La deuda sin fin

 

Esos viejos relatos nuevos

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que sin el acuerdo que la Argentina alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el país tendría "menos dólares, menos actividad y menos empleo y más inflación", y estimó que la letra chica del entendimiento final se terminará de definir en las próximas tres semanas.

En una entrevista con Télam en Moscú, donde formó parte de la comitiva del presidente Alberto Fernández en su visita oficial a la Federación Rusa, el titular del Palacio de Hacienda admitió que el entendimiento con el Fondo se alcanzó a partir de las "alternativas realmente existentes" y subrayó que el Gobierno optó por ir "un paso hacia adelante y no hacia lo desconocido". (Telam)

Recuerdo desde siempre, con cada negociación por la deuda, la retórica del acuerdo o el abismo, del demonio del default que traería mas penuria a los argentinos y de que es mejor un mal acuerdo que no arreglar.

En Dictadura, Alfonsín, Menem, De la Rúa, los relatos se sucedieron en los mismos sentidos. Lo mas difícil para los humanos es verificar que sus relatos se desvanecen cuando la memoria y la realidad se hacen presentes. Ocurrió que la crisis fue a pesar de no defaultear(2001), Que el default resultó en un crecimiento sin precedentes en tan solo cinco años. Que logramos despegarnos del FMI pagando la totalidad de la deuda contraída con ellos y que volvimos a caer (Intencionadamente) en la misma madeja de dependencia y alimentando los mismos discursos y las mismas formas de entendernos como Nación: neocoloniales y dependientes.

Los responsables se defienden

Nicolás Dujovne, quien estuvo al frente de la monumental deuda que contrajo el macrismo con el FMI rompió el silencio y salió a criticar al gobierno nacional.

Aunque inicialmente reconoció como positivo el haber logrado un acuerdo con el FMI Dujovne criticó a la gestión de Fernández a la que acusó que usar el acuerdo "como sinónimo de programa económico".

"No puedo dejar de calificar este paso de positivo" planteó Dujovne en diálogo con Radio Rivadavia pero consideró que el Gobierno “usó como sinónimo de programa económico” la negociación con el FMI, y señaló la necesidad de “enfocarse en los problemas de verdad”.

“La economía argentina está plagada de problemas, pobreza, inflación, cepos, todos problemas estructurales que si le agregábamos un default íbamos a estar peor”, disparó sin realizar el menor atisbo de autocrítica sobre su paso por el ministerio de Economía.

Muy por el contrario defendió su gestión y el fabuloso proceso de endeudamiento, el más veloz y profundo de la historia argentina, que encabezó junto al entonces presidente Macri. Y hasta le echó la culpa a los argentinos del fracaso del macrismo.

Sobre la crítica que hizo el propio FMI al acuerdo stand by firmado con la Argentina en 2018, Dujovne señaló que “parte de la crítica es que se debería haber ido más rápido con el programa fiscal, que deberían haber habido reformas estructurales, pero no sobre la sostenibilidad política; también hay una crítica a la sociedad argentina de que no acompañó la continuidad de un programa que nos estaba llevando a resolver problemas estructurales de la Argentina”.

Y siguió: “Los problemas son muy grandes, muy estructurales, y el FMI, del cual Argentina es un país miembro, nos estaba ayudando a resolverlos con un costo menor que si no hubiéramos tenido esa asistencia; teníamos la visión que romper los contratos y los default permanentes son parte de problema, que recaer permanente en los controles de cambio y los cepos son parte del problema”.

Negó además que el dinero de la deuda contraída por el macrismo se hubiera "evaporado" en la fuga de capitales, tal como sí reconoció el FMI y aseguró que se utilizó para “estar al corriente con la deuda mientras mejorábamos la posición fiscal, íbamos pasando del enorme déficit al superávit”.

Y afirmó que se llegó “al equilibrio” en 2019, cuando Cambiemos perdió las elecciones presidenciales. “Íbamos a tener superávit en los años subsiguientes, y de la mano de recuperar el acceso al mercado ir reemplazando el financiamiento del Fondo por financiamiento de mercado. No es una novedad, es lo que han hecho muchos países, como Uruguay en 2003″, completó.

Al parecer, según el análisis de Dujovne, todo marchaba bien hasta que una abrumadora mayoría de argentinos decidió ponerle fin en las urnas a la gestión de Macri al frente de la Casa Rosada. (M1)

Siempre la misma cantinela. El endeudamiento es “ayuda” aunque el mismo organismo reconoce que ni hizo las cosas bien. Está perfectamente claro que las imposiciones al gobierno de Alberto Fernandez, ni por asomo son parecidas a las que imponía (En realidad acordaban porque era aquel gobierno el que negocio el reingreso del FMI al aparato económico nacional. Este es el principal argumento que sostiene Máximo Kirchner al ceder su lugar como representante del espacio oficial en la Cámara de Diputados de La Nación), en las negociaciones con Dujovne y Macri.

El reconocimiento del FMI

Durante una investigación interna, el Fondo Monetario Internacional (FMI) admitió errores fundamentales en los préstamos a Argentina en 2018. La decisión tomada en ese momento se basó en supuestos excesivamente confiados y las promesas hechas por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri daban mucha esperanza.

Se dio alta prioridad a la responsabilidad personal del gobierno y su compromiso con las medidas para frenar el flujo de capitales fue creíble. Las reformas estructurales anunciadas no son sostenibles y los planes de consolidación presupuestaria son “inferiores”. Con base en este hecho, la estrategia del plan del FMI para Argentina ha demostrado ser “muy débil”.

Los acuerdos alcanzados sobre “fondos públicos débiles, dolarización, alta inflación, escaso financiamiento interno y escasa base de exportaciones” no son lo suficientemente sólidos.

Odd Per Brekk, subdirector del FMI, que ahora está a cargo de la evaluación, sugirió que los planes futuros “utilizan supuestos macroeconómicos más conservadores y, si es necesario, consideren medidas inusuales”.

El informe también señala que la administración de Macri ha impuesto “líneas rojas” al Fondo Monetario Internacional en dos temas clave: la reestructuración de la deuda y el control de capital. Como resultado, “los fondos se utilizaron para pagar deudas inasequibles, lo que provocó una fuga de divisas”.

El informe concluye que el FMI es “extremadamente riesgoso” para ser “el mayor prestamista en un país relativamente grande”.

Argentina es hoy el mayor deudor del FMI entre todos sus miembros. De acuerdo a los Estados Financieros del organismo, hasta octubre de 2021, la deuda argentina representaba poco más del 34 % de la totalidad de los créditos otorgados. En algún momento se llegó a especular con la dimensión descomunal de la deuda como un punto de apoyo para negociar en mejores condiciones, pero lo cierto es que aunque Argentina es el mayor deudor, la deuda contraída representa apenas el 6 % de los activos del FMI. Está lejos de representar una amenaza seria a las finanzas del organismo. Sin embargo, el caso argentino es una viga en el ojo del staff del FMI, un factor destacado en la hoja de balance y, por esta razón, un caso testigo para el conjunto de los acreedores.

Actualmente hay 51 países con algún tipo de asistencia crediticia. Sin embargo, los primeros cinco deudores (Argentina, Egipto, Ucrania, Pakistán y Ecuador) representan casi el 70 % de la asistencia financiera otorgada. En todos los casos, los fondos autorizados están sujetos a revisiones periódicas (“artículo IV” del estatuto) que evalúan la aplicación de programas de ajuste que, más allá de las particularidades de cada caso, presentan características bastante similares. Veamos.

En el caso de Egipto, en 2016 el régimen militar que derrocó al expresidente Mohamad Morsi, recibió el apoyo financiero del FMI por 12.000 millones de dólares en medio de una profunda crisis económica; el programa de “estabilización” incluyó medidas que apuntaron a la reducción del gasto público, un fuerte aumento de tarifas en los servicios públicos, aumento del impuesto al consumo (IVA), la liberalización del tipo de cambio y una brusca devaluación inicial, flexibilización laboral, liberalización de los precios del combustible y reforma del sistema de pensiones, entre otras. Resultado: un fuerte aumento de precios inicial y una transferencia de recursos en perjuicio del pueblo trabajador con un inmediato aumento de la pobreza, que hoy afecta al 32 % de la población agravando incluso el peso de su deuda externa.

Ucrania es el tercer deudor más importante del FMI, cerró un acuerdo en 2014 para recibir asistencia financiera por 27.000 millones de dólares a cambio de un programa de ajuste bastante similar al egipcio y que incluía un fuerte aumento de tarifas en los servicios públicos, la liberación del precio del combustible y despidos en el sector público. En marzo de 2021, en plena pandemia, el portavoz del FMI, Gerry Rice, presionaba por acelerar el plan de reformas: “Además de mantener una respuesta adecuada a la crisis, seguimos abogando por reformas estructurales en Ucrania”. En noviembre el FMI extendió esas reformas estructurales, también exigió ajuste fiscal, una modificación en la Carta Orgánica del Banco Central y hasta una reforma judicial.

Con una economía dolarizada, también Ecuador está sujeto a la evaluación constante de las misiones del FMI, que ha logrado imponer el clásico recetario de ajuste del gasto en salud y servicios sociales, aumento de tarifas en los servicios públicos, despidos en el sector público, reforma tributaria, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otros. Recordemos que en 2019 el gobierno de Lenin Moreno intentó un fuerte aumento de tarifas que desencadenó una verdadera rebelión popular que echó por tierra el decreto hecho a la medida del FMI. En octubre de este año el exbanquero y actual presidente Guillermo Lasso, se enfrentó a una nueva oleada de protestas contra el aumento del combustible, contra la privatización del sector energético y la reforma de flexibilización laboral.

Pakistán es otro importante acreedor del FMI a partir de un acuerdo de facilidades extendidas firmado en 2019, con una duración de 36 meses y por 6.000 millones de dólares, que el organismo va soltando en módicos tramos sujetos a la permanente revisión de la aplicación de las mismas políticas de ajuste: eliminar los controles cambiarios (devaluación), reducción del déficit fiscal vía recortes en el gasto público, recorte en subsidios y suba de tarifas en los servicios públicos y aumento de los impuestos al consumo con efectos inflacionarios que apuntan a una fuerte transferencia de ingresos en perjuicio de los asalariados y los ingresos populares.

Hasta hace no mucho se especulaba con que la llegada de Giorgieva a la dirección del FMI implicaría un cambio en el enfoque “neoliberal” que impregna las políticas del organismo en beneficio de los países deudores. Lo cierto es que más allá de la suspensión de los planes de austeridad durante los primeros meses de la pandemia, el FMI volvió a sus recetas habituales. Tanto la experiencia reciente de otros países como la propia historia de la relación entre Argentina y el FMI, desmiente la idea de que se puede “pagar sin ajustar” al pueblo trabajador.

Los sospechosos de siempre

Desde su ingreso al organismo en 1956, Argentina pasó 41 años bajo programas del FMI. El país tuvo 22 acuerdos de condicionalidad fuerte: veinte Stand By y dos de facilidades extendidas. Además, recurrió a otros tipos de financiamiento. Desde que el país ingresó al Fondo, hasta que canceló la deuda en 2006 (continuando su membresía), Argentina sólo estuvo libre de programas del FMI en nueve años.

Entre 1957 y 1975 algunas de las condiciones que incluyeron los acuerdos con el FMI fueron mejorar los resultados fiscales, es decir ajuste, aumento de tarifas públicas, racionar las empresas del Estado y restringir el crédito doméstico. Estos programas apuntaban a desmantelar las regulaciones sobre la economía. En particular, en 1957, se derogó el régimen de nacionalización de los depósitos, hubo cambios de la ley de bancos y las Cartas Orgánicas de la banca oficial (Banco Central, Hipotecario Nacional, Industrial y Caja Nacional de Ahorro Postal); y se canceló el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), organismo que tenía cierto control en el comercio exterior argentino.

En su libro, “Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI”, Brenta señala que tras el Rodrigazo, los funcionarios del FMI creían que el gobierno no podría imponer el ajuste necesario y, por otro lado, “sabían que los militares actuarían pronto, como surge de memorándums confidenciales obrantes en los archivos del FMI, y preferían esperar para negociar con ellos”.

Dos días después de consumado el golpe militar, el FMI liberó más de 100 millones de dólares y posteriormente acordó un nuevo Stand By, el más importante otorgado hasta ese momento a un país de América Latina. Dicho acuerdo tuvo la novedad de que, por primera vez, se estableció como condición la limitación de los aumentos de salarios y el mantenimiento de la libertad de los precios. Se trataban de medidas comunes de los programas del Fondo, para reducir la demanda agregada disminuyendo el salario real, pero como es una medida impopular se disfraza con eufemismos del lenguaje. En estos acuerdos también se favoreció al sector financiero, así la Reforma Financiera de 1977 liberalizó el sistema.

Si hasta 1976 la Argentina acudía a la asistencia del FMI en forma periódica para mitigar las recurrentes crisis en su balance de pagos producto del empeoramiento de los saldos comerciales (ya sea por caída de los ingresos por exportación o el aumento más que proporcional de las importaciones en las fases de crecimiento), a partir de 1983 el problema del atraso de la estructura productiva argentina se verá agravado por el crecimiento explosivo de la deuda externa, los desembolsos del FMI serán cada vez más grandes y las condicionalidades cada vez más extremas.

Durante los años 80 la crisis de deuda se agravó en los países dependientes, Argentina entró en default en 1982 (el tercero en su historia) y comenzó un nuevo capítulo de la ofensiva “neoliberal” del imperialismo y el capital concentrado. Los acreedores privados de la deuda externa reclamaban medidas drásticas de ajuste y reformas promercado que el FMI debía supervisar. Los cuatro planes Stand By firmados durante esta década acompañaron la aplicación de sucesivos planes como el Plan Austral (1985) y el Plan Primavera (1988) hasta que el FMI le soltó la mano al gobierno argentino desencadenando un espiral de devaluaciones e hiperinflación. El Plan de Convertibilidad (1991), que establecía un patrón de cambio fijo (1 peso por 1 dólar), sólo pudo sostenerse con el respaldo de las divisas de corto plazo que ingresaron los capitales especulativos, una oleada de privatizaciones, así como por la asistencia permanente del FMI (seis acuerdos, con sus ampliaciones) que triplicó la deuda con el organismo en menos de 10 años. Las medidas de ajuste asociadas fueron la flexibilización laboral, privatización de los servicios públicos, fuerte recorte en el gasto público con despidos masivos y recorte de salarios y jubilaciones, reforma tributaria, desregulación del comercio exterior e interior, eliminación de los controles a la entrada y salida de capitales, entre otras.

Una mención aparte merece el rol del FMI en la crisis del 2001. El organismo suspendió el desembolso de ese año. En agosto de 2001, el director gerente del FMI, Horst Köhler, le comunicó al entonces ministro de Economía, Domingo F. Cavallo, que el Fondo condicionaría su ayuda a que Argentina sustituyera el peso por el dólar estadounidense. La burguesía local finalmente optó por la salida devaluadora y un mazazo al salario con el apoyo de las burocracias sindicales.

Entre el período 2001-2021 hubo renegociaciones de vencimientos con el Fondo. En 2006 gracias al superávit acumulado en el comercio exterior por el contexto internacional favorable el kirchnerismo pagó la deuda con el FMI. Pero cuando los dólares empezaron a escasear, Cristina Fernández ordenó al ministro Axel Kicillof hacer los «deberes» para regresar a los mercados en 2014. De esta manera se acordó la renegociación de la deuda con el Club de París, sin quita y a tasas exorbitantes, y se canceló el pago a varias multinacionales con juicios en el Ciadi. El Gobierno comenzaba su ajuste en “sintonía fina” y a duras penas conseguía divisas a partir del intercambio de monedas (Swap) con China o el ingreso de divisas por la adjudicación de frecuencias 4G con Telecom. Sobre el final de su último mandato, el Gobierno tensó el conflicto con los fondos buitres hasta que finalmente el gobierno de Macri canceló el pago a precio nominal, con ganancias del 1300 % para los especuladores. Esta decisión fue posible gracias a los votos en el Congreso de un sector del peronismo y fue el puntapié de un espiral de deuda con acreedores privados y fuga de capitales monumental que culminó con un default técnico y la vuelta al FMI en junio de 2018, que se amplió en octubre de 2018 a 57.000 millones de dólares, de los que el país recibió 45.000 millones de dólares a cambio de un programa de fuerte ajuste fiscal y monetario.

Tras la catástrofe en la que terminó el acuerdo de Macri con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández negocia un nuevo pacto. Se cocina un nuevo ajuste, una hoja de ruta que Alberto Fernández y su ministro, Martín Guzmán, ya comenzaron a transitar en estos dos años de pandemia.

Apuntan contra el salario

Como hemos visto todos los acuerdos con el FMI tuvieron un efecto de mazazo contra el poder de compra de los salarios. Y es que las recetas de ajuste apuntan a una transferencia de ingreso desde el salario y los ingresos populares hacia los acreedores de la deuda, especuladores y el capital más concentrado. En su libro, Noemí Brenta asegura que a grandes rasgos existe un patrón común en la mayoría de los programas aplicados, que subdivide en cuatro etapas cíclicas que conforman lo que denomina una “onda de precios”.

Los planes de ajuste, explica, se inician con una primera fase de “aceleración inflacionaria” y una fuerte transferencia de ingresos en perjuicio de los asalariados, como resultado de las políticas de liberación cambiaria, devaluaciones, aumentos de tarifas, que generalmente se realizan en forma previa y como condición para la firma de los acuerdos; una segunda fase de “congelamiento de la nueva constelación de precios relativos” y reducción de la inflación a costa de medidas recesivas como recorte del gasto público, suba de tasas de interés y desmonetización de la economía, ingreso de capitales especulativos y atraso cambiario, que más temprano que tarde deriva en una salida paulatina del congelamiento como resultado de un empeoramiento en la balanza de pagos (por aumento en las importaciones, acumulación de vencimientos de deuda, fuga de capitales, etc) que presiona por nuevos ajustes al tipo de cambio y que, finalmente, culmina con una nueva aceleración inflacionaria y ruptura de la estabilidad de precios. Brenta sostiene también que si bien en cada plan de ajuste se produce un golpe al salario, a partir de 1976, primer año de la dictadura genocida, «el salario real al final de cada onda de precios quedó por debajo del nivel inicial previo al lanzamiento del plan”.

Junto con la caída del salario real, la pobreza también fue alcanzando un piso cada vez más alto. En el pico del último ciclo de crecimiento, la pobreza afectaba a 1 de cada 4 personas.

Hoy afecta al 40 % de la población y a más del 60 % de las niñas y los niños a pesar del rebote económico de este año. Sobre esta base el Gobierno negocia apenas una extensión en los plazos de pago de una deuda ilegítima, fraudulenta e impagable.

En el reciente comunicado que emitió el Fondo sobre la negociación con la Argentina “sugieren” una coordinación de precios y salarios, como lo demuestra la historia con el organismo implica otro golpe al poder de compra. Además reclaman suba de la tasa de interés, una política monetaria contractiva y la reducción del gasto público, una hoja de ruta que Alberto Fernández y su ministro, Martín Guzmán, ya comenzaron a transitar en estos dos años de pandemia.

La mayoría de los acuerdos con el FMI fracasan en el objetivo de evitar las cesaciones de pago. Pero en el mejor de los casos cuando los programas alcanzan sus objetivos, esto sucede a costa de un gran deterioro económico y abultando aún más la deuda externa, como pasó en Argentina desde 2018 o en Grecia desde 2008, y con un impacto distributivo nefasto donde unos pocos salen beneficiados de estas recetas, mientras la gran mayoría de la clase trabajadora padece las consecuencias. Nada bueno puede venir de la mano del FMI, la historia ya nos ha dado sobradas muestras. Es necesario patear el tablero, como lo hicieron los trabajadores y el pueblo de Chubut, que se levantaron contra la megaminería y el saqueo de las multinacionales, e imponer una salida propia para que esta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador. (La izquierda Diario)

El fantasma del default (Que ya conocimos y no daba tanto miedo)

“Tras varios días de tensión, la Argentina esquivó otra vez el fantasma inquietante del default con los organismos internacionales y pagó sobre el filo del vencimiento 3.072 millones de dólares que le debía al FMI. La noticia causó profundo alivio no solo en Buenos Aires, sino también en Washington. Se produjo luego de una serie de negociaciones contra reloj, que concluyeron al mediodía de ayer tras un diálogo telefónico entre el presidente Néstor Kirchner y la titular interina del Fondo Monetario, Anne Krueger”, publicó el diario Clarín el 10 de marzo de 2004, cuando el gobierno del Frente para la Victoria daba batalla para acomodar la deuda que habían dejado el menemismo y la Alianza. 

Cualquier semejanza con la actualidad no es pura coincidencia. La herencia de Domingo Cavallo, quien en los '90 y los 2000 gestó una deuda impagable, con Ricardo López Murphy, Carlos Melconian y Miguel Angel Broda haciendo de hinchada, tampoco fue fácil de arreglar.

"Cuando Krueger discó el número de teléfono de Kirchner, a las 12.50, había gran expectativa en el Gobierno. En el despacho del Presidente estaban, además de Roberto Lavagna, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. La conversación con Krueger duró 20 minutos. Fue en tono diplomático, ameno, pero también muy concreta. Y se acordó lo siguiente", continuaba la nota de Clarín. El primer punto, aunque parezca mentira, era que el gobierno nacional quería limitar la intervención de un comité de bancos en la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, para que actuara en carácter de asesor, mientras el FMI exigía que el comité negociara en nombre de Argentina. Finalmente, se impuso la posición de la Casa Rosada. El ejemplo sirve para dimensionar hasta qué punto el Fondo Monetario intentaba digitar las cosas en el país en aquel tiempo.

El acuerdo del gobierno de Kirchner con el FMI se había firmado en septiembre de 2003, en tanto el episodio que desembocó en la charla con Krueger sucedió en marzo de 2004, en la segunda revisión por los técnicos del organismo. El convenio fue un programa stand-by a tres años, que siguió a la reprogramación de la deuda que había pactado el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002. El monto a refinanciar fue de 17.922 millones de dólares. Fijó como meta un superávit fiscal de 3 puntos del PIB para 2004, frente a los 4,5 puntos que reclamaba el Fondo en el inicio de la negociación.

En el acuerdo actual, que se anunció este viernes, la meta para el primer año del programa no es de superávit, sino de un déficit fiscal de 2,5 puntos del PIB. Además, el nuevo entendimiento es a diez años, con cuatro y medio de gracia para empezar a devolver el capital del préstamo. El monto involucrado es de 44.500 millones de dólares.

El gobierno de Kirchner tardó cuatro meses en resolver la deuda con el FMI y dos años para reestructurar los bonos en default con acreedores privados. El éxito de esas operaciones y el crecimiento económico a tasas chinas, con políticas heterodoxas, de ampliación de derechos y redistribución del ingreso, sin tarifazos ni privatizaciones, en un contexto favorable de precios internacionales de los productos de exportación, permitieron al gobierno cancelar toda la deuda con el organismo el 3 de enero de 2006. Y lo hizo al mismo tiempo que el Brasil de Lula, en un escenario regional favorable. Salieron de las reservas del Banco Central 9800 millones de dólares y de ese modo se terminó la influencia del Fondo Monetario hasta 2018, cuando Juntos por el Cambio lo volvió a traer al país.

El lapso de dos años y tres meses que efectivamente estuvo vigente el acuerdo con el Fondo, hasta el pago de enero de 2006, no resultó de penurias económicas, sino todo lo contrario. La clave fue negociar desde el interés nacional. Un ejemplo más cercano en el tiempo lo ofrece Portugal. Entre 2010 y 2015, los gobiernos neoliberales en ese país aplicaron a rajatabla las recetas ortodoxas del FMI, con recortes de gastos, baja de salarios y jubilaciones y reformas estructurales, llevando a la economía a una crisis cada vez más severa. Desde 2015, cuando asumió el gobierno socialista de Antonio Costa, la política económica cambió de manera radical, restableciendo derechos, salarios, gastos y empleos, dando lugar a un período de recuperación para las mayorías populares. Y lo hizo también dentro del marco de un programa con el Fondo, por la deuda que tuvo que seguir pagando.

(David Cufré -29 de enero de 2022 – en Página 12)

¿Qué se anunció?

Juan Manuel Telechea, Lic. en Economía y Docente, en la Universidad de Buenos aires (UBA), con maestrías en ciencia política y Desarrollo económico en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) escribe el Newletter “Rollover”, Datos, análisis e información para entender la economía argentina, en la Plataforma CENITAL.

Acá la primera cuestión que es importante destacar es que lo que se comunicó es un principio de entendimiento, que es en realidad un primer paso para el acuerdo. Digamos que se acordaron las bases generales, pero todavía falta definir la letra chica (por lo menos de manera pública). Ese segundo paso, entre el gobierno y el fondo, sería donde definen el acuerdo técnico, y de allí sale el memorándum y la carta de intención que debería presentarse próximamente en el Congreso. Allí, la discusión debería ser por la aprobación/rechazo. Si bien podría darse que haya alguna modificación mínima, no hay mucho margen para grandes cambios, ya que eso casi con seguridad derivaría en el rechazo del FMI y la caída del acuerdo (dejando al país muy cerca del default).

Volviendo al principio de entendimiento y, según lo anunciado, sería un acuerdo de “facilidades extendidas”, que a diferencia de los clásicos stand by, son programas de mayor duración, con plazos de devolución más extensos. En particular para el caso argentino, el FMI va a realizar desembolsos trimestrales que serán utilizados para pagar la deuda con el propio organismo. Acá, una aclaración importante: esto no significa un nuevo endeudamiento (dado que ya circularon críticas de este estilo), sino una extensión de los pagos: los USD 44.500 millones contraídos en el marco del acuerdo stand by por la gestión de Cambiemos comenzarán a devolverse a mediados de 2026 y, si se mantiene el mismo cronograma de pagos, se terminarán de pagar en 2034.

Para que se entienda mejor, es como si tuvieras una deuda a tres años con el banco por $36.000 (a razón de $1.000 por mes) y que, al no poder pagarla, el banco te ofreciera patearla para adelante y que la comiences a pagar en 2026, con la diferencia de que igual, todos los meses durante esos tres años, deberías pagar los $1.000, que serían previamente depositados en tu cuenta por el banco.

Me imagino lo que te estarás preguntando: “¿No sería más fácil que directamente el gobierno dejara de pagar la deuda hasta 2026?”. Desde ya, pero de esta manera el FMI tiene un mayor poder de monitoreo y de decisión sobre el manejo de la política económica, ya que podría frenar los desembolsos si el rumbo de la economía se aleja sistemáticamente de los objetivos fijados en el acuerdo.

¿Cuál es el programa económico acordado?

Como dijimos antes, todavía falta saber la letra chica del acuerdo, pero en función de lo anunciado el programa tiene dos grandes objetivos, vinculados con la mejora de las cuentas públicas y del sector externo.

En relación al primero, el objetivo es lograr el equilibrio del resultado fiscal primario para 2025. Como se puede ver en el gráfico a continuación, eso conlleva una reducción de 0,5 puntos porcentuales en 2022, de 0,7 puntos en 2023, de 0,9 puntos en 2024 y en 2025.

 Fuente: Elaboración propia.

Según Guzmán, esto se logrará sin que haya un ajuste del gasto en términos reales. Para que eso suceda, la clave estaría en que la economía crezca sostenidamente en los próximos años (eso permite, por un lado, que el gasto en términos del PBI se reduzca y, por otro, que se incrementen los ingresos fiscales por la mayor recaudación asociada al nivel de la actividad económica). Según las últimas proyecciones del FMI (previas al acuerdo), Argentina crecería en promedio 2% por año de acá al 2025. Lo que sí se acordó es una reducción de los subsidios a la energía, y por lo que se desprende del comunicado  del FMI estaría asociado a la segmentación de las tarifas.

Un dato sumamente relevante es que este acuerdo se destaca por la ausencia de reformas estructurales (tributaria, laboral o en el sistema previsional), algo llamativo dado que los acuerdos de facilidades extendidas por lo general venían con condicionalidades de este estilo.

Asimismo, al comparar con los acuerdos del resto de los países en los últimos cinco años, se puede ver que el grado de ajuste fiscal acordado para los primeros dos años es relativamente menor en función del nivel inicial del que se parte. Por ejemplo, el programa de Camerún implicó un ajuste similar a pesar de que partiera de un déficit fiscal menor, mientras que el de Senegal o el de Ecuador son mayores, a pesar de que partían de un nivel de déficit fiscal similar al de Argentina.

En suma, por lo menos con los datos que tenemos hasta ahora, el acuerdo no parece implicar un programa de ajuste severo sobre las cuentas fiscales ni tampoco obliga a llevar a cabo reformas estructurales que puedan afectar el poder adquisitivo del salario o de las jubilaciones.

Fuente: G. Neffa.

Ahora bien, donde el acuerdo se pone más estricto es en el financiamiento de ese déficit, en particular con la asistencia del BCRA (la famosa “emisión”), que debería reducirse a cero un año antes, para 2024. Pero acá lo más importante es que el ajuste más fuerte se da en 2022, ya que la asistencia monetaria debería reducirse del 3,7% del PBI que hubo en 2021 al 1% para fin de este año (mientras que para 2023 debería bajar al 0,6% y ser nula para 2024).

El mayor ajuste en la asistencia monetaria tiene como objetivo reducir la cantidad de dinero en circulación. Es un elemento que puede contribuir a la estabilidad cambiaria, lo que en este contexto significa evitar una brusca devaluación del tipo de cambio oficial. Ahí aparece la segunda parte del acuerdo, cuyo objetivo es fortalecer el sector externo, plasmado en una meta de acumulación de USD 5.000 millones de dólares por año en las reservas del BCRA.

Para eso, el programa implica el aumento de las tasas de interés -algo que de todos modos ya estaba implícito en la reducción del dinero en circulación- con el objetivo de que pasen a ser positivas en términos reales (actualmente la tasa de política monetaria que fija el BCRA se ubica en torno al 40% anual, mientras que la inflación proyectada se encuentra por encima del 50%). Esto significa un aumento sostenido y significativo de las tasas.

Por otro lado, la idea es que las regulaciones cambiarias se mantengan en el corto plazo, pero con el objetivo de que en el mediano plazo sean eliminadas (pasando a utilizar medidas macroprudenciales, como se aplican en el resto del mundo). Para eso, el programa conlleva un aumento en la velocidad de depreciación del tipo de cambio (algo que ya había comenzado a observarse desde fines del año pasado).

Podría parecer llamativo que no haya referencias explícitas al tema de la inflación. Acá creo que hay varios factores relevantes a tener en cuenta. En primer lugar, el aprendizaje del FMI respecto del acuerdo anterior sobre la dificultad -y la velocidad- para solucionar este problema. En segundo lugar, el hecho de que tanto la segmentación de tarifas como el aumento en la velocidad del tipo de cambio seguramente impacten en la dinámica inflacionaria, haciendo que sea prácticamente imposible que se observe una reducción significativa durante este año. Por último, de todos modos, es probable que haya algún tipo de meta, que seguramente se conocerá cuando se haga público el acuerdo técnico.

En definitiva, lo que se desprende de estas bases del acuerdo es que a priori no implica un fuerte recorte fiscal ni conlleva reformas estructurales de ningún tipo, algo novedoso para este tipo de programas. No obstante, donde sí se observa un ajuste más severo en el plano financiero y en el cambiario, vinculado con la reducción del dinero en circulación y el aumento en la velocidad del tipo de cambio, lo cual (de)mostraría que, al igual que para el gobierno, el obstáculo más grande para normalizar la economía no es el déficit fiscal sino asegurar la estabilidad cambiaria.

El tratamiento en el congreso

Pocos creen que sea inminente, pero el tiempo empezó a correr para que el acuerdo al que el Gobierno arribó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegue al Congreso para su aprobación o rechazo. Mientras los equipos técnicos de los negociadores argentinos y del FMI definen la letra chica de lo pactado, desde el Ejecutivo buscan vencer o acordar como se expresarán en los recintos las disidencias y las dudas que surgieron al interior de la coalición de gobierno sobre el acuerdo con el FMI y que desembocó en la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de la bancada oficialista en Diputados tras plantear sus críticas a la estrategia y los logros alcanzados en la negociación. Se tratan de cuestiones que pasarán más por el andarivel político que en los aspectos técnicos que requiere el debate en el Parlamento. De todas maneras en el oficialismo afirman que el acuerdo ingresará por la Cámara baja. 

Mucho se especula sobre la conveniencia política del Gobierno de enviar a tal o cual cámara del Congreso para abrir el debate para facilitar la aprobación del acuerdo con el FMI. Lo cierto que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública que la Cámara baja aprobó el 11 de febrero del 2021 y que el Ejecutivo promulgó y publicó en el Boletín Oficial en el 3 de marzo del mismo año, no especifica una Cámara de inicio para la discusión parlamentaria. “Desde el punto de vista legal es indistinto”

“La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”, dice el artículo 1 de la ley. Por lo que algunos consideraban que como se hace constitucionalmente con el Presupuesto, debería ingresar por la Cámara baja.

Pero el Gobierno no tiene Presupuesto 2022, tras el bloqueo opositor al proyecto enviado el Congreso, por lo que no es el punto de la ley que estará en debate.

Si, en cambio, será el eje del debate lo que establece el artículo 2 de la ley 27.612/21: “Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

Sin lugar para retoques

Tampoco habrá lugar para retoques o modificaciones al proyecto que el Ejecutivo envíe al Congreso con los detalles del acuerdo con el FMI. Como sucede con los tratados que el Gobierno firma con otros países u organismos, así como la adhesión a pactos o declaraciones internacionales, los legisladores deberán pronunciarse por la aprobación, el rechazo o la abstención.

Una votación que tampoco requiere de mayorías especiales, como en cambio fija la Constitución para determinados casos. Lo que le abre al Gobierno un margen mayor de maniobra para buscar la aprobación del acuerdo. Un tema en el que ya está trabajando para evitar sorpresas en los recintos legislativos.  

Reportaje

El Washington Post sostuvo un interesante reportaje con Kristalina Georgieva, Directora del Fondo Monetario Internacional. La nota original en Inglés aquí.

SEÑOR. IGNACIO: Bienvenido al Washington Post Live. Soy David Ignatius, columnista de The Post. Esta mañana mi invitada es Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional y la persona que supervisa nuestra economía global. Señora directora, bienvenida de nuevo a Washington Post Live. Es genial tenerte.

SRA. GEORGIEVA: Muchas gracias por la invitación. Maravilloso estar contigo.

SEÑOR. IGNATIUS: Entonces, quiero comenzar con el tema en el que creo que todo el mundo está enfocado esta semana, y es el peligro de una invasión rusa de Ucrania y una guerra en Europa del Este que sería diferente a todo lo que hemos visto. en muchas décadas. Quiero preguntarle primero sobre las consecuencias estrictamente económicas de un conflicto allí. ¿Sus economistas y usted personalmente han comenzado a hacer algunas proyecciones aproximadas sobre lo que podría significar el conflicto en Ucrania para el crecimiento global, los precios de la energía, la inflación, todos los temas que preocupan al FMI?

SRA. GEORGIEVA: En un momento de mayor incertidumbre para el crecimiento de la economía mundial, las tensiones geopolíticas solo complican la situación, y ya lo vemos en términos de impacto en los precios de la energía. Tenemos muchas esperanzas de que haya una solución diplomática por el pueblo de Ucrania, y también por la necesidad de sostener la recuperación de la economía mundial. Los dos canales de impacto van a ser los precios de la energía, ya elevados a nivel mundial, pero especialmente en Europa, y también Ucrania es un granero. La interrupción del suministro de cereales de Ucrania puede aumentar las presiones sobre los precios de los alimentos que ya han subido. Es muy importante encontrar un camino para reducir estas tensiones por el bien de Ucrania, por el bien de la economía europea y mundial. 

SEÑOR. IGNATIUS: Y déjame hacerte una pregunta económica práctica más. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN advirtieron a Rusia que si hay una invasión de Ucrania, la respuesta sería sanciones económicas masivas a un nivel que, según argumenta Estados Unidos, no se había visto antes. Cuéntanos qué consecuencias crees que podría tener. Obviamente, habrá consecuencias para Rusia. Pero, ¿qué efectos colaterales serían probables en el resto de la economía global de un régimen de sanciones tan estricto como el que dice la gente?

SRA. GEORGIEVA: Como se ha descrito, inevitablemente crearía algunas interrupciones en términos de cómo se realizan las transacciones financieras. La más severa de las sanciones propuestas se refiere a SWIFT, y ese es un elemento del funcionamiento del sistema financiero que inevitablemente tendría un impacto indirecto, en caso de que se active. Pero, de nuevo, lo que esperamos es que prevalezca el pragmatismo. A nadie le interesa seguir exacerbando las tensiones en un momento en que la economía mundial lucha por mantener el impulso y enfrenta múltiples desafíos, y estoy seguro de que hablaremos de ellos.

SEÑOR. IGNACIO: Lo haremos. Solo una pregunta económica práctica final antes de que dejemos el ominoso tema de Ucrania, en caso de una invasión, conflicto, sanciones y las interrupciones que se derivarían de lo que acaba de describir, ¿estaría el FMI preparado para proporcionar liquidez y otros recursos? que podría necesitar el mundo en caso de emergencia debido a las perturbaciones que causaría el conflicto?

SRA. GEORGIEVA: Bueno, empecemos por Ucrania. Tenemos un programa, un programa en curso con Ucrania, y tenemos alrededor de $2200 millones disponibles para desembolsar a Ucrania entre ahora y junio en virtud de este programa. Ucrania ha estado actuando de manera responsable para acumular reservas. También se ha beneficiado de la asignación de Derechos Especiales de Giro que hicimos el año pasado. Y en ese sentido, vemos bastante clara nuestra vía para apoyar específicamente la economía ucraniana en los próximos meses.

Si nos encontramos en una situación en la que hay efectos indirectos que requieren una mayor participación del FMI para otros países, por supuesto que estaríamos allí. Todavía tenemos una capacidad de préstamo de unos 700.000 millones de dólares. Pero el papel más importante que desempeñamos, y continuaremos desempeñando, es evaluar cuáles son los impactos de la acción o la inacción, y luego hacer recomendaciones de políticas prudentes sobre la mejor manera de manejar la situación a medida que evoluciona. Entonces, puede estar seguro de que estamos atentos y, por supuesto, pensando en las posibles consecuencias, lo que se puede hacer colectivamente, no solo el FMI, sino la comunidad internacional trabajando juntos, para asegurar la recuperación de la crisis de COVID, y también para apoyar lo que tenemos frente a nosotros: una transición muy importante hacia una economía verde y digital. Entonces, vemos el caso que estamos describiendo en Ucrania dentro de un contexto global que requiere un enfoque tan fuerte en las prioridades. Y de nuevo, repito mi mensaje. Una solución diplomática sensata es el mejor camino a seguir.

SEÑOR. IGNATIUS: Última pregunta personal, un aspecto de tu notable biografía es que creciste en Bulgaria en los años previos al final de la Guerra Fría cuando era parte de la esfera de influencia soviética. Creo que a todos nos ha preocupado el regreso al tipo de retórica, conflicto y divisiones en Europa que formaban parte de su infancia. Sólo le pediría que reflexionara sobre los peligros de volver a esa Europa de divisiones y conflictos.

SRA. GEORGIEVA: Es desgarrador ver que existe el riesgo de una nueva confrontación, y las consecuencias de esta confrontación son las que sufre la gente común. Mi hermano está ahora mismo en Ucrania en Kharkiv visitando a su suegra, y me dice que las fotos de los años 80 y 90 que vivimos están de vuelta. Tiendas vacías, gente ansiosa, sin saber lo que traerá el mañana. Entonces, cuando hablamos de tensiones geopolíticas, debemos recordar que es la gente común la que soporta la peor parte de su impacto. Y si podemos evitar que se repita lo que sabemos que fue doloroso para tantos cientos de millones de personas, ese sería un objetivo muy noble, y espero que lo persigamos.

SEÑOR. IGNATIUS: Gracias por traer esa perspectiva personal a esta crisis. Permítanme referirme ahora a su trabajo básico como director gerente del FMI, y eso es supervisar las tendencias económicas mundiales. El FMI acaba de publicar a fines de enero una evaluación bastante sombría de las tendencias. El titular era “aumento del número de casos”, es decir, número de casos de COVID, “economía interrumpida y mayor inflación”. Usted dijo al publicar el informe: “Me hubiera gustado mucho tener una perspectiva más optimista a principios de año, pero la realidad es que estamos viendo un impulso algo más débil de la recuperación y mayores incertidumbres, más riesgos. en 2022.” Así que quiero desempacar ese documento de perspectiva que publicaron, comenzando con COVID, el aumento de casos. La carga continua de la pandemia dos años después obviamente es un hecho de la vida con la que todos vivimos. Todos están luchando por pensar cuándo comenzaremos a alcanzar la cima y volveremos más a la normalidad. ¿Qué piensan sus economistas, analistas, las personas que los ayudan a pensar sobre la economía mundial sobre el curso de COVID en todo el mundo?

SRA. GEORGIEVA: Bueno, permítanme comenzar con las buenas noticias, y es que la recuperación continúa, sí, a un ritmo más lento, pero debemos recordar que al comienzo de esta crisis temíamos una gran depresión. Temíamos una contracción del 10 por ciento de la economía mundial en 2020. Eso no sucedió debido a la fuerte respuesta coordinada de política fiscal y monetaria; en otras palabras, ayudar a los hogares y ayudar a las empresas durante un período de estancamiento en la economía mundial. Pero el impulso se está desacelerando por dos razones. Uno es una desaceleración en los dos grandes motores de la economía mundial, Estados Unidos y China. Y el segundo, como bien has señalado, es el COVID. Todavía está con nosotros. Causa restricciones, y estas restricciones se traducen en interrupciones de las cadenas de suministro globales que en sí mismas son un problema porque agregan presión sobre los precios para que suban. Y en ese entorno, la forma en que describiría el 22 es navegar en una carrera de obstáculos, con los tres grandes obstáculos que siguen siendo el COVID--usted lo señala correctamente--pero luego la inflación y las medidas que debemos tomar para combatir inflación; y luego altos niveles de deuda.

Entonces, yendo a COVID, debemos admitir que a pesar de todo el progreso que se ha logrado en vacunas, pruebas y rastreo, tratamientos, aún no estamos brindando suficiente apoyo a los países que se están quedando atrás. Ochenta y seis países en 2021 no alcanzaron la meta de al menos el 40 por ciento de vacunación de su población. En los países de bajos ingresos, las vacunas están al 5 por ciento. En los países ricos, al 70 por ciento. ¿Por qué es esto un problema? Porque lo que hacemos es retener un caldo de cultivo para cada vez más y más variantes del COVID, y también porque estamos interrumpiendo el normal funcionamiento de nuestra economía. Uno de los grandes problemas que hemos creado en los últimos dos años es esta peligrosa divergencia entre los países que ya están alcanzando sus niveles previos a la pandemia: los países ricos, algunas de las economías de mercado emergentes y todos los demás.

Y lo que quiero poner en la pantalla del radar de nuestros oyentes es que durante dos décadas el mundo estaba haciendo lo correcto. Hubo convergencia, los países más pobres se pusieron al día. Eso es bueno para su gente. También es bueno para la paz y la seguridad en el mundo. Por primera vez en décadas, está sucediendo lo contrario. Los países más pobres se están volviendo más pobres y se están volviendo menos estables, más vulnerables. Entonces, mi mensaje principal hoy es que en todas partes debemos construir una defensa contra COVID. La política de pandemia es política económica. El mayor riesgo para el desempeño de la economía mundial sigue siendo este año el COVID y la disrupción que provoca. Así que continúen implacablemente, por mucho que ahora estemos cansados ​​de ello, continúen implacablemente para construir esta defensa.

SEÑOR. IGNATIUS: Creo, señor director, que acaba de responder a la pregunta que le iba a hacer. Hay un debate creciente en Estados Unidos, y creo que en Europa y otros países también, sobre si, mientras vemos el pico de la variante omicron, es hora de pensar en volver a algo más cercano a la normalidad. ¿Es hora de que los niños en las escuelas alivien las restricciones de mascarillas? Es una parte básica de este debate. Y tengo curiosidad acerca de su punto de vista. Creo que te escucho decir, no, debemos mantenernos alerta por un tiempo más, en lugar de comenzar a hablar sobre el regreso a la normalidad.

SRA. GEORGIEVA: En realidad, estas dos cosas están relacionadas. Cuanto más altas sean nuestras defensas, más podremos volver a la normalidad. Y en ese sentido, lo que vemos es que cuando las tasas de vacunación son muy altas, cuando las pruebas y el rastreo son efectivos, cuando hay suficiente capacidad para tratar a los pacientes, tenemos una normalización de las actividades económicas. Y esto es lo que tenemos que perseguir. Hemos aprendido a vivir y funcionar con el COVID todavía a nuestro alrededor. Pero tenemos que conservar nuestra capacidad de proteger los sistemas de salud para que no se sobrecarguen, porque esto es lo que crea el pánico. Si me enfermo, ¿me tratarán? Y para ello, tenemos toda la responsabilidad de tomar acciones en ese sentido. Protégete, protege a tus familias, protege el funcionamiento de la economía para que podamos estar en un ambiente mucho más normal para vivir y trabajar.

SEÑOR. IGNATIUS: Déjame preguntarte sobre la segunda parte de tu pronóstico de enero, que es la recuperación interrumpida. Lo que me llamó la atención, señora directora, no fue simplemente bajar el pronóstico para este año (es 1,2 puntos porcentuales más bajo para EE. UU. de lo que se había pronosticado, ocho décimas de punto para China) hacia 2023, el próximo año, sigue siendo sombrío y, de hecho, es aún más bajo. Está pronosticando una disminución del 5,9 por ciento en 2021 al 4,4 por ciento en 2022 y luego al 3,8 por ciento en 2023. En esa situación de desaceleración continua del crecimiento, ¿deberíamos pensar más en el estímulo económico? Eso tiene un poco de mala fama debido a los temores de inflación, pero ¿cree que debemos pensar más en el estímulo para evitar esa fuerte pendiente descendente en la curva de crecimiento? 

SRA. GEORGIEVA: Tenemos que reconocer que parte de esta desaceleración es natural, porque tenemos un bache cuando estamos superando la contracción de la economía. En otras palabras, a medida que los países regresan a sus niveles previos a la pandemia, es natural que la tasa de crecimiento, si lo desea, se normalice. Pero también es cierto que antes de entrar en esta pandemia en 2019, estábamos preocupados por el crecimiento lento, la baja productividad. Y también, nos preocupaban los nuevos riesgos para la estabilidad macroeconómica y financiera, como los choques climáticos. Nada de esto se ha ido.

Y cuando miramos hacia el futuro, en lo que debemos concentrar nuestra atención es en cómo aumentar la productividad y, sobre esa base, confiar en un mayor crecimiento. Conocemos algunos de los elementos del aumento de la productividad: invertir en personas capacitadas, educadas y también ágiles, capaces de pasar de un trabajo a otro para que puedan contribuir a la economía, invertir en investigación y desarrollo, invertir en nuevas tecnologías. , porque brindan un potencial de mayor crecimiento; y también invertir en infraestructura, tanto la infraestructura física normal como la infraestructura digital para que podamos ver que los bienes y servicios se están integrando mejor.

Tengo mucho interés en que no perdamos de vista que antes de la pandemia las cosas no iban tan bien. Y si recuerdan, 2019 también fue el año de las protestas en Chile, en París, en el Líbano, y lo que estamos viendo hoy es un resurgimiento de estas protestas. ¿Cuál es el problema fundamental que empuja a la gente a protestar? Bueno, la justicia, o la falta de ella. Y si pensamos en un factor importante, muy importante para que las economías sean más dinámicas, es que estas economías sean más inclusivas, que todos puedan participar, que las mujeres no queden excluidas porque no tienen cuidado de niños, o cuidado de niños asequible, pueden. t entrar en el mercado laboral. Y ese tema de la inclusión de la economía es uno que en realidad tiene una base más débil hoy, porque la pandemia, desafortunadamente, ha contribuido a aumentar la desigualdad dentro de los países, entre países. Y ahí es donde esa inversión clave en las personas desde el momento en que pueden ingresar a un preescolar, hasta cómo llegan, creo que es muy, muy, muy importante, y eliminar las barreras para participar en la economía para que podamos confiar. la contribución de todos y hacerlo mejor para todos nosotros.

SEÑOR. IGNATIUS: Déjame preguntarte sobre un obstáculo más en la carrera de obstáculos como la describiste anteriormente, y esa es la inflación. Usted habla en su evaluación sobre la probabilidad de que, suponiendo que las expectativas de inflación se mantengan bien ancladas, es la frase que usa, la inflación debería disminuir gradualmente este año. Y me quedé con la incertidumbre de dónde se encuentra usted en lo que realmente ha sido un debate interesante entre los economistas sobre la inflación. Está la visión abreviada de Larry Summers que dice que tenemos un problema real aquí, y que las expectativas de inflación, de hecho, están creciendo en la economía global. Y luego nuestro presidente de la Fed, Jay Powell, ha dicho que no; es en gran parte transitorio. Ha modificado eso un poco. Pero cuéntanos dónde estás, a tu juicio, sobre cuán fundamental es hoy la presión inflacionaria en la economía global.

SRA. GEORGIEVA: La inflación es un problema económico y social más importante de lo que pensábamos hace algunos meses. ¿Qué es lo nuevo que aprendimos que nos ayuda a reevaluar el papel de la inflación y luego, sobre esa base, la necesidad de tomar medidas, que los bancos centrales den un paso adelante, tomar medidas para combatir la inflación?

Primero, lo que aprendimos es que las interrupciones en las cadenas de suministro globales son más duraderas de lo que pensábamos inicialmente. Teníamos la esperanza de que estarían bajo control ya en la primera mitad de este año de 2022. Ahora, vemos que es probable que continúen, tanto porque las olas de COVID todavía están causando la necesidad de algunas restricciones, pero también porque otros factores contribuyen a las presiones sobre los suministros.

Tomemos uno. Nos alejamos significativamente de los servicios a los bienes. Qué significa eso? Mucha más demanda de computadoras, de automóviles, de equipos que son necesarios para producir todos estos bienes. Y el resultado es que la oferta no puede ponerse al día fácilmente.

También estábamos subestimando el factor climático y la presión que ejerce sobre los precios de los alimentos. Tenemos que reconocer que estamos en un mundo más propenso a las conmociones, y debemos esperar que este tipo de conmociones sean un factor en el futuro.

Y por último, pero no menos importante, lo hicimos: subestimamos un poco cuánto retraso en el consumo, en otras palabras, las personas que obtienen apoyo a través de diversas formas de estímulo y lo ponen en ahorros, pueden contribuir a una demanda de consumo mucho más fuerte. Entonces, estamos en una situación en la que, de hecho, reconocemos que es importante no solo confiar en que las expectativas de inflación estén bien ancladas, sino buscar algunas intervenciones que controlen la inflación. Los bancos centrales lo están haciendo. Lo están haciendo con mucho cuidado, de manera deliberada, comunicando sus intenciones. Y la Fed ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido aquí en los Estados Unidos. En muchas economías de mercados emergentes, se han tomado medidas incluso antes, porque la inflación se convirtió antes en un problema de mayor magnitud.

Sin embargo, debemos reconocer dos cuestiones. Uno, en el '22, las condiciones en diferentes países son muy diferentes. Estamos hablando de combatir la inflación en los Estados Unidos. Y en Japón, están luchando para impulsar la inflación porque no pueden alcanzar su objetivo del 2 por ciento. Entonces, hay un acordeón [fonético] de la presencia de este problema, y ​​por lo tanto, medidas a aplicar.

Y el segundo punto que debemos tener muy en cuenta es que la adopción de medidas para combatir la inflación tiene que estar muy bien calibrada frente al objetivo de apoyar la recuperación. Entonces, ese acto de equilibrio es uno que, nuevamente, debe calibrarse en todos los países. Y debemos ser muy ágiles, basados ​​en datos, ¿qué es lo que aprendemos? Porque cuando pensamos en la inflación y el aumento de los intereses, ya sabes, el retiro de la flexibilización cuantitativa, el aumento de las tasas de interés, eso tiene un impacto indirecto en el acceso a oportunidades de crédito y crecimiento, el tema del que hablábamos antes. También tiene un impacto indirecto en otros países. Y ahí, tenemos que ser conscientes del otro obstáculo en nuestro camino, y es un mayor nivel de deuda. En 2020, debido a que necesitábamos apoyar una economía paralizada, tanto los gobiernos como los hogares del sector privado se endeudaron más de lo normal. Los niveles de deuda en 2020 alcanzaron los 226 billones de dólares, el mayor aumento de la deuda desde la Segunda Guerra Mundial.

Ahora miramos ese panorama, obviamente, un buen desempeño de la economía permitiría que los niveles de deuda en promedio bajen gradualmente. Pero para los países con un alto nivel de deuda, la recuperación de COVID fue lenta, debido a las bajas vacunas, debido al espacio limitado, ese cambio en la política, ese aumento de las tasas por parte de la Fed, por otros bancos centrales, por sus propios bancos, los bancos centrales, que pueden ser bastante restrictivos para su propia recuperación.

Y quiero terminar con esta foto. En 2015, el 30 % de los países de bajos ingresos se encontraban en situación de sobreendeudamiento o casi en situación de sobreendeudamiento. En 2021, alcanzaron el 60 por ciento. Y obviamente, tenemos que ser muy conscientes de las medidas que se pueden tomar para evitar que en diferentes lugares los problemas de deuda se conviertan en una catástrofe económica interna. Y el Fondo juega un papel muy importante en ese sentido.

SEÑOR. IGNATIUS: Así que esa es una nota sombría para concluir, la posibilidad de que la deuda pueda producir, en tus palabras, una catástrofe si no se gestiona. ¿Puedo hacerle una última pregunta, señora directora? El presidente de la Fed, Powell, y la Reserva Federal han señalado que podría comenzar a subir las tasas de interés por primera vez en tres años en marzo. Hemos hablado de los problemas de inflación, pero también de la necesidad de sostener el crecimiento, de fomentar un mayor crecimiento. ¿Cree que los federales... esta aparente decisión de comenzar a aumentar las tasas de interés es sabia?

SRA. GEORGIEVA: Dado el problema de la inflación que, como dije, es una preocupación económica, también es una preocupación social. La Fed tiene razón al dejarse guiar por los datos y tomar las medidas apropiadas. Y recordemos. Incluso con estos pasos, las condiciones financieras siguen siendo muy acomodaticias. En otras palabras, estamos lejos de las tasas de interés, tasas de interés reales que realmente pueden morder. Y confío en que la Fed sostendrá esas acciones políticas bien calibradas y bien comunicadas para que la recuperación pueda continuar y, al mismo tiempo, podamos frenar la inflación.

Pero, de nuevo, la inflación es un fenómeno complejo. También es un resultado de COVID. Entonces, volvamos a mi mensaje. Necesitamos pensar en las acciones de pandemia como herramientas de política económica, porque si reducimos los riesgos de más variantes y más bloqueos, estamos ayudando a que los suministros lleguen a tiempo y estamos ayudando a que la economía se recupere más rápido.

SEÑOR. IGNATIUS: Entonces, Kristalina Georgieva, nuevamente, gracias por acompañarnos y ofrecer un recorrido lúcido por las economías mundiales, algunos temas complicados que aclaraste, creo, para nuestros televidentes. Muchísimas gracias por unirse a nosotros.

SRA. GEORGIEVA: Gracias por recibirme. 

Respuesta a las voces críticas

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, salió a respaldar el pre-acuerdo al que los técnicos del organismo llegaron con la Argentina, en respuesta a las críticas que recibió ese entendimiento en los medios de comunicación más cercanos al sentir de los inversores, como los británicos Financial Times y The Economist.

En una rueda de prensa con periodistas en Washington llevada a cabo este jueves, Georgieva dijo: «Concentrémonos en alcanzar un acuerdo y después en apegarnos a él para que veamos mejoras en Argentina y no resolver todos los problemas de una vez».

Los medios de comunicación –al que se agregó el Washington Post, cercano a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden- dieron a conocer su desazón con el pre-acuerdo porque este no exigía cambios estructurales. Expresaban así la posición de los bonistas que participaron del canje de deuda de 2020, para quienes el pre-acuerdo no levantará el valor de los papeles soberanos argentinos, su principal preocupación en la materia.

Con un ojo puesto en esa crítica, la jefa del FMI aseguró que «no había alternativa a un acuerdo» con la Argentina y afirmó que el enfoque principal de su equipo es «sacar al país de este camino muy peligroso de alta inflación». Y observó: “Ayudará a Argentina a enfrentar los problemas estructurales más importantes”.

Agregó que los equipos tuvieron que «calibrar el programa para que fuera implementable». Subrayó, además, que lo “importante” era que «el plan se base en suposiciones realistas que no solo dependen del escenario esperado sino que también contemplan los riesgos. Debe reconocer los límites para hacer cambios en Argentina en los próximos años», según resaltó la agencia Bloomberg.

Esta fue la primera vez que Georgieva habla sobre el caso argentino desde que se anunció, una semana atrás, que ambas partes llegaron a un primer acuerdo sobre reducción del déficit fiscal, emisión monetaria para cubrir el déficit y crecimiento de reservas. Todavía restan los detalles técnicos de esos trazos gruesos y la aprobación del acuerdo tanto en el Congreso de Argentina como en el Directorio del Fondo.

Días antes, Ilan Goldfajn, el flamante titular del Hemisferio Occidental del FMI, también defendió el pre-acuerdo, al que calificó como «realista» en un encuentro con tenedores de bonos argentinos denominados en dólares y surgidos del canje de 2020. La posición de Goldfajn no los satisfizo, dijo Bloomberg.

(Diario cooperativo Tiempo Argentino)

La Deuda odiosa

Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ex juez federal de Córdoba. Abogado constitucionalista especializado en Derecho a la Información. Periodista de opinión. Premio ADEPA al Periodismo Judicial (1997).Autor del libro "Libertad de expresión y periodismo en el Siglo XXI" (2015, Editorial UNC). Escribe en Pressenza.

La lógica colonizadora de los centros de capital condicionante, desde un primer momento, buscaron adueñarse de América Latina, dominándola de diversas formas, de acuerdo a sus intereses, más allá de los principios que se pregonaban y la libertad que prometían.

Haití, cuna de la libertad latinoamericana

Cabe resaltar que Haití fue el segundo país americano en declarar su independencia en 1804, después de los Estados Unidos de 1776 y la primera y única revolución de esclavos triunfante en el mundo y que abolió la esclavitud.

Dicho país era una colonia francesa en la parte occidental de la Isla La Española (Santo Domingo). Toussaint L’Ouverture fue el líder de la Revolución, cuyo nombre, en general, ni se conoce.

Lo paradójico resultó que Francia, la de la Revolución Francesa de 1789, con sus principios de “libertad, igualdad y fraternidad”, que inauguró una nueva visión de los derechos humanos, con la “Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano”, sin embargo, atacó la revolución haitiana, ya que quedó evidenciado, que para Europa o los Estados Unidos los principios pregonados valen, en la medida que no afecten sus intereses. Haití representaba una enorme amenaza para el sistema colonial, racista y esclavista establecido. Había que tener presente, por ejemplo, que un esclavo era un valor económico y no se podía perder dicho capital liberándolo. Cruel hipocresía típica de los centros de poder económico.

Simón Bolívar, contrario a la esclavitud de personas y pueblos, fue quién siempre agradeció a Haití el haberlo apoyado, acogido y vivió un tiempo allí, para pensar y llevar adelante su gesta libertadora. La expedición de Los Cayos, es el nombre con el que se conoce la invasión que desde Haití se organizó.

El militar venezolano, zarpó el 31 de marzo de 1816 del puerto de Anquín, llevando 1.000 haitianos de raza negra, que se sumaron a la empresa libertadora. Simón Bolívar triunfa ante las fuerzas españolas en la batalla naval de Los Frailes, desembarcando en la isla de Margarita, en Venezuela, desde donde comenzó su campaña libertadora, acompañado con la fuerza libertadora de los ex-esclavos.

San Martín contra la deuda odiosa

También, desde la idea de libertad integral y respeto a las personas y pueblos que no pueden ser esclavos ni dominados, en el concepto de la verdadera independencia, el general San Martín dio múltiples ejemplos para la historia.

Así, cabe mencionar que, en los artículos adicionales del Estatuto Provisorio sancionado por el general San Martín, en 1821, en su carácter de «Protector de la libertad del Perú», dispuso en los artículos adicionales del mismo que: «Animado el Gobierno de un sentimiento de justicia y equidad, reconoce todas las deudas del gobierno español que no hayan sido contraídas para mantener la esclavitud del Perú, y hostilizar a los demás pueblos independientes de América». Dejaba en claro que no debía aceptarse la deuda odiosa, la que su origen fue para mantener la esclavitud y dominación de los pueblos de América.

Esta clara visión del libertador no ha sido la que ha bañado después, a los pueblos libres de América. El poder económico-político y financiero se ocupó de recolonizarnos y esclavizarnos a través de deudas externas ilegítimas, odiosas, usurarias e írritas, gran parte de ellas, contrarias al bien común de nuestros pueblos, sometiéndolos a nuevas esclavitudes y nublándoles la independencia real y su futuro. Baste referir que, ahora Haití, sometido a deudas externas inaceptables, a la corrupción gubernamental que va de la mano de dichos contratos de préstamos y diversas inclemencias climáticas, es el pueblo más pobre y abandonado de América.

Empréstito Baring Brothers

Mientras San Martín proclamaba que se tenía que terminar con las esclavitudes de todo tipo, porque ello no permite desarrollarse a los pueblos independientes, en 1824, Argentina, a través de Bernardino Rivadavia, contrató en Londres el empréstito con la Casa Baring Brothers por un millón de libras esterlinas. Préstamo del que realmente se recibió 550.000 libras, o sea casi la mitad y durante 80 años se terminó pagando cerca de 4.800.000 libras esterlinas, que equivalían aproximadamente a casi nueve veces más de lo recibido.

No convalidar deudas ilegítimas

La deuda externa se convirtió, desde un principio, en uno de los principales condicionantes del desarrollo nacional y en un obstáculo importante para la toma de decisiones políticas autónomas, por parte de los gobiernos argentinos. Rodeada de cláusulas secretas y una gran delegación inconstitucional de funciones en el Poder Ejecutivo y falta de control por parte del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

¿Por qué se deben aceptar, sin analizar, deudas que claramente aparecen como ilegítimas, usurarias, odiosas e írritas que condicionaron y condicionan nuestro futuro? ¿Por qué no se dan a conocer los convenios de deuda con cláusulas secretas, el nombre de los supuestos acreedores en general y el de los escondidos en fondos de inversión, de todos los responsables de firmarlas por Argentina, el nombre de los intermediarios, las comisiones pagadas y los reales beneficiarios de las operaciones? ¿Por qué no se activan los juicios por responsabilidad penal y civil a los que correspondiere? ¿Por qué la Corte Suprema de la Nación, tan celosa de su independencia, no interviene para declarar nulas la delegación de jurisdicción que tienen los convenios de deuda, que nos dejan sometidos, a jueces de primera instancia de otros países, tal fue el caso de lo que pasó con el juez Thomas Griesa de Nueva York, que nos hizo pagar vergonzosamente lo peticionado por fondos buitres? ¿Por qué se nos asusta de las consecuencias de cuestionar las deudas? ¿Hay miedo a que se sepa lo que son verdaderamente? ¿Por qué en el convenio que se propone con el FMI tenemos que rendir cuentas cada tres meses y aceptar funcionarios controlantes del Fondo, en lugares centrales de nuestras decisiones económicas soberanas?

Somos un país que reconoce todas las deudas reales y las ha pagado sobradamente, pero no las que, al decir de San Martín “hayan sido contraídas para mantener la esclavitud” condicionándonos ilegalmente, como tantas, principalmente, ahora la adoptada por el presidente Mauricio Macri, parte de ella a 100 años, que nos vuelve ilegalmente esclavos de los designios de los acreedores por seis generaciones.

Ahora, al someterse al acuerdo con el FMI, ante el Congreso Nacional, se da la posibilidad que el Poder Legislativo que nos representa, ordene la suspensión de los pagos, analice el origen, responsables, destino y consecuencias de la deuda de 44.500 millones de dólares contraída con el FMI. No se puede aprobar una deuda que se busca sólo negociar el tiempo del pago de la misma con intereses indebidos, sin analizar la legalidad del préstamo y el destino del dinero ¿Por qué no se dan los nombres de los beneficiados de la fuga de los dólares que se produjo?

¡El pueblo quiere saber! y no ser obligado a soportar pagos odiosos sólo por el miedo a acreedores inescrupulosos y a los operadores políticos, financieros y mediáticos que los representan. La Patria, en su verdadero destino de libertad e independencia sanmartiniana y bolivariana nos convoca.

Los conflictos en tiempos financiarizados

Alguna vez deberemos aprender. Cuarenta años de historia con la deuda externa en las formas neoliberales y tantos años de historia como la historia de nuestra misma nacionalidad con las deudas anteriores. Alguien que debe es alguien que no puede disponer libremente de lo que produce o gana en tanto esa producción o ganancia no es “libre”. Los acuerdos de pago involucran tanto al acreedor como al deudor en tanto el acreedor, si pretende cobrar, debe permitir las condiciones para que el acreedor produzca la ganancia o producciones necesarias para poder pagar, pero al mismo tiempo, el deudor debe comprometerse a colocar la deuda como prioridad en sus gastos y administración, de allí que no es libre en tanto primero debe pagar lo que debe para considerar propio la ganancia o producción excedente, una ves descontados los compromisos de deuda asumidos.

Esta lógica de razonamiento común no es la que prima cuándo se acuerda con los organismos internacionales de Crédito que, aunque en sus estatutos y conformaciones reglamenta y dice que los Estados miembros son tanto aportantes como quienes reciben los créditos y programas de financiamiento, en la práctica, las deudas se dan sin demasiadas exigencias pero a la hora de los vencimientos son bastantes mas rígidos, dejando en claro que se trata de un mecanismo de sometimiento de las economías. No se trata de no endeudarse, si la deuda permite generar ganancias capaces de afrontar el costo de la deuda y producir el beneficio que justifica dicha inversión, ya como infraestructura o base económica, ya como fondos para estimular la producción, el trabajo y el crecimiento de un Estado y de sus habitantes. El problema es que los gobiernos que contraen las deudas no son precisamente los gobiernos que las pagan. Esto deja claramente expuesto que no se trata de lógicas comunes de fondos creados para “ayudar” a los Estados a financiar sus crecimientos y desarrollos, sino simple y llanamente la posibilidad que encontró la FED (Reserva Federal de los EEUU), para dominar los escenarios financieros e intervenir en las políticas económicas de los Estados transfiriendo sus problemas nacionales al resto de las economías.

Más allá de los condicionantes externos, sin embargo, el hecho de no aprender de las experiencias demuestra que no se quiere aprender. ¿porque? Porque los gobiernos que toman deuda son aquellos que apuestan a ser satélite o colonia el Imperio. Y en ese diseño son los mismos sectores que alcanzan el gobierno los que se benefician como sector, porque en general representan a quienes comercian con el Imperio.

Cuando un gobierno Nacional y Popular intenta otro diseño de Nación, se ve primero limitado por la deuda. Cuándo logra superar el problema, de cualquier forma posible, desde fuera y desde dentro se intenta imponer nuevamente un gobierno que favorezca a las élites nacionales asociadas al Imperio en los negocios neocoloniales. Antes por medio de dictaduras militares hoy por medio del lawfare. Mañana, si el lawfare resulta ineficiente aparecerán nuevas formas.

Sin conciencia mayoritaria de que el primer enemigo es nuestra propia conciencia de “lo nacional”, el neoliberalismo y el neocolonialismo continuarán ganando. Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack