Un collage de lo que pasa ...
Vuelve
el BCRA
El Banco Central volvió a aparecer el jueves pasado anunciando una medida que permite a los bancos reemplazar sus stocks de Lelics (que mantienen como “encaje”, debido a los requisitos de efectivo mínimo) por bonos públicos que ofrece el Tesoro. Ya sé, no entendiste nada, así que vayamos despacio, desgranando de a poquito lo que significa esta medida.
Primero que nada tenemos que repasar rápidamente cómo operan los bancos. Como cualquier comerciante, lo que hacen es comprar barato y vender caro. La particularidad es que esto lo hacen a través de la intermediación financiera, es decir, captando depósitos (para lo cual ofrecen una tasa de interés a cambio) y colocando ese dinero en activos con una tasa de interés más elevada (los más comunes son los préstamos, pero veremos a continuación que también pueden colocarlos en activos remunerados que ofrece el BCRA).
El segundo concepto que es necesario explicar es el de encaje bancario. El Banco Central fija ciertos requisitos de efectivo mínimo que los bancos deben mantener según el tipo de depósito (cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, entre otros), con el objetivo de que los bancos mantengan siempre cierta liquidez (y así evitar tensiones en el sistema financiero que podrían provocar corridas bancarias). Así, por ejemplo, si un banco recibe $100 de una empresa que lo deposita en una cuenta corriente, deberá mantener inmovilizados $45, que serán depositados en la cuenta que el banco tiene en el BCRA. Si, en cambio, el banco recibe $100 porque su cliente realizó un plazo fijo –a 29 días- deberá mantener encajados $32. El porcentaje a encajar depende además del plazo del depósito, del tamaño de la entidad financiera y la región en que opera ( acá una explicación más detallada del funcionamiento de los encajes).
Es importante recordar que el principal instrumento de política monetaria que utiliza el BCRA es el manejo de las tasas de interés, cuyo objetivo es regular el grado de liquidez y la cantidad de dinero circulando en la economía (al subirlas busca absorber dinero en circulación, y viceversa). Ahora bien, para que eso suceda, debe estar aceitado el mecanismo de transmisión a través de las tasas de los bancos, ya que son estos los que interactúan directamente con las personas y empresas. Si el BCRA sube la tasa de política monetaria, pero esto no tiene demasiado efecto sobre las tasas que ofrecen los bancos, se debilita notablemente la efectividad de la política monetaria.
Ahí aparecen los encajes, aunque como un arma de doble filo. Si el BCRA aumenta los encajes bancarios, eso, por un lado, reduce el incentivo y la capacidad de los bancos a otorgar préstamos (lo cual contribuye a frenar la creación de dinero), pero, por otro, lleva a los bancos a ofrecer tasas más bajas por los depósitos a plazo (técnicamente acá afecta la elasticidad de la tasa pasiva de los bancos frente a la tasa de política monetaria, ya que cuanto más alto sea el encaje, mayor es la tasa que demandan los bancos frente a un margen de ganancia o spread dado).
Por ese motivo, en 2018, cuando la gestión de Cambiemos en el marco del acuerdo con el FMI aplicó el plan monetario de “crecimiento cero” de la base monetaria, como parte de las medidas el BCRA fijó un aumento muy fuerte de los encajes, pero a la vez determinó que una parte de los mismos sean utilizados para adquirir bonos públicos o Lelics.
Es importante esta aclaración, ya que una de las primeras y más resonantes críticas a la medida provino del expresidente del BCRA, Guido Sandleris, quien sostuvo que la medida “pone en peligro uno de los pocos consensos importantes que se habían alcanzado en lo que hace a política económica: la regulación prudencial del sistema bancario”. Y después lo enfatizó: “En los últimos veinte años, sin importar quién estuviera en el gobierno, todos los Presidentes del BCRA hemos mantenido estas regulaciones prudenciales que han permitido que transitemos los defaults que hubo desde 2001 sin crisis bancarias”. Al margen de que esto sea así o no (lo analizamos más adelante), resulta sorprendente la afirmación del expresidente del BCRA, ya que es una contradicción en sí misma.
Volvamos al anuncio de la medida, que ahora podemos explicar con mayor detalle. Lo que hizo el BCRA ahora es permitir que los bancos puedan elegir si prefieren mantener la parte de los encajes remunerados (de sus depósitos a plazo fijo) en Lelics o en bonos del Tesoro.
¿Cuál es el principal objetivo de la medida? Acá aparece el famoso rollover (concepto que explicamos en detalle en esta edición). El punto es que el gobierno necesita no solo emitir títulos públicos para afrontar los vencimientos de su deuda, sino que en realidad debe colocar una cantidad superior. Al hacer esto, obtiene un financiamiento positivo que le permite reducir la necesidad de recurrir a la asistencia directa del BCRA y así evitar la inyección adicional de dinero en la economía (lo sucedido en 2020 dejó en claro los riesgos que eso trae aparejado).
Hasta ahora, el gobierno vino logrando ese objetivo , pero en julio y agosto se vienen los meses de mayores vencimientos . Así, la nueva medida abre la posibilidad de que los bancos adquieran deuda pública a partir de junio, generando una potencial demanda adicional para las colocaciones del gobierno. Además, esto llevaría a una reducción del stock de Lelics, que vienen creciendo sostenidamente desde el inicio de la pandemia.
¿Funcionará la medida? Dado que la operatoria es voluntaria, en buena medida la decisión va a depender de la tasa que ofrece cada activo (habrá que esperar a la próxima licitación de bonos públicos para analizar su resultado). Y ahí aparece un tiro por elevación a la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de eliminar la exención de Ingresos Brutos sobre las Lelics de los bancos con domicilio fiscal en dicha localidad (que son la gran mayoría), en el marco de la disputa por los recursos de la coparticipación con la provincia de Buenos Aires. Esto se debe a que la medida le significa a los bancos una menor rentabilidad por la tenencia de Lelics, haciendo más atractivos los títulos públicos.
¿Cuáles son los aspectos negativos de la medida? Comencemos por lo dicho anteriormente por Sandleris. El argumento sería que esto va a llevar a que los bancos tengan una mayor cantidad de títulos públicos entre sus activos, lo que les significa un mayor riesgo, dados los antecedentes argentinos en materia de default de la deuda pública. Como la contrapartida de esos títulos serían los depósitos bancarios de la gente, entonces un default de la deuda pública se traduciría en una crisis bancaria.
La primera y más importante objeción a este razonamiento es que resulta bastante difícil que esto suceda, ya que como los depósitos y la deuda pública son en pesos, siempre está la posibilidad de que el BCRA socorra a los bancos, ejerciendo su función de prestamista de última instancia. Además, como para reforzar este mecanismo, la medida vino complementada con otra que permite a los bancos vender posteriormente dichos títulos al BCRA, asegurando la liquidez de los mismos.
Otro aspecto que es importante remarcar es que, a nivel internacional, la gran mayoría de los Bancos Centrales administran las tasas y la liquidez de la economía por medio de la compra venta de títulos emitidos por el gobierno, y no a través de la emisión directa de pasivos remunerados como sucede en Argentina. Esta medida apunta en esa dirección, lo que permite calibrar mejor la coordinación entre el fisco y la autoridad monetaria.
Por último, otra objeción bastante mencionada es que esta medida en realidad terminaría inyectando más dinero en la economía. La lógica detrás de este razonamiento es que la mayor capacidad de financiamiento del déficit llevaría al gobierno a gastar más en la misma proporción (gasto que terminaría siendo financiado por el BCRA). Pero si, como viene sosteniendo Guzmán, el objetivo es reducir la asistencia del BCRA en línea con los que figura en el Presupuesto, entonces, dado ese objetivo de financiamiento, el impacto de la medida (de ser efectiva) sería neutro en la cantidad de dinero, pero se reduciría la asistencia monetaria al BCRA y el stock de Lelics.
Va el resumen del panorama económico, a partir de los datos que salieron durante la última semana: el consumo sigue sin repuntar, reflejado en la caída que se observa en las ventas de los supermercados y los shoppings. Por otro lado, el frente externo mantiene su recuperación, plasmado en la sostenida compra de divisas en el mercado cambiario por parte del BCRA. Por último, los primeros datos adelantados de las consultoras privadas marcan una desaceleración de la inflación para mayo. La nota completa la podés leer acá .
DESE LA VUELTA Juan Manuel Telechea Cenital.com
El presidente Alberto Fernández consideró hoy que “más viviendas y más rutas”, es “mejor vida y más trabajo para todos los argentinos” y subrayó que ese el objetivo del Gobierno nacional al invertir en “obra pública”.
“La obra pública es conectar la Argentina, acercar a los pueblos y mejorar el transporte de mercadería. La obra pública, más viviendas, más rutas, es mejor vida y más trabajo para todos los argentinos”, dijo el jefe de Estado al encabezar un acto en la Autopista Ruta Nacional 7, entre Chacabuco y Junín, en la provincia de Buenos Aires. Agregó que el Frente de Todos tiene “muy presente” la importancia de la obra pública en el sentido de que “acerca pueblos, conecta a la Argentina, mejora el transporte de mercaderías y facilita la labor del que produce y tiene que llevar al puerto lo que produce”.
En el acto, en el que se habilitaron casi 40 kilómetros de la Autopista Ruta Nacional 7, entre Chacabuco y Junín, el Presidente estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los ministros de Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro y de Obras Públicas Gabriel Katopodis. “Esta es una obra que mejora el tránsito entre Chacabuco y Junín y continúa el trazado de esta ruta 7 que va a seguir después hasta Rufino (Santa Fe) con la misma fuerza, con las mismas ganas que se hizo en este tiempo”, dijo Alberto Fernández.
“Es una ruta que es bioceánica porque termina en Mendoza”, completó el jefe de Estado respecto a la esta obra vial que habilita 39,7 kilómetros de la Autopista Ruta Nacional 7 tramo Chacabuco – Junín, en la provincia de Buenos Aires. También se incluyeron 19,7 kilómetros que fueron inaugurados en octubre de 2019 pero “debieron ser cerrados cuatro meses después al no estar en condiciones por falta de obras para la correcta circulación diaria de unos 6.400 vehículos, que desde ahora tendrán mayor seguridad vial y ahorrarán tiempos de viaje”, según señalaron desde Gobierno a través de un comunicado.
En ese sentido, el mandatario remarcó: “Lo que efectivamente ocurrió es que todo este tramo que significan 155 kilómetros, en los últimos 4 años se habían hecho 40 kilómetros y nosotros en este año y medio con pandemia también hicimos 40 kilómetros, comparó el Presidente respecto a lo realizado por la gestión de Mauricio Macri. Y continuó: “Y nos queda por hacer algo que estaba previsto que se haga en el sistema de los que fueron las PPP, en el que el capital privado impulsaba las obras con un costo de $25 mil millones, que ahora nosotros estamos licitando por $9 mil millones. Es la misma obra, varios años después y con pandemia”, destacó.
Al finalizar el acto, Fernández sostuvo que “detrás de la obra pública hay una fuerte motorización de la economía” y una “mejora en la vida de la gente”, además de “más trabajo para todos los argentinos”.
Asistieron también el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y los intendentes de los municipios que recorre la traza y otras autoridades.
Mientras continúa el derrumbe cripto, los bancos centrales del mundo siguen avanzando en el desarrollo de CBDC (moneda digital de los bancos centrales, por sus siglas en inglés “Central Bank Digital Currency”). La idea, recordemos, es que en vez de tener tu dinero en un banco comercial puedas acceder a una cuenta bancaria directamente en la autoridad monetaria.
El primero en lanzarse fue Bahamas con su “Sand Dollar” allá por marzo pasado y el más avanzado de los países centrales es China.
Hay quienes dicen que este último lo hace para competir con el dólar como moneda de reserva, otros que lo hace como respuesta al avance cripto y los más desconfiados argumentan que es una forma de controlar a sus ciudadanos.
La posibilidad de que el dólar vea amenazada su relevancia a nivel internacional fue rescatada por el ganador del premio nobel en Economía Paul Krugman un interesante artículo al respecto que publicó The New York Times la semana pasada.
Entre nuestros vecinos, Uruguay realizó una prueba piloto en 2018 (aunque no se le conocen avances relevantes adicionales) y la semana pasada el Banco Central de Brasil lanzó sus guías generales para el desarrollo del real digital.
Entre los puntos más importantes que señala está la posibilidad de tener un real programable que pueda usarse en Smart Contracts y conectarse a Internet of Things. Avances tecnológicos que sumarán productividad a la economía vecina.
Por otro lado, asegura que podrán hacerse pagos offline y que esa moneda digital no pagará intereses, un guiño para la industria bancaria. Algunos se preguntan si eso no complicaría la efectividad de la política monetaria.
En la misma semana que Brasil emitió su informe, el Banco Central de Japón hizo lo propio con el suyo. Si bien en este caso no hay definiciones tan precisas queda claro que el avance de las CBDCs no reconoce fronteras.
Suecia no se quedó atrás y sumó su propio anuncio. Informó que avanzará en el siguiente paso que lo llevará a tener la e-Krona, o la Corona electrónica. Recordemos que aquel es un país donde prácticamente no se usa el efectivo, lo cual hace imperiosa la aparición de alternativas digitales.
En este caso la solución se desarrollaría sobre la Blockchain “R3 de Corda” que a diferencia de otras, como Ethereum o Algorand, es una red permisionada y, por lo tanto, la validación de transacciones sólo puede ser realizada por quien defina el banco central.
De hecho, pareciera que ningún banco central usará una red no permisionada para el lanzamiento de su moneda digital, lo cual era esperable.
El único proyecto serio que parecía encaminarse sobre una red descentralizada era el de Islas Marshall con su “SOV” sobre Algorand. La semana pasada, sin embargo, el Gobierno de ese pequeño país decidió dar marcha atrás con el proyecto que preveía fijar una emisión del 4% anual asegurado por la blockchain. El sueño de Milton Friedman deberá esperar.
Pero lo que todos estamos esperando es obviamente el lanzamiento de la CBDC en Estados Unidos.
El primer paso fue el lanzamiento de FedNow, un sistema que permite a los bancos asociados a la Fed hacer pagos de manera instantánea las 24 horas del día los 365 días del año.
Es una posibilidad que Argentina consiguió definitivamente un poco antes, durante la gestión Cambiemos. Tal vez aquellos con algunos años recuerden que la típica transferencia solía demorar unas 48 horas y debía ser hecha en horario bancario.
El 20 de mayo, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, anunció que en verano (nuestro invierno) publicarán un informe sobre el research desarrollado como instancia previa al lanzamiento de una potencial CBDC para el dólar.
La autoridad monetaria va a lanzar una consulta popular al respecto para entender las necesidades y preferencias de los potenciales usuarios. Recordemos que cuando el Banco Central Europeo (BCE) hizo su propia encuesta, la demanda principal fue la privacidad.
Adelantó que una potencial CBDC coexisitiría con el efectivo y los depósitos bancarios y señaló como principales riesgos la forma de implementar la política monetaria, la estabilidad financiera, la protección del consumidor y el cuidado de su privacidad.
Por otra parte, Powell hizo mención a las criptomonedas y explicó que no son una herramienta conveniente para la realización de pagos debido a su volatilidad.
Posteriormente hizo referencia a las stablecoins, criptos que intentan reflejar el valor del dólar u otro activo, como una herramienta que permite reducir el costo de transacción, mejorar la eficiencia del sistema de pagos y acelerar el flujo de pagos.
Agregó, sin embargo, que las stablecoins acarrean riesgos no sólo para el usuario sino además para todo el sistema financiero. Por ejemplo, los criptodólares no cuentan con seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósito (o FDIC, según sus siglas en inglés) que protege al depositante menor a US$ 250,000 contra la quiebra del banco.
Las stablecoins ya suman más de US$ 100.000 millones con una rotación diaria aproximadamente del mismo monto según informa el sitio especializado Coingecko.
El 60% de ese total se lo lleva Tether, cuyo crecimiento parece no detenerse. El pasado lunes 31 de mayo se emitieron en una sola transacción US$ 1.000 millones equivalentes de aquel token. Si bien no implica que los mismos entren en circulación inmediatamente, es una muestra clara de la aceleración que toman los criptodólares.
La semana pasada, Lael Brainard, “governor” de la Fed, participó en el evento cripto por excelencia a nivel mundial: Consensus.
Emitió un discurso que estuvo en línea con lo expresado por Powell y resaltó su preocupación por el avance de las stablecoins que no sólo crecen en emisión monetaria sino en servicios financieros.
A propósito, en ese mismo escenario, Ray Dalio, el famoso inversionista, reconoció que tenía algo de Bitcoin, pero por ahora no tuvo la misma repercusión en el ecosistema que el que tiene Elon Musk.
Pero, volviendo a las stablecoins, Circle, el emisor de USDC, la segunda stablecoin en capitalización de mercado con US$ 22.000 millones emitidos, anunció la posibilidad de generar intereses con ese criptodólar.
Si alguien la bloquea por un mes el rendimiento esperado será del 5% anual y si lo hace por un año sube al 7%. Nada mal para un mundo de tasas 0 o negativas.
Nada mal, pero muy sospechoso. “Cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”, dice el dicho. Especialmente cuando USDC empezó a tener tardanza en sus reportes mensuales y el respaldo informado empieza a tener ambigüedades.
Algunos creen que USDC está en camino de convertirse en un Tether 2 por la poca prolijidad a la hora de cumplir con las regulaciones y de informar a sus clientes.
Por su parte, Gemini, el criptodólar emitido por los gemelos Winklevoss (los de Facebook) informó la posibilidad de generar intereses a través de su plataforma “Gemini Earn”.
En este caso se puede depositar stablecoins o criptos tradicionales como Bitcoin y Ether.
Los rendimientos ofrecidos van del 1,5% aproximadamente a 7%, dependiendo de la cripto depositada. Estos porcentajes son variables y dependen de la oferta y demanda que tengan.
Es importante señalar que Gemini sólo hace de intermediario entre el depositante y empresas cuyo riesgo es analizado por Genesis, especializada en esa tarea.
Las stablecoins van convirtiéndose de esta manera en una especie de “Shadow Banks”, una alternativa a los bancos tradicionales que alerta seriamente a los reguladores.
Ya sabemos que es muy poco probable el lanzamiento de CBDC sobre blockchains descentralizadas. La pregunta relevante es si podrán coexistir aquellas con las stablecoins.
Probablemente sí. Las stablecoins permiten la interprogramabilidad del dinero con otros activos digitales, como acciones, bonos y otras monedas. Seguramente veamos un mundo donde ellas estén respaldadas por CBDC.
Gita Bhatt, directora de comunicaciones de políticas y editora en jefe de la Finance & Development revista . Tiene una experiencia multifacética en comunicaciones, con más de 20 años de experiencia profesional, incluso en medios y asuntos públicos. Durante 2009-11, trabajó en el Banco de la Reserva de la India como Asesora del Gobernador. Tiene una maestría de la London School of Economics y una licenciatura en Economía y Filosofía de la Universidad George Washington. Escribe en el Blog del Fondo Monetario Internacional.
Los mercados emergentes, una etiqueta que se aplica con frecuencia a las economías en el medio, ni avanzadas ni de bajos ingresos, debido a su creciente relevancia sistémica, este grupo de países ayuda a anclar la estabilidad global. Sin embargo, a medida que profundizamos y definimos sus características, encontramos un conjunto muy diverso de economías de diferentes tamaños y tasas de crecimiento que enfrentan diferentes perspectivas, prioridades y desafíos.
Algunos, como China , han logrado salir rápidamente de la crisis actual. Otros pueden tener dificultades durante años para hacer frente a las secuelas de la pandemia.
En medio de una recuperación económica de varias velocidades, incluso dentro de los países y en todos los sectores, grupos de edad, géneros y niveles de habilidad, este número explora varios temas transversales para los mercados emergentes. Rupa Duttagupta y Ceyla Pazarbasioglu del FMI hacen balance , con un enfoque en la deuda, las compensaciones de política económica y las prioridades para un crecimiento más sólido. Dos importantes inversores, Richard House y David Lubin, analizan cómo activos de los mercados emergentes les ha ido a los durante la pandemia y por qué es poco probable que sufran crisis sistémicas como en los años ochenta y noventa. Şebnem Kalemli-Özcan, por el contrario, ve el potencial de una mayor turbulencia a medida que suben las tasas de interés en Estados Unidos . Francisco Ferreira muestra que el la efecto de pandemia sobre la desigualdad se manifiesta de formas contrarias a la intuición, dependiendo de cómo se mida. Y 20 años después de acuñar el acrónimo "BRIC", Jim O'Neill reconsidera las divergentes fortunas de Brasil, Rusia, India y China .
Si bien esta crisis dejará cicatrices, sería inexacto ver solo la adversidad por delante. Los mercados emergentes no solo pueden recuperar sus ganancias económicas ganadas con tanto esfuerzo, sino que también pueden hacerlo mejor que antes de la pandemia. Evidentemente, un primer paso depende de producir y distribuir vacunas para acabar con esta pandemia. Más allá de la recuperación inmediata, las economías de mercados emergentes pueden alcanzar su potencial de crecimiento a través de políticas y estrategias económicas bien calibradas que mejoren el acceso a la atención médica y la educación, apoyen y capaciten a los trabajadores desplazados y fortalezcan la inversión pública en proyectos ecológicos e infraestructura digital. El objetivo es construir economías más inclusivas que beneficien a todos , al tiempo que garantizan la estabilidad macroeconómica.
Como en un juego de ajedrez, cada movimiento de los líderes y políticos tiene consecuencias. Que sean los correctos.
El sociólogo y analista político chileno Ricardo Jiménez vive en Perú desde hace más de diez años. Acaba de participar en la elaboración del dossier Perú: un sueño postergado, publicado por la prestigiosa agencia de noticias ALAI, con sede en Ecuador, pero con amplia cobertura de los países andinos.
Entrevista de Sergio Ferrari
P: ¿Cómo visualiza el futuro de Perú en caso de que gane Pedro Castillo?
Ricardo Jiménez: Es difícil prever cómo gobernaría Castillo, porque es imposible predecir el futuro. Hace apenas unas semanas, casi nadie lo conocía y casi todos pensaban que no era un candidato significativo. Ahora, grupos de poder tradicional ya leen el futuro y auguran desastres en caso de que gane. Castillo y Perú Libre representan el hartazgo de la población y serían una respuesta a la crisis estructural actual. Perú debe optar entre salir de la crisis o caer en una de represión y corrupción acrecentadas. En mi opinión, esta segunda opción, solo podría imponerse con un fraude. En ese caso estallaría el país mucho antes de terminar el mandato de Keiko Fujimori.
P: La clase política tradicional peruana y algunos medios de información internacional presentan a Castillo como la expresión de una izquierda radical.
RJ: Buscan satanizar a Perú Libre. Esto es prejuicioso. Fabricado en gran parte por la derecha. Y por la ignorancia y los prejuicios de la clase media progresista limeña, que se ha hecho eco de esa caracterización. Perú Libre es una fuerza de izquierda nueva, recién creada en 2007. Sus dirigentes y cuadros promedian, en su totalidad, los 40 o 50 años y hay muchos líderes jóvenes. Una de las críticas contra Castillo va en la dirección de decir que éste no contaría con un equipo de gobierno jerarquizado. Pero el problema del Perú, su crisis terminal, no es técnica sino política. Este debate sobre el tecnicismo de la gestión corresponde a un viejo discurso neoliberal de hace 30 años, ahora gastado. En la actualidad se trata de voluntad política para el cambio. Empezando por la Asamblea Constituyente y una nueva constitución; los aumentos significativos e impostergables de recursos para los actuales presupuestos públicos de salud y educación. La segunda reforma agraria y la diversificación productiva, entre otros temas principales.
P: ¿Cómo definiría conceptualmente a Perú Libre?
RJ: Se trata de una izquierda popular, auténticamente autónoma, sin complejos y que no busca ni acepta chantajes de la derecha. Una propuesta política que, sin pedir permiso a nadie, sin “big data” y estrategias de “twitter”, viene desde Los Andes profundos. Integra a sectores siempre despreciados por el racismo y el clasismo: el movimiento rondero (organización comunitaria y participativa) campesino y urbano, que es el movimiento social más importante del país y que forma parte de Alba Movimientos, esfuerzo de integración social latinoamericana. También incorpora a sectores sindicales de profesores, que han sido los más combativos y críticos contra el abandono neoliberal de la educación en los últimos años, y que tienen la capacidad de disputar electoralmente los cerros pobres de Lima. Prensa Ecuménica (PE)
Dos fantasmas recorren Perú
La distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori parece haberse reducido. El miedo de las elites ante un posible gobierno del «Profe Castillo», como lo llaman sus partidarios, se expresa en las diatribas contra el «comunismo» y en unos medios de comunicación que han decidido romper las tenues fronteras que los separaban de la propaganda política. Pero el fantasma del comunismo convive con el fantasma, más real, del fujimorismo.
El domingo 30 de mayo se hicieron públicas las tres últimas encuestas de opinión que podrán ser publicadas en Perú antes de las elecciones del 6 de junio. Todas ellas, puntos más, puntos menos, coinciden en que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, sigue adelante y en que la distancia frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se ha reducido en esta última semana. Quizás la única discrepancia entre las mediciones sea respecto del momento en que se habría producido el empate estadístico. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) daba la semana pasada diez puntos de diferencia entre ambas candidaturas; hoy ese margen se ha reducido a dos puntos. El resto de las encuestadoras ya situaban en situación de empate técnico a ambas candidaturas hace varias semanas.
Sin embargo, los porcentajes no dan cuenta de la magnitud de lo sucedido en Perú en las últimas ocho semanas. Los resultados de la primera vuelta han colocado en la segunda a dos candidatos que despiertan los dos «antis» más importantes del país: hay que recordar que Castillo y Fujimori pasaron a la segunda vuelta el 11 de abril pasado con 18,92% y 13,4% respectivamente. Hoy, el antifujimorismo y el antiizquierdismo tiñen la contienda electoral a lo largo y ancho del país. Con estas identidades políticas en pugna, la campaña no ha hecho más que aumentar sus niveles de polarización en un contexto social empobrecido.
El miedo de las elites ante la supuesta amenaza que encarnaría Castillo, un maestro rural que se hizo conocido en el país por el movimiento huelguístico de 2017 y que desviaría al país del camino democrático y del respeto a la propiedad privada, las hizo meterse de manera directa en la espiral de polarización política que vive el país. Así, los principales medios de comunicación y líderes empresariales se han plegado con poco decoro a la campaña de Fujimori en contra de la amenaza comunista.
En este marco, las iniciativas se han multiplicado, desde una serie de pasacalles a favor de la «democracia» y contra el «comunismo» hasta una masiva caravanas de autos de sectores poco afectos a movilizarse que acabó en la zona central de Lima y logró congregar a unas 5.000 personas. Iniciativas más descentralizadas fueron piquetes barriales y pegatinas de afiches en autos y bicicletas. Y, ya rayando en el delito, hay presiones patronales sobre los trabajadores para que voten por Fujimori. Estas presiones van desde explicar en qué consiste el modelo chavista/comunista hasta directamente afirmar que la victoria de Castillo obligará al despido y eventualmente el cierre de operaciones, en una profecía autocumplida.
Los medios han decidido romper las tenues fronteras que los separaban de la propaganda política. En una reciente encuesta del IEP, 59% de los encuestados señaló que los medios ofrecían una cobertura electoral parcializada. De ese grupo, 79% pensaba que la cobertura estaba sesgada a favor de la candidatura de Keiko Fujimori. Un ejemplo es la cobertura del Grupo El Comercio, que ha puesto sus diferentes medios gráficos y audiovisuales al servicio de la campaña negativa contra Castillo.
Desde la vereda de enfrente, el antifujimorismo se ha vuelto a activar durante estas elecciones. No obstante, este movimiento clave para inclinar la balanza en los últimos dos procesos electorales (en los que también se postuló Keiko Fujimori) no demuestra hoy el mismo músculo.
La primera razón hay que buscarla en los efectos que causó el naufragio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y especialmente en el irregular indulto «humanitario» que el mandatario le otorgó durante su gobierno a Alberto Fujimori, condenado por violaciones de derechos humanos (la medida fue posteriormente anulada). La «traición» de Kuczynski al antifujimorismo no solo quebró el vínculo entre ambos, sino que puso sobre la mesa la debilidad del clivaje fujimorismo/antifujimorismo como frontera política. En un contexto de desaceleración, el acuerdo respecto al proyecto económico terminó uniendo a una parte del fujimorismo con el gobierno de Kuczynski. En segundo lugar, la distancia ideológica y social entre Castillo y el antifujimorismo en su conjunto es mayor que la que existió antes respecto a otras opciones por las que se inclinó en el pasado este bloque sociopolítico. En esta elección, este «bloque» ha sufrido defecciones: un sector ha visto en Castillo una amenaza autoritaria y ha decidido plegarse a la alternativa fujimorista o ha migrado al voto nulo. Por último, el propio Castillo no se identifica claramente con esa frontera política. Su eslogan «No más pobres en un país rico» y sus discursos públicos enfatizan una ubicación distinta, situada en un eje distributivo e identitario (andinos/provincianos versus criollos/capitalinos).
Dicho esto, el principal escollo que enfrenta la candidatura de Keiko Fujimori es la propia candidata. Han sido permanentes sus intentos de acercarse al electorado a través de repetidos mea culpa respecto a su comportamiento político pasado, en especial, durante el periodo parlamentario 2016-2019, por ejemplo, la arbitraria censura que sufrió el entonces ministro de Educación Jaime Saavedra a inicios del gobierno de Kuczynski. Sin embargo, estos pedidos de disculpa han caído hasta ahora en saco roto.
Frente a la reconciliación con su hermano Kenji escenificada en un acto público, a su episodio de iluminación religiosa durante su paso por la prisión debido a supuestos vínculos con el caso Odebrecht, o a su pedido de disculpas por las injustas censuras a antiguos ministros del gobierno de Kuczynski desde el bloque de Fuerza Popular en el Congreso, la respuesta ha sido la misma: la mayor parte de los encuestados no cree en ninguno de esos actos de contrición pública.
En contrapartida, esos mismos sondeos indican que los encuestados consideran, por escaso margen, que el plan de Keiko Fujimori es mejor en varios puntos que el de Castillo. De esto se puede deducir que el problema fundamental de Fujimori es de credibilidad. Consciente de ese problema, la candidata ha buscado durante la campaña resolver esta debilidad acercándose a figuras como Mario Vargas Llosa -quien siempre fue un referente del antifujimorismo desde el liberalismo- y firmando una serie de compromisos públicos en favor de la democracia.
Del lado del «Profe Castillo», como lo llaman sus partidarios, el principal problema es el desorden de la campaña. Es obvio que tanto para el candidato como para el partido Perú Libre la segunda vuelta ha sido una enorme sorpresa. Ni el candidato ni su equipo de campaña estaban preparados para enfrentar un balotaje. Pese a su carisma, Castillo carece de un equipo que dé solidez a su candidatura: si bien mejoró en algunos aspectos desde la sorpresa del 10 de abril, lo que se aprecia es una campaña llena de marchas y contramarchas.
Por otro lado, y como es muy común en la política partidaria peruana, Castillo no es militante orgánico del partido por el que se postula. De hecho, según algunas versiones, la de Perú Libre no fue la primera puerta que tocó entre las diversas fuerzas de la izquierda. Este partido, encabezado por el ex-gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, tiene dificultades de coordinación con el candidato presidencial, las cuales han desembocado en sucesivas tensiones entre las estructuras partidarias, los equipos que se han organizado en torno del candidato y las fuerzas políticas que se han sumado a la candidatura de Castillo, como Juntos por el Perú, liderado por Verónika Mendoza. Estas tensiones y descoordinaciones, sumadas a los errores de un candidato sin experiencia en una contienda presidencial, han producido una serie de errores que han mellado su capacidad de convencer a una parte del electorado. Uno de los ataques más frecuentes contra la candidatura de Castillo ha consistido en contraponer sus dichos al plan del gobierno presentado ante la autoridad electoral. Este último documento, en realidad el ideario de Perú Libre preparado por Cerrón, reine al partido con la etiqueta «marxista-leninista».
Si bien es imposible decir hoy quién resultará victorioso el próximo domingo 6 de junio, una certeza que se abre en el escenario peruano es que la crisis que vive el país continuará, pero ciertamente bajo ropajes distintos. En el caso de que sea Castillo el vencedor, probablemente consiga una primera mayoría parlamentaria capaz de bloquear cualquier pedido de vacancia presidencial que busque sacarlo del poder. Sin embargo, desde el día uno tendrá la activa oposición, no solo del fujimorismo y sus aliados políticos, sino también de los medios de comunicación y los gremios empresariales.
Castillo debería hacer frente también a una compleja situación sanitaria y a un país donde la pobreza ha retrocedido a niveles de hace una década, todo esto en el marco de una fuerte corrida cambiaria y una intensa salida de capitales. A la necesaria reactivación económica se le sumará la crisis política que producirá la potencial convocatoria de una Asamblea Constituyente que dote a Perú de una nueva Carta Magna, lo que ha sido uno de los principales ejes de su campaña.
La ruta para tal convocatoria es todo menos clara. Es posible que Castillo busque convocar un referéndum directamente, lo que podría ser bloqueado por el Tribunal Constitucional. Pero también podría intentar una ruta más larga, y reformar primero la actual Constitución para incluir el mecanismo de Asamblea Constituyente. Pero esto último requiere de una votación calificada en el Congreso, seguida de un referéndum popular.
La tentativa de convocar una Asamblea Constituyente podría terminar por elevar el voltaje político, y ahí el desenlace del posible gobierno de Castillo es abierto. Si no logra convocarla porque no consigue los 66 votos del Congreso, podría forzar alguna figura más difusa,lo que lo expone a intentos de vacancia e incluso de salidas extraconstitucionales. La otra gran posibilidad es que Castillo decida seguir la ruta de Ollanta Humala y pactar un gobierno con el establishment para que continúe el «modelo peruano» en piloto automático. Pero si esa ruta mostraba ya serias limitaciones hace unos años, hoy directamente atentaría contra la estabilidad de su gobierno y probablemente produciría una fractura en su bloque parlamentario, lo que dejaría a Castillo a merced de la mayoría opositora en el Parlamento.
En el caso de Keiko Fujimori, su potencial victoria también entraña una serie de escollos, y el principal de ellos es un agotamiento del modelo de relación entre Estado, mercado y sociedad. Ello se ha verificado ya en las protestas callejeras de 2020 y en las sucesivas crisis políticas. La potencial relación con la «calle» de Keiko Fujimori puede ser especialmente conflictiva en un momento de agudización de la pobreza, con una izquierda fortalecida y una sociedad civil que no le es particularmente favorable (con menos de 15% de los votos en la primera vuelta, la mayoría de los votos de la candidata serían «prestados», como un supuesto mal menor frente al «peligro comunista»).
Se debe recordar además que Fujimori y una parte de la plana mayor del fujimorismo enfrentan una serie de investigaciones judiciales que precisamente en estos meses debería entrar a una etapa de juicio oral. La fiscalía ha solicitado para la candidata una pena de 30 años de cárcel por delitos vinculados al supuesto lavado de activos.
Recordemos que, como afirma Aníbal Pérez-Liñán, cuando se juntan bajos niveles de aprobación, casos de corrupción que explotan en la opinión pública y una difusión significativa por parte de los medios de comunicación, se abre la puerta del juicio político. En este escenario, la ausencia de una mayoría propia en el Parlamento podría pavimentar el camino a una vacancia presidencial que abra un nuevo capítulo en la crisis que vive el país.
Los pobres resultados del conjunto de candidaturas, incluidas las dos que han pasado al balotaje, no han permitido construir una mayoría política. El punto de partida de cualquiera de las dos presidencias será de debilidad. Sin la fuerza política necesaria para cerrar la crisis tras las elecciones, el fin de esta deberá intentarse desde el poder.
El fujimorismo podría buscar reconstruir su hegemonía política desde el gobierno, estabilizando su relación con los sectores populares mediante una batería de programas sociales, y con los sectores altos mediante la desregulación de los mercados y la apertura de espacios de generación de rentas extraordinarias, rehabilitando la coalición que le permitió gobernar al primer fujimorismo: un pacto con los de arriba y los de abajo.
Más allá del festival de programas sociales ofrecido por Fujimori, la impresión que queda es que no apostará por un Estado que gane mayores niveles de autonomía y capacidad. Curiosamente, la coyuntura crítica podría cerrarse manteniendo el statu quo que hoy dicta el funcionamiento del país. Con el fujimorismo reordenando el tablero partidario y un Estado igual al actual, solo que con mayores programas sociales. En mi opinión, esa ruta no es sostenible en el largo plazo, pero como dijo el buen Keynes, en el largo plazo ya estamos todos muertos.
Desde la vereda opuesta, la victoria de Castillo ofrece un resultado incierto. Por delante tiene el reto de reordenar el sistema político en torno de un amplio bloque de izquierda. Además, debe forjar una coalición sociopolítica que le permita gobernar y que eventualmente pueda ser movilizada en caso de amenaza. Este agrupamiento contará ciertamente con los sectores campesinos y las capas medias provinciales (especialmente de las zonas andinas), pero deberá atraer a los sectores pobres urbanos y a una porción de las clase medias bajas de la ciudad capital. Todo esto, en un marco de mucha agresividad desde arriba.
Si logra la rearticulación del orden político en torno de sí y de un bloque de izquierda, queda por ver qué hará con la otra parte de la ecuación. Si la redefinición de la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad se queda únicamente en un nuevo «pacto constitucional», la nueva trayectoria se topará rápidamente con sus propios límites.
Si Castillo entiende el Estado únicamente como una herramienta que ahora se pone al servicio del pueblo, cuando antes estuvo al servicio de los poderosos, probablemente fracasará. Si no aprovecha el tiempo en el poder para darle al Estado mayores niveles de autonomía y capacidad burocrática, quizás repitamos la historia de la región: Estados que deben hacer muchas tareas para las cuales no poseen las herramientas necesarias.
Históricamente, Perú ha sido un país donde las elites sociales han sido muy resistentes al cambio. De hecho, desde principios del siglo XX, la estrategia dominante de estos sectores fue la dominación a través del Estado, algunas veces mediante liderazgos personalistas civiles, otras mediante dictaduras militares. El cambio fue solo posible con el uso de la fuerza, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.
En el último ciclo democrático, si bien estas elites no lograron impedir la victoria de Humala en 2011, sí consiguieron evitar que llevara adelante cambios significativos. Pese a compartir varias de las condiciones que gatillaron el giro a la izquierda en otros países, en ese periodo Perú se mantuvo al margen. En 2011, Humala había logrado construir una coalición social significativa y colocar detrás de sí un frente político capaz no solo de enfrentar una campaña profundamente desigual, sino de ocupar los principales puestos del Estado una vez que triunfó. Era la oportunidad del cambio ordenado. Pero no se supo o quiso aprovechar.
Si el 6 de junio Castillo triunfa, habrá una diferencia fundamental respecto de la oportunidad anterior: el cambio será a trompicones, caótico y azaroso. Pese al desorden, se abriría la posibilidad de un hecho trascendental ad portas del Bicentenario: que sea un grupo social postergado el que tome las riendas del país. Los hijos del largo proceso de modernización social, y específicamente el remezón social que supuso la reforma agraria, habrán llegado al poder. Queda por ver si podrán, al igual que en Bolivia, producir una transformación duradera y significativa de este país.
Perú Dos proyectos antípodas
Casi dos meses después de una primera vuelta electoral que destrozó todas las encuestas y produjo un primer terremoto entre la clase política tradicional, el 6 de junio se definirá el nuevo gobierno del país sudamericano para sus próximos 5 años.
El maestro rural y dirigente sindical Pedro Castillo, de 51 años, candidato sorpresa, inesperado ganador del primer turno con casi 19 % de los votos, se enfrenta a Keiko Fujimori, de 46 años, quien en abril atrajo el 13 % del electorado. Keiko es hija del antiguo presidente Alberto Fujimori, detenido desde 2009 y con una condena de 25 años por graves violaciones de derechos humanos y corrupción. Fujimori padre es uno de los seis ex presidentes del país que gobernaron en los últimos 30 años que son investigados o han sido condenados por graves delitos cometidos durante sus mandatos.
En el Congreso Nacional, Perú Libre, el partido de Castillo, (http://perulibre.pe/wp-content/uploads/2020/03/ideario-peru-libre.pdf ) obtuvo en la primera vuelta una cómoda diferencia de 13 bancas (37 a 24) sobre Fuerza Popular de Fujimori. Sin embargo, la presencia de otros ocho partidos con quienes se distribuyen las 130 bancas, impide anticipar el comportamiento de la cámara legislativa.
A través del duelo de Castillo contra Fujimori se confrontan dos visiones antagónicas de la política, la economía, las relaciones internacionales y la participación social en la democracia.
Propuestas irreconciliables
Se trata de dos modelos muy diferentes, casi antagónicos, de ver el país, argumenta Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), organización campesina que forma parte de la Coordinadora Latinoamericana (CLOC) – Vía Campesina.
“Castillo representa a los campesinos e indígenas del interior del país y promete la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1993 promulgada por Alberto Fujimori”, explica. Además, reivindica la necesidad de una reforma agraria, defiende el desarrollo de la producción autóctona en el campo y rechaza someter la economía nacional a los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Perú ha venido firmando en las últimas décadas. Están vigentes en la actualidad en el país sudamericano, entre otros, los TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y la Alianza del Pacífico, así como con Chile, Canadá, Singapur y China.
El candidato de Perú Libre, explica Huáscar, quiere controlar las importaciones. Los TLC nos vuelven simples consumidores de lo que llega del exterior. Castillo propone recuperar la actividad agrícola e incorporar valor agregado a los productos peruanos, lo que beneficiaría a agricultores y pueblos indígenas. Perú, con 1.285.000 kilómetros cuadrados y 32 millones de habitantes, constituye la quinta economía continental.
Pedro Castillo representa el Perú olvidado y marginado: sigue siendo maestro rural en su comunidad originaria andina de Cajamarca, a más de 800 kilómetros al norte de Lima. “Conoce las necesidades y padecimientos de la gente pobre del interior”, continúa Antolín Huáscar. Y con su lenguaje simple y directo reivindica al pueblo empobrecido como un actor principal de su gobierno, en caso de ganar, enfatiza Huáscar.
Todo esto irrita a la derecha, preocupa a las multinacionales que dominan la economía del país y desespera a los partidos tradicionales, que ven que un dirigente sindical, del campo, con gran capacidad de movilizar a la gente –como sucedió en las manifestaciones docentes del 2017– puede llegar a ser el nuevo presidente. La derecha no acepta, ni admite esa posibilidad. Y se resiste a la propuesta de integración latinoamericana progresista que promueve Castillo en el plano internacional, totalmente opuesta a la visión de Keiko Fujimori. Para Huáscar, en caso de ganar la candidata de la derecha se dará la continuidad de un proyecto económico que carece de todo acento nacional. “Representa a las multinacionales y acepta la dependencia de las imposiciones externas. Lo que ha llevado al país a una profunda segregación social, a una crisis institucional permanente y a la total falta de credibilidad de la clase política”.
La candidata de Fuerza Popular es acusada en tribunales peruanos por graves delitos de corrupción con el fin de financiar sus campañas presidenciales anteriores. En marzo de este año, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien lleva la causa, solicitó una condena contra Keiko Fujimori de 30 años de prisión por organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción de la justicia. Las acusaciones formales también se extienden a su marido, Mark Vito, y a varios de sus colaboradores más cercanos. Además, el fiscal anunció que Fuerza Popular debería ser disuelta y liquidada en caso de que su dirigente fuese condenada por estos delitos.
Keiko Fujimori forma parte desde los años 90 de esa clase política hoy cuestionada. Fue Primera Dama durante el gobierno de su padre (1990-2000) y tres veces candidata presidencial: en 2011, en 2016, y en los comicios actuales.
Preocupación
“En
los más de 40 años que estoy en Perú he vivido diez elecciones.
Ésta es la que me produce más tristeza ya que no veo opciones
claras y portadoras de real esperanza”, afirma el sacerdote suizo
Xavier Arbex, radicado desde años en Puerto Maldonado, en la
Amazonia peruana.
Según el religioso, se enfrentan “una candidata condenada por delitos muy importantes y, por otra parte, un outsider que si llega al gobierno va a sufrir fuertes presiones de los dirigentes de su propio partido, de izquierda radical. Es difícil que logre tener autonomía real para gobernar”.
Keiko, quien cuenta con el sostén del poder tradicional, prometió que si gana va a indultar de inmediato a su padre. A pesar de que ella, al igual que Castillo, aceptó la Proclama Ciudadana: Juramento por la Democracia, elaborada por la Iglesia Católica, la Unión de Iglesias Evangélicas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Civil Transparencia. Este documento plantea, entre otros puntos, el respeto de los derechos humanos y el compromiso de que el ganador o ganadora va a dejar el poder después del 28 de julio de 2026.
Perú se confronta con un verdadero callejón sin salida, de perspectiva incierta a nivel político y social. Lo que produce decepción, tristeza e incertidumbre, concluye Xavier Arbex.
Sergio Ferrari en Prensa Ecuménica (PE)
Raúl Zibechi, Periodista e investigador uruguayo, actualmente Reside en México, escribe:
En los cuatro primeros meses de 2021 las exportaciones subieron un 44% y las importaciones, un 31,9%, mientras «el superávit comercial alcanzó de esta manera los 157.900 millones de dólares». Las exportaciones chinas a EEUU crecieron un 60% y a Rusia casi un 20%, enseñando un dinamismo extraordinario.
De la mano de esa notable recuperación de su economía, China también está ganando la guerra de las vacunas, ya que ha sido capaz de exportar nada menos que 700 millones de dosis a todo el mundo, mientras EEUU apenas ha vendido 3 millones de vacunas fuera de fronteras, según un documentado reportaje de Asia Times
Meses atrás el presidente Xi Jingping declaró que las vacunas son un «bien público mundial» y está actuando en consecuencia. Por el contrario, según el periodista David Hutt, «EEUU está acusado de acumular vacunas a medida que nuevos brotes devastan gran parte del mundo en desarrollo».
Los estudios muestran que hasta dos tercios de las vacunas administradas por farmacéuticas occidentales lo fueron en EEUU y el Reino Unido, China ha proporcionado más de 700 millones de vacunas a más de 90 países ya sea a través de ventas o donaciones. + (PE/Gracus)
Reflexionar las relaciones entre la política, la democracia y las relaciones económicas, son parte necesaria de pensar una realidad pos pandemia que no pierda la oportunidad de superar dificultades que ya estaban expuestas antes del fenómeno global producido por el covid19
Como expresan CARLOS SOJO y JUAN PABLO PÉREZ SÁINZ en “Desarrollo Social en América Latina : temas y desafíos para las políticas públicas”
FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Costa Rica (2002)
“Fue la ‘invención de lo social’ lo que domesticó al mercado y humanizó al capitalismo”. Esta frase feliz de Castel (1997: 442) muestra de manera clarividente la importancia de lo social. Domesticar remite al control del mercado autorregulado, “...ese molino satánico” para Polanyi (1992: 82); mientras humanizar sugiere que la reproducción material y simbólica de la sociedad sigue, histórica-mente, siendo posible. Esta relevancia de lo social se ve potenciada en el momento actual ya que, como sugiere Filgueira (1999)1, se puede establecer cierto paralelismo histórico entre los impactos desintegradores de la expansión del mercado sobre las comunidades campesinas precapitalistas y el actual proceso de globalización y sus efectos sobre el Estado-Nación y sus funciones de protección social. Es decir, los logros históricos de lo social, en términos de domesticar al mercado y humanizar al capitalismo, están en entredicho. En este sentido, el gran reto societal de nuestro tiempo es lograr que lo social no se desvanezca, sino que sea “ reinventado” para que siga jugando sus funciones civilizatorias.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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