sido infectados. Como ya sabemos, el software espía Pegasus del Grupo NSO puede infectar silenciosamente el dispositivo de una persona, sin la necesidad de hacer clic en un vínculo o atender una llamada telefónica. Al infectarlo Pegasus tiene acceso completo al dispositivo, lo que incluye las fotos, los contactos, las conversaciones y mucho más.
Reiteramos nuestro pedido de que los estados implementen una moratoria inmediata sobre la venta, la cesión y el uso de esta tecnología de vigilancia hasta que se adopten las salvaguardas de derechos humanos que correspondan.
Exigimos que el gobierno de El Salvador tome las siguientes medidas:
Detener todo hostigamiento a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, proteger la libertad de expresión, de opinión y de prensa, y respetar el derecho a la privacidad de su ciudadanía.
Iniciar una investigación, a través de la Fiscalía General de la República de El Salvador, sobre el uso de Pegasus en el país.
Cumplir plenamente las recomendaciones recientemente emitidas por la CIDH en su informe, en especial en lo que respecta al Capítulo 6: El derecho a la libertad de expresión.
Cumplir plenamente las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de periodistas de El Faro.
Pedimos a las organizaciones internacionales y regionales que tomen las siguientes medidas urgentes:
ONU: denunciar el desarrollo y la escalada sin precedentes de violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados facilitadas por el uso del software espía Pegasus del Grupo NSO, y ofrecer un sólido apoyo para investigaciones imparciales y transparentes sobre el abuso.
Organización de Estados Americanos (OEA): continuar monitoreando la situación de El Salvador, en particular la situación de periodistas y la sociedad civil, en relación con el uso del software espía Pegasus de NSO Group. También llamamos a que convoquen una reunión urgente del Consejo Permanente sobre las consecuencias del uso de software espía para los derechos humanos, y que a esta reunión se invite al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: solicitar al Estado el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a El Faro. También instamos a la CIDH a seguir monitoreando la situación y a reactivar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para este fin.
El mundo está siendo testigo de una explosión inédita del uso de vigilancia por parte de los gobiernos, apoyada por empresas privadas como el Grupo NSO y otras. La falta de rendición de cuentas de estas conductas tan atroces por parte de las autoridades públicas y empresas privadas permite que florezca la cultura de la vigilancia y se destruyan los derechos humanos. Debemos actuar de inmediato. ( https://www.apc.org/es/pubs/al-descubierto-la-sociedad-civil-repudia-el-uso-de-pegasus-para-espiar-periodistas-y-activistas )
Pegasus a la Argentina
Los primeros contactos se produjeron en Davos 2016. Allí, con la participación del recientemente elegido y en ejercicio de la presidencia Mauricio Macri, Patricia Bulrich, su designada al frente del Ministerio de Seguridad Interior y justicia, celebraba los primeros contactos con sus pares de Israel.
En el marco de la visita del Primer Ministro israelí a la Argentina, Benjamín Netanyahu, en setiembre de 2017, la Ministra de Seguridad, Dra. Patricia Bullrich, y el Embajador de Israel en el país, Ilan Sztulman, suscribieron, en Casa Rosada, el “Acuerdo entre el Estado de Israel y la República Argentina sobre Cooperación en Asuntos de Seguridad Pública e Interior”, instrumento que permitió reforzar los mecanismos existentes en diversas temáticas que hacen a la seguridad en el país.
Cabe destacar que la Ministra de Seguridad fue signataria del mismo luego de que el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, delegara plenos poderes en su investidura a partir de las gestiones de la Dirección Nacional de Cooperación Regional e Internacional de la Seguridad, a cargo del Lic. Gastón Schulmeister.
Toda la temática actual sobre espionaje durante la gestión anterior se inscribe en el marco de estas relaciones que posibilitaron tecnicamente el seguimiento y las acciones de inteligencia ilegal y clandestina que el gobierno propuso dentro de esa lógica del control neoliberal que explicamos al principio de este texto.
El conocimiento es el primer paso. Pero no alcanza sino se supera el temor instalado y al desconfianza en los “otros” para permitir la construcción de un “nosotros” que articule transformaciones organizadas y definir nuevas orientaciones y sentidos identatarios al ejercicio de la soberanía nacional y de la dignidad y buen vivir de los Argentinos y de su alineación con los intereses regionales de América Latina y el caribe. Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
Imágenes: Johnson Tsang: Nacido en Hong Kong, las obras de Johnson Tsang emplean principalmente técnicas escultóricas realistas acompañadas de imaginación surrealista. En 2002, Johnson comenzó a representar salpicaduras versátiles con cerámica. Creó la serie Yuanyang, que luego fue recopilada por el Museo de Arte de Hong Kong y el Museo de Cerámica Yingge de Taiwán. Durante la última década, Johnson ha desarrollado sus técnicas para capturar el momento instantáneo de las salpicaduras con porcelana blanca. En 2011 y 2012, las obras de Tsang, "Bowls of Fantasy" y "Splash of Wonder", recibieron el Premio Especial del Concurso Internacional de la Bienal Internacional de Ceramix de Corea Gyeonggi de 2011 y el Gran Premio de la Bienal Internacional de Cerámica de Taiwán de 2012, respectivamente. Johnson es el primer artista chino que ha recibido estos dos prestigiosos premios internacionales de cerámica.
Aparte de la cerámica, Tsang ha trabajado en esculturas de acero inoxidable y proyectos de arte público desde 2004. Ha sido comisionado por varias organizaciones públicas y privadas. En 2009, Tsang recibió el “Elogio del Secretario de Asuntos Internos” de la Región Administrativa Especial del Gobierno de Hong Kong por sus destacados logros en eventos artísticos internacionales. Desde 2014, Tsang ha sido nombrado Asesor Experto en Museos del Departamento de Servicios Culturales y de Ocio.
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