Neoliberalismo o el caos
La Codicia en Tiempos de pandemia
KUALA LUMPUR – La falta de vacunación de la mayoría de los países pobres aviva la pandemia de covid-19. La codicia de los países ricos y los monopolios de las patentes impiden a los países del Sur en desarrollo fabricar de forma asequible los medios para protegerse.
La amenaza mutante
El virus SARS-CoV-2 ha ido replicándose a medida que mutaba en diferentes variantes. Numerosas réplicas en cientos de millones de huéspedes humanos han generado muchas variantes. Algunas mutaciones son más resistentes que otras, y más capaces de superar las defensas humanas.
Los primeros datos sugieren que la variante B.1.1.529, la ómicron, es más transmisible que otras, incluida la delta, y posiblemente más resistente a los tratamientos y vacunas existentes. Las autoridades sanitarias de todo el mundo están preocupadas porque la última mutación reconocida por Organización Mundial de la Salud (OMS) pueda desencadenar una nueva gran ola de infecciones y muertes evitables.
Los sudafricanos fueron los primeros en identificar científicamente la nueva variante, alertando inmediatamente a las autoridades sanitarias mundiales. En lugar de agradecer su rápida actuación, las naciones del sur de África están siendo castigadas con restricciones de viaje en los países del Norte.
De hecho, las autoridades sanitarias de Países Bajos reconocen que ómicron ya estaba en Europa occidental antes de los primeros casos sudafricanos. Las respuestas punitivas, como la prohibición de viajar, pueden disuadir a otros gobiernos de actuar y notificar rápidamente, algo tan esencial para una cooperación internacional eficaz.
Promesas, promesas, promesas
Con las enormes desigualdades en la vacunación, especialmente entre los países de renta alta y los de renta baja, el virus ha podido seguir replicándose, mutando, infectando y matando, especialmente a los menos protegidos.
Los países más ricos han tomado más de la mitad de los primeros 7500 millones de dosis de vacunas. Los países ricos han comprado muchas hasta cinco veces las necesidades de su población. Diez países de ingresos altos tendrán al concluir el año más de 870 millones de dosis sobrantes.
Aunque algunos países de renta alta se han visto obligados a prometer dosis de vacunas a los países de renta baja y media, pero la entrega ha sido muy inferior a sus modestas promesas. A finales de octubre, solo se había entregado una décima parte de los más de 1300 millones de dosis de vacunas prometidas.
La mayoría de los países ricos han ignorado los llamamientos de la OMS para suspender los refuerzos hasta que el resto del mundo esté vacunado. El ex primer ministro británico Gordon Brown señala que por cada vacuna que llega a los países de renta baja, hay seis veces más refuerzos en las naciones ricas.
En una cumbre en septiembre, promovida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se fijó como objetivo para finales de 2021 la vacunación de 40 % de los 92 países más pobres del mundo, pero es improbable que al menos en 82 se cumpla este objetivo.
Como observó Brown, aunque Estados Unidos aporta la mitad de las vacunas donadas, solo ha entregado una cuarta parte las dosis comprometidas. La mayoría de los demás países ricos han entregado menos de una quinta parte. Solo China y Nueva Zelanda han dado más de la mitad de lo prometido.
Víctimas del apartheid
Con el acaparamiento de vacunas por parte de los países de renta alta, menos de 3 % de la población de los países de renta baja está totalmente vacunada. A fines de noviembre, solo 5,8 % de los países de renta baja tenía al menos una dosis de vacuna, en comparación con 54% del promedio mundial.
La mayoría de los países de renta baja ni siquiera reservan a través de Covax, el mecanismo público-privado mundial de distribución de vacunas, ya que no pueden permitirse pagarlas. Además, el programa fracasó desde su creación en lograr la cantidad de vacunas necesarias.
Se suponía que Covax debía suministrar 2000 millones de dosis para finales de 2021, pero en realidad se entregaron menos de 576 millones en noviembre. Además, el llamamiento de la OMS a los países del Grupo de los 20 (G20) de potencias industriales y emergentes para que dieran prioridad a Covax fue desatendido en gran medida.
Como los países de renta baja no pueden vacunar a su población, la pandemia se prolongará durante años. La OMS espera ahora alrededor de 200 millones de infecciones más este mismo año, desde el 21 de octubre, y se espera que el total de muertes se duplique con respecto a los cinco millones que se han producido hasta la fecha.
No es de extrañar que las peores víctimas del apartheid de las vacunas sean los países de renta baja.
Los beneficios bloquean el progreso
Se esperaba que la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que debió realizarse del 30 de noviembre al 3 de diciembre, decidiera sobre la propuesta de exención. Pero al suspenderse la reunión, aparentemente por la irrupción de la ómicron, la resolución quedó pendiente.
Propuesto por primera vez en octubre de 2020, ahora cuenta con el apoyo de más de un centenar de los 164 Estados miembros de la OMC. La propuesta de exención temporal de las patentes, copatrocinada por 63 países, permitiría a otros fabricar de forma más asequible los medios para luchar contra la pandemia, sin temor a los litigios de propiedad intelectual (PI).
Pero más de 14 meses después, la propuesta sigue bloqueada. Los países del bloque de la Unión Europea siguen oponiéndose a la solicitud de exención para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual que protegen los monopolios empresariales sobre las tecnologías y los productos médicos necesarios mientras dure la pandemia de covid.
En tanto la pandemia infecta y mata cada vez más en los países pobres, se está engañando al público sobre la propuesta de exención. Se afirma deshonestamente que no se pueden desarrollar nuevas vacunas sin protección de patentes. Y lo que es peor, se dice falsamente que todos los países en desarrollo carecen de conocimientos técnicos para fabricar vacunas.
Beneficios versus personas
Los países de renta baja han recibido menos de 1 % de todas las vacunas de Pfizer-BioNTech y 0,2 % de las de Moderna.
El laboratorio estadounidense Pfizer espera haber vendido 3000 millones de dosis al finalizar el año, y 4000 millones más en 2022. Dado que la covid es ahora un mal endémico, el director general de Pfizer, Alberto Bourla, espera vender refuerzos durante años, mientras que Moderna, otro laboratorio estadounidense, ha anunciado recientemente un refuerzo específico para el ómicron.
Utilizando los reportes de resultados de las propias empresas, la People s Vaccine Alliance (PVA, en inglés) estima que los fabricantes de vacunas de ARNm de Pfizer-BioNTech y Moderna obtendrán este año unos beneficios antes de impuestos de 34 000 millones de dólares.
Maximizar los beneficios bloqueando la exención supone prolongar la pandemia. En lugar de vacunar a los que aún no se han vacunado por primera vez, ganan mucho más vendiendo vacunas de refuerzo a los países de altos ingresos.
A pesar de obtener más de 8000 millones de dólares de financiación pública, los tres laboratorios se han negado a transferir la tecnología de las vacunas a los países en desarrollo. En cambio, Bourla, de Pfizer, ha desestimado la transferencia de tecnología a los países en desarrollo como una “peligrosa tontería”.
Catástrofe rentable
El principal obstáculo para vacunar al mundo son los beneficios. Está claro que el peligro de ómicron se debe a que el mundo no ha vacunado a miles de millones de personas vulnerables en los países en desarrollo. Esta catástrofe se ha visto agravada por la continua oposición europea a su esfuerzo por suspender los monopolios de propiedad intelectual.
Los 12 000 millones de vacunas fabricadas en 2021 podrían haber vacunado a todo el mundo, pero es evidente que no lo hicieron. Ómicron se debe claramente a la capacidad de las corporaciones para sacar provecho de la pandemia, negarse a compartir el conocimiento y el saber hacer, e intimidar a los gobiernos con contratos injustos y usureros.
La deuda mundial alcanza cifra récord
WASHINGTON – En 2020 se produjo el mayor aumento de la deuda en un año desde la Segunda Guerra Mundial y el endeudamiento global alcanzó a 226 billones (millones de millones) de dólares, indicó un estudio divulgado este viernes 17 por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La crisis financiera mundial y la profunda recesión, disparadas con los efectos de la pandemia covid-19, fueron responsables de ese aumento, que ahora enfrenta a los gobiernos con niveles inusitadamente altos de deuda pública y privada, nuevas mutaciones del virus y creciente inflación.
Ya antes de la crisis el nivel de endeudamiento era elevado, pero el año en que se desarrolló la pandemia aumentó 28 puntos porcentuales y se situó en 256 % del producto bruto mundial, de acuerdo con la base de datos del FMI.
El endeudamiento púbico contribuyó un poco más de la mitad del aumento, y el coeficiente de deuda pública se disparó a un nivel sin precedentes de 99 % del PIB, mientras la deuda privada de empresas no financieras y la de hogares también alcanzaron nuevos máximos.
Los aumentos de la deuda fueron especialmente notables en las economías avanzadas, donde la deuda pública subió de alrededor de 70 % del PIB, en 2007, a 124 % del PIB en 2020.
La deuda privada aumentó a un ritmo más moderado, pasando en el mismo período de 164 a 178 % del PIB.
La deuda pública ahora representa casi 40 % de la deuda mundial total, la mayor proporción desde mediados de los años 60 del siglo pasado.
La acumulación de deuda pública desde 2007 obedece en gran medida a dos graves crisis económicas que los gobiernos han tenido que afrontar: primero la crisis financiera mundial de 2008-2009, y luego la pandemia de covid.
Existen fuertes variaciones en los movimientos de deuda entre un país y otro, y las economías avanzadas más China cargaron con más de 90 % de los 28 billones de dólares en que aumentó la deuda en 2020.
Los economistas autores del informe del FMI, Vitor Gaspar, Paulo Medas y Roberto Perrelli, lo atribuyen a que esos países pudieron incrementar la deuda pública y privada durante la pandemia gracias a las bajas tasas de interés, las medidas de los bancos centrales y sus mercados financieros bien desarrollados.
Pero la mayoría de las economías en desarrollo están en la otra orilla de la brecha de financiamiento, desde donde se enfrentan a un acceso limitado a los fondos y a menudo con tasas de interés más altas.
En las economías avanzadas, los déficits fiscales se dispararon por el desplome de los ingresos a causa de la recesión y la adopción de amplias medidas fiscales ante la propagación de la covid.
Así, la deuda pública creció 19 puntos porcentuales del PIB en 2020, un aumento semejante al registrado durante la crisis financiera mundial, en un período de dos años: 2008 y 2009. La deuda privada, sin embargo, aumentó 14 puntos porcentuales del PIB en 2020, casi el doble que durante la crisis financiera mundial.
Durante la pandemia, los gobiernos y los bancos centrales facilitaron un mayor endeudamiento del sector privado para ayudar a proteger vidas y medios de vida. Durante la crisis financiera mundial el desafío consistía, en cambio, en contener los daños infligidos por un sector privado demasiado apalancado.
Los países de mercados emergentes y en desarrollo enfrentaron restricciones financieras mucho más duras, pero con amplias disparidades. China por sí sola contribuyó en 26 % al aumento de la deuda mundial.
Los mercados emergentes (excluida China) y los países de bajo ingreso representaron pequeñas proporciones del aumento de la deuda mundial, de alrededor de un billón y 1,2 billones, en cada caso, principalmente por un mayor endeudamiento público.
Sin embargo, tanto los países de mercados emergentes como los de bajo ingreso están enfrentando coeficientes de deuda elevados debido a una fuerte reducción del PIB nominal en 2020.
El fuerte aumento de la deuda estuvo justificado por la necesidad de proteger la vida de las personas, preservar los empleos y evitar oleadas de quiebras. Si los gobiernos no hubieran tomado medidas, las consecuencias sociales y económicas habrían sido devastadoras, sostuvo el reporte.
Pero la escalada de la deuda amplifica las vulnerabilidades, sobre todo a medida que las condiciones de financiamiento se tornan restrictivas. Los mayores niveles de endeudamiento limitan en muchos casos la capacidad de los gobiernos para apoyar la recuperación y la capacidad del sector privado para invertir a mediano plazo.
Por ello, “un desafío crucial radica en encontrar la combinación justa de políticas fiscales y monetarias en un entorno de deuda elevada y creciente inflación”, pues “las medidas de los bancos centrales hicieron que las tasas de interés descendieran al límite y que a los gobiernos les resultara más fácil endeudarse”.
Los expertos estiman que “la política fiscal deberá modificarse conforme suban las tasas de interés, sobre todo en los países con mayores vulnerabilidades de deuda”, pues cuando las tasas de interés reaccionen, el mayor gasto, o la reducción de los impuestos, incidirá menos en la actividad económica y el empleo.
También se podrían generar presiones inflacionarias y es posible que se agudicen las preocupaciones en torno a la sostenibilidad de la deuda.
Por ello los autores insisten en un equilibrio entre la flexibilidad de las políticas, la adaptación a circunstancias cambiantes y el compromiso con planes fiscales de mediano plazo, creíble y sostenible.
Y, finalmente, sostienen que la pandemia y la brecha mundial de financiamiento “exigen una cooperación internacional sólida y eficaz, y apoyo a los países en desarrollo”.
La crisis ética
Aunque los agoreros del “libre comercio” y defensores del sistema Capitalista en esta, su etapa neoliberal, se esfuercen por intentar defender lo indefendible, la realidad es que la crisis de la globalización, más allá de la pandemia, tiene que ver con otro tipo de causas. En especial aquellas que se producen por una degradación de las percepciones y formas en que los humanos y las comunidades humanas se perciben asi mismos/as en sus relaciones diarias y en las diferentes y complejas dimensiones en que estas escalan desde lo global a lo individual. Esta degradación es esencialmente ética y de identidad en tanto el capital en sus formas financieras y monetarias producen relaciones degradantes, egoístas, extremadamente descuidadas respecto del “otro”, narcisistas y que alimentan avaricias, odios, fobias, egos y al mismo tiempo producen crisis de ansiedad, decepción, confusión, depresión y stress, pocas veces conscientes, las mas atribuidas a cuestiones externas a las propias conductas y la pereza intelectual y el temor a que, buscar conocimiento nos enfrente a nuestras propias perversiones y falta de conciencia. Estas formas “individuales” producen graves daños al generar trastornos que tienen que ver con la pérdida de sentido de pertenencia a lo común. Aversión a las cuestiones sociales y políticas. Poca participación e interés por los problemas de los barrios y vecindarios que habitamos y una idea del mundo deformada y acomodada a la propia posición que se cree alcanzada por mérito y no por un injusto sistema de reparto que deja muy poco margen a las acciones individuales para que pueda ser modificado por mas esfuerzo al que se apele en lo discursivo. En la práctica pocos esfuerzos alcanzan el cometido real de ascender en esa escala social y que, cuándo se logra subir algún peldaño, solo se produce ese sentimiento de contradicción porque en el fondo se sabe que solo pudo lograrse, después de todo se trata de un sistema: El capitalista, en el cual uno de sus pilares es la competencia o competitividad, por tanto, que uno suba implica indefectiblemente que otros han bajado. (Dada la magnitud y la escala de los procesos de producción en la actualidad, lo que en verdad se dá es el aumento de las brechas y diferencias que produce la acumulación y que genera que unos pocos suban muchos escalones mientras las mayorías apenas suben algún escalón).
Hacia delante se enmascara en un camino de supuesto desarrollo tecnocrático que apuesta a automatizar formas y procesos que consolidan estos caminos de acumulación desigual. La digitalización, automatización y robotización de las formas de trabajo y producción generan mayor concentración en grupos cada vez mas pequeños y mayorías expulsadas de las formas de reparto y disfrute de los esfuerzos productivos. Y de las posibilidades de participar en ellos y las decisiones que los orientan.
Hacia atrás, una memoria selectiva y superficial de hechos e interpretaciones llenan discursos vacíos que alejan a las conciencias del aprendizaje histórico que pudieran contener los hechos del pasado. La globalización produce una “cultura” endeble en una conciencia universal que atomiza al individuo en falsas ideas de “si mismo” y alejan a las personas humanas de aquello que produce humanidad; la vida en relación, la comunicación, la construcción de identidades territoriales y culturales en un espacio geográfico administrado como propio y de relaciones con otros espacios, geográficos o no, con los cuales interactuar desde alguna concepción identataria que identifique un “nosotros” respecto de “otros nosotros” diferentes con los cuales aprender y enseñar y compartir el mundo y la vida.
Así, una falsa moral universal reemplaza a la ética comunitaria y social que aspira a relaciones justas y equitativas entre diferentes que acuerdan como convivir en un planeta cada vez mas dañado por las acciones depredadoras de una humanidad que no se detiene a utilizar lo que le define, la inteligencia, para producir conocimiento colectivo que permita armonizar y equilibrar las vidas de las comunidades con las de las fuerzas de la tierra que nos permiten a los humanos que podamos hacerlo.
Memorias de hierro y cartón
Pablo Stancanelli Editor de Le Monde diplomatique , edición Cono Sur, escribe:
Junto con la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES), el Dipló publica un número especial en formato digital a 20 años del estallido de la crisis del 2001. Nos propusimos revisar los mitos del 2001, comprender sus lógicas y complejidades, para salir del permanente ciclo de frustraciones y recuperar el sentido inclusivo de la democracia. En su editorial, Pablo Stancanelli recuerda cómo el país tocó fondo y, a su vez, elevó el piso de la democracia gracias a los reclamos del pueblo.
“Vamos
a constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar
la justicia, proveer a la defensa común, promover el
bienestar
general y asegurar los beneficios de la libertad…”
Raúl
Alfonsín, citando el Preámbulo de la Constitución, 10 de diciembre
de 1983
“He
dictado el estado de sitio…”
Fernando
de la Rúa, 19 de diciembre de 2001
Volver sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001 tiene un sabor agridulce. Su memoria implica ante todo aceptar que la onda expansiva de esas jornadas en las que el pueblo argentino se puso de pie se ha diluido. Lo que para muchos, nacidos en democracia, fue su primera movilización política; para otros, el punto de partida de un proceso revolucionario, una batalla contra los herederos de la dictadura o el advenimiento de un nuevo orden democrático participativo, horizontal, asambleario y autonomista, y, para una gran mayoría, una mera cuestión de supervivencia, es hoy parte del pasado. Reciente, pero pasado al fin: ya hay una generación en edad de votar que no vivió esos días históricos.
Resulta de hecho extraño al vagar por la ciudad de Buenos Aires, epicentro de una protesta que se extendió por todo el territorio nacional, rememorar la crisis y la revuelta popular: el ruido de las cacerolas, las bocinas de los autos, los martillazos contra las vallas de los bancos atrincherados, los gases lacrimógenos, las balas de goma –y las de plomo–, la sangre, el calor, el fuego, el humo y olor de los neumáticos quemados, las rutas cortadas, las caras cubiertas, el rugido de las motos, los aplausos, los cánticos y gritos populares (“¡Que se vayan todos!”), los ojos llorosos, el reencuentro de una sociedad fracturada, de clases recelosas unidas en un mismo destino (“Piquete y cacerola, ¡la lucha es una sola!”), el zumbido del helicóptero, las banderas celestes y blancas…
El recuerdo, doloroso, no puede evitar cierta añoranza, tal vez engañado por el paso del tiempo. Porque ese estallido social que conjugó los reclamos y aspiraciones de sectores muy diversos –desocupados, piqueteros, estudiantes, jubilados, sindicalistas, vecinos, ahorristas, asalariados, trabajadores estatales, militantes de derechos humanos– representó la erupción del profundo fracaso de la joven democracia argentina. Liberó la bronca contenida por años de luchas, hambre y frustraciones. No obstante, produjo una ambigua sensación de victoria en medio de la angustia y la incertidumbre. Una sociedad entumecida, acostumbrada a elegir sólo con el control remoto y la tarjeta de crédito, decidía reapropiarse de su futuro y descubría –finalmente comprendía– los diversos movimientos de resistencia que preanunciaban la crisis, de las puebladas por la falta de pago de salarios y los primeros piquetes vinculados a la privatización de empresas estatales y la exclusión masiva de sus trabajadores, a principios de los año 90, a los cortes masivos del bloque piquetero en La Matanza y la consulta popular realizada por el Frente Nacional contra la Pobreza que convocó a 3 millones de personas, en 2001. Renacía la esperanza, la posibilidad de construir finalmente el país justo, igualitario, libre, plural, soberano y generoso que los argentinos creemos merecer.
En ese sentido, el 19 y 20 de diciembre constituye un punto de quiebre e inflexión en la historia nacional. En esos días, el país tocó fondo; y, sin embargo, la sociedad civil salió fortalecida. El “2001” elevó el piso de la democracia, sentando nuevas bases de construcción y legitimación política. Estableció un límite al abuso de la elite dirigente. Y expresó claramente el rechazo de la sociedad a todo intento de atropello autoritario, condensado en la masiva y espontánea salida a las calles tras el patético discurso final del presidente Fernando de la Rúa, que, lejos de amedrentar y apaciguar los ánimos decretando el estado de sitio, avivó la llama de la insurrección y precipitó su huida en helicóptero de la Casa Rosada.
Los argentinos demostraron así que a pesar de haber aceptado en los años 90 canjear conquistas sociales por una ilusión de estabilidad y riqueza, no estaban dispuestos a sacrificar sus derechos políticos –más aun cuando la estabilidad y la riqueza se habían esfumado–, que la democracia debía convertirse en algo más que una formalidad. Y allí reside la razón por la cual el espíritu del estallido popular de diciembre de 2001 se encuentra siempre latente. Está en el aire, listo a inflamarse nuevamente ante la mínima chispa.
De la fiesta del 19 a la batalla campal del 20, que convirtió al centro de Buenos Aires en una guerra de trincheras urbana; a pesar de los saqueos, de los intentos de propagar el miedo, de la violencia y la represión estatal, que terminó con un saldo de 38 muertos y alrededor de 3.000 detenidos en todo el país; la democracia no se quebró. Era su forma representativa y, principalmente, sus representantes, los que estaban siendo cuestionados. Ya desde el Pacto de Olivos de 1994, la alternancia era percibida como una farsa y políticos y jueces eran considerados miembros de una clase privilegiada y corrupta que se apropiaba del Estado en beneficio personal y de los grandes grupos económicos. Una percepción acentuada por la incapacidad de la dirigencia para resolver la crisis económica que asolaba al país desde 1998 y por su permanente sometimiento a los “mercados” en desmedro del interés nacional. Un régimen en permanente estado de excepción, que, a fuerza de necesidades y urgencias, blandiendo la espada de Damocles del riesgo país y el default, ajustaba los derechos de sus ciudadanos. Lo demostraban los altísimos índices de votos nulos y blancos en las elecciones legislativas de octubre de 2001 (15,9% promedio, llegando hasta el 40% en algunas localidades, como la ciudad de Rosario.) y la cantidad de movimientos que llamaban a impugnar el sufragio o a movilizarse 501 kilómetros para no participar del acto electoral. Lo reflejó el canto que se propagó a lo largo de la protesta y que aún hoy simboliza el espíritu de esas jornadas: “Que se vayan todos, que no quede ni uno sólo”. Y lo reconocían los propios líderes políticos: “Somos una dirigencia de mierda, en la que me incluyo”, declaraba acertadamente en noviembre de 2001 Eduardo Duhalde, que luego cumpliría su sueño de ser Presidente por la vía institucional a pesar de haber sido rechazado por las urnas.
El mejor alumno del Fondo Monetario Internacional en la década del 90 pagaba el precio de las políticas económicas neoliberales impuestas por la última dictadura militar y profundizadas por los sucesivos gobiernos constitucionales, que no habían logrado siquiera alcanzar los estándares mínimos de bienestar que la democracia se había propuesto: alimentar, educar y curar. La fiesta de la ficción monetaria se había acabado. Y la resaca era dolorosa. El país entraba al siglo XXI, pero lejos, a años luz del Primer Mundo y los cohetes espaciales menemistas que nos llevarían a Japón en 30 minutos, ingresaba en un futuro distópico y marginal, poblado de carros desvencijados cargados de basura tirados por caballos y ciudadanos harapientos. El bombardeo televisivo de imágenes espeluznantes (pobres cocinando gatos, ahorristas quemándose a lo bonzo, ciudadanos desesperados abalanzándose sobre la carga de un camión volcado) esbozaba un clima apocalíptico. Todo se había vuelto precario: el trabajo, la vivienda, la salud, la educación, la vida misma.
A diario se abrían nuevas brechas en las que asomaba el abismo. Argentina, que se ufanaba de ser el más occidental de los países de la región, chocaba de lleno con su fatídico destino latinoamericano. Como en una viñeta de Quino, su orgullosa clase media rodaba precipitadamente cuesta abajo inflando los índices de pobreza, la desigualdad alcanzaba cifras desconocidas y el desempleo batía récords, principalmente en los grandes cordones urbanos desindustrializados y entre los jóvenes, que hacían fila en los consulados extranjeros en busca de sus raíces para conseguir el pasaporte dorado que les permitiera ir a Hacer la Europa.
La sociedad argentina mostró sin embargo una capacidad de organización, resiliencia y solidaridad extraordinaria. Lo que el mercado y el Estado quitaban lo suplía a través de los movimientos de trabajadores desocupados, los clubes de trueque, las fábricas recuperadas por sus trabajadores, las asambleas barriales, las ollas populares… Encontró en su cultura, su militancia y su historia, la fuerza, creatividad y dignidad para mantenerse a flote y levantarse. Exigió a sus dirigentes, que exhibieron asimismo una inusitada capacidad de reacción para no verse fagocitados por la crisis, recuperar el orgullo y el sentido de la joven democracia argentina. Lo demostró el ingreso de las Madres de Plaza de Mayo a la Casa Rosada pocos días después de la feroz represión que sufrieron en la plaza.
La efervescencia de la revuelta mantuvo a la sociedad en un estado de agitación durante gran parte del año 2002. Hasta que el 26 de junio de ese año, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, dos militantes de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, masacrados en Avellaneda por fuerzas policiales que reprimieron salvajemente el corte por parte de grupos piqueteros del Puente Pueyrredón, acceso vital a la ciudad de Buenos Aires desde el sur del Conurbano, le atestó un golpe brutal. El entonces presidente provisional Duhalde, que buscaba dar así una demostración de poder, debió adelantar su renuncia y llamar a elecciones. Y ante el hastío provocado por el estado de movilización permanente, la sociedad fue trocando sus sueños de solidaridad por pedidos de orden y seguridad.
El rápido regreso a cierta normalidad institucional y al crecimiento económico que siguió a la mayor crisis económica, política y social que vivió el país desde el retorno a la democracia en 1983 intensificó ese proceso y relegó la resolución de los dos factores centrales que la originaron: la crisis de representación política (Según la encuesta World Values Survey, en 1999 sólo el 11% de los argentinos tenía mucha o bastante confianza en el Congreso.) y el brutal empobrecimiento de la sociedad argentina.
Tras ganar las elecciones presidenciales de abril de 2003 con sólo el 22% de los votos, luego de que el ex presidente Carlos Menem desistiera de presentarse al balotaje, Néstor Kirchner supo reconstruir la legitimidad del Estado al interpretar el estado de ánimo de la sociedad y sus demandas. Interpelando al pueblo, reformó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsó los juicios por lesa humanidad, se enfrentó al poder económico y a los organismos financieros internacionales, y estableció como prioridad las relaciones con los países de América del Sur. También integró su gobierno de manera transversal, dando la espalda a los sectores más rancios del peronismo al que pertenecía. Por sobre todas las cosas, logró un crecimiento económico sostenido que impulsó el consumo y la creación de puestos de trabajo. Como señala el sociólogo Gerardo Aboy Carlés, Kirchner fue en cierta forma “el presidente que el Frepaso nunca tuvo. […] Abrevando en lo mejor del alfonsinismo y la renovación peronista, de la intransigencia y del socialismo, de las inspiraciones iniciales del Frente Grande, ha conseguido imprimirle un sello propio a ese legado” (Gerardo Aboy Carlés, “Después del derrumbe. Avatares de una reconstrucción enraizada en la recuperación democrática”, en Sebastián Pereyra, Gabriel Vommaro, Germán J. Pérez (editores), La grieta. Política, economía y cultura después de 2001, Biblos, Buenos Aires, 2013.).
Sin embargo, a pesar de numerosos logros y conquistas, a lo largo de sus doce años de gobierno –Néstor Kirchner fue sucedido en 2007 por su esposa, la legisladora Cristina Fernández, que gobernó por dos períodos consecutivos–, el kirchnerismo abandonó la transversalidad, se apoyó en el peronismo tradicional y llevó el debate político a un enfrentamiento binario típico de la política argentina concebida como lealtad futbolística, en la que los críticos son traidores, los matices no existen y abundan los tránsfugas y conversos, que en su mayoría nunca se fueron. Amparado en una oposición nada constructiva y menos aun autocrítica, y una elite que sigue convencida de que es posible desarrollar el país excluyendo a su población y que 60% de niños y niñas pobres sólo se deben a que sus progenitores quieren vivir –o como sea que eso se llame– a cuestas del Estado, el kirchnerismo impulsó una verticalidad absoluta en sus movimientos juveniles e intelectuales con atisbos de culto a la personalidad, inspirando un ánimo de revancha en un sector de la sociedad que terminó revirtiendo los avances de esa década.
Las clases medias, obnubiladas por el rápido regreso al consumo en cuotas –al punto de que a sólo 14 años del 2001 eligieron Presidente a un producto típico de la política-espectáculo-neoliberal de los años 90–, sólo parecen recordar del 2001 la indignación por la confiscación de sus ahorros.
No obstante, el paisaje urbano conserva las huellas de la crisis, de sus causas y consecuencias. Así, paradójicamente, los emblemas de los tres poderes del Estado interpelados por los manifestantes en esas jornadas, la Casa Rosada, el Congreso de la Nación y el Palacio de Tribunales se encuentran hoy rodeados de rejas y vallas antes inexistentes, como si el recuerdo de los manifestantes en las escalinatas del Parlamento Nacional, arañando sus puertas, hubiera dejado un trauma prolongado entre sus integrantes, que decidieron prevenirse de futuros estallidos. Una memoria de hierro que muestra que la distancia entre representantes, en su gran mayoría dueños de grandes fortunas, y representados, persiste.
Por otro lado, circula todos los días por las calles de las principales ciudades del país, una memoria viviente y ambulante de la crisis: miles y miles de cartoneros, incorporados ya como un elemento natural del paisaje urbano, pero despojados de sus caballos –prohibidos de ingreso en la ciudad–, y por lo tanto condenados a traccionar por sí mismos sus monumentales carros cargados de desechos reciclables y transables. Hombres, mujeres y niños, que viven de –y muchas veces en– la basura, que trabajan como condenados y en condiciones de extrema precariedad –último eslabón de la cadena de un negocio multimillonario– y que demuestran que los efectos del ajuste económico aplicado en Argentina desde el Proceso de Reorganización Nacional siguen vigentes. Las sucesivas olas de empobrecimiento que llegaron a su punto máximo en 2001 cristalizaron un núcleo duro de pobreza, hoy nuevamente cercano a la mitad de la población, que permanece excluido de la democracia argentina y amenaza con hacer inasibles los “beneficios de la libertad”.
“Argentina colapsó porque no pudo pagar su deuda”
Siguiendo con la saga del Dossier producido por Cenital, comparto hoy el reportaje que , vía e-mail, le realiza Tomas aguerre a Anne Krueger, quién fuera subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional desde el 1 de septiembre de 2001 hasta el 31 de agosto de 2006.
Desde su punto de vista, ¿por qué la economía argentina terminó colapsando el 19 y 20 de diciembre?
La economía argentina colapsó porque el país no pudo pagar su deuda. Las propias autoridades del país hicieron el anuncio en los días posteriores. Fue entonces que quedó claro que el cumplimiento del pago de la deuda no era posible y los acreedores reaccionaron intentando vender los títulos de deuda. Las autoridades entonces intentaron reaccionar para frenar ese pánico.
¿Qué grado de responsabilidad, si cree que tiene alguno, tuvo el FMI en la crisis argentina de 2001?
Desde mi punto de vista, el FMI reconoció los problemas que enfrentaba Argentina y fue, de hecho, muy colaborativo debido a las reformas que se habían llevado a cabo antes. Pero fueron reformas que quedaron incompletas y la inflación se había logrado frenar al vincular el peso con el dólar. Con la inflación, el peso se sobrevaluó. El FMI expresó sus preocupaciones en consultas del Artículo IV y en mensajes privados. Pero el organismo bajo ninguna circunstancia puede públicamente sostener que una moneda está sobrevaluada o que una deuda es insostenible.
¿Por qué?
Porque una declaración así desencadenaría los eventos que justamente las autoridades estaban tratando de evitar. Pero el FMI, en definitiva, no tiene permitido, por su reglamento, prestar a un país en circunstancias tan insostenibles como era ese caso.
El FMI le exigía al gobierno de De la Rúa un recorte de aproximadamente 4 mil millones de dólares en diciembre. ¿Qué evaluación hizo el organismo sobre el margen político que tenía el gobierno para anunciar e implementar un ajuste así?
Cuando están en juego las obligaciones de deuda, el FMI tiene la exigencia por su estatuto de asegurarse que hay un camino sostenible de crecimiento que va a permitir financiar las obligaciones del servicio de la deuda. El FMI no podía otorgar más préstamos cuando el pago del servicio de la deuda era claramente insostenible hasta que se hicieran cambios en la política económica. Y las autoridades de entonces no consiguieron hacerlos.
En una conferencia en 2002, hablando de la crisis argentina, usted citó el principio de Anna Karenina (“todas las familias felices se parecen pero cada familia infeliz lo es a su manera”) para hablar de las particularidades de esta crisis. ¿En qué sentido la crisis argentina fue diferente a la que vivieron otros países en ese momento?
La crisis argentina fue diferente en varios sentidos. El hecho de que el peso estuviera atado al dólar impidió un ajuste del tipo de cambio, lo que derivó en que se tuviera que implementar el “corralito” para prevenir la salida masiva de capitales. Hasta diciembre, las autoridades tomaron varias medidas desesperadas que, de hecho, empeoraron la situación. Y, quizás lo más importante, hasta diciembre no se habían realizado los cambios políticos que podrían haber evitado la crisis.
¿Recuerda alguna conversación con el gobierno argentino en el momento del estallido?
Una vez que se produjo el estallido las conversaciones directas con los funcionarios argentinos pasaron al equipo del FMI para Argentina. No recuerdo haber tenido contacto directo con las autoridades luego de la semana del 19 y 20 de diciembre. Ingresé al FMI el 1 de septiembre de 2001 y, para ese momento, las conversaciones entre el organismo y las autoridades del país ya llevaban mucho tiempo. Era evidente que había problemas graves.
El FMI y los estallidos sociales
El apoyo del organismo a un patrón de acumulación impuesto a sangre y fuego
El economista, militante del campo nacional y actualmente director del Banco Nación, Guillermo Wierzba, escribe en “El Cohete a la Luna”
Desde su instauración a sangre y fuego en 1976, el régimen de acumulación neoliberal fue apoyado por el FMI. El estallido de 2001 puso fin al segundo y más largo ciclo de un patrón de acumulación de la economía argentina. Signado por una política de liberalizaciones inaugurada en su primera fase por la dictadura militar para interrumpir la industrialización sustitutiva de importaciones, no era sólo un modo de organización y dinámica económica. Conllevaba una estructura social, un tipo de sociedad que el terrorismo de Estado que se apropió del gobierno en 1976 se dio a la tarea de destruir.
En aquellos años todavía no estaba constituida una hegemonía neoliberal a nivel global. En la Argentina y Chile se experimentaron esos modelos que llegarían a desplegarse plenamente en los países centrales a partir de la década posterior, alcanzando una vasta expansión mundial durante los ’90. Previamente, tanto aquí como en nuestro vecino trasandino hubo gobiernos y movimientos populares con densidad que se propusieron profundizar la democracia, redistribuir progresivamente el ingreso y el poder y establecer horizontes que superaran el capitalismo dependiente en el que esas naciones habían desarrollado incompletos procesos de industrialización.
El objetivo de ambas dictaduras terroristas fue la reestructuración de las sociedades y economías para evitar que amplios sectores radicalizados, con influencia en vastos sectores del pueblo, avanzaran hacia proyectos de sociedad más justos. El arrebato del poder político por parte de dictaduras cívico-militares condujo a profundas reformas económicas, introducidas por la fuerza y la represión sin límites de los sectores populares.
En esta primera fase, la Argentina sufrió los siguientes cambios, pilares del nuevo modelo de acumulación:
Liberalización del mercado de cambios.
Liberalización financiera, que dispuso la de las tasas de interés. Esta se llevó a cabo con la reforma financiera instrumentada por la ley 21.526 e incluyó la creciente apertura e inserción en la incipiente, y luego generalizada, apertura financiera internacional.
Liberalización de los precios de la economía.
Prohibición y suspensiones de la actividad sindical que creó las condiciones para una redistribución del ingreso de gran dimensión, lo cual significó un cambio sustantivo en la relación de los capitalistas con los trabajadores.
Las tasas de interés se establecieron a niveles mucho más altos que las internacionales. Así se abrió el camino a la valorización financiera de los capitales de corto plazo, que ingresaban al país y lucraban con ese diferencial, generando pérdidas de divisas.
Dice Eduardo Basualdo en Estudios de historia económica argentina que “al tener en cuenta la irrupción del predominio de la obtención de la renta financiera en la economía internacional y asumir que el fracaso de las dictaduras anteriores radicaba en haber intentado disciplinar a los sectores populares impulsando la expansión industrial, esta vez la estrategia elegida consistió en restablecer el orden capitalista modificando drásticamente la estructura económica y social para disolver las bases materiales de la alianza entre la clase trabajadora y la burguesía nacional y, de esa manera, restablecer relaciones de dominación permanentes en el tiempo (…) Si bien el golpe militar en la Argentina no parece haber respondido a la iniciativa motorizada directamente por Estados Unidos –como sí ocurrió en Chile–, caben pocas dudas acerca del apoyo de la administración norteamericana previa a la presidencia de (Jimmy) Carter”. Durante este período, la génesis de un ciclo de endeudamiento externo fue vital para la acumulación de los sectores privados de la economía. Ese endeudamiento será el combustible para la fuga de capitales a lo largo de la Argentina neoliberal.
La instauración del nuevo régimen de acumulación fue apoyada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), según Noemí Brenta, por el mayor acuerdo contingente que el organismo había brindado hasta ese momento a un país de América Latina.
El primer estallido en la época transformista
Con posterioridad, durante la gestión del ministro de Economía del Presidente Raúl Alfonsín, Bernardo Grinspun, se llevó a cabo una política que intentó restaurar la situación previa a los cambios estructurales introducidos por el régimen genocida. Las condiciones productivas y de constitución y relación de los bloques sociales ya no eran iguales y el FMI no se avino a aceptar una digna refinanciación de la deuda que habían dejado los dictadores. Así, la recuperación de parte de lo perdido por los asalariados duró poco tiempo. El gobierno de Alfonsín reemplazó a su ministro por el equipo del Plan Austral, el que denominó a su política como de “ajuste progresivo”. Los acuerdos con el Fondo desmintieron esa progresividad y lo llevaron a emprender reformas estructurales hacia la instalación de un perfil industrial-exportador, cuyo destino vislumbraba una lógica reprimarizadora.
El gobierno radical perdió el respaldo del bloque social en el que intentó apoyarse, lo que produjo el acortamiento de su período de mandato. Brenta relata en Argentina atrapada, historia de las relaciones con el FMI, 1956-2006, cómo David Mulford y Nicholas Brady –aliados con el comité de bancos acreedores y con los técnicos del FMI liderados por Michel Camdessus– impusieron el criterio de exigir un duro ajuste fiscal frente a las autoridades del Banco Mundial y otras de las finanzas norteamericanas que priorizaban las reformas liberalizadoras. El fundamento de los vencedores era que “otorgar un tratamiento blando a los deudores exigiría extenderlo a todos los demás países, en detrimento del sistema financiero internacional”. Es un argumento que pareciera sobrevolar las negociaciones que hoy sostiene el FMI con la Argentina y tal vez sea uno de los puntos dogmáticos de su credo. Finalmente, el fracaso del ajuste, el estallido social y la hiperinflación desembocaron en el adelanto electoral.
El segundo estallido
El segundo período neoliberal fue el que abarcó toda la década del ’90 e incluyó dos turnos, en los cuales participaron los dos partidos políticos que antes de 1976 se reconocían como portadores de programas populares y sostenían el patrón de acumulación de sustitución de importaciones. El Partido Justicialista (PJ) durante el largo período menemista y la Unión Cívica Radical (UCR) en la presidencia de Fernando De la Rúa se comportaron como gestores de los intereses del bloque de poder oligárquico-imperial.
Las transformaciones antipopulares y antinacionales de esas gestiones fueron:
La privatización de la mayoría de las empresas públicas.
La privatización del régimen jubilatorio, sin sustitución de recaudación fiscal para atender a los trabajadores pasivos que debían cobrar sus haberes durante la transición, lo que llevó a una crisis fiscal.
El aumento de la deuda externa pública más importante de una década hasta ese momento, la que en casi su totalidad financió fuga de capitales. De acuerdo con la tesis de Magdalena Rúa en FLACSO, esa fuga ascendió a 123.600 millones de dólares entre 1990 y 2000.
El incremento sideral del endeudamiento del sector privado en el exterior.
La creación institucionalizada de un sistema financiero bimonetario, destinado a un default final inevitable por la ausencia de un prestamista de última instancia.
La apertura de la economía, sumada a la apreciación cambiaria en un régimen de rígida convertibilidad, provocó la desindustrialización del país y la elevación del desempleo hasta el equivalente a 23 puntos del PBI.
La sumisión del sistema financiero argentino a la normativa de superintendencia del régimen regulatorio de Basilea, contraindicado para una política de desarrollo.
El régimen de convertibilidad, que significó la renuncia a tener una política monetaria propia.
Ajustes nominales de salarios públicos y jubilaciones a la baja.
El Fondo Monetario Internacional destacó a la Argentina por el desempeño de semejante programa. Ya en 1996 elogiaba al sistema financiero del país tildándolo de robusto. Unos años después, la Nación se encontraba en recesión, con una profunda crisis de su balanza de pagos y sus cuentas fiscales.
Como siempre, el FMI reapareció en esas circunstancias. En el año 2000 el país registró deflación, aumentos de la tasa de interés, suba del desempleo y profundización de la caída del nivel de actividad. Ante la imposibilidad de cumplir con sus pagos externos, se realizó el operativo llamado blindaje, que consistió en una puesta a disposición sin desembolso de un monto de 40.000 millones de dólares, compuesto por un acuerdo contingente del FMI por 13.500 millones, préstamos del Banco Mundial y del BID por 4.800 millones e inversiones de empresas españolas por 1.600 millones. El resto lo aportaron bancos locales mediante colocaciones en los mercados secundarios de títulos de la deuda argentina. A mediados de 2001 se volvieron nuevamente claras las imposibilidades de la Argentina de cumplir con las metas comprometidas con el FMI en su acuerdo anterior. En junio se concretó un megacanje de títulos a tasas elevadísimas con una valuación ficticiamente alta de los bonos canjeados.
Mario Rapoport relata en Las políticas económicas de la Argentina que los bancos que llevaron a cabo el negocio cobraron comisiones leoninas. El proceso fue conducido por David Mulford del Credit Suisse First Boston. Rapoport consigna que en 2001 fugaron al exterior 30.000 millones de dólares, correspondiendo la mayor parte a empresas que figuraban en los primeros lugares del ranking de facturación. En agosto de ese año se firmó un nuevo acuerdo con el compromiso de llevar el déficit público a 0. En ese fatídico año, la recaudación de impuestos cayó un 30% y el PBI se hundió en 10.5%. Brenta comenta que las reservas cayeron de enero a setiembre en 9.000 millones de dólares y que en ese momento el FMI desembolsó 6.300 millones, de los cuales 6.000 salieron para satisfacer la demanda para la fuga de capitales. Este último desembolso muestra la misma conducta que el FMI tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri, pero en este último caso, multiplicada por 7.
La situación devino en una crisis de iliquidez e insolvencia del sistema financiero que había sido evaluado por el FMI como robusto. Derivó en la conformación de un “corralito” que impidió el retiro de los depósitos del sistema financiero, una quiebra general del sistema macroeconómico y un alarmante crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la indigencia. Las políticas ofertistas aplicadas por el ministro de Economía Domingo Cavallo hacia el final de la convertibilidad –como la reducción de impuestos, costos laborales y tasas de interés– no fueron efectivas. El círculo vicioso de bajar los salarios y el gasto público en recesión sólo llevaba a reducir la base imponible y a provocar un crecimiento del déficit fiscal.
El corralito enardeció a las clases medias, que vieron a sus ahorros transformados en números indisponibles para su eventual uso. Los sectores populares más vulnerables estuvieron dispuestos a invadir los supermercados para hacerse de los bienes esenciales, para cuyo acceso los salarios u otros ingresos fijos estaban en un nivel lejos de la suficiencia. El bloque social popular se rebelaba mientras el gobierno de la Alianza UCR-FREPASO decretaba el Estado de sitio. Y se desató la pueblada: el régimen neoliberal fase 2 estallaba por los aires. El 19 y 20 de diciembre de 2001 el gobierno decidía reprimir las movilizaciones y asesinaba a más de 30 argentinos para caer derrumbado, desprestigiado y sin ningún sostén posible en democracia.
Esa caída cerró una etapa política. La del transformismo argentino, de gobiernos elegidos por la ciudadanía hegemonizados por antiguos partidos populares que, luego de la dictadura, reaparecieron aplicando los programas del bloque tradicional de poder, modernizado las condiciones de la financiarización.
Bloque social y proyecto nacional
Ninguna propuesta había podido sustituir, tampoco la del PJ menemista, a la original del peronismo, que logró la viabilidad social del proyecto de sustitución de importaciones. Esta estrategia fue defendida para expandir el empleo, mientras –como sostuvo Juan José Llach en Desarrollo Económico ‘92– el objetivo de aumentar los salarios reales lo llevó a regular y controlar las exportaciones.
Como se puede concluir a partir de la reciente historia nacional, no hay modelo económico viable sin el poder político para llevarlo a cabo. El neoliberalismo se impuso a sangre y fuego contra el pueblo y su continuidad fue garantizada por un tiempo por el transformismo, derrumbado por una rebelión popular. Con posterioridad se restauró una estrategia basada en el empleo, la mejora del salario, la redistribución progresiva, la reindustrialización y el intento de confrontar con el poder mediático y la corporación judicial, en búsqueda de un cambio institucional, llevada adelante por el kirchnerismo. Le faltó una estrategia que completara la sustitución de importaciones con un papel activo del Estado como empresario central de un proceso de complejización de la producción para diversificar la matriz productiva y exportadora. Sin embargo, el embrión de esa política puede verse en la importancia que Néstor Kirchner y Cristina Fernández le dieron a la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.
Las secesiones vividas por el renovado peronismo, la batalla que el capital financiero dio a través de los fondos buitre contra el tercer gobierno kirchnerista y los límites de la restricción externa –no superada por las razones que describimos– derivaron en el ascenso al poder de la derecha lisa y llana de un partido de CEOs y ONGeistas despolitizantes, junto a un radicalismo desprovisto de cualquier rasgo de su origen. El devenir de este tercer turno neoliberal es de vivencia reciente.
El regreso del Frente de Todos en 2019 encontró una situación muy compleja con un endeudamiento con el FMI gravísimo y un deterioro del salario real. Las condiciones de recomposición de la economía requieren de la construcción de un bloque social que la haga posible. Esa salida necesita de una reactivación de la demanda agregada que se apoye fundamentalmente en la variable del consumo y el gasto público. Ahí está el arranque. No sólo por la economía, sino también por la política. Por eso es imprescindible no acceder a deprimir la tasa de crecimiento de la economía, como pretende el FMI.
Por supuesto que la inversión y las exportaciones deben ser estimuladas, pero con una matriz productiva no basada en la lógica de las ventajas absolutas, sino en decisiones estratégicas desde una visión política y planificada del rol que la ciudadanía y el pueblo quieran darle a su futuro nacional. Desde esta perspectiva, la discusión de un acuerdo con el organismo multilateral debe excluir la urgencia por conseguir dólares, que sustituiría a la soberanía popular.
El FMI debe esperar. Se debe evitar lo que siempre hizo con el síntoma del escorpión sobre la rana cruzando el lago: finalmente le inoculaba su veneno. Esta vez hay que garantizar que eso no ocurra. Cobrar lo que se pueda pagar: sí. Disciplinar sobre la base de imponer una deuda imposible de pagar: NO.
Los golpes blandos no existen, pero que los hay, los hay
Alfredo Zaiat escribe en página 12
Una Corte Suprema de Justicia con una sucesión de fallos contra el Gobierno. Una oposición que voltea el Presupuesto 2022 y pone en riesgo la negociación de refinanciación de deuda con el FMI. Las corporaciones mediáticas de derecha que festejan y promueven esas movidas. El poder económico las avala con el silencio. Cada una de esas piezas conforma el tablero de la avanzada desestabilizadora sobre el gobierno del Frente de Todos. La oposición copia a Cavallo de 1988.
El golpe político de la oposición de bloquear el Presupuesto 2022 tiene un indudable efecto inmediato al reafirmar que, luego de las elecciones de medio término, el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Sin embargo, con el antecedente de 2011 cuando CFK no tuvo Presupuesto por el bloqueo opositor del denominado Grupo A e igual pudo desplegar la gestión y lograr la reelección, el impacto concreto de la jugada opositora ha sido entorpecer la negociación con el Fondo Monetario.
Un acuerdo con el FMI que, como se precisó en estas páginas la semana pasada la administración Fernández sólo puede aspirar a conseguir el menos malo, actuaría con un paraguas provisorio ante embates desestabilizadores.
Bloquear la refinanciación del insólito crédito de casi 45 mil millones de dólares firmado por Mauricio Macri sumaría otro eslabón en la cadena que está rodeando al gobierno del Frente de Todos.
Las evidencias de diversos movimientos desestabilizadores, que se parecen bastante a lo que ha pasado a denominarse en América latina en este siglo como golpe blando, están a la vista de quien quiera observarlos.
Dos de los poderes del Estado (la Corte Suprema de Justicia y el Legislativo) están desplegando movidas de asedio al Gobierno, que cuentan con la imprescindible militancia de gran parte de los medios de comunicación que las legitima, además de promoverlas.
También aparece una jugada copiada realizada por Domingo Cavallo a fines de la década del '80, cuando el entonces diputado nacional viajó a Washington para sugerir al Banco Mundial y FMI que no realizaran desembolso alguno al gobierno de Raúl Alfonsín. Pasaron 32 años y ahora se ha repetido esa acción desestabilizadora por parte de un diputado de Juntos por el Cambio.
De este modo se van desplegando cada una de las piezas del mismo tablero que busca acorralar al gobierno del Frente de Todos.
Objetivos inconfesables
No se trata de una simple especulación ni es la convocatoria a fantasmas de conspiraciones. El comportamiento de la oposición en la Cámara de Diputados es suficiente prueba de esas intenciones.
En general, los debates parlamentarios de los Presupuestos que presentan los gobiernos no tienen muchos misterios. La oposición tiene el legítimo espacio político de la crítica y el oficialismo tiene que desplegar la habilidad de la negociación sobre cómo distribuirá los recursos del Presupuesto. Finalmente, en un contrato político tácito se aprueba.
Esta dinámica política ha funcionado de esa manera acá como en otros países. Existe un acuerdo no escrito acerca de que ese escenario público de puja en el recinto no debe terminar en bloqueo, puesto que el Presupuesto es la herramienta básica de gestión de un gobierno.
Tomar la decisión política de no permitir la aprobación implica ingresar en otra instancia de esa tensión política, para adquirir una dimensión que se ubica más cerca de la misión de debilitar a un gobierno con objetivos, por ahora, inconfesables, aunque de visibilidad notoria.
Esta presunción se reafirma ante el silencio sospechoso de las principales cámaras empresarias, que tienen la costumbre de opinar de todo y de todos cuando un acontecimiento sacude el escenario político y económico.
Ni el Foro de Convergencia Empresarial ni la Asociación Empresaria Argentina (AEA), dos entidades bajo la influencia de la conducción política (grupos Techint y Clarín) del poder económico, exhibieron ansiedad republicana para difundir comunicados que muestren preocupación por el bloqueo opositor a lo que se denomina la ley de leyes.
Es una señal inequívoca de que están satisfechos con las movidas desestabilizadoras de la Corte Suprema de Justicia y de la oposición en el Congreso para acorralar al gobierno de Fernández.
Los pasos del Presupuesto
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia brinda el detalle de cómo es el recorrido tradicional de un Presupuesto Nacional, que pasa por distintas etapas, antes, durante y después de lo que se suele denominar "ejercicio fiscal". Este término alude al período de 12 meses en los que se ejecuta un determinado presupuesto.
Así, el presupuesto del año 2021 se elaboró, discutió y sancionó en 2020, está siendo ejecutado en 2021 y será evaluado en 2022. Las distintas fases de un ciclo presupuestario completo pueden resumirse del siguiente modo:
1. Formulación.
2. Discusión y aprobación.
3. Ejecución.
4. Control y rendición de cuentas.
El Presupuesto 2022 se quedó en la primera fase; en la segunda se discutió y fue rechazado.
Se sabe que cuando un proyecto de ley se vota en contra en cualquiera de las cámaras del Congreso, en este caso fue en Diputados, pierde estado parlamentario por un año y no se vuelve a tratar.
La oposición podía haberse abstenido en la votación y el Presupuesto se aprobaba, pero como votó en contra dejó al Gobierno sin esa renovada guía de gestión. Incluso votó en contra de remitir el proyecto a comisión para que puedan negociarse las modificaciones y volver a llevarlo a votación.
Ante este escenario de no contar con el Presupuesto aprobado del año próximo, el Poder Ejecutivo aplicará el presupuesto del año pasado, lo modificará con Decretos de Necesidad y Urgencia, y reasignará partidas con resoluciones del Jefe de Gabinete.
Es decir, el argumento de la oposición acerca de que la subestimación del dato de crecimiento, presentado por el ministro Martín Guzmán, derivaría en el manejo discrecional de recursos adicionales se desmorona, puesto que al rechazar de plano el Presupuesto la consecuencia será una discrecionalidad del Poder Ejecutivo muchísimo mayor. Más bien, pasará a ser de total discrecionalidad.
El debate tradicional sobre el Presupuesto tiene un recorrido previsible: la oposición critica el rumbo que supone para la economía, el oficialismo lo defiende y los legisladores de todos las fuerzas políticas negocian cambios en función del interés de los distritos que representan (obras públicas, promoción industrial) o grupos sociales o económicos reclaman por sus intereses (por ejemplo, modificaciones impositivas).
El espacio del debate parlamentario entonces es un escenario privilegiado para exponer y comparar distintos proyectos de desarrollo y equidad. Esta oportunidad fue desaprovechada y el juego de la oposición, con sus idas y vueltas, quedó al descubierto, sólo disimuladas con excusas que no resisten la mínima consideración teniendo en cuenta que las chicanas y críticas a oponentes forman parte de las reglas de juego por todos aceptadas.
El antecedente Gingrich
Como se mencionó al comienzo, en 2010 la entonces oposición reunida en el denominado Grupo A dejó sin Presupuesto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2011. En ese momento no evaluaron el antecedente de igual comportamiento de los republicanos en el primer gobierno de Bill Clinton.
En ese entonces la “revolución conservadora” estaba liderada por el congresista Newt Gingrich y el senador Bob Dole. Se había articulado en lo que se conoció como el Contract with America: decálogo de evocaciones reaganianas cuyas metas principales eran la eliminación del déficit público junto a la de diversos programas federales, el aumento de los gastos militares, el alivio impositivo a las clases medias altas, el endurecimiento de la lucha contra el crimen y la restauración de los valores tradicionales en torno a la familia, la moralidad y la religión.
Ese movimiento había obtenido mayoría legislativa por el triunfo en las elecciones de medio término de 1994. Clinton recibió un duro revés del Congreso, donde los demócratas quedaron en minoría: el Partido Republicano rechazó el presupuesto y paralizó al Estado.
Esta arremetida republicana fue el comienzo de la recuperación electoral de Clinton, que en 1996 consiguió la reelección. Esa reacción fue explicada por analistas políticos en que una parte del electorado que había votado a los republicanos se asustó del extremismo del Contract with America, además de que Gingrich y su grupo no consiguieron abandonar la imagen de oposicionistas interesados en desmantelar conquistas sociales.
La discusión sobre el Presupuesto 2022 adquirió características similares al de la pelea Gingrich-Clinton en 1995, aunque aquí no hay riesgo de paralización del aparato estatal. En 2011, con CFK, que ganó la reelección con el 54 por ciento de los votos, mostró el error político de la oposición. Habrá que esperar al 2023 para verificar si tropezarán con la misma piedra.
Qué dijo Máximo Kirchner
La oposición utilizó de excusa el discurso final del diputado y jefe de la bancada del FdT, Máximo Kirchner, para reafirmar su voto en contra, cuando había acordado remitir el proyecto a comisión. Es importante conocer el contenido completo de esa alocución y no sólo la parte resaltada por la mayoría de los medios de comunicación.
Después de más de 24 horas de sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le dio la palabra a Máximo Kirchner, que dijo textual:
"Presidente, Presidente, mire, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de Gobierno presente hasta hace unos días, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta ayer, un ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención, que me llama poderosamente la atención, el comportamiento que está teniendo, un ex ministro del Interior no de tres gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron a este país en 44 mil millones de dólares, llama poderosamente la atención”.
Ante la reacción destemplada de la bancada de la oposición, dijo: "Yo los escuché", para luego repetir en ocho oportunidades: "Aprendan a escuchar".
Casi todos se quedaron con esta primera parte del discurso por las referencias a Julio Cobos, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, probablemente porque en ese momento la bancada opositora empezó a los gritos y dejaron de escuchar.
Pero más importante fue lo que MK continuó diciendo: "Teniendo en cuenta la presencia de tan distinguidas personas que ocuparon tan altos cargos en nuestro país producto del voto y de la elección, y claro que leemos los resultados de las urnas. Siempre lo hicimos. Y esta es una elección intermedia; la del 19 definió quien gobernaba la Argentina. Entonces lo que uno quiere es que podamos votar. Es el pedido que recibimos de nuestro Presidente. Un Presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que tamaño endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar la democracia, pero más allá de eso, quizás fue la cobardía también de no poder mandar ese proyecto acá, votemos Presidente por sí o por no, y terminemos con este show, por favor".
El Fondo Monetario Internacional
Con esas palabras Máximo Kirchner apuntó al blanco de lo que estaba oculto en el debate y posterior bloqueo opositor del Presupuesto 2022. A diferencia de discusiones pasadas en el Congreso, como las que existieron en el ciclo político de Mauricio Macri, cuando gran parte de la oposición de entonces votaba en contra pero sin llegar a bloquear el Presupuesto, en esta ocasión, con este proyecto, se ponía en juego el acuerdo con el FMI.
No es necesario ningún análisis político sofisticado para dar cuenta que dejar sin Presupuesto 2022 al gobierno de Alberto Fernández, cuando se están definiendo los últimos detalles técnicos para conseguir el aval político del directorio del organismo, representa un golpe fuerte a esa negociación.
En concreto, la jugada obstruccionista busca demorarla, lo que implicaría agudizar el estrés cambiario por asfixia en el stock de reservas por pagos de deuda a fines de marzo, o directamente hacerla caer, para desencadenar una crisis financiera y política.
El FMI estaba pidiendo consenso político para sellar la refinanciación de la deuda, lo que implica un reconocimiento implícito del desastre del acuerdo anterior que firmó con Macri, entregado en pocas semanas, sin discusión política en el Congreso y por presión de Estados Unidos.
En esta instancia, se puede comprender en toda su dimensión la postura que asumió el bloque mayoritario de la oposición de voltear el Presupuesto, movida clave para complicar el acuerdo de refinanciación del crédito del FMI
Después de la sesión, Máximo Kirchner habló con el canal de cable C5N y reveló lo siguiente:
"El ministro Martín Guzmán me contó hace 30 o 40 días que quien suele ser miembro informante de los temas económicos en Juntos por el Cambio fue a Estados Unidos a hablar con el FMI pésimamente de las posibilidades de Argentina".
Agregó que "esto me lo contó el ministro Guzmán", para mencionar que el ministro le pidió que hablara con ese político, a lo que él le respondió: "Yo ni pienso hablar con alguien que habla mal del país afuera".
Igual que Cavallo
Esta movida desestabilizadora de la oposición mayoritaria es similar a la realizada por quien ha sido uno de los principales responsables de la debacle económica y social de hace veinte años: Domingo Cavallo. (La génesis y el epílogo que provocó el estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue la convertibilidad y el corralito, respectivamente, ambas criaturas de autoría de Cavallo)
En 1988, antes de la elección presidencial, Cavallo pidió a las instituciones financieras internacionales que rompieran lazos con el gobierno de Raúl Alfonsín.
El entonces diputado nacional del PJ cordobés, que llegó a ese cargo de la mano del financiamiento de la Fundación Mediterránea, les prometió al Banco Mundial y FMI una nueva relación con el gobierno peronista de Carlos Menem que vendría luego de las elecciones.
La decisión del Fondo y del BM de interrumpir desembolsos acordados aceleró la crisis económica que llevó al abrupto final del gobierno de Alfonsín, y a la prematura asunción de Menem.
El capítulo de esta historia traumática fue revelado por el propio Alfonsín, quien antes de renunciar al cargo, acusó a Cavallo de viajar a Estados Unidos para pedir que cortaran los créditos a su gobierno.
Ahora un diputado de JxC hizo lo mismo. Aunque suene extraño o, mejor dicho, insólito, la realidad política y económica argentina parece encerrada en un loop interminable.
Cuestión de mentiras y datos
El diputado Nacional Ritondo, a los gritos, y como suelen hacer, mintiendo, adujo que nunca a los partidos que no fueran peronistas, le votaron presupuestos tanto en provincia de Buenos Aires como en CABA como en Nación.
En 38 años de democracia, el Congreso nunca votó un rechazo al presupuesto
En 2010, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, otro conglomerado opositor -el llamado Grupo A- actuó en conjunto para dejar al oficialismo sin presupuesto al no presentarse a dar quórum en la sesión.
Si bien en varias oportunidades y por diferentes razones los Gobiernos en ejercicio optaron por prorrogar el presupuesto del año anterior, desde la restauración democrática de 1983 nunca había ocurrido que la oposición levantara la mano en el recinto para votar expresamente en contra de un proyecto de presupuesto, como ocurrió.
En el rechazo coincidió un conglomerado opositor heterogéneo, con predominio de Juntos por el Cambio -que en la Cámara baja atraviesa una fuerte dispersión en diez bancadas- pero que también integraron el Interbloque Federal, el Frente de Izquierda y las dos agrupaciones de la derecha libertaria.
En una jornada cargada de tensión y con acusaciones cruzadas entre el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, las bancadas opositoras -salvo el interbloque Provincias Unidas- votaron en contra del proyecto que establecía gastos y recursos para la administración pública en 2022.
Tras el rechazo, el Presidente de la Nación tiene la prerrogativa de prorrogar el presupuesto del año anterior y con las actualizaciones distribuir las partidas para sostener las áreas de la administración pública y girar los fondos a las provincias: de todas formas, la tradición parlamentaria y el funcionamiento institucional indican que lo esperable es que el Congreso sancione todos los años la denominada Ley de Leyes.
El antecedente más parecido a lo que sucedió hoy se registró en 2010, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y tras la derrota electoral del Frente para la Victoria en las elecciones de 2009, cuando otro conglomerado opositor -el llamado Grupo A- que formaban la UCR, el Acuerdo Cívico y Social (hoy Coalición Cívica) y Unión-PRO (en el que tenía protagonismo el empresario Francisco De Narváez, hoy retirado de la política) actuó en conjunto para dejar al oficialismo sin presupuesto.
En cuánto a la provincia de Buenos Aires, el único caso de produjo en 2016 “el kirchnerismo dejó a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal sin presupuesto para el 2016 en la provincia de Buenos Aires.
Según denunciaron desde el PRO, habría sido la propia CFK quien ordenó desde Santa Cruz al jefe bloque de diputados bonaerenses del kirchnerismo, el camporista José Ottavis, que hiciera caer la sesión donde se trataría el presupuesto y el pedido de endeudamiento de Vidal.” (Según TN), Tampoco se le voto en contra sino que aplicaron la misma estrategia del grupo A, no dar quorum.
En 38 años de democracia y algo mas de 45 de instalación de las formas neoliberales, la precariedad de la democracia en Argentina susceptible a tanto tironeo desde el poder concentrado queda demostrado en lo que se conoce como “lawfare” (Medios de comunicación, Corte Suprema de Justicia y Oposición parlamentaria actuando en conjunto para limitar la intención de un gobierno de no ser tan “neoliberal” como el poder exige).
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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