La humanidad desnuda: El asunto de los privilegiados y los marginados

Una y otra vez la misma historia

“Por una simple gorrita ya te quieren disparar.” El rap que compuso el amigo de Lucas González, el futbolista asesinado por policías de la Ciudad, sintetiza parte de un saber que manejan los pibes y pibas de barrios populares. “Villeritos”, cuentan que les dijeron los oficiales después de tirotearlos, cuando los fueron a “reducir”, también a Lucas, yaciente. Les gritaron que por eso “les tenían que pegar un tiro en la cabeza a cada uno”. 

Lo que vivieron esos chicos, llevado al extremo del asesinato e inusualmente tomado como “caso” por los medios, no constituye una excepción para los chicos y chicas que viven en las zonas más pobres de la Argentina. Por el contrario, se inscribe en situaciones diarias de hostigamiento guiadas por una suerte de “selección natural” previa: el estigma.

En esta nota se reproducen diálogos con chicos, chicas y docentes de barrios vulnerados, también con especialistas, sobre la relación cotidiana de estos jóvenes con las fuerzas de seguridad, que en muchos casos están “adentro” mismo de los barrios “tomados por la inseguridad”, reclamadas y al mismo tiempo temidas por los vecinos.

El verdugueo

El “verdugueo”, parar permanentemente a los pibes solo para identificarlos, o pedirles papeles de la moto, o revisar si llevan un porro, es una constante que viven los chicos y chicas de barrios vulnerados. “Entrar y salir de los barrios de Soldati es saber que muy probablemente la cana te va a parar. Te enfrentás a eso porque además los taxis y remises que son de afuera no te quieren llevar. Y tu vida no puede empezar y terminar en avenida Castañares, sobre todo cuando sos joven”, dice Fabio Ríos, que tiene 21 y un hermano de 16 por el que dice sentir miedo cuando sale, “por el afano y por la cana, por los dos... y mi vieja ni te cuento”.

Su reclamo está, sobre todo, en “el trato”: “Acá la gente, y mi vieja entre ellos, pide policía, pide operativos, pide control. Pero ese control, cuando es a los pibes, siempre viene con malos tratos, ya desde el vamos. En cambio los transas sabemos perfectamente dónde viven y dónde se mueven, y nadie los para jamás”, asegura. Habla de prejuicio, describe lo que en los hechos parece una suerte de discriminación selectiva adentro del barrio.

Escribe Karina Micheletto, licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y periodista. Editora de la sección El País de Página/12. 

Durante la semana Cristina V. trabaja como auxiliar de portería en una escuela. Su turno termina al mediodía y vuelve a su casa en la Villa 31. Hace veinte años tiene esa rutina. Pero desde que la mayoría de sus hijos se fueron a vivir solos dividió la vivienda y se puso un kiosquito del que se ocupa la mitad del día que le queda. El 20 de agosto, cerca de las 21.30, estaba ahí en la puerta, con el mate en la mano mientras de a ratos vendía algo, cuando llegó agitada una chica que trabaja en la heladería de enfrente: "¡Le están pegando a Chiquito! ¡Es la brigada!". Cristina había escuchado disparos, pero es un sonido recurrente en la zona y lo que menos imaginó era que uno de sus hijos podía estar en el medio. Revoleó el mate y salió corriendo. Ahí nomás de su casa, un auto sin identificación policial cercaba al Ford Fiesta color azul en el que Lucas V. --o Chiquito--, de 25 años, había salido a dar una vuelta con otros amigos, como les gusta hacer los viernes a la noche después de trabajar. La mujer alcanzó a ver los golpes y el momento en que se llevaron detenidos a los pibes. Intentó interceder y se ligó también una trompada que la dejó con la cara aplastada contra una persiana de la cuadra. Sin testigos, ni razones, sin mostrar su chapa ni nada  --denuncian- los esposaron y los pasearon toda la noche por dependencias de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Los soltaron a la mañana siguiente pero les abrieron una causa penal por tentativa de robo con armas donde jamás los llamaron a indagatoria en estos tres meses y medio. Tampoco hay ningún arma secuestrada. "Hoy entendemos que podríamos haber sido Lucas González y nos salvamos de milagro", dice Lucas V. a este diario en alusión al chico de 17 años asesinado en Barracas. 

Fernando A.G, de 26 años, morocho y de cara redonda, manejaba el Fiesta. Es suyo. Dice que tiene todos los papeles en regla y al día. "Había pasado a buscar al hermano de un amigo que es más chico (tiene 13 años) y lo encontramos a Lucas en el trayecto, en la puerta de su casa. Primero eramos cinco, también estaban el colombiano y Rodrigo, que se fue corriendo. Salimos a dar vueltas. Un rato paramos ahí donde está el edificio de Gendarmería, detrás del supermercado Coto. Nos pusimos a escuchar música, a mí me gusta la salsa. Volvimos al barrio, entramos por el playón, pasamos la comisaría y no muy lejos de ahí se nos cruza de golpe un auto, un (Ford) Focus gris. Del susto frené. Bajaron cuatro tipos armados, gritaban "¡alto!", pero sin identificarse, no decían que eran policías ni tenían nada que mostrara que lo eran. Uno de ellos disparó, pero no sé donde impactó", cuenta Fernando. "Apagué el auto y me bajé. Lo querían revisar y yo pedía que para eso trajeran un testigo, pero no trajeron a nadie", repasa.  Lucas, que iba en el asiento del acompañante, recuerda que apenas vio que los hombres estaban armados tuvo el impulso de bajarse. "En cuanto asomé la cabeza escuché una detonación. Enseguida me tiraron al piso. Fueron 30 segundos", relata. Luego advirtió que una camioneta Renault Kangoo blanca cerraba el paso del otro lado. 

Lo que parecía que ahí terminaba, recién empezaba. Lo que parecía que terminaría en un rato, es una escena repetida y mucho en los barrios populares porteños donde ya son conocidas las brigadas de las comisarías de la Policía de la Ciudad, que andan de civil y se las vincula con el delito, con aprietes a jóvenes e intentos por sacarles dinero o cosas, y donde muchas personas tomaron mayor conciencia del accionar de estos grupos con impronta de patota después del asesinato de Lucas González, por el que hay nueve policías detenidos. La escena guarda similitudes con la descripción de Lucas V. y Fernando A.G. Los amigos del chico asesinado estuvieron detenidos durante todo un día, con una acusación trucha que quedó al desnudo por el homicidio, que hizo insostenible el relato armado por la policía.   

Fernando y Lucas son conocidos en el barrio 31, trabajan juntos hace años. Venden materiales para la construcción.  Cristina decidió pedir ayuda en el número de teléfono que encontró al pie de un papelito que su hijo se llevó de la comisaría donde finalmente les sacaron las esposas. Allí decía, además, "tentativa de robo, disparo de arma de fuego, atentado y resistencia de autoridad". Cuando marcó, encontró una voz amable y contenedora que la condujo a hacer la denuncia en el Ministerio Público de la Defensa de porteño, relató la mujer. A su hijo y al resto les habían abierto una causa en la justicia nacional, no en la de la Ciudad, pero el contacto le sirvió para dejar constancia de la situación de violencia institucional, lo que tarde o temprano debería tener algún impacto judicial. En la Defensoría ven una matriz de funcionamiento, con las brigadas en el centro de la escena y un volumen alarmante de denuncias contra la policía de Horacio Rodríguez Larreta. 

Una noche interminable 

El despliegue de la brigada de prevención del delito de este caso --que sería de la Comisaría Comunal 1-- fue en un lugar visible, en la manzana 3, frente a la casa número 2, y unos minutos más tarde empezó a pedir refuerzos de la seccional del barrio. Llegaron motos, cuatriciclos y patrulleros. Ante el revuelvo, vecinos y vecinas salieron a ver qué pasaba y algunos pudieron filmar por tramos. El propio Lucas logró tomar algunas imágenes. En uno de los videos se lo escucha hablarle a un policía: "Ahí está mi mamá, hay testigos, ¿por qué no puedo grabar? No tenemos armas, no tenemos drogas, no tenemos nada; venís y tirás dos tiros así enfrente de toda la gente. Me pegaste a mí. Dos tiros tiraste". A Fernando se lo escucha gritar: "tengo todo en regla" y reclamar "un testigo para revisar el auto". El Ford Fiesta fue secuestrado y nunca se lo devolvieron. Todo indica que no fue peritado, con lo cual no sabe si los balazos lo tocaron o fueron a otro lado. 

"¡Ese es mi hijo!", gritó Cristina V. al ver que lo golpeaban, en medio del tumulto. "¿Sabe que me respondían --se estremece--: ´Señora ¡Déjenos  hacer nuestro trabajo!' Y, claro, yo le pregunté si su trabajo era pegarle a los chicos, y les seguían dando. Después me pegaron a mí. Vi como los metían a ellos luego dentro de un auto. Dijeron que los llevaban debajo de la autopista, donde hay un destacamento barrial, por una averiguación. Fui corriendo ahí, pero no estaban, me mandaron a otro, donde está la terminal del 5 (la línea de colectivos), y tampoco". Allí le dijeron que fuera a la Comisaría 46, donde encontró a los pibes tendidos en el asfalto en la entrada y vio como los golpeaban otra vez y los agredían verbalmente. "Ahí mismo les pusieron unos carteles de la policía y les sacaban fotos de frente y de perfil. Empecé a gritar: ´soy la mamá de Chiquito y esos son sus compañeros de trabajo`,  y me respondieron ´cállese que usted también va a terminar detenida'". 

Cristina peregrinó por la ciudad de Buenos Aires, junto con la mamá y el hermano de Fernando, a la par que la policía trasladaba a los jóvenes de un lugar a otro y los cambiaba de autos como quien intenta despistarlos. Ellos saben que estuvieron al menos en tres lugares. Después de la 46, fueron llevados a una dependencia donde les tomaron las huellas dactilares, y a otro donde había un médico forense que discutía con los policías; y al final terminaron en la comisaría vecinal 3 B, en Catamarca 1345. Lucas no se puede desprender de la sensación de asfixia en especial cuando lo llevaron en el mismo Ford Focus que inició la pesadilla, por la alta calefacción durante horas, y el dolor de cuerpo porque es muy alto y debía estar con el cuerpo doblado, las muñecas casi cortadas por las esposas. "Vos gordito, vas a cobrar peor porque grabaste todo”, tuvo que escuchar. Los policías estaban tan desesperados por borrarle los videos que, como se quedó sin batería, movieron cielo y tierra para conseguir un cargador. Pero ya se los había mandando a su mamá. 

Cristina les había perdido el rastro. La habían mandado a la sede policial de Azopardo, y varias veces le dijeron que todo el asunto era por una investigación de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. En medio de la noche tardaron un buen rato en conseguir un taxi que los subiera a los tres, en medio del protocolo de la pandemia. A un taxista pudieron explicarle lo que pasaba, y les creyó. No paran de agradecerle. Se fueron hasta Quilmes, y nada. Volvieron. Pasaban las horas y recién a la madrugada los encontraron. 

En un primer piso de la comisaría de la calle Catamarca estaban Lucas V., Fernando A.G, "Colombia", como le dicen al joven colombiano amigo de ellos. Al "Polaquito", como le dicen al más chico, lo llevaron a una dependencia para menores. "Ahí viene la mamá del pibe", comentaron los uniformados la verla avanzar. Ella les dijo que se iba a quedar ahí hasta que les devolvieran la libertad. Eran cerca de las 5 de la mañana. Pero no la dejaron. "Me mandaron de vuelta a mi casa, y cuando estaba llegando me llaman para pedirme el DNI de Lucas. A la mamá de Fernando también. Al llegar nos dicen: ´cortita la bocha, si quieren que soltemos a los chicos tienen que poner algo'. Ahí el hermano de Fernando preguntó cuánto: ´una pizza para los muchachos´, dijeron pero terminaron pidiéndole todo lo que tenía encima, 15.000 pesos". Cristina se quiebra:  "Yo no habré terminado el secundario pero no soy una ignorante, crié a mis cuatro hijos sola, ¿Se piensan que porque vivimos en la villa 31 les da derecho a llevarnos en cana y sacarnos plata?". "Mi hijo podía ser Lucas González. Encima hacen todo y después lo tapan. Voy a pelear para que esto no pase más", se enfurece, con el pelo rubión atado tirante, un buzo verde militar y algo de sudor en la frente.  

Una causa que amenaza 

Tanto Lucas V. como Fernando A.G remarcan que quedaron impactados al conocer lo ocurrido con el chico en Barracas. Ahora arrastran temor por su propia causa judicial. Es curioso el camino que hizo la acusación. El primer juzgado que intervino fue el de menores número 5, según pudo rastrear este diario, que sobreseyó al más chico. Con ese tribunal se habría comunicado la Comisaría 3 B para comunicar que ellos mismos excarcelaban a los pibes, quienes de acusaban de un delito grave. Luego, en septiembre, quedó a cargo el juzgado de Elizabeth Paisán y la fiscalía de Juan Pedro Zoni. 

En la fiscalía explicaron algo sorpresivo: las brigadas que aparecen en la causa son dos, no una. Como le habían dicho a Cristina, había una brigada de Quilmes en el medio, la de la Comisaría 2. Estaba haciendo tareas de inteligencia en la zona por una causa de homicidio que tramita en Florencio Varela y según declararon su integrantes, desde el Ford Fiesta que paseaba por Retiro alguien los amenazó con un arma con intenciones de robo. No hay arma secuestrada ni prueba alguna al respecto. El autor señalado de la supuesta amenaza sería el quinto joven, que habría salido corriendo, siempre según el relato policial. La otra brigada es la vecinal, que da una versión en consonancia, ya que sus agentes dicen quien estaba armado salió corriendo. Uno de los policías admite que hizo dos disparos (aclara que hacia el piso) pero también dijo que los jóvenes quisieron escapar, cosa que los videos refutan. Como sea, ninguna brigada puede actuar sin orden de juez o sus superiores. 

En base a los testimonios, la fiscalía pidió las indagatorias de los pibes el 19 de octubre, pero el juzgado no avanzó todavía. Lo extraño es que tampoco respondió a los planteos de la abogada de Fernando, Julia Massaro, quien pidió la nulidad de todo lo actuado por las anomalías del procedimiento, donde no hubo testigos en el momento indicado, e incluso el atropello está filmado. También reclamó que le restituyan el auto. Estos cuestionamientos, que son relevantes, no fueron incorporados aún formalmente en el sistema a la causa. Como los jóvenes tampoco fueron escuchados, no tuvieron ocasión de contar su versión de lo ocurrido, para que sea debidamente constatada. En el fuero criminal y correccional los abusos de las brigadas no son novedad. Tal vez llegó la hora de que dejen de ser el relato válido utilizado para criminalizar a las y los pobres y sea analizado en su esencia abusiva, capaz de cobrarse vidas. 

La punta del Iceberg

A partir del asesinato de Lucas González y del relato de Lucas V. y Fernando A.G, Emelina Alonso, titular de la Secretaría contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño, dijo: “Insistimos con la idea del iceberg porque es a partir de los casos más graves, que cobran visibilidad en los medios de comunicación, que la sociedad presta atención a lo que sucede. Pero esos casos se explican en un continuo diario de violencias más sutiles o hechos, como este, igualmente preocupantes donde por suerte no tenemos que lamentar la pérdida de vidas”. "Es fundamental --remarcó-- pensar de manera más integral el fenómeno. Advertimos que se repiten las detenciones arbitrarias o irregulares en las que actúan policías de civil. Pero no podemos responsabilizar únicamente a las fuerzas de seguridad, también hay funcionarios civiles que deberían ejercer un control más exhaustivo y operadores judiciales que por acción u omisión contribuyen a que estos graves episodios tengan lugar y que no se investiguen de forma adecuada”. 

El MPD de la Ciudad de Buenos Aires, que dirige Marcela Millán, releva los datos de violencia institucional y en lo que va del segundo semestre registró 472 hechos de este tipo según un informe que fue revelado por Página/12. El promedio es de 94 casos mensuales y 3 diarios. El 56 por ciento de los hechos ocurrieron durante el día y el 44 por ciento durante la noche. Las comunas del Sur son las que concentran los porcentajes más altos de casos:  la Comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) 18 por ciento; Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) 17 por ciento; Comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios) 15 por ciento. En el 90 por ciento de hechos, la Policía de la Ciudad fue identificada como autora de la violencia denunciada. La violencia física es la más habitual, aunque hay otras modalidades de maltrato que van desde la discriminación hasta las irregularidades procesales y los robos. 

Escribe Irina Hauser Periodista especializada en temas judiciales, en la edición de hoy de Página 12

Quién es el argentino que presidirá, por primera vez, el Consejo de DDHH de la ONU

Argentina fue electa este lunes por primera vez en su historia para presidir durante 2022 el órgano dependiente de las Naciones Unidas. El diplomático de carrera que estará a cargo, Federico Villegas Beltrán, ingresó con honores al servicio exterior en 1993.

La presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante 2022 estará por primera vez a cargo de Argentina y será ejercida por el abogado y embajador de carrera Federico Villegas Beltrán, quien ingresó con honores al servicio exterior en 1993 y tiene casi veinte años de experiencia en la actividad diplomática.

La larga carrera de Villegas Beltrán

En marzo de 2020, Villegas Beltrán fue designado representante permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Suiza, adonde en ese momento se trasladó desde Mozambique, país en el que desde 2016 se desempeñaba como embajador de la Argentina tras inaugurar una sede diplomática en la capital, Maputo.

En la Cancillería, el funcionario comandó la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales entre 1993 y 1995, y antes ejerció como Director General de Derechos Humanos en dos oportunidades (2005-2007 y 2012-2015), lapso en el que lideró muchas veces la delegación argentina en foros y organismos internacionales de DDHH.

Además, estuvo a cargo de la coordinación del proyecto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, con el objetivo de elaborar el Primer Plan Nacional contra la Discriminación y establecer en el país el Centro de Políticas Públicas de DDHH del Mercosur y el Centro Internacional de DDHH de Unesco.
Además, Villegas Beltrán representó a la Argentina ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y ante la Global Action Against Mass Atrocities Crimes (Gaamac).
En tanto, en el exterior, el diplomático fue representante alterno ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington entre 1995 y 2003 y allí coordinó asuntos referidos a derechos humanos y cooperación internacional.
Por otra parte, fue representante alterno para el Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) en Montevideo entre 2008 y 2011, donde coordinó asuntos sobre "pequeñas y medianas empresas, temas sociales y políticos del proceso de integración regional", y motorizó la aprobación de proyectos regionales en el marco del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem).

En materia de estudios, el designado titular del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas tiene un master en Artes en Estudios Liberales (Arts in Liberal Studies) Cum Laude (máxima distinción) de la Universidad de Georgetown, EEUU, y se especializó en Desarme en el United Nations Disarmament Fellow, como así también en Derechos Humanos en New College de la Universidad de Oxford, Reino Unido.
También se especializó en el Instituto Internacional de DDHH de Estrasburgo en Francia.

Por último, Villegas Beltrán escribió artículos en publicaciones nacionales e internacionales sobre "desarme, derechos humanos y seguridad internacional".
En relación con la problemática del desarme, en 2020 y 2021 presidió la sexta Conferencia del Tratado de Convenio de Armas (ATT) y la comisión de comercio y desarrollo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

La humanidad desnuda

Los Derechos Humanos como uno de los pocos soportes éticos que aún sostiene este Patriarcado, colonialista, Capitalista, neoliberal, no se sostiene sino en la resistencia de muchos sectores sociales que en distintos puntos del planeta siguen insistiendo en la necesidad de un mundo mas justo, menos desigual en los repartos de los beneficios y la oportunidad para una mejor calidad de vida de todos y cada uno de los que vivimos en este planeta. Racismo, sexismo, xenofobia, violencia institucional o de cualquier otra forma, son el alimento de un sistema que sostiene el privilegio de unos pocos respecto de las grandes mayorías de las comunidades, pueblos, ciudades de los Estados del planeta.

Si por un lado, el poder que sostiene la acumulación que permite su ejercicio, y por otro, la acumulación como resultado de un sistema que legitima la apropiación de unos pocos del esfuerzo realizado por muchos, generan los privilegios que las élites pueden disfrutar en detrimento de las grandes mayorías, esto solo se sostiene en esas conductas que creen que hay mejores humanos que otros y que por tanto unos merecen lo que otros no y unos deben recibir el desprecio y otros el halago, etc.etc.etc., consolidando sencillamente una estructura violenta y jerárquica que impone la voz de los amos en un orden social.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack