Gobernanza publica, privada e individual

El orden institucional

Como sucede con muchas reuniones protocolares, la primera del ministro de Justicia, Martín Soria, con los jueces de la Corte Suprema, empezó con sonrisas tibias e incluyó un comentario afectuoso de uno de los supremos sobre el padre del ministro, el fallecido gobernador de Río Negro, Carlos "el Gringo" Soria. Fueron unos minutos de distensión impostada, hasta que el funcionario del gobierno nacional desplegó un papel que no leyó demasiado y, como quien recita un manifiesto, empezó y terminó con críticas, máximas y reclamos: "Estamos ante una situación de gravedad institucional que atraviesa todo el Poder Judicial, pero, desde el Gobierno y desde la sociedad en general, se percibe que es causada en buena medida por el funcionamiento de la propia Corte Suprema". "Vinimos a expresar nuestra preocupación", remarcó con una referencia a "los últimos cinco años", en obvia alusión al desempeño cortesano a partir del gobierno de Mauricio Macri. En menos de media hora habló de la "mesa judicial", las visitas de jueces a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, el abuso de las prisiones preventivas, el espionaje, el uso político y el manejo de los tiempos de las decisiones según a quién afecten (repitió varias veces las frases "indecorosa pasividad" para las causas de derechos humanos y "sospechosa celeridad" para las cuestiones corporativas), y hasta revolvió en las designaciones de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, tanto como cortesanos como, hace poco, como presidente y vice del del tribunal.  

"Debimos decirle algo más, ¿no?", preguntó Rosenkrantz a sus colegas como quien se queda con las ganas, cuando terminó el encuentro y pasaron al acuerdo a firmar sentencias. La exposición de Soria lo tocaba directo: no sólo por su nombramiento, que Macri intentó por decreto, sino por las alusiones a su amigo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, con quien en una causa judicial sobre amenazas al Grupo Indalo se detectó que tenían por lo menos 59 llamadas entre sí. "El principal diseñador de la política judicial del gobierno anterior, actualmente se encuentra prófugo de la Justicia en Uruguay", dijo Soria sobre Pepín. 

Antes había hecho frente a los supremos un repaso de hitos judiciales del gobierno de Cambiemos: "Se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de justicia, se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del Ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, se modificaron doctrinas para mostrar prisiones preventivas en la tapa de algunos medios, se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales", con el objetivo, subrayó, de "llevar a cabo una persecución política sin precedentes". 

Frente a la catarata de cuestionamientos, el único supremo que dijo algo ya sobre el final, cuando se acercaba la despedida, fue Rosatti. 

-- Apreciamos la sinceridad con la que vino a expresar su planteo, somos respetuosos de las opiniones y de la división de poderes. Nadie está exento de que lo critiquen. También estamos preocupados y vemos, por ejemplo, que aquí no ha surgido el problema de la gran cantidad de vacantes que hay en el Poder Judicial --entonó el presidente supremo. 

Era una forma sutil de introducir uno de los temas ásperos no mencionados de la jornada: el Consejo de la Magistratura, organismo que debe elegir a los jueces, y el fallo supremo que se avecina para declarar inconstitucional la composición actual de ese cuerpo, vigente desde 2006.

-- Discúlpeme, Horacio, claro que es una preocupación, como las vacantes de la Procuración, de ahí la reforma que impulsamos. Pero no vine a hablar de supuestos fallos sobre el Consejo que anuncian los medios, en otra muestra de politización de la Justicia. Ustedes hablan por sus fallos, o así debería ser. Sería una falta de respeto ponerse a opinar sobre el diseño legislativo de un órgano autónomo como el Consejo, que ustedes tienen bajo análisis --replicó Soria. 

Con una leve chicana, agregó que si los supremos se habían explayado sobre el tema cuando en 2016 se reunieron con el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, no era su problema. Ese año había entrado al tribunal el expediente contra el organismo: los supremos decidieron congelarlo, hasta ahora.  

El timing supremo

La reunión se hizo en el señorial Salón de Embajadores de la Corte, donde los jueces y Soria se sacaron una foto. El único que sonríe es Ricardo Lorenzetti. En el centro se asoma una araña de cristales colgantes. En el lugar estaba también la jefa de gabinete de Soria, a quien intentaron desplazar del salón cuando comenzaba el encuentro. "Perdón, ¿la señorita?", preguntó un supremo. "Sería bueno una mujer en esta sala", devolvió Soria, con mordacidad. El asunto de la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco quedó revoloteando, pero no formó parte de la charla. Todo el mundo conoce la dificultad del Gobierno para conseguir dos tercios de los votos en el Senado en caso de postular una candidata. 

Con el correr de los minutos, el clima se puso cada vez más tenso. Uno de los momentos más incómodos se produjo cuando el ministro de Justicia acusó a la Corte de incurrir en "la utilización política de los tiempos procesales". Usó la frase "indecorosa pasividad" para remarcar lo que demoró en resolver algunas causas por delitos de lesa humanidad --como el expediente contra Carlos Blaquier, seis años, o el del asesinato de Floreal Avellaneda, ocho años-- y otras donde la tardanza continúa, como la de la masacre de Capilla del Rosario, pendiente hace cuatro años. También, entre los casos de violaciones a los derechos humanos, cuestionó la demora, desde 2019, en planteos en el caso de la muerte de Santiago Maldonado. Soria les advirtió a los cortesanos que podrían ser sancionados a nivel internacional, ya que cuatro relatorías de Naciones Unidas advirtieron su preocupación en una comunicación conjunta por la cantidad de juicios pendientes y en particular los retrasos de la Corte. 

Para comparar, el ministro señaló otro grupo de causas caracterizadas por la "sospechosa celeridad", donde hay "factores de poder o interés corporativo", dijo, y puso como ejemplo el fallo sobre los nombramientos por el mecanismo de traslado, a dedo, de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal de Comodoro Py. El tribunal les admitió un per saltum y, si bien dijo que los traslados no pueden ser definitivos, lo hicieron con una fórmula que permite que todavía sigan en esos puestos mientras se concursan los cargos. Luego habló de "cajoneos" funcionales a determinados intereses, donde entraría el caso del expediente que pide invalidar la composición del Consejo de la Magistratura. Se refirió a la violación del "plazo razonable" y sugirió que la Corte podría regular plazos y asuntos prioritarios. La última agenda que armaron los supremos fue en 2019, y no se cumplió. Junto con estos temas cuestionó cómo usan el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, para no dar fundamentos en ciertos temas, otra forma de "utilización política" del poder. Cuestionó que el tribunal solo desarrolla fundamentos en el 1 por ciento de las causas. "Sabemos que la regulación del 280 es un problema de fondo pero la Corte puede modificar su uso en la práctica", acotó. 

Ya por la mitad de su exposición y ante la mirada atónita del tribunal, Soria dijo que hay "una irregularidad de origen que genera sospechas de parcialidad" por la cual dos de los actuales cortesanos, Rosatti y Rosenkrantz "aceptaron ser designados por decreto", aunque luego intervino el Senado. Para rematar el comentario, juntó aquel momento con la reciente elección de autoridades en la Corte. "Las sospechas se reavivan cuando esos dos jueces pasan a ser las máximas autoridades de la Corte en el marco de una traumática elección", para lo que recordó que fueron consagrados con un voto y dos autovotos. Para terminar, planteó que por más leyes que apruebe el Congreso "si la Corte no tiene la voluntad y el compromiso de aplicarlas, seguiremos en la misma situación". Recordó que el propio Rosenkrantz había hablado en la apertura de un año judicial de la "falta de legitimidad" del Poder Judicial. Propuso, entonces, abrir un "diálogo institucional, franco y sincero". 

La sensación que queda flotando es que los supremos, bastante calladitos, buscarán el momento de hacer ruido, seguramente con fallos. Por lo pronto, al rato que terminó el encuentro el tribunal ordenó que la Nación le reembolse a la provincia de Santa Fe cerca de 87 mil millones de pesos de la coparticipación, correspondientes a dos causas en las que el tribunal le dio la razón a la provincia, en noviembre de 2015, pero la sentencia no se cumplió. El nuevo fallo, que hace el cálculo de lo adeudado, fue firmado por Rosatti, Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. La semana próxima podría salir el que declararía la inconstitucionalidad de la integración del Consejo de la Magistratura. El Gobierno dejó un escrito avisando que envió un proyecto de ley, para reformar el organismo, aunque en la Corte no parece tener mucho eco. 

Juramentos

(Escribe Irina Hauser en página 12)

Por Perón y Evita, por echar al FMI, por los 30 mil detenidos desaparecidos, por el respeto al reglamento, por la no criminalización del consumo de marihuana: entre aplausos y abucheos, les 127 diputades que resultaron electos el mes pasado prestaron juramento y dieron inicio a un nuevo ciclo parlamentario. Anticipando lo que será una Cámara de Diputados más fragmentada, dieron el presente muchas caras nuevas --como Javier Milei, Facundo Manes y Alejandro Vilca--, así como algunos viejos conocidos como Emilio Monzó y Margarita Stolbizer. Sergio Massa, a su vez, fue reelecto por unanimidad como presidente de la Cámara de Diputados. Entre abrazos, miradas gélidas, remeras con consignas y carteles con reclamos, la Cámara de Diputados dio comienzo así a la segunda etapa de gobierno de Alberto Fernández que tendrá como uno de sus primeros objetivos el tratamiento del Presupuesto la semana que viene. 

"Espero que podamos conciliar entre todos", comenzó a las 12.30 el diputado jujeño Daniel Ferreyra (FdT) que, por ser el legislador de más edad, presidió la sesión preparatoria hasta que Sergio Massa, rápidamente y sin ningún obstáculo, terminó siendo reelecto como presidente de la Cámara de Diputados. Habiéndose quedado el Frente de Todos con la primera minoría --118 diputades vs los 116 de Juntos Por el Cambio--, ningún bloque de la oposición terminó cuestionando la continuación de Massa en el cargo, dejando atrás en el recuerdo a María Eugenia Vidal que pedía votos para que JxC pudiera quedarse con la presidencia. Los únicos en abstenerse fueron les cuatro diputades del FIT y les dos de Avanza Libertad: los dos extremos ideológicos de la cámara que, en una irónica coincidencia, terminaron sentándose en la misma de poltronas en el recinto. También fueron seleccionados como vicepresidentes Omar De Marchi (Pro), José Luis Gioja (FdT) y Julio Cobos (UCR), lo que valió una acalorado cuestionamiento de Cristina Camaño por la ausencia de mujeres entre las autoridades.

Como ocurre durante cada recambio legislativo, las juras personalizadas de les diputades electos dieron lugar a varias perlitas, muchas de las cuales terminaron con los chiflidos y abucheos de los presentes. De parte del FIT, que tuvo una hinchada aplaudiendo en los palcos desde el comienzo de la sesión, Nicolás Del Caño juró por "echar al FMI de Argentina" y Myriam Bregman "por los 30 mil detenidos desparecidos, por los desaparecidos en gobiernos constitucionales, por la lucha de las mujeres y la diversidad, por los pueblos que enfrentan la destrucción del planeta". Por otro lado, en una de las imágenes más potentes de la sesión, Alejandro Vilca juró "por la resistencia por más de 500 años de nuestros pueblos originarios" vestido con su ropa de recolector de residuos y levantando en alto la wiphala. 

Irritado por lo largo de los discursos de la izquierda, Fernando Iglesias, mientras tanto, decidió que era una buena idea aprovechar su momento de protagonismo para quejarse: "Juro porque respetemos por una vez y demos el ejemplo respetando la Constitución, las leyes y la fórmula de juramento establecida por el reglamento interno", declaró, entre los silbidos de desaprobación de gran parte de la Cámara. A su lado, Martín Tetaz, vestido con una remera que decía "Esto recién empieza", aplaudía. 

Carolina Gaillard (FdT), por otro lado, llamó la atención al jurar "por un Estado que cuide y acompañe y no que estigmatice y criminalice a los usuarios, no más presos por plantar" cannabis. Desde los palcos, numerosas figuras del gobierno nacional y provincial, como la titular de Aysa, Malena Galmarini, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, observaban el desarrollo de la sesión. 

La abogada Victoria Villarruel, que ingresó al Congreso de la mano de Javier Milei, también decidió aprovechar su minuto para impulsar su agenda negacionista. "Juro por las víctimas del terrorismo de Estado", declaró, en línea con el discurso que pretende defender a los represores condenados por delitos de lesa humanidad abogando por una idea de "Memoria completa". "Yo solo quiero impulsar una agenda que incluya a los sectores que no pueden ser escuchados por la existencia de un discurso imperante y único", justificó Villarruel ante la consulta de Página/12 de si buscaría avanzar contra de las políticas de Memoria Verdad y Justicia. A Javier Milei, por el contrario, se lo vio distraído e inmóvil durante gran parte de la sesión. Al igual que José Luis Espert, que integrará un bloque separado (uno llamado llamado "La libertad avanza" y el otro "Avanza Libertad"), Milei juró por "dios, la patria y los santos evangelios" a secas. "Era todo una discusión de la casta, no fue muy divertido", deslizó al finalizar la sesión. 

El primer desafío

Casi tres meses después de haberlo presentado, el oficialismo anunció que comenzará a debatir el Presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación. El tratamiento comenzará el lunes 13, fecha en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, visitará la Cámara de Diputados para exponer los principales lineamientos del proyecto. El objetivo será debatirlo en comisión el martes y miércoles para que el jueves, finalmente, pueda ser aprobado en la Cámara Baja. La primera reacción de Juntos por el Cambio fue sostener que el tiempo propuesto por el gobierno para debatir no era suficiente, sin embargo esta semana comenzarán las primeras negociaciones y el oficialismo tiene la expectativa de que podrá aprobarlo y tenerlo ya listo para ser sancionado en el Senado en un par de semanas.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria para organizar la sesión preparatoria donde juraron los 127 nuevos diputados, el Frente de Todos le anunció a los opositores que el próximo lines comenzará el debate por el Presupuesto. El plan es que Guzmán se presente en la Comisión de Presupuesto para responder las preguntas de les diputades del oficialismo y la oposición y que los dos días posteriores se avance con las diferentes modificaciones que el oficialismo ya comenzó a negociar con varias provincias. De conseguir dictamen, el proyecto será debatido en una sesión el jueves 9.

El verdadero desafío para el oficialismo comenzará esta misma semana ya que, si bien confía en que contará con el apoyo de algunos bloques de la oposición, el FdT deberá sentarse a negociar algunos detalles del proyecto pero siempre cuidando que no modifique la línea original del texto. "Vamos a ver esta semana, parece difícil que lleguemos en tan poco tiempo", sostuvo con cautela una de las espadas del PRO. Por otro lado, el jefe del bloque radical, Mario Negri, se quejó en Twitter del tratamiento veloz que se le estaba dando al Presupuesto y denunció: "No somos una escribanía".

(María Cafferata en Página 12)

El Gobierno acelera el acuerdo con el FMI

Todavía falta, pero menos. Por primera vez, Argentina y el FMI están avanzando en serio con un nuevo programa. Manda la necesidad y la escasez de reservas. El lunes, concurrirá el ministro de Economía, Martín Guzmán, al Congreso para defender el Presupuesto 2022 y la intención del FdT es tratarlo el jueves en el marco de una sesión especial. La estrategia es apurar la votación para después enviar al Congreso el "Plan Económico Plurianual" que funcionará como carta de intención para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Actualmente, hay una delegación de funcionarios de alto nivel en EE.UU. dialogando con el staff del organismo. Ayer, los bonos globales extendieron la racha alcista, con un nuevo ascenso de entre 1,3% y 2,4%. La posibilidad de llegar a un acuerdo con el FMI en el corto plazo sigue impulsando las cotizaciones. Juan González, hombre clave de Joe Biden para América Latina, se refirió a la importancia de llegar a un entendimiento "sólido" para que Argentina vuelva a tener acceso a los mercados internacionales. Habló, además, de considerar la realidad política y macroeconómica local .

Primero el Presupuesto 2022 y luego, el plan plurianual

Agustín Maza, escribe en “El Economista”

Guzmán va el lunes al Congreso y buscarán darle media sanción a la ley de leyes el jueves. La intención oficial es, después, enviar el “Plan Económico Plurianual” que funcionará como carta de intención para negociar con el FMI. Negociaciones contrarreloj, intenciones oficiales y pedido de empresarios.

Para la próxima semana, el Gobierno espera darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de Presupuesto 2022, en lo que será la primera sesión con la nueva composición del cuerpo legislativo, que asumirá el viernes. La intención oficial es apurar la votación para, después, enviar al Congreso el “Plan Económico Plurianual” que funcionará como carta de intención para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuentes de la bancada oficialista señalaron a El Economista que el esquema de trabajo contempla que el lunes 13 concurra el ministro de Economía, Martín Guzmán, para detallar el proyecto de ley de gastos y recursos a la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. La “ley de leyes” será analizada por la comisión el martes y miércoles, donde podrían haber modificaciones, para el jueves ser tratada en una sesión especial.

En su exposición, Guzmán hará un informe del proyecto girado por el Gobierno el 15 de  septiembre último, y explicará otros aspectos sobre las negociaciones con el FMI y otros puntos vinculados con el Presupuesto, señalaron fuentes parlamentarias.

En términos generales, el proyecto prevé para 2022 un crecimiento del 4% del PIB, una inflación del 33% y un dólar de $131,1 hacia finales de año. Asimismo, no contempla el pago de vencimientos de capital al FMI, con el objetivo de incrementar el gasto social en términos reales y se espera una reducción de los subsidios energéticos.

El debate en el recinto de sesiones se realizará con la nueva composición de la cámara que asumirá el viernes -tras la jura que se realizó ayer en Diputados- donde hay una paridad entre el Frente de Todos, que cuenta con 118 legisladores y Juntos por el Cambio (JxC), con 116.

Tendrán influencia el interbloque Provincias Unidas, que tiene cinco integrantes de Río Negro, Misiones y Neuquén y el interbloque Federal, integrado de ocho miembros por Identidad Bonaerense, Córdoba Federal y los socialistas.

Previo a la reunión del lunes, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, deberá conformar la comisión de Presupuesto, donde sería reelecto Carlos Heller, y que tendrá una fuerte paridad entre el FdT y JxC, según señalaron fuentes parlamentarias.

Negociaciones contrarreloj

La exposición de Guzmán del Presupuesto se dará en el marco de las negociaciones con el FMI por la deuda de US$ 45.000 millones contraída durante 2018 y 2019. Esta semana hay funcionarios de Economía y del Banco Central (BCRA) trabajando en detalles técnicos con el organismo.

Desde el Gobierno buscan un acuerdo que no implique un ajuste, o por lo menos que este sea lo más “discreto” posible.

El Presupuesto enviado al Congreso por Economía no contempla pagos de capital al organismo multilateral de crédito. Para 2022 y 2023, de no llegar a un entendimiento, nuestro país debería pagar más de US$ 19.000 millones por año. "Si este proyecto de Presupuesto previera el pago de la totalidad de los vencimientos del principal en el marco del Acuerdo del 2018 con el Fondo Monetario Internacional, se colocaría al Estado Nacional en una grave situación", consignó el mensaje del proyecto.

Lo cierto es que las negociaciones se dan “contrarreloj” debido a la falta de divisas para afrontar vencimientos, y otras oblligaciones. La incertidumbre generó en los últimos meses, con mayor magnitud cerca de las elecciones, ruidos en los mercados con subas en los tipos de cambio paralelos.

Un informe de ACM destacó que las reservas netas del BCRA medidas bajo la metodología del FMI cerraron noviembre en torno a los US$ 4.637 millones, mientras que los vencimientos en moneda extranjera hasta el 22 de marzo de 2022 (inclusive) totalizan US$ 6.761 millones.

También aclararon que para el 31 de marzo caería el vencimiento con el Club de París por US$ 2.000 millones. En este sentido, el trabajo afirmó que en el escenario más optimista “se llegaría al vencimiento del 22 de marzo sin reservas netas suficientes para hacer frente al desembolso (aun incluyendo el oro)”.

Intenciones oficiales

El Gobierno mantiene la premisa de que “el rol del Estado será fundamental”, e intentará mantener un nivel de gasto en partidas que consideran clave. La intención también es sostener la recuperación de la economía, que según las proyecciones oficiales y del mercado será del 10%.

Así, para 2022 se plantea un déficit primario del 3,3% y un resultado financiero del 4,9% del PIB.

Este presupuesto con un rojo del 4,9% se financiará con una combinación del crédito y financiamiento del BCRA (1,8% de PIB), en tanto que los títulos públicos aportarán 2% del PIB. “Se le dará mucha importancia al mercado de deuda en pesos”, confiaron desde Hacienda.

Un consenso dentro de la coalición gobernante es que habrá una reducción del gasto por el lado de los subsidios a las tarifas de energía que en 2021 representarían cerca de US$ 10.000 millones. El mecanismo a utilizar será el de la segmentación, aunque todavía no hay detalles de una medida muy difícil de aplicar.

Pedido de empresarios

“Argentina está redoblando sus esfuerzos para revertir un estancamiento estructural, agravado por la pandemia que impactó en todo el mundo, por lo que es crucial lograr un acuerdo sustentable con el Fondo Monetario Internacional en la búsqueda de encausar financieramente al país”, sostienen un grupo de empresarios en un comunicado difundido ayer.

“Dicho acuerdo representa un punto de partida para consolidar la línea de crecimiento evidenciada en el país en estos últimos meses y lograr estabilizar la economía, paso fundamental para fomentar la producción y posibilitar la reducción del porcentaje del asistencialismo convirtiéndolo en empleo formal con mirada a largo plazo y a nivel federal”, agregaron  y reclamaron, “como dirigentes empresarios, de diversos sectores y regiones del país”, que es “indispensable consensuar en el marco del Congreso los acuerdos políticos necesarios para suscribir el entendimiento con el FMI”.

El comunicado estuvo firmado por Alejandro Simón (CEO Grupo Sancor Seguros); José Urtubey (Director de Celulosa Argentina); Marcelo Figueiras (Presidente de Laboratorios Richmond); Daniel Herrero (Presidente de Toyota Argentina); Martín Cabrales (Vicepresidente de Cabrales S.A.); Pablo Peralta (Presidente del Grupo GST); Mara Bettiol (Presidente de UART); Juan Carlos Mosquera (Presidente de ADIRA) y Fabián Castillo (Presidente Fecoba).

Suben Globales y ayuda hombre de Biden

No detienen la marcha. Los globales extendieron (y profundizaron) la racha alcista ayer, con un nuevo ascenso de entre 1,3% y 2,4%. Así, el precio promedio ponderado superó los US$ 34 y alcanzó su mayor nivel desde el fines de octubre.  La posibilidad de llegar a un acuerdo con el FMI en el corto plazo sigue impulsando las cotizaciones.

Juan González, hombre clave de Joe Biden para América Latina, se refirió a la importancia de llegar a un entendimiento “sólido” para que Argentina vuelva a tener acceso a los mercados internacionales. Habló de considerar la realidad política y macroeconómica local y apoyó la elaboración de un programa económico por parte del país. 

Hagamos un trato

Hagamos un trato que podamos sostener -aquí- al menos un rato

Iván Schargrodsky - “Fuera de Registro” – Cenital -

El plazo, forma y conveniencia del eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue siendo el principal ordenador de las discusiones políticas de fondo en Argentina. Si bien la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, dijo públicamente que todavía es bastante lo que queda por acordar con las autoridades argentinas, cerca del Presidente argentino esperan poder aprobar antes de Navidad el presupuesto, instancia previa del plan plurianual que, para la mirada de las autoridades locales, será la base de la carta de intención que sustente el acuerdo. En ese escenario, el entendimiento con el Fondo podría materializarse, para los más optimistas, antes de fin de año.

No hay cálculos que contemplen un escenario de no acuerdo, como preferirían algunos sectores de peso relativo en el Frente de Todos. El motivo es sencillo: la alternativa es peor. Argentina debe enfrentar un escenario de escasez de divisas y no existe ningún actor interesado en aportarlas que, por el motivo que sea, no exija el acuerdo como condición necesaria. Ya sean acreedores institucionales, inversores o terceros países, todos mantienen el acuerdo como condición para seguir adelante con sus planes en relación a la Argentina. Un escenario financiero como el proyectado en ausencia de un acuerdo pondría al país en las puertas de lo desconocido en materia de inflación, ajuste del sector externo y valor del peso.

Entre quienes sostienen la posibilidad -y hasta la conveniencia de no acordar-, algunos enfatizan que, con o sin acuerdo, esta Argentina hiperendeudada no tendrá acceso al crédito internacional, por lo que el entendimiento sólo aportaría condicionamientos. Si bien esos planteos son necesarios desde el punto de vista político -para equilibrar un sentido común que se vuelca hacia la ortodoxia-, la hipótesis desconoce, además de las condiciones en que se  activarían las escasas fuentes de divisas posibles para el país en el corto plazo, el cambio cualitativo que puede significar para Argentina -a nivel no solo económico sino también político- una eventual situación de incumplimiento. Que no haya antecedentes de países de ingresos medios que incumplieran con el organismo es una muestra elocuente de la significación política de dichas dificultades. Por otro lado, la apuesta a modificar alineamientos geopolíticos como forma de enfrentar problemas estructurales omite las pésimas experiencias de búsqueda de financistas alternativos en coyunturas críticas, como la que enfrentó Grecia hace seis años o la que siguió al desplome venezolano. Incluso en un marco de enfrentamiento directo con los Estados Unidos -donde podrían haber entrado en juego consideraciones de índole geopolítica- el gobierno de China con sus enormes empresas estatales se dedicó a reducir su exposición a los activos venezolanos al mismo tiempo que daba apoyo político a Nicolás Maduro. Es más: es el gigante asiático el que le exige a la Argentina un acuerdo con el Fondo para liberar el financiamiento de las represas como ya se contó en esta entrega.

Si no parece haber alternativa al acuerdo, se corre el riesgo de caer en la postura opuesta, que supone al mismo como una baza que acomodará las enormes dificultades que arrastra la economía local. Como sugirió Carlos Melconián y semantizó Emmanuel Agis, hay dos tipos de acuerdos con el Fondo: malos y muy malos. La búsqueda del gobierno es de los primeros. De ocurrir será una economía con los mismos problemas a la que se sumarán los condicionamientos que suelen traer aparejados los programas entre el organismo de crédito y las naciones soberanas, y que condicionarán especialmente al país en el terreno fiscal. Los problemas estructurales de la economía argentina, con una estructura productiva, territorial y laboral desequilibrada seguirán allí. Aun peor: los vencimientos de deuda con acreedores privados -que comenzarán a vencer en relativamente pocos años- hoy aparecen imposibles de refinanciar, con tasas de interés reales que, para la Argentina, rondan el 30% aun después del acuerdo que alivió en 37 mil millones la carga de endeudamiento y obtuvo una aceptación superior al 98% de los acreedores.

Como salir del laberinto

El laberinto requiere, para esbozar una salida, de cambios estructurales en la economía argentina, que deberá reformularse sobre la base de desarrollar su potencial exportador. Esta reformulación requerirá, forzosamente, reformas que van a modificar el mapa de ganadores y perdedores de una forma agnóstica en relación al énfasis fiscalista del Fondo Monetario Internacional. Las posibilidades de hacer algo así en un marco de acuerdo nacional son pocas. Las recientes advertencias de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich -"no vamos a acompañar cualquier acuerdo"- y del diputado radical Martín Tetaz -"no puede aumentar ningún impuesto"- dan cuenta de una oposición que desconoce sus responsabilidades incluso en el último ciclo de endeudamiento que pasó la situación argentina de una de importantes problemas estructurales a una de crisis de difícil salida. 

Entre los escasos activos con que cuenta la Argentina ante esta coyuntura crítica, su estabilidad democrática en un continente cada vez más complejo es uno que se ha mencionado en esta entrega de forma recurrente. La invitación de Joe Biden a la Argentina a la cumbre internacional de democracias que reunirá a más de 100 países es la última manifestación, envenenada, de aquella realidad. Si, como dijo recientemente Mauricio Macri, Argentina fuera percibida como una forma más violenta del populismo, el convite no hubiera existido. La cumbre, sin embargo, apunta expresamente a China -rival sistémico de los Estados Unidos y socio comercial preferencial de la Argentina y de decenas de otros países participantes de la cumbre- lo que se manifiesta incluso de forma expresa en la participación del gobierno de la isla de Taiwán al cual ni siquiera los Estados Unidos reconocen como un estado soberano. Según pudo saber , Alberto Fernández participará del encuentro. El presidente argentino grabó su mensaje de tres minutos en el que destacó el potencial de la democracia como fuente de paz entre los estados, pero también cuestionó fuertemente el rol de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro. Además, en el discurso hizo hincapié en la resiliencia de la institucionalidad boliviana y cuestionó la idea de que la democracia puede exportarse o imponerse mediante sanciones. Las complejidades y contradicciones para sostener posiciones soberanas y alejadas de la bipolaridad cada vez más rígida del sistema internacional son evidentes.

Mientras tanto, la política argentina se debate en aspectos más rupestres. La propuesta de resolver a través de una norma aclaratoria la reelección de los intendentes tuvo un primer capítulo virtuoso para los jefes comunales: el viernes, por una presentación de una concejala del Frente de Todos, un juez de San Martín dictó una medida cautelar que le permite a la edil volver a presentarse en 2023. La posibilidad que se sancione una nueva ley antes de fin de año recoge diversas opiniones; el camino de ese proyecto, no: todos los consultados creen que el fin de las reelecciones indefinidas no tiene vuelta atrás y que el mejor escenario para los intendentes es que la interpretación de la norma sea a partir del mandato siguiente a la sanción de la ley propuesta por María Eugenia Vidal y Sergio Massa. Esto implicaría que a los que se les termina su vida en el ejecutivo municipal en 2023, tendrían la posibilidad de intentar reelegir un mandato más. El último. Uno de los intendentes que está explorando su alejamiento del municipio para poder competir en dos años si es que la iniciativa no prospera es Gustavo Menéndez, que buscaría un lugar en el ejecutivo provincial al igual que su par de Escobar, Ariel Sujarchuk, en el nacional, a quien siempre se le reconoció su habilidad de gestor eficiente, pero se desconocía su expertise en vías navegables.

La oposición, por su parte, atraviesa un momento complejo por los socios minoritarios del frente Juntos: la UCR y la CC. Si bien fue -o tal vez por eso- al menos menos protagonista compartido de la elección, el partido que comanda formalmente Alfredo Cornejo está en un proceso de reconfiguración interna motorizado por el esquema de Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti. Estos escarceos públicos ayer tuvieron un episodio privado. En un encuentro al que convocó Cornejo para limar asperezas, la discusión entre Gerardo Morales y Lousteau se elevó a tal punto que el jujeño rompió un vaso de vidrio que impactó cerca de un boina blanca anticoagulado. Un peligro. Un episodio anterior ocurrió en la elección de la Juventud Radical donde la candidata del gobernador de Jujuy y Gustavo Valdés, según dijeron desde ese espacio , se impuso frente a la oficialista de Evolución. El entorno de Lousteau lo niega y asegura que no había quórum. “Los nuestros pecaron un poco de verdes, pero están las actas; creo que se va a convocar a una nueva elección o se va a judicializar, pero eso habría que evitarlo porque si no va a terminar igual la de los mayores”, analizó un dirigente ante este medio. “Los mayores” es la elección del comité nacional que, con tino, los correligionarios movieron del 20 al 17 de diciembre.

Siempre se trato de economía

La desigualdad en el acceso global ensombrece el aniversario de la primera vacuna anticovid

A un año de la primera vacuna contra el coronavirus administrada en Occidente, los países más ricos del mundo analizan una cuarta inyección de refuerzo mientras que más de la mitad de África no logrará la cobertura del 40% de su población en 2021.

A un año de la primera vacuna contra la Covid-19 administrada en Occidente se distribuyeron más de 8.200 millones de dosis en el mundo, aunque de forma desigual con unos 73 países de bajos ingresos, más de la mitad en África, que no van a lograr una cobertura del 40% de su población para fin de 2021 mientras los más ricos ya analizan una cuarta inyección de refuerzo.
A este cuadro se suma la reciente aparición de la variante Ómicron de coronavirus, en Sudáfrica, que generó una nueva alarma mundial, aunque funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) seguraron este martes que no hay pruebas de que esta nueva cepa provoque una enfermedad más grave que las anteriores variantes
"Tenemos vacunas muy eficaces que han demostrado su poder contra todas las variantes hasta ahora, en términos de gravedad de la enfermedad y de hospitalización, y no hay ninguna razón para pensar que no vaya a ser así" con Ómicron, explicó el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, a la agencia AFP.
El funcionario de OMS señaló también que los estudios aún están en una fase temprana, ya que la variante se detectó apenas el 24 de noviembre. Desde esa fecha se ha identificado casos en unos 40 países.
El 8 de diciembre de 2020 la británica Margaret Keenan fue inoculada con el fármaco de Pfizer/BioNtech en lo que por entonces los funcionarios sanitarios llamaron el "Día V", un juego de palabras con el "Día D", como se conoce el desembarco de Normandía que permitió el avance posterior de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
Tan solo ocho meses después de decretado el inicio de la pandemia, la imagen de la mujer se convirtió en símbolo de esperanza como la primera persona que empezó a ser inmunizada en Occidente, en una noticia de repercusión global que tuvo como dato de color el nombre del segundo vacunado: William Shakespeare, fallecido en mayo de este año y confundido en un canal de televisión con el célebre escritor.
Tres días antes, el 5 de diciembre, Rusia ya había empezado una campaña de inoculación en Moscú con menos dosis y menos prensa, mientras que China tuvo el lanzamiento oficial de su operativo el 15 de diciembre del año pasado, de acuerdo a la agencia Xinhua.

Desde entonces se administraron más de 8.200 millones de dosis en el planeta, de acuerdo con sitios especializados como Our World in Data de la Universidad de Oxford y la Universidad Johns Hopkins, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula poco más de 8.000 millones.

  

Donde los datos coinciden es en la inequidad en el acceso a estos fármacos: cerca del 55% de la población del planeta recibió al menos una dosis de alguna de las vacunas, pero ese promedio baja al 6% si se consideran solamente los países de ingresos bajos.
"Ya se administraron más de 8.000 millones de dosis en lo que es la mayor campaña de vacunación de la historia. Pero todos sabemos que este increíble logro se ha visto empañado por una terrible desigualdad", resumió esta semana el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
La agencia sanitaria de la ONU puso como meta que al menos el 40% de la población de todos los Estados hayan recibido una inyección para fines de este año, algo que 73 países (44 de ellos en África) no están en camino de alcanzar, de acuerdo a la última proyección de Our World in Data (fuente de la que Google saca los datos para las búsquedas).
Por el contrario, las naciones que tuvieron un mayor acceso a inoculantes ya iniciaron la administración de terceras dosis e incluso algunos como Israel ya analizan la posibilidad de otorgar un cuarto refuerzo.

Uno de los factores que contribuye a esta desigualdad es que los países priorizaron los contratos bilaterales con las grandes farmacéuticas para hacerse de las vacunas, que en muchos casos como el de la Unión Europea (UE), Reino Unido, Estados Unidos y Canadá llevó a un acaparamiento más grande que el necesario para satisfacer la demanda de su población.
Esto en detrimento del multilateralismo propuesto por el Covax que, ante la escasez de reservas y las prohibiciones a las exportaciones, entregó hasta el momento 610 millones de dosis, muy lejos del objetivo de 2.000 millones propuesto originalmente para 2021.
En paralelo, la iniciativa para suspender temporalmente las patentes de las vacunas contra el coronavirus, presentada en octubre de 2020 en la Organización Mundial del Comercio (OMC), sigue frenada por decisión de un pequeño grupo de países industrializados.
La UE, el Reino Unido y Suiza, sedes de las grandes farmacéuticas, son los principales responsable de bloquear la iniciativa elevada por Sudáfrica e India y respaldada por más de 100 países, entre ellos la Argentina.

La alarma que genera la aparición de nuevas variantes como Ómicron, en parte motivada por este acceso desigual a los inoculantes, puede provocar una brecha aún más grande como muestran distintas medidas que apuntan a avanzar con la inoculación en menores de edad y hasta la vacunación obligatoria.
En ese marco, el Gobierno británico informó esta semana de un nuevo contrato para adquirir 114 millones de dosis de Pfizer/BioNtech y Moderna por el temor que genera la mutación, de la cual todavía se estudia si genera más posibilidades de reinfección del virus.
La buena noticia en este aniversario es que todos los inmunizantes de forma masiva demostraron ser efectivos contra la Covid-19, tal como lo exponen las tasas de mortalidad en los países con campañas más avanzadas y pese a lo que exclamaron los grupos antivacunas, muchos de ellos todavía organizando protestas en Europa, Australia y Estados Unidos principalmente.
Además, en el último mes aparecieron tratamientos alternativos como las píldoras fabricadas por los laboratorios Merck y Pfizer, que empezaron a tener el visto bueno de los entes regulatorios y que se comercializan con una patente mucho más abierta que las vacunas.

Reino Unido: avance de la campaña, pero con críticas al Gobierno

El 8 de diciembre de 2020 el Reino Unido administró la primera vacuna contra el coronavirus en Occidente, adelantándose a sus vecinos en Europa e inclusive a Estados Unidos, lo que no dejó al Gobierno del primer ministro Boris Johnson libre de críticas por minimizar el virus en el inicio de la pandemia y las idas y vueltas con las restricciones
Así fue como Margaret Keenan, de 90 años por entonces, se convirtió en la primera persona en recibir un inoculante como parte del programa destinado a poner fin a la Covid-19.
La decisión del Gobierno británico de aprobar el fármaco del gigante farmacéutico Pfizer impulsó a los reguladores de medicamentos del resto de los países a acelerar también el visto bueno a ese y otros desarrollos.
El 30 de diciembre y con el objetivo de acelerar la campaña, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios británica (MHRA) aprobó el inmunizante de AstraZeneca, lo que le permitió al país en ser el primero también en tener una vacuna más barata y de más fácil distribución.
A fines de enero el Reino Unido había administrado más dosis que Alemania, Francia, Italia y España juntas, consiguiendo doblegar la curva impulsada por la variante Alfa que en ese momento se había extendido rápidamente.
Pese a este inicio, el país es hoy el más golpeado por la pandemia en Europa con más de 10 millones de casos confirmados de coronavirus y más de 145.000 fallecidos a causa del virus, y al Gobierno de Johnson se lo culpabilizó por esta situación.
Según un informe de los comités de Salud y Ciencia del Parlamento, el Gobierno cometió “una de las fallas de salud pública más importantes” de la historia británica durante la primera parte de la pandemia, debido a que tardó demasiado tiempo en imponer un aislamiento, lo que provocó miles de decesos evitables.
Fue además el primer país europeo en cruzar el umbral de los 100.000 muertos y su programa de rastreo de contactos a través de una aplicación móvil fue todo un fracaso.

(Telam)

Lesa Humanidad

Alberto Fernández concurrirá hoy a las 19.30 a un homenaje a las 12 personas secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 de la Iglesia de la Santa Cruz, entre ellas las primeras referentes de Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas, que aún están desaparecidas. 

La actividad se llevará a cabo bajo el lema “Pisamos las calles nuevamente para recuperar la Patria Igualitaria, Libre y Soberana por la que lucharon nuestras y nuestros 30000. Memoria, Verdad y Justicia". Los "12" eran familiares de personas desaparecidas por la dictadura cívico militar y militantes de derechos humanos que se reunían en esa parroquia del barrio porteño de San Cristóbal, que fueron marcados y entregados por el represor infiltrado Alfredo Astiz.

Acompañarán al Presidente ministros y funcionarios nacionales y desde Jujuy se sumará vía Zoom Milagro Sala, que será distinguida por su trayectoria de lucha y promoción de los derechos humanos al igual que Susana Reyes, Franco Márcico y Esteban Mango.

También estarán con las Madres, Abuelas y Familiares,  Peteco Carabajal, Negro Andante y la Orquesta Criolla con el grupo de danza La Popular de la Universidad Nacional del Arte para recordar a los 12 de la Santa Cruz.

No solo de opiniones

Mas allá de las libres interpretaciones que los datos, la información y las decisiones que toman los actores que tienen las facultades de que sus decisiones impacten de manera mas predominante en la vida de muchos, las decisiones personales, grupales e institucionales mejor situadas en la realidad son las que se informan y basan sus opiniones no solo en los datos, sino en como estos adquieren sentido en las elecciones vitales en las que fundamentamos nuestras vidas.

Elegir lo individual a lo común no es solo un asunto de opinión, sino un asunto que me coloca en las relaciones sociales en lugares “peligrosos” para muchos y por ende, si con poder, lo ejerzo en detrimento de esos muchos, si sin poder probablemente jugando para los poderosos aún y cuándo creamos que solo jugamos para un supuesto “si mismo” inexistente sin el poder de adquirir de otros lo que falta en uno. Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack