Entre lecturas y reflexiones en domingo.

Entre las lecturas que dieron comienzo a este domingo de fines de diciembre me encontré con el siguiente artículo: La subversiva vocación de contar.

El oficio del cronista en Ecuador goza de un renovado prestigio que habría sido difícil de imaginar apenas una década atrás.

La Cronista Ecuatoriana Gabriela Ruiz Agila, escribe: “El oficio de cronista goza actualmente de un renovado prestigio que habría sido difícil de imaginar apenas una década atrás.

En 2008, la Constitución del Ecuador se reformó en un proceso democratizador para garantizar derechos individuales, colectivos y de la naturaleza. A diez años de su aplicación, varias organizaciones de defensa de derechos humanos emprendieron la evaluación de las garantías y los casos reportados por la sociedad civil como graves violaciones a la vida. ¿Contribuye la crónica con enfoque de derechos al registro, memoria y denuncia de delitos? A diez años de la promulgación de la que se precia de ser la Constitución más garantista del continente, varias organizaciones de defensa de derechos humanos emprendieron la evaluación del cumplimiento de esas garantías frente a los casos reportados por la sociedad civil como graves violaciones a la vida. La cobertura de narcotráfico, trata y tráfico de personas, así como delitos ambientales continúa haciendo del periodismo un oficio altamente riesgoso. 2017 registró 12 periodistas asesinados y 507 agresiones según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); mientras que el informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) reconoce a 81 periodistas asesinados, entre ellos a ocho mujeres. El periodismo evidencia la trama de corrupción de redes criminales en la que, con frecuencia, el principal agresor es el mismo Estado llamado a garantizar esos derechos.”

Mas allá de las particularidades y especificidades de la realidad Ecuatoriana, es un común en América Latina que con mayor o menor grado de participación ciudadana o de logros legales y prácticos reales, el tema del acceso a la información y la comunicación publica y el debate en torno al rol y los limites de las corporaciones de medios, ha sido una constante en la gran mayoría de los Estados, en especial en aquellos que iniciaron procesos de reivindicaciones populares y políticas económicas heterodoxas que devolvieron condiciones de vida digna a muchos sectores excluidos de sus sociedades y que se vieron envueltos en las prácticas de Lawfare por parte del Capitalismo transnacional financiarizado y sus defensores en cada Estado Nación.

“ un punto de vista particular. El carácter universal de la crónica tiene que ver con su capacidad de responder a un interés común.Ahora bien, tomando en cuenta que la escritura de una crónica demanda el despliegue de una gran cantidad de recursos (tiempo, formación, pericia, remuneración), es difícil que los medios tradicionales destinen reporteros o espacios regulares a la publicación de crónicas, mucho menos cuan-do los temas implican riesgos. En consecuencia, los periodistas elegimos escribir crónicas por cuenta propia. Esa misma Constitución garantista de 2008 pasa por alto la necesidad de garantizar el cumplimiento de derechos colectivos mediante el impulso de condiciones adecuadas para ejercer el oficio.Algunos ejemplos muestran que, más que consigna, la crónica es producto de una vocación y de la voluntad individual. La crónica y su tema son elección del ojo que mira. Se pueden leer los relatos de los naufragios de barcos cargados de migrantes en 2005, frente a las costas de Manabí, por Diana Zavala, o la recuperación de las «Memorias del 16-A», por Yuliana Marcillo, tras el terremoto que sacudió a la costa ecuatoriana, en abril de 2016.” 

La realidad no se cuenta sola, pero los narradores, profesionales o no, no pueden prescindir de sus propias ideas y subjetividades a la hora de contar. Es por esto que resulta imprescindible la diversidad de voces y una ciudadanía preparada para identificar lo cierto de la opinión y la valoración particular del narrador.

Esta costumbre que llevo durante casi un año de compartir lecturas y reflexiones en torno a la realidad de Argentina, de América Latina y del mundo globalizado en una crisis sanitaria sin precedentes en su historia, no esta exenta de esas subjetividades pero no por ello pierde esa subversiva vocación de contar.

Seguimos con otros narradores ...

Río revuelto

El acto por el primer aniversario del gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires trajo consigo una nueva cepa de las críticas de Cristina, en este caso oral. La evocación a los funcionarios y legisladores con miedo y la propuesta de actualizar el LinkedIn es conocida. Menos comentada fue su evocación a los motivos del triunfo. La VP sugirió que la unidad había sido importante, pero que la memoria colectiva de la sociedad sobre los gobiernos kirchneristas había sido un factor determinante. Es probable, pero no seguro: si eso fuera indiscutible, Daniel Scioli hubiese ganado las elecciones en el 2015. La memoria sobre el bienestar durante los gobiernos K, ayudó. La unidad también. Pero el involuntario kingmaker fue Macri. Y su gestión.

El Presidente utilizó su momento para coincidir explícitamente con su vice y disentir implícitamente. “Corrupción fue dejar vencer miles de vacunas en los galpones de la aduana. Eso era corrupción y no lo escuché al presidente del radicalismo hablar de eso”, dijo Fernández -visiblemente enojado- en referencia al escándalo que salió a la luz en los primeros días del gobierno del Frente de Todos. Y luego, remató: “Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente. Venga todas las veces que usted quiera”. La mención a los hechos de corrupción estaba dirigida a Cornejo, pero tenía como destinataria también a Cristina. El Presidente está convencido que CFK es víctima de lawfare, pero no así otros ex funcionarios procesados, condenados o detenidos. “Nosotros no le robamos a la gente” es un cover del “volvimos mejores”, pero cuyo depositario es el Frente de Todos además de la sociedad.

Juntos por el Cambio, por su parte, está con los ojos puestos en las elecciones de medio término. Las declaraciones de Emilio Monzó sobre Elisa Carrió generaron una volcánica respuesta de la líder de la Coalición Cívica: acusó a Emilio de haber jugado en contra de la elección de María Eugenia Vidal en 2015 y de entregarla en 2019. Luego, manifestó su voluntad de ser candidata en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de obstaculizar los intentos del ex presidente de la Cámara de Diputados. Carrió, como anticipó #OffTheRecord, tiene esta idea en la cabeza hace tiempo, más por las ganas de colonizar las listas con nombres propios que por incentivos personalísimos. Sin embargo, hay otro jugador que quiere anotarse en la pelea 2023 por el territorio bonaerense y es Diego Santilli. El vicejefe de gobierno porteño teme que Horacio Rodríguez Larreta le pida ser candidato en las elecciones del año que viene. A Larreta eso le resolvería varios problemas. No crea un potencial candidato a sucederlo en el '23 porque evita el nacimiento de una nueva figura -el Colo está impedido por la constitución porteña- y condensa todo lo que el PRO en CABA considera exitoso en la gestión. En el entorno del jefe de Gobierno creen que el oficialismo local podría orillar los 55 puntos. Ese resultado con Patricia Bullrich encabezando la lista es un cable de dos mil voltios para Horacio. Por ese motivo, la candidatura de Santilli le garantiza el apoyo de Martín Lousteau. La tranquilidad sobre la sucesión es importante para Larreta, pero más para el rizado economista. Algunos dicen que hay un preacuerdo con Enrique Nosiglia: el Coti apoya a Larreta para Presidente a cambio de la jefatura de Gobierno para el senador de swing perpetuo. Rumores que ya llegaron a los oídos de Macri.

La apuesta de la oposición en contra de la Sputnik V tiene un juego a dos bandas. El más evidente, geopolítico. “La vacuna rusa tiene varios problemas, entre ellos que viene de un país con un régimen autoritario y con poca transparencia”, dijo Martín Lousteau, con una escasa dosis de elegancia: China es el país que encabeza el número de patentes científicas a nivel global. El otro, menos detectable, pero más de tributación más inmediata es el económico. El presupuesto que presentó Martín Guzmán es sin pandemia. Es decir: en la ley de leyes no está contemplada la posibilidad de tener que volver a cerrar actividades u otra erogación excepcional del Estado como el IFE o el ATP. Esto implica que, en caso de confirmarse la suba de contagios, el Gobierno podría enfrentar un problema muy importante: la cuarentena traería retracción económica y precisaría dejar de lado el sendero fiscal del que habla el ministro. Sin esos resultados para mostrar, el acuerdo con el FMI podría enfriarse y eso poner más presión cambiaria en medio de un año electoral.

Guzmán tiene otro problema más importante que la pandemia. En una reunión privada, Cristina le transmitió la imposibilidad de subir tarifas al ritmo que propone el ministro en un año electoral. Esto implicaría una diferencia de entre 0,5% y 1% de lo presupuestado en materia de subsidios sobre el PBI. Esto ya ocurrió durante el último gobierno de CFK y el atraso tarifario derivó en mayor importación de combustibles y por lo tanto menos reservas en el Banco Central con la consecuente presión cambiaria de la que hablamos un párrafo más arriba. El argumento de Cristina es conocido y fue mencionado hace algunos meses en este correo: aumentar tarifas de los servicios públicos en un año electoral es nitroglicerina. En este caso, la alternativa también. Y es válido hacerse una pregunta: ¿Macri obtuvo el 41% de los votos después de cuatro años de ajuste salarial y subas en las facturas de hasta tres mil por ciento y el peronismo no puede imponerse en una elección de medio término con una suba promedio de 17,5% anual?

El peronismo en la provincia de Buenos Aires, por su parte, atravesó una semana tormentosa. Para entender el mensaje que le envió Máximo Kirchner a Juanchi Zabaleta, Gustavo Menéndez y Fernando Gray luego del acto en Lomas hay que hacer un poco de historia. Hace dos meses, en el mismo distrito, hubo un almuerzo en el que participaron Alberto Fernández, Axel Kicillof, Eduardo "Wado" de Pedro, Gabriel Katopodis y varios intendentes. Algunos de esos jefes comunales -el anfitrión Martín Insaurralde, Federico Achaval, Alejandro Granados- y el propio Katopodis, con el aval del Presidente, le propusieron a De Pedro que Kirchner encabece el PJ de la provincia de Buenos Aires: “Alberto va a ser presidente del PJ nacional, sería un buen complemento que Máximo acepte”. De Pedro le trasladó la idea al jefe de bloque que supeditó su respuesta a la reacción de los intendentes. “Acepto si el 100% está de acuerdo”, le dijo a Wado.

El ministro del Interior inició la ronda de llamados que encontró su único pero enfático rechazo en Gray, quien se divide la titularidad del partido con Menéndez y debería haberle tocado asumir a comienzos de diciembre. De Pedro le trasladó la negativa a Máximo que dio por concluido el tema: “No voy a ir a un lugar que no pedí ni disputé para comprarme un quilombo”. Tarde. El Presidente ya estaba convencido que era una fortísima señal de unidad del Frente de Todos y se encargó personalmente de hacérselo saber a varios jefes comunales.

Así llegó el post acto del 23 luego de la inauguración del hospital penitenciario. “Cuando me lo vinieron a proponer dije que si servía al conjunto estaba bien, pero si era por consenso, ni siquiera si era 90-10”, recordó Kirchner. “A los lugares que voy me gusta llegar por los votos si no es por consenso”, amplió ante los intendentes. Esto podría interpretarse como una declaración de principios o como un anticipo de lo que podría ocurrir en algunos municipios en 2023. O ambas. “Cuando Alberto me pidió que Katopodis y Juan Horacio Zabaleta no tuvieran boleta larga en el distrito nosotros accedimos para demostrar que estaba terminado el problema de Cumplir”, recordó Kirchner en relación a la conformación del espacio que acompañó a Florencio Randazzo en el 2017 con el sello del PJ.

El fastidio de Kirchner tiene un eje central que es, interpreta, una falta de comprensión del momento del Frente de Todos y la historia reciente por parte de Los Tres Mosqueteros, como llamó el colega Nicolás Wiñazky a Gray, Zabaleta y Menéndez, una remake edulcorada del grupo que conformaron Alberto Balestrini, Julio Alak y Juanjo Álvarez en resistencia al duhaldismo. Otro de los puntos que irritó al jefe del bloque oficialista fue lo que considera un exceso de operaciones en los medios de comunicación por parte de quienes lo resisten en la conducción. Una versión 2020 de los machos del off. “¿Era necesario mencionarlos con nombre y apellido?”, lo cuestionó el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi. “Yo hago política así”, fue la lacónica respuesta del diputado. Días después, Zabaleta y Menéndez se comunicaron con el ministro Wado de Pedro para deponer las armas. Si bien el jefe de bloque del oficialismo en la Cámara Baja repite a quien quiera escucharlo que quería evitar episodios como el ocurrido y da por cerrada la posibilidad de conducir el Partido, los negociadores bisagra confían en que patear la discusión a febrero o marzo redundará en que Alberto sea ungido como titular del PJ nacional y Máximo del bonaerense. Incluso se animan a dar certezas después de una reunión que tuvo lugar ayer entre algunos de los protagonistas.

Un año sin abrazos

Argentina demostró a comienzos de año un ensayo de su mejor versión: la unanimidad política en la renegociación de la deuda externa y el momento inicial de unidad y trabajo conjunto del Presidente y los gobernantes de CABA y PBA muestran algo de lo que se puede pensar de cara a un eventual acuerdo social y político que permita recuperar la estabilidad y con ella el crecimiento después de 10 años de estancamiento del PBI per cápita.

A nivel global, el consenso sobre conseguir recursos de dónde sea para enfrentar la emergencia llevó a implementar programas de soporte social extremadamente ambiciosos en países diversos: desarrollados como Estados Unidos, Alemania o Corea del Sur y emergentes como Chile y Brasil, abriendo, quizás, el camino a una política más centrada en las personas y su bienestar o al menos mostrando que eso es posible. La vuelta de las políticas industriales en los paquetes de recuperación en Europa y China donde invariablemente los estados asumen el protagonismo para impulsar una recuperación que sea compatible con seguir teniendo un planeta.

Sin embargo, la competencia por los recursos para combatir a nivel mundial la difusión de los contagios no pudo organizarse de un modo sensato y lo mismo está ocurriendo en estos momentos con las vacunas. El contexto de disputa hegemónica a escala global genera inestabilidad e inquietud en el gerenciamiento del capitalismo, lo que produjo muchísima confrontación ideológica y, en el caso particular del Covid, partidización de la discusión sobre las medidas sanitarias.

Así las cosas, hay motivos para ver el vaso medio lleno o el medio vacío. Elegí tu propia aventura.

Bonus track

Es un hecho que Sabino Vaca Narvaja ocupará el lugar de Luis María Kreckler como embajador en la República Popular China. Se materializará algo que ocurría de hecho. “Sabino es una máquina de arreglarme quilombos”, suele repetir Alberto Fernández en privado.

Ivan Schargrodsky https://www.cenital.com/


El régimen de desigualdades múltiples

Vivimos en un sistema de dominación cada vez más abstracto, impersonal, desterritorializado y descentralizado, en el que, tanto los movimientos sociales como los gobiernos locales, parecieran no poder oponerse a su lógica global y expansiva.

Con el fin de los Estados de bienestar y del capitalismo fordista de pleno empleo en el que se sustentaba, se dio paso a la financiarización de la economía en el marco de la globalización neoliberal. La lucha por recortar costos, reducir tiempos muertos, controlar a los trabajadores y eliminar competidores es la fuente del cambio tecnológico constante en el capitalismo. Allí se inscriben todas las innovaciones en los procesos productivos que caracterizan a la cuarta revolución industrial o industria 4.0, tal como se denominó en el Foro de Davos de 2016. Ello impacta en la organización social, en los nuevos entornos y tipos de trabajo, en las representaciones, en las solidaridades, y en las relaciones de dominación.

De aquel contexto histórico, en el que las clases sociales lograban una cierta cohesión en torno a objetivos comunes de la mano de la articulación del Estado, se reconfiguró un nuevo régimen de desigualdades múltiples que reemplaza al régimen de desigualdades de clase. Hay que destacar, como señala Thomas Piketty, que la reducción de la desigualdad en el marco de aquel capitalismo de bienestar de posguerra fue una excepción a la regla del capitalismo. Según analiza François Dubet en “La época de las pasiones tristes”, al decaer aquella sociedad industrial se pasa de la perspectiva de la desigualdad en torno a las posiciones sociales, a las desigualdades múltiples. Estas se multiplican y diversifican, y se experimentan como una prueba individual del valor propio. Las micro desigualdades se tornan así más significativas y aumenta la tendencia a evaluarse respecto de quienes están más cerca o próximos de uno mismo.

En el régimen de las clases sociales el sujeto se vinculaba a un destino, a un conjunto de instituciones, representaciones, modos de vida y significaciones comunes, que eran incluso motivo de orgullo para los individuos inmersos en un colectivo mayor, y otorgaban dignidad y capacidad de resistencia frente a las injusticias. En este sentido, dentro del paradigma industrial de las grandes plantas de manufactura con producción en línea fordista donde se juntaban grandes cantidades de trabajadores, se forjaba una identidad. En general las desigualdades se explicaban todas en torno a la posición en la estructura de clases. Por el contrario, en el régimen de las desigualdades múltiples, la experiencia individual está disociada de los grandes relatos que explican las causas, designan adversarios, y dan a su vez perspectiva y contención. 

En este marco emerge una economía moral de la indignación con el de al lado o el que está inmediatamente más abajo en la posición social. Se trata de un juego de comparaciones y diferenciación en una multiplicidad de criterios, que se acentúa con los más cercanos y en función de las cuales se sienten más o menos favorecidos. Algunos de esos criterios pueden ser, por ejemplo, el lugar de residencia, el empleo, los ingresos, los bienes que se poseen, el género, la edad y los ingresos. Así se explica el rechazo hacia los pobres, a los que reciben algún tipo de ayuda estatal, a las minorías sexuales y étnicas, a los jóvenes de barrios populares, o a los extranjeros, como formas de liberarse del sentimiento de ser despreciado. Se trata de un resentimiento que también esta motorizado por el miedo al desclasamiento, a perder el rango en las posiciones sociales que ya no se adquieren para siempre. Dicho miedo está fundado en la creencia en la meritocracia como criterio de justicia que es la principal creencia para aceptar las desigualdades como responsabilidad únicamente individual.

Pero a pesar de las promesas de la meritocracia, por más esfuerzo personal que se ponga en juego, no hay en la actualidad mecanismos de recompensa. No hay un horizonte de movilización social ascendente como sí existía la posibilidad en la sociedad industrial con un Estado de bienestar que proporcionaba una cierta planificación económica, consagraba derechos sociales, servicios públicos y transferencias. Los partidos, movimientos y sindicatos articulaban las luchas por el derecho a la salud, la educación, el descanso o las jubilaciones dignas. Con la individualización de las experiencias cada cual es militante de sí mismo, y las tensiones que emergen a veces no encuentran mecanismos de resolución.

La crisis de representación y la canalización del conflicto

La representación política que se constituyó en torno al régimen de clases donde los partidos de izquierda o nacional populares representaban a las clases trabajadoras, y los de derecha a los sectores burgueses, tiende a desaparecer con las transformaciones históricas mencionadas. Los partidos o sindicatos no escapan así a la crisis de las instituciones que afecta su capacidad de representación.

Asistimos a la multiplicación de las perspectivas de los yoes, de los relatos individuales, en los que todos pueden verse identificados, pero parece que cuesta pensar la realidad como colectivo, como sujeto inmerso en un todo mayor. Las frustraciones relativas se viven como injusticias individuales. Cabe plantearse cómo se pueden llegar a procesar políticamente una multiplicidad de individuos que se sienten humillados, despreciados y frustrados. Se producen estallidos espontáneos cotidianamente, sea en el espacio de excelencia de expresión emocional hoy en día, que es el virtual de las redes sociales, o en el encuentro físico en el espacio público.

Puede mencionarse como ejemplo lo que muestra la serie Mr. Robot en la que una pequeña vanguardia poseedora de un alto saber técnico, los denominados hacktivistas, es el sujeto motor contra las injusticias. Mediante su acción, concertada desde el anonimato en la clandestinidad, se desata una situación crítica de caos económico y anomia, en la que la sociedad estalla en una revuelta. Este estallido colectivo se asemeja a una liberación catártica que no es conducida por una organización política. De hecho algo similar puede advertirse en el aclamado film The Joker, donde se agrega la cuestión de las patologías de salud mental, un hecho social de esta época. Una especie de mixtura de frustraciones contenidas que estallan de golpe motorizadas por el acontecimiento, pero dirigidas hacia el vacío, sin ningún objeto. Dubet señala que "ya no hay nada entre el sentimiento de injusticia y las fuerzas políticas y sociales". En este vacío se expresan las iras y la desconfianza hacia la democracia. Se pregunta entonces "¿cómo dar una solución política al régimen de desigualdades múltiples?".

Vivimos en un sistema de dominación cada vez más abstracto, impersonal, desterritorializado y descentralizado, en el que, tanto los movimientos sociales como los gobiernos locales, parecieran no poder oponerse a su lógica global y expansiva. Si no hay contra qué y con quién oponerse y construir una alternativa, pueden proliferar los discursos de odio que encarnan algunos fenómenos políticos que canalizan mejor las frustraciones y el sentir popular, pero no alternativas constructivas por una sociedad mejor. Podría decirse que el feminismo o el ambientalismo representan la gestación de un movimiento progresivo por la conquista de mayor igualdad de derechos, pero cuesta imaginarse que puedan articular detrás de sí la representación contra las distintas formas de opresión. Un panorama en el que la cultura del capital financiero se impone a escala planetaria, un poder incorporado en la propia subjetividad y un sistema de dominación cada vez más difuso, plantean los desafíos de fondo para los proyectos alternativos de Estado y sociedad.

Sacha Pujó Magister en Políticas Públicas Flacso-. Lic. en Sociología -UBA-. En https://vaconfirma.com.ar

Finalmente, fueron por el agua

Las reservas acuíferas comenzaron a cotizar en Wall Street. Ya había un índice en California. Este artículo publicado en Página 12 aborda la posibilidad de que sea una commodity que haya que pagar a nivel país.

stados Unidos siempre tiene a mano un instrumento financiero para aplicarle a los recursos esenciales de los 194 países del planeta. Pasó en 2008 con los mercados a futuros de alimentos en el Chicago Board of Trade. Acaba de llegar ahora el turno del agua, pero el negocio se mudó a Nueva York. Por quién doblan las campanas de Wall Street se hubiera preguntado Hemingway si viviera. Por ese derecho humano que proclamó la ONU en 2010, sería la respuesta. Requerido como pocos especialistas en estos días de zozobra por la cotización de algo tan elemental en la Bolsa neoyorquina, el español Pedro Arrojo Agudo, relator especial de Naciones Unidas para los DD.HH. al agua potable y al saneamiento, es pesimista sobre este juego al que juegan los grandes especuladores. El prestigioso físico dijo que “es una noticia peligrosísima, muy mala”. Tiene sus razones: el fluido podría transformarse en un commodity. Un bien común indispensable pasará a ser una mercancía como el oro o el petróleo. Ya se habla de los “aguatenientes”. Sujetos proactivos que buscarán oportunidades solo con el fin de negociar un bien escaso del que carecen hoy 700 millones de personas en 43 países.

Este recurso amenazado por insuficiente, fue portada de todos los medios internacionales en las últimas dos semanas. Lo hizo posible el índice Nasdaq Veles California Water Index que ya cotiza entre los lobos de Wall Street. Su unidad de medida es el acre-pie, algo así como 1.233 metros cúbicos del líquido elemento. La idea de que el agua pasara a ser un producto bursátil surgió en California, devastada como está por los incendios forestales y la escasez del bien esencial cuyo precio se duplicó en un año.

Según a qué profesionales se consulte y qué intereses defiendan, se abrirá una grieta en tierra seca. Algo así como la falla de San Andrés. En el mundo de las finanzas explican que cotizan los “derechos de uso al agua” y no ésta en sí misma. En ámbitos donde la discusión pasa por saber qué harán dentro de cinco años 1.800 millones de personas que quedarán privadas del recurso, arrecian las críticas al mercado de futuros.

Arrojo Agudo, un académico y defensor del medioambiente de prestigio internacional sostiene: “Igual que ahora miramos un bosque y sabemos que es mucho más que un almacén de madera, la nueva cultura del agua invita a mirar los ríos y a entender que son mucho más que canales de H2O”. El español explica también que “un ecosistema, además de agua que puede usarse para producir, es paisaje, identidad territorial, identidad de los colectivos y comunidades sociales, valores lúdicos y culturales, valores de vida… Y a través de esos ríos se articula vida en el continente y en los mares”. Sus pensamientos pueden leerse aquí y allá, aunque él vive en Zaragoza.

En su última declaración como relator de la ONU señala que “no se puede fijar un valor para el agua como se hace con otras mercancías. El agua le pertenece a todos y todas y es un bien público. Está estrechamente ligada a todas nuestras vidas y muestro sustento y es un componente esencial de la salud pública”. Algo que ha quedado demostrado en muertes evitables por falta de agua. Sucedió en la Argentina con la referente de la organización La Garganta Poderosa en la Villa 31, Ramona Medina. A junio de 2019, había 3.000 millones de Ramonas en el mundo sin instalaciones básicas para el lavado de manos, denunciaba la OMS.

La cotización en el mercado de futuros para el agua remite al antecedente de los alimentos en 2008. Ese año se especuló por 320.000 millones, sin que ese comportamiento del mercado significara mejorar las políticas alimentarias. Solo se infló una burbuja semejante a la que podría adivinarse con el agua, convertida ahora en un commodity. El índice Nasdaq Veles California Water Index en rigor no es nuevo. Comenzó a funcionar en octubre de 2018 pero no había llegado a Wall Street.

Arrojo Agudo recordó las consecuencias de lo que sucedió hace doce años con la comida: “En apenas unos meses la manipulación especulativa de estos mercados provocó, por ejemplo, que el precio del trigo, del que depende la alimentación básica de miles de millones de personas, se multiplicara por cinco. En apenas tres años, el precio medio de la alimentación en el mundo creció un 80% y se estima que unos 250 millones de personas engrosaron las filas del hambre”.

El estado de California no es la única región del mundo con problemas de agua, ni tiene la exclusividad en la concesión de su uso. En Chile y Australia hay antecedentes del otorgamiento de derechos gratuitos y a perpetuidad del recurso hídrico. Por ejemplo, en el valle de Copiapó, en la región de Atacama, se concedieron más derechos de uso del agua que la disponible en la cuenca de sus ríos, señaló Gonzalo Delacámara, un especialista en el tema citado por el diario El País. La constitución pinochetista de 1980 ha mantenido durante 40 años la privatización del agua con rango de ley. Es un caso único en el mundo. Según denunció el obispo Luis Infanti de la región de Aysén, en el sur chileno, el 82% de este recurso escaso es propiedad de dos empresas extranjeras: la estadounidense AES Gener y la italiana Enel.

En 2012 ya denunciaba que “en Chile, uno puede ser dueño de la tierra, pero no del agua que pasa por su tierra. Las leyes vigentes, favorecen la apropiación y comercialización del agua; como resultado de ello algunos se enriquecen, a costa del bien común de todos. Los pobres, con menor poder adquisitivo, no sólo son marginados de la toma de decisiones políticas y sociales, sino también del acceso a los bienes para su vida y sustento”. Wall Street y su decisión de cotizar el agua a futuro es una nueva vuelta de tuerca al problema.

El español Arrojo Agudo denunció públicamente lo que conlleva la mercantilización de este recurso elemental para la vida, casi un contrasentido que deba explicarse en plena segunda ola de la pandemia: “Hoy, en mi calidad de relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua y al saneamiento, me veo en la obligación de lanzar un mensaje de alerta a nivel mundial, en la medida en que este hecho supone acelerar y profundizar riesgos inaceptables para estos derechos humanos”. Los fondos especulativos y jugadores globales ya tienen gracias a Wall Street la herramienta financiera indispensable para convertir ese derecho en cartón pintado. Poco les importa lo que puedan opinar funcionarios de Naciones Unidas, ambientalistas, juristas y académicos.

Gustavo Veiga en https://www.pagina12.com.ar/

El viernes 17 de diciembre, una semana antes de la llegada al país de las primeras trescientas mil dosis de la vacuna Sputnik V, en un acto en La Plata, la lideresa del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, pronunció el discurso con más definiciones desde que hace un año asumiera el nuevo gobierno encabezado por el Presidente Alberto Fernández. En su mensaje subrayó el carácter absolutamente imprevisto del despliegue de la pandemia mundial que, señaló, tuvo consecuencias desarticuladoras en todos los países del mundo. Advirtió sobre la existencia de ámbitos científicos en los que se alerta respecto a repeticiones de fenómenos del mismo carácter, cuya ocurrencia tendría una frecuencia mayor a la que la humanidad vivió en el siglo XX. Planteó dos planos que considera sobresalientes, respecto de los desafíos de política que el gobierno deberá emprender para enfrentar la pandemia y su etapa posterior. Esos dos planos son:

La salud, y
La economía. 

Un sistema integrado de salud

Respecto del sistema de salud, la Vicepresidenta enunció la necesidad de repensarlo todo. Destacó la manera en que se trabajó en la emergencia construyendo hospitales y la finalización de obras no concluidas por el gobierno de Cambiemos a pesar de haber tenido un grado de avance muy maduro las obras sin terminar. Planteó la necesidad de pensar y definir un nuevo concepto de salud, partiendo de los datos duros que muestran que la Argentina se destaca por tener mayores recursos tecnológicos y humanos, sumados a una mayor inversión respecto de los que cuentan los otros países de la región. Su conclusión fue el deber del Estado, en conjunto con la sociedad, para debatir, estudiar y construir un “Sistema Integrado de Salud” que dé término a una asignación de recursos ineficiente e injustamente distribuidos, producto de su concentración indebida.

En un documento recientemente publicado por la CEPAL con el título La salud como desafío productivo y tecnológico. Capacidades locales y autonomía sanitaria en la Argentina pospandemia, hay contundentes pruebas cuantitativas respecto de lo afirmado por Cristina Fernández y el grado de profundidad y dramaticidad de las ineficiencias y grado de concentración que deforma la asignación de los recursos para la salud. El informe señala que la Argentina destina a ese fin un volumen de recursos que equivalen al 9,4 % del PBI. Esos recursos tienen distintos orígenes, ya que el sistema se divide en tres subsistemas desintegrados, o con un escasísimo nivel de interacción no planificada sino resuelta por lógicas mercantiles. Los sistemas son los siguientes:


El Sistema público, que atiende al 35% de la población. Se financia con recursos generales provenientes de impuestos de ese orden o de asignación específica. Realiza el 28,7% del gasto en salud y el gasto per cápita es de 786 dólares anuales, considerando lo erogado en el año 2019. El correspondiente al total del sistema de salud es de 952 dólares anuales.

El Sistema de Obras Sociales, que se subdivide en dos subsistemas: uno de carácter nacional y otro de carácter provincial, al que debe agregarse el PAMI. Los dos primeros se financian con aportes de los empleadores y asalariados públicos y privados, mientras que el PAMI lo hace con recursos mixtos provenientes de los trabajadores activos y aportes de los jubilados a los que se suman también recursos provenientes del Tesoro Nacional. Atiende al 63% de la población. Realiza el 41,8% del gasto en salud. El gasto per cápita es de 765 dólares anuales.


El sector privado que se financia con aportes de los que optan por contratarlo de manera voluntaria. Atiende al 14% de la población. Realiza el 29,5% del gasto total en salud. El gasto per cápita es de 2.079 dólares anuales. El financiamiento que era exclusivamente privado, a cargo de sus usuarios voluntarios, fue modificado en la década neoliberal de 1990. Durante la presidencia de Menem se dispuso la posibilidad de la libre elección de obra social (Decreto 9/1993), y además se incluyó la opción de destinar aportes y contribuciones al sistema de medicina prepaga (EMP). Lo que impulsó el “descreme” del sistema de seguridad social, ya que los asalariados mejor remunerados que tenían aportes y contribuciones sociales altas, migraron al sistema EMP trasladando esos aportes y contribuciones del sistema de seguridad social al privado, desfinanciando al primero y fortaleciendo la rentabilidad del segundo. Ese decreto quitó los elementos de solidaridad al esquema de seguridad social y se alineó con el mismo tipo de concepción que la reforma jubilatoria adoptada en la misma década. La reversión de ésta última reforma durante los doce años de gobiernos nacionales, populares y democráticos parecen constituir un antecedente que debería completarse con la reforma del sistema de salud, con el objetivo de revertir los regresivos cambios de los ’90.

Resulta claro que esta lógica fragmentadora de la salud llevó a su mercantilización y a la pérdida de la lógica de la solidaridad, al dejar de ser concebida como un derecho humano. En realidad ninguno de los ciudadanos debería estar sujeto a diferencias en cuanto a la atención de su salud, y el carácter del servicio debería contemplar el objetivo de tender a la igualdad en su provisión que respete el carácter de derecho esencial. La propia diferenciación del sistema de seguridad social respecto del sistema público conllevaba el establecimiento de desigualdades, pero estas adquirieron una tendencia perversa y sistémica a partir del decreto de 1993; que también acentuó la diferencia entre obras sociales con mayores y con menores recursos, desigualdades que se generaron, además, en los propios cambios en el empleo y en los salarios relativos entre las actividades, como producto de las reformas desindustrializadoras y del estancamiento económico. Pero la transferencia de recursos al EMP desde los servicios sociales, tuvo el claro objetivo de construir las bases para la subsunción de las obras sociales por el sistema privado, que incluía la tercerización de servicios. Por otra parte, el sistema público en lugar de garantizar el acceso universal a la salud, fue conceptualmente concebido para ser utilizado como política focalizada a los sectores más vulnerables, informalizados o excluidos de la posibilidad de acceder a los otros regímenes.

En el informe de CEPAL se puede observar la distribución de médicos por habitante por provincia, que arroja una concentración ineficiente de los servicios de salud. En CABA la cantidad de médicos por cada mil habitantes es de 16,6, proporción que contrasta con las provincias del Norte argentino, las que tienen menos de 2.7 médicos por cada mil habitantes, salvo Tucumán y Corrientes cuya proporción está entre 2.7 y 3.7. En este rango se ubica la provincia de Buenos Aires, sobre la que el informe provee el guarismo global pero sería interesante la diferenciación entre el Conurbano y el interior de la provincia, ya que la misma se acerca a representar el 40% de la población del país. La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro tienen más de 4,7 médicos cada mil habitantes, las demás provincias del Centro y Sur del país participan del rango entre 2,7 y 3,7.

El mismo informe suministra información sobre el peso de la pobreza por provincia, con resultados que se asocian inversamente a la densidad médica por habitante. Esto prueba lo ineficiente e injusto del sistema. CABA, Neuquén y Santa Cruz tiene niveles de pobreza inferiores al 30% de la población. Mientras Misiones, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero tienen más del 40% de población en situación de pobreza. En la provincia de Buenos Aires la proporción se ubica entre el 35 y el 40; nivel que comparte con Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Mendoza. Mientras Chubut, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego tienen una proporción entre el 30 y el 35%.

CEPAL relevó que la mortalidad infantil tiene sus niveles más altos en Corrientes, Formosa y Tucumán con más del 11 por mil, mientras que en CABA, Chubut, Neuquén, Santiago del Estero y Catamarca se ubica por debajo del 8. En tanto que Chaco, La Rioja, Jujuy, La Rioja y San Juan registran una proporción que va entre 10 y 11 por mil, y el resto de las provincias está en el tramo entre 8 y 10 por mil. También hay una asociación inversa con la relación médicos por habitante, con algunas excepciones cuyas causas merecerían un análisis.

Las desigualdades que exhibe el acceso a la salud en la Argentina no son independientes de la fragmentación del sistema. La coexistencia de un régimen público, con uno contributivo (obras sociales) y otro privado, dotados de capacidades de financiamiento y gasto muy diferentes, concurrente con la descentralización de la gestión de los servicios de salud entre los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial e incluso municipal) no sólo reproducen las desigualdades esbozadas anteriormente. Además dificultan una mayor y mejor articulación de los objetivos sociales de una política de ampliación del acceso efectivo a la salud, con las decisiones de promoción de la autonomía sanitaria y el despliegue de una política que impulse el desarrollo productivo y tecnológico nacional. Corresponde hacer notar que, en un sentido inverso al del liberalismo neo, durante los años de gobierno nacional y popular se desplegó un movimiento que culminó en dispositivos legales hacia la producción pública de medicamentos. Una política que debe convertirse en fundamental para la desmercantilización de la salud pública.

El gráfico que se presenta a continuación muestra el carácter focalizado de la medicina pública para atender la pobreza, con el perfil asistencialista propio de la mirada neoliberal. En el mismo se exhibe el porcentaje de la población no cubierto por los subsistemas privados y de seguridad social, quedando a cargo por default de éstos la medicina pública. En contraste obsérvese la sobrecobertura de la CABA por dichos subsistemas. 

Reactivación productiva con distribución del ingreso

La lideresa del Frente de Todos se refirió a la perspectiva que en el año 2021 comience una reactivación de la economía. Pero puso el acento en la necesidad de que ese crecimiento se reparta en consonancia con el objetivo de la justicia social. En lenguaje popular dijo que “los beneficios del crecimiento no se los deben quedar 3 ó 4 vivos”. Es una referencia concreta a la necesidad de garantizar que la decisión y acción del gobierno elegido por el pueblo debe definir el carácter de la reactivación, y su direccionamiento a que los resultados se distribuyan atendiendo al valor de la igualdad. Cristina Fernández advirtió que el poder económico no puede pretender la posesión, y menos se le puede conceder, de la facultad del establecimiento de las definiciones de la política económica que impulse y acompañe el crecimiento. La Vicepresidenta fue enfática en señalar la necesidad de alinear salarios, jubilaciones, los precios –especialmente los de los alimentos— y las tarifas. Planteando que los precios de los alimentos deben ser accesibles para los sectores populares. Además explicitó su conocimiento y convicción de que la economía argentina es movilizada por la demanda, y que el consumo se acerca a significar el 70% de la demanda agregada. Es inequívoca al señalar estas reflexiones y postulados, que el alineamiento de las variables que destaca supone la recuperación de los salarios y las jubilaciones. También al plantear que el Estado debe establecer mecanismos efectivos para garantizar el acompasamiento de la evolución de precios y tarifas con la mejora real de los ingresos fijos populares, que garanticen un impulso del consumo y la demanda. Son ideas que perfilan un proyecto nacional basado en el esquema wage led growth (crecimiento impulsado por salarios). 

A un año de la asunción del nuevo gobierno la Vicepresidenta, en un discurso de 16 minutos, expuso lineamientos fundamentales para el próximo año, los que reivindican la política llevada a cabo en el período 2003-2015, que consiguió la mejora del nivel de vida popular, y expresó: “Por eso volvimos”, adjudicándole a la unidad un carácter concurrente y complementario con la memoria popular sobre aquél período. Dijo, textualmente luego, que “si no se sabe cómo se llegó, es posible que no se sepa cómo ir”.

En el Informe de Coyuntura de CIFRA-CTA n° 32, elaborado por Pablo Manzanelli, Daniela Calvo y Cecilia Garriga, se calcula que el PBI cayó en los tres primeros trimestres del año un 11% con relación al mismo período del año anterior, siendo la sima el segundo trimestre, que registra respecto de su igual de 2019 una caída del 19%. El informe dice que “la economía argentina contabilizó, prácticamente, 10 trimestres de caída del PIB, situándose en la actualidad 15,3% por debajo del primer trimestre de 2018 y es un 14% inferior al producto bruto del tercer trimestre de 2015”. Lo expresado ilustra que el profundo descenso del año de pandemia se acopló a cuatro años de retroceso que el país experimentó en el transcurso del gobierno de Cambiemos. Durante los tres primeros trimestres de 2020 los únicos sectores que crecieron fueron la construcción (2.3%) y la intermediación financiera (4,6%). Este último guarismo más que un hecho positivo, resulta lo contrario y hace necesario reflexionar sobre una profunda reforma institucional imperiosa en su funcionamiento, regulación y definición de objetivos y actores.

El informe de CIFRA-CTA dice que los salarios cayeron entre noviembre de 2015 y septiembre de 2020 un 15,5% en el sector privado y un 26,5% en el sector público. Respecto del crecimiento de los precios durante el año alcanzó, midiendo los primeros once meses de 2020 respecto del mismo período de 2019, un 35,8%, mientras la devaluación del tipo de cambio legal fue del 35,7%. Esto demostraría la importante influencia de la variación cambiaria sobre el nivel de precios, lo que probaría lo desaconsejable de ceder a los reclamos devaluacionistas de grupos y sectores empresarios. Además sería demostrativo de las consecuencias regresivas sobre los salarios de una política export led growth (crecimiento impulsado por las exportaciones). También probaría contundentemente que los precios se ajustan por el dólar oficial y no por las cotizaciones de los reducidos mercados marginales. Pero resulta de importancia subrayar que los alimentos y bebidas aumentaron mucho más que la tasa media de crecimiento de precios, lo hicieron en un 47,5% y la indumentaria en un 56%, lo que indica que la inflación para los sectores populares fue mucho más alta que para el conjunto de la población. Estas verificaciones indican hasta qué punto el alineamiento de precios, salarios, tarifas y jubilaciones que promueve Cristina Fernández, significa una enérgica mejora de los ingresos de los sectores populares. Mejora que debe ser acompañada por un conocimiento profundo y una intervención adecuada en las cadenas de valor, persiguiendo el objetivo de tomar los caminos necesarios para que los precios se ajusten a la obtención de tasas de ganancia empresariales acordes a la recuperación del nivel de vida que los sectores populares vienen perdiendo desde 2015.

Otra información de relevancia constatada por el informe elaborado por Manzanelli, Calvo y Garriga se refiere a las irregularidades en la liquidación de exportaciones de oleaginosas y cereales, ya que pese a la obligación de liquidar las divisas, mientras el total exportado es de 23.298 dólares durante el año 2020, lo liquidado asciende a 18 286 millones. Faltan liquidar más de 5.000 millones, lo que demuestra las irregularidades existentes en el sector.

La reticencia a liquidar divisas en las cadenas de oleaginosas y cereales, y sus presiones devaluacionistas, deberían ser enfrentadas con energía. La baja de retenciones para favorecer una mayor liquidación no produjo los efectos deseados. Mientras tanto los precios internacionales de estos commodities siguen subiendo, lo que exigirá proceder a un aumento de esas retenciones, aún a niveles superiores a los que regían con anterioridad a la rebaja ineficaz. Esa exigencia se motiva en la necesidad de evitar que los precios de los alimentos aceleren su crecimiento por la típica asociación automática con el comportamiento del mercado internacional. En una propuesta que va en la misma dirección, Cristina Fernández también expuso sobre la necesidad de establecer cupos a la exportación de alimentos que aseguren que un volumen razonable de los mismos sean reservados para el mercado interno, a precios razonables «para la mesa de los argentinos”.

Los dieciséis minutos de exposición de la lideresa del Frente de Todos incluyeron lineamientos básicos de una política económica que asume que los acuerdos de deuda deberán realizarse sobre la base de su subordinación al cumplimiento del objetivo de reactivación productiva con justicia social, sustentado en el crecimiento del mercado interno. Los plazos, intereses y organización de las amortizaciones con el FMI deberán también alinearse con, y detrás, de la prioridad que constituye la recuperación de los niveles de vida de los sectores populares y el fortalecimiento del aparato productivo nacional.

(https://www.elcohetealaluna.com/la-palabra-esperada/ )

Mas allá de hipótesis y diversidad de pensamientos y proyectos, la realidad nos impone la necesidad de actuar coordinadamente y con consensos amplios. El presente y el futuro de nuestro país, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos está en juego sino hacemos lo necesario.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack