Política en democracia
Algunos pensamientos sobre la política argentina, con un principio orientador: funciona mejor de lo que parece.
Originalmente quería escribir sobre la votación del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, o mejor dicho, cómo interpretamos lo que está pasando en el Congreso. También estuve pensando si comentar algo de un artículo de la politóloga argentina Yanina Welp sobre cómo las élites achican la definición misma de qué significa democracia para luego espantarse frente a las protestas de los que quedan afuera. Sin embargo, cuando estaba atravesando el período de procrastinación obligatorio frente a la computadora antes de escribir, se me cruzó una noticia relacionada con el uso institucional de los algoritmos para tomar decisiones complejas, que me hizo tentar de cambiar de tema. El hospital-escuela de la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos, empezó su campaña de vacunación para su personal, pero resulta que no vacunó primero a los y las médicas residentes, sino a su personal senior. Frente a esto, los residentes se rebelaron.
Finalmente, se me ocurrió que las tres cuestiones estaban relacionadas. ¿Cómo? Acompáñenme en esta verdadera montaña rusa mental de temas.
Empecemos por Stanford. Encontré el tema en Twitter, en donde varios periodistas alertaron de que los y las residentes de Stanford estaban haciendo una manifestación en el hall del hospital protestando por el hecho de no haber sido priorizados para vacunarse primero contra el Covid a pesar de trabajar 18 o más horas por día en contacto con pacientes críticos desde hace semanas. La universidad empezó vacunando a médicos seniors y oficiales administrativos que no están en contacto directo con pacientes. En un video filtrado a un periodista de POLITICO, se ve a Tim Morrison, un directivo (no médico, sino administrativo) de elegante traje explicarle a los cansados y furiosos residentes en ambo de guardia que “eticistas y expertos” diseñaron “durante semanas” un complejo algoritmo teniendo en cuenta “edad, ambiente de trabajo riesgoso, prevalencia de infección”. “Un algoritmo muy complejo, que claramente no funcionó”. A pesar de tener “las mejores intenciones”, reconoce que “hubo problemas con el algoritmo”. Los y las residentes gritan “¡Nos estás mintiendo!” y lo acusan de que en el comité que diseñó el algoritmo no estaban representados los médicos residentes, a los que nadie escuchó ni pensó. Tim contesta: “Sí, es cierto. Se nos escapó eso”.
Tim, director ejecutivo de algo, explica la falla como una cuestión fundamentalmente técnica. Expertos trabajaron con las mejores intenciones, pero... algo falló. No es culpa de nadie; hay que ajustar un proceso, solucionar un par de criterios, y ya. Pero el discurso de los residentes (los sujetos más explotados y con menos derechos de la pirámide de la profesión médica, que es casi más vertical y asimétrica que la militar) no es técnico: es primero moral (“You’re lying to us!!”), y sobre todo político. Lo que demandan no es que los “eticistas y expertos” mejoren el algoritmo, sino que sus representantes estén sentados en el comité que decide qué criterios se usan para seleccionar cómo se prioriza la distribución de la vacuna. Entonces, este conflicto no sólo revela un problema de escasez (en este caso, de vacunas) sino también la irreductibilidad de marcos interpretativos sobre la escasez. El hecho subyacente es que los actores colectivos entienden que el problema tiene causas y soluciones radicalmente distintas: una falla puntual del conocimiento técnico, que requiere más y mejor conocimiento experto, o la restricción inmoral e injusta a la participación de los más desfavorecidos en el sistema de toma de decisiones, que requiere empoderamiento y participación.
Mi conocimiento de computación es lo mínimo indispensable para funcionar en sociedad. Aun así, puedo entender que un algoritmo no es un mecanismo perfecto e impersonal que baja del cielo y computa cosas de manera desapasionada. Un algoritmo es una secuencia de órdenes que analiza información dada basado en criterios preestablecidos. En el caso de Stanford, alguien le dijo “quiero seleccionar a todas las personas de tal edad, con tal riesgos de salud, que trabajan en contacto con pacientes, y no están de licencia”. Desde ese punto de vista este conflicto escenifica de manera casi perfecta en una escala micro los problemas que tan brillantemente describe mi amiga Yanina en su artículo sobre los desafíos de la democracia contemporánea. Mientras las elites (incluyendo las intelectuales) imaginan que el problema de las democracias actuales requiere más conocimiento experto (provisto por ellas mismas, en su rol de pensadores, técnicos, y políticos “tradicionales”) y menos pasión e irracionalidad, otros actores colectivos explican los problemas de la democracia usando un lenguaje completamente diferente: el de la indignación moral de los excluidos. Lo que estos sectores demandan es participación en el poder para realizar cambios. Si se quiere, se reivindica un conocimiento propio basado en la experiencia vivida contra el saber deductivo de los expertos.
Y con esto volvemos a las discusiones sobre el aborto. Porque lo que revelaron, creo, los debates de estos días es que hay ciertos temas que son inescapablemente éticos, morales y políticos. La cuestión sobre si las mujeres pueden o no decidir sobre su vida reproductiva es inescapablemente política y moral. No me gusta la idea de que este debate muestra un conflicto entre la ciencia y la religión o el oscurantismo, por ejemplo. Hemos escuchado estos días a médicos usar argumentos cientificistas (no diré científicos) para argumentar que las mujeres no alcanzan la plenitud neurológica hasta que son madres. Asimismo, personas perfectamente ateas y hasta anticlericales están convencidas de que el patriarcado es la mejor manera de organizar la sociedad y de que las mujeres son algo así como menores de edad perpetuas.
La idea de que la ciencia o la tecnología eliminará el juicio moral y la política no sólo es absurda sino opresiva. Ni la ciencia, ni inteligencia artificial, ni ningún conocimiento experto podrá venir a “rescatarnos” de las decisiones que debemos tomar colectivamente como una comunidad democrática. La ciencia puede darnos hechos, elementos, evidencias, pero no puede ni debe asumir para sí el rol de ser quien establece por sí misma las reglas colectivas de conducta, ni más ni menos que la religión. Esas reglas deben surgir de la discusión, la puja, las relaciones de poder, y las negociaciones entre todos y todas los actores colectivos involucrados. Esas reglas son por lo tanto siempre tentativas y dables de ser alteradas en el futuro–quien pierde hoy puede ganar mañana. Esas reglas tienen responsables que deben ser sujetos de accountability. Esas reglas deben estar hechas priorizando el punto de vista de quienes tienen más piel en juego y son los más afectados, como los trabajadores de salud primarios en Stanford o las mujeres y personas gestantes en el caso del aborto.
Estamos condenados a la política. Que no es genial, pero es mejor que todas las alternativas.
( NEWSLETTER / Populistas somos todos --- Condenados a la política escrito por María Esperanza Casullo para Cenital)
El debate respecto a la reactivación de la economía en la pospandemia, que aborda el camino para recuperar el retroceso en los cuatro años de neoliberalismo a los que se le suma el tiempo de las restricciones impuestas por la peste, lleva a una discusión que comprende tópicos teóricos, proyectos de país y pujas entre sectores económicos y clases sociales. Supone, también, la definición de cuál será el bloque de poder que hegemonizará la etapa. Pero, además, suma reflexiones que hacen a la sustentabilidad de largo plazo de una estrategia de desarrollo.
Alternativas contrapuestas
No resulta lo mismo, en ninguno de los sentidos mencionados, que la reactivación tenga como base una redistribución del ingreso progresiva, que si el impulso proviene de un aumento de las exportaciones o del endeudamiento de las familias. Si el objetivo que se persigue es un desarrollo nacional autónomo, Engelbert Stockhammer y Giorgos Gouzoulis plantean como fundamental que la estrategia de crecimiento esté impulsada por los salarios como por el rol del Estado en la economía. (Cap. I de El Imperio de las Finanzas, Deuda y Desigualdad, Comp. Chena y Biscay, Miño Dávila, 2019). Desde mediados de la década del ’70 en las experiencias tempranas, y más generalizadamente entrada la década del ’80 del siglo pasado, el neoliberalismo trajo consigo una fuerte caída de la participación de los salarios en el ingreso, instalando un paradigma cuya centralidad estuvo en el crecimiento de la desigualdad y en pérdida de poder social de los sectores mayoritarios de la población. La Argentina fue una de las experiencias tempranas. Ese proyecto hegemónico, en las dos últimas décadas del siglo pasado, produjo estancamiento económico, un profundo descenso del salario real, el crecimiento de la pobreza y la fragmentación de la clase trabajadora.
En ese período las características citadas se dieron tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Los dos fallidos modelos de crecimiento que dominaron las propuestas de política económica fueron:
El impulsado por la deuda (debt led growth). Este modelo se caracterizó por sostener permanentemente el consumo mediante el endeudamiento de las familias con salarios disminuidos, pero con acceso al crédito personal para solventar su demanda. La inconsistencia del modelo tuvo su momento clave en la crisis de las hipotecas en Estados Unidos que luego se extendió a otros países, crisis demostrativa de una deuda creciente de las familias y de una fragilización de sus economías.
El modelo alternativo fue el del patrón de crecimiento estimulado por las exportaciones (export led growth), que descansa también en la deuda como motor de su despliegue, porque el país que exporta puede hacerlo a expensas del endeudamiento de los países que así abandonan su desarrollo nacional. El caso alemán fue un ejemplo del primer vértice y el caso griego del segundo. El debilitamiento del último provoca problemas en el primero.
Ambos modelos afectan negativamente el nivel de los salarios. En el primero en beneficio del capital financiero que opera en el crédito familiar, el segundo en el descenso del salario para ganar competitividad exportadora espuria.
Estos dos paradigmas estuvieron ligados a la financiarización de la economía internacional que significó la desregulación del comercio internacional y de las finanzas globales, lo que se tradujo en la desregulación del ingreso y salida de capitales, política adoptada en casi todas las economías. También se promovió la deslocalización productiva, que se desempeñó como una amenaza a las economías con mercados de trabajo más organizados y mejores salarios. Las dos opciones buscaban un cambio sustantivo de la correlación de fuerzas a favor del capital.
Otros aspectos fueron la reducción del gasto social de los Estados, considerado como un factor que se asocia a la existencia de mejores salarios, las privatizaciones de empresas públicas y la drástica reducción del papel del Estado en la economía. También se promocionó la reducción de impuestos como estímulo a la producción, relación causa-efecto que nunca funcionó.
Dicen los autores mencionados que “el salario real cumple una doble función en la economía: es a la vez un costo de producción para las firmas y la principal fuente de ingresos de los hogares. Un incremento en los salarios en la economía puede crear dos efectos de crecimiento opuestos, un efecto negativo en la inversión y un efecto positivo en el consumo”. Pero en la abrumadora mayoría de los casos el aumento del salario real y su impacto en el consumo, resulta mayor que la eventual existencia de un impacto negativo en la inversión. Luego, generalizadamente, como consecuencia posterior (de segunda vuelta), el crecimiento del PBI causa, también, un aumento en la tasa de inversión.
En una economía en la que se valoriza el rol del mercado interno, el salario supone no sólo un costo para las empresas sino la capacidad para realizar las ventas de las mercancías producidas. En cambio para una economía conducida por las exportaciones, el salario es sólo un costo. Además en los países de economías chicas, en su relación con el tamaño del mercado internacional, sus exportaciones dependen de los precios y cantidades que se les paguen y demanden. No tienen posibilidades de influir sobre esas variables. Esa es la cuestión por la cual alimentar un sueño en el que el crecimiento y la solución al problema de la falta de dólares (restricción externa) se puedan resolver poniendo el centro en las exportaciones, constituye una falacia teórica. Lo es más aun cuando la formación de activos externos (fuga de capitales) no es sólo una práctica del capital financiero especulativo internacional, sino también el comportamiento habitual de los grupos concentrados ligados a la exportación. La diferencia entre un Proyecto Nacional basado en el aumento de salarios y el crecimiento del mercado interno y otro que propone poner el centro en las exportaciones y se opone a una sustancial mejora de la distribución del ingreso, será un tema peliagudo en los debates de un Consejo Económico y Social. Porque:
La UIA está enrolada en la estrategia export led growth.
La AEA está más consustanciada con el modelo debt led growth (corazón de la financiarización).
El Espacio Producción y Trabajo propone y milita la recuperación rápida del salario y del mercado interno.
El pregón de los liberales neo, los “libertarios” y los “desarrollistas de baja intensidad” incluye el debilitamiento de las organizaciones sindicales, y la implementación de los regímenes de flexibilización laboral. La Argentina tiene una paradoja, conserva una de las estructuras sindicales más importantes del mundo y sin embargo su cúpula actual se muestra proclive a acordar con los exponentes de los modelos basados en la conservación de los salarios reales heredados de las épocas de la financiarización. Un elemento adicional de esa contradicción de conducta son los acercamientos con la AEA y la UIA, que tienen posiciones cuestionadoras respecto al importante avance que la Argentina construyó en su régimen de convenios colectivos de trabajo. Sus modelos de crecimiento se contraponen con ese régimen legal y con las leyes laborales que los sostienen y protegen.
La idea de Wolfgang Stolper y Paul Samuelson respecto a que el intercambio internacional tiende a reducir la brecha salarial entre las economías desarrolladas y las periféricas y dependientes, ya que el factor más abundante en cada país resultaría el beneficiado – el trabajo en los segundos y el capital en los primeros— fue desmentida por la realidad, pues la apertura comercial amplió esa brecha. También se incrementaron las ventajas tecnológicas de los países centrales frente a los subdesarrollados. Estos comportamientos comprobados contraindican los tratados de librecomercio, razón por la cual sería un grave retroceso la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Stockhammer y Gouzoulis señalan que el proceso de crecimiento debt led growth, “con ratios de deuda en constante aumento, se vuelve insostenible; la expansión económica en dicho escenario se torna dependiente del acceso a fuentes de financiamiento externas…Ratios de deuda crecientes están asociados con mayores pagos de deuda futuros por parte de las firmas y los hogares, lo cual obstaculiza la demanda y termina desencadenando crisis financieras”.
El significado de la financiarización
Costas Laspavitsas define a la financiarización como modificaciones de carácter estructural en las relaciones, prácticas y necesidades financieras de los agentes económicos clave: bancos, hogares y corporaciones no financieras. En las economías periféricas y dependientes, el proceso se acentúa debido a la mayor incidencia de la economía internacional en ellas, y a la forma específica subordinada con que se integran,
La institucionalidad generada por la financiarización constituye un tema no menor. Se pierde el peso de las características de los entes y regulaciones nacionales y penetran instituciones de orden global y regulaciones de formato internacional que se convierten en ineludibles, lo que deviene en la conformación de cuadros profesionales y técnicos con una mentalidad formateada por los centros financieros internacionales.
En la Argentina las finanzas y los bancos se han modificado profundamente en las dos primeras etapas neoliberales. La liberalización de las tasas de interés y la desregulación financiera condujeron a una integración subordinada en el sistema financiero internacional, que luego devino en la adaptación del Banco Central al perfil diseñado por los organismos internacionales de crédito y, además, en la adopción de las regulaciones de Basilea. Estas últimas reparan en la lógica de control de solvencia microeconómica de las entidades y son ajenas y hostiles a la regulación de la orientación del crédito. De manera permanente se suman obligaciones y normas que los bancos deben cumplir, innecesarias para un desarrollo financiero proproductivo y que además encarecen el crédito por los requerimientos de insumos, personal y tecnología ajena a la buena administración bancaria en el país. El banco central resulta penetrado por estas lógicas y por un staff permanente dedicado a un estilo de control de las entidades finacieras que aplica acríticamente lo que Basilea recomienda. Un verdadero ejemplo de colonización institucional.
Durante los años de neoliberalismo, la Argentina también sufrió en la transformación de su sistema financiero, el raudo crecimiento de los créditos personales que rondan, por épocas un poco más y por épocas un poco menos, el 50% del total del crédito. Resultan las entidades, entonces, un vehículo de la financiarización de las familias que reemplaza el consumo que debería ser sostenido por el salario por otro basado en el endeudamiento. En los sectores más humildes que no tienen acceso al crédito bancario, las familias económicamente más vulnerables recurren a instituciones parabancarias y poco controladas que les prestan a tasas usurarias a los que menos recursos perciben, hipotecando su futuro. En el sistema formal, las entidades más volcadas al negocio del crédito personal son las privadas, especialmente las de origen extranjero. Estas firmas ocupan un lugar de liderazgo en la obtención de ganancias, que paradojalmente tienen su origen en salarios que no alcanzan y un hiperconsumismo estimulado por las propias estrategias de los bancos. La liberalización del crédito sirvió al enriquecimiento de las finanzas y desorganizó toda la política del crédito para el desarrollo.
La inversión extranjera directa (IED) también es una opción inválida para la recuperación del crecimiento en el marco de una política de desarrollo e igualdad. En realidad es una forma de la financiarización. La producción por vía de ese tipo de inversiones se entremezcla con actividades de orden especulativo y financiero. Más, la mayor parte de las inversiones de las multinacionales en la época del liberalismo neo tiene fines especulativos, porque invierten en instrumentos financieros hacia los cuales trasvasan el excedente de las actividades productivas. Constituyen esas inversiones extranjeras directas el paradigma de la fusión entre la globalización de la producción y la financiarización de las economías. Son un elemento que introduce vulnerabilidad en las economías periférico-dependientes. En la actividad de las multinacionales abundan las transferencias por bienes intangibles –patentes y marcas— que constituyen una vía de valorización financiera.
La necesidad de modificar la lógica de la IED impone la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras y, así, dar inicio a un camino de reversión de las decenas de convenios bilaterales de Inversión que impiden un rumbo genuino para los acuerdos organizados y dirigidos a incluir las inversiones externas que la decisión política considere necesarias y facilitadoras del desarrollo.
El crecimiento impulsado por salarios y otros lineamientos
El proyecto para el desarrollo nacional, imprescindiblemente debe recurrir a una política de recuperación basada en el crecimiento de los salarios, en la lógica wage led growth (crecimiento impulsado por salarios). El incremento de la demanda que habrá de provocar salarios más altos impulsará el crecimiento del producto y la inversión. La vía para alejar y resolver los problemas de restricción externa se construiría con:
En el corto plazo, controles a los movimientos de capitales y controles cambiarios. Con disposiciones administrativas y regulaciones de precio y cantidades. También con el establecimiento de un organismo y/o empresa testigo que tenga el objetivo de intervenir, regular y regularizar el comercio exterior, hoy dominado por prácticas nocivas para el buen manejo de la macroeconomía y la salud fiscal del país. La liberalización de estas regulaciones y la eliminación de instituciones en estos ámbitos ha constituido un auténtico y profundo fracaso en términos de eficiencia.
En el largo plazo, será decisivo el aumento del gasto autónomo del Estado en infraestructura y áreas estratégicas para la producción de bienes y servicios que ocupen lugares relevantes y núcleo de las cadenas de valor. Muchas de las cuales pueden estimularse y organizarse internamente, o en el marco de la reorganización de la unidad regional, con un rol destacado de la integración económica. Para hacer factible este camino será necesario un aumento de gran volumen del presupuesto en ciencia y tecnología por parte del Estado, con objetivos enmarcados en un plan de desarrollo. Parte de este crecimiento del papel del Estado debe financiarse con una reforma tributaria progresiva, resistida por quienes impulsan los modelos de liberalización y reducción de costos, en lugar de ésta lógica sistémica y planificada de crecimiento.
Los dos puntos anteriores tienen que articularse en una política que combine el estímulo a la demanda que concurre a sustituir importaciones con una política de oferta, fruto de un plan de participación y dirección de la economía por parte del Estado Nacional.
Una regulación del sistema financiero cuyo centro sea la dirección del crédito para el desarrollo y para el funcionamiento adecuado de las pequeñas y medianas empresas. También para las grandes, porque su endeudamiento en el exterior debería ser autorizado y fiscalizado por el banco central para evitar su uso con fines especulativos. Lo fundamental del endeudamiento externo al que se recurra debería ser tomado por el Estado Nacional, nunca para sus gastos corrientes, sino para obras específicas. Se deberían quitar del Sistema Financiero los esquemas que facilitan la fuga de capitales.
El estímulo de las exportaciones como parte de este modelo integral de desarrollo nacional, pero nunca como centro de la dinámica de desarrollo, o de resolución de la restricción externa. Porque esa estrategia no resuelve el crecimiento permanente y profundiza la desigualdad.
En Aspectos políticos sobre pleno empleo, Michal Kalecki señaló que las razones de la oposición de los “líderes industriales” al pleno empleo obtenido mediante el gasto gubernamental tiene uno de sus pilares en la resistencia a la interferencia gubernamental en el problema del empleo como tal, y otra en la resistencia a la dirección del gasto gubernamental (inversión pública y subsidio al consumo). Esa resistencia se basa en sostener que la función social de la doctrina del “financiamiento sano” es hacer el nivel del empleo dependiente del estado de la confianza. Los líderes del poder económico concentrado promueven, entonces, el equilibrio fiscal a obtenerse mediante la reducción de impuestos y, más aún, del gasto social, como forma de control de los salarios y del empleo. Porque salarios altos y empleo alto le resta espacio de poder a la economía concentrada. Por eso se oponen a un Estado con alto gasto público que garantice un nivel de actividad hacia el desarrollo y crecientes niveles de igualdad. Lo hacen aún a costa de sus beneficios, porque un Estado con poco gasto no puede promover el empleo y este queda dependiente de la decisión privada. Estado grande o chico, nivel de empleo alto o bajo, salarios justos o miserables, determinan la relación entre poder político y poder económico. El rumbo que tomen estas cuestiones facilitará o dificultará la construcción de un bloque político para sostener los cambios enumerados como una alternativa de lineamientos para la estrategia del gobierno nacional, democrático y popular.
https://www.elcohetealaluna.com/el-salario-del-miedo-2/
Líneas cromáticas
El jueves 17, las tres comisiones del Senado alcanzaron el dictamen favorable a la ley que deroga la clandestinidad del aborto, que habilitará su tratamiento en el recinto el 29 de diciembre. Esta vez la fractura no sigue líneas partidarias sino cromáticas. Los presidentes de los principales bloques disienten con las respectivas posiciones partidarias: el cambiemoso Luis Naidenoff es verde como Alberto Fernández y CFK, y José Mayans se pinta de celeste, como la mayoría del macrismo.
Las posturas en ambas cámaras fueron respetuosas, y las únicas salidas de tono fueron de algunos de los expertos invitados. Hubo desbarres desopilantes, como el del asistente de fertilización Eduardo Young, quien confundió dos proyectos y dijo que nadie le había explicado por qué a la Interrupción Voluntaria del Embarazo se le pone como fecha mil días. Y testimonios conmovedores, como el de la médica tucumana Cecilia Ousset, una objetora de conciencia que aun así asistió a la interrupción del embarazo de una nena de 11 años, todavía con dientes de leche, violada por el concubino de su abuela. Ousset y su esposo, también médico, están procesados por ello.
Germani lo sabía
Otra línea de fractura separa a las grandes ciudades y sus conurbanos, que son verdes, de las pequeñas poblaciones, celestes, según el esquema que el sociólogo italiano Gino Germani estableció en el segundo tercio del siglo pasado al postular la transición de la sociedad tradicional a la de masas, en un trabajo fundante de la moderna sociología argentina.
También operan algunas figuras de JxC que no razonan sobre la ley sino acerca de la victoria que su sanción significaría para el oficialismo y que preferirían impedir. Entre ellos, el ex Presidente Macrì, quien en 2018 practicó el doble juego de propiciar a un tiempo el debate y el rechazo del proyecto.
Desde el oficialismo, el seguimiento voto por voto corre por cuenta de dos ministras del Poder Ejecutivo (Elizabeth Gómez Alcorta y Vilma Ibarra) y de la operadora vicepresidencial Anabel Fernández Sagasti, la tría más mentada. El propio Presidente Fernández se ha comunicado con varios gobernadores y senadoras para reclamar su apoyo.
En Diputados la sesión fue presencial, en el Senado será remota, lo cual favorece las presiones sobre los legisladores y las legisladoras que participarán desde sus domicilios. Los cálculos al cierre de esta edición eran optimistas sobre la aprobación del proyecto, pero nueve días son una eternidad. No es recomendable tomar al pie de la letra ninguna de las especulaciones previas porque de un lado y de otro se aplican tácticas para tomar al adversario con la guardia baja, al estilo de Locomotora Castro, que se hacía el groggy para noquear mejor.
Con cámara y handy
Mientras duró el debate de las comisiones, militantes de los dos bandos acamparon en la plaza frente al Congreso. La faena legislativa concluyó alrededor de las tres de la tarde, aunque la burocrática protocolización de las firmas se extendió hasta bien entrada la noche, dado que la reunión fue remota y cada integrante de las comisiones estaba en un lugar distinto.
Un efectivo de la policía porteña, con su uniforme de chaleco celeste, se cubría en la parada de colectivos más alejada del Congreso, casi en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, y con una cámara apoyada sobre un soporte monopié, enfocaba a los grupos verdes que aún permanecían en la plaza. Además, estaba comunicado con su jefatura mediante un handy. Con toda claridad se escuchó la modulación, señalándole:
—Individualizar a la referente del Movimiento Evita.
El hombre estaba tan concentrado en su tarea, que ni advirtió cuando me acerqué y le tomé esta fotografía. La cámara y el soporte aparecen semicubiertos por la estructura tubular de la parada de colectivos pero alcanzan a divisarse con nitidez.
El mes pasado, durante las exequias de Maradona, la policía porteña gaseó y baleó con proyectiles de caucho a manifestantes pacíficos que esperaban bajo el sol desde hacía horas, para despedir a su ídolo. En retrospectiva, carece de importancia si la interrupción de la fila fue a pedido del gobierno nacional o por propia iniciativa. En cualquier caso, los efectivos exhibieron su conocido modus operandi del garrotazo preventivo. Sólo el despliegue fáctico y retórico de Patricia Bullrich durante los cuatro años previos pudo valerle a Horacio Rodríguez Larreta chapa de moderado.
Lo más llamativo en ambos casos es la naturalidad con que los efectivos (y sus autoridades superiores) encaran tareas que forman parte de las prácticas consuetudinarias del Estado pero que colisionan con la legalidad vigente. Horacio Rodríguez Larreta fue víctima de esa práctica, cuando los espías de Macrì se interesaron en pormenores de su vida matrimonial, que en estos días han ganado notoriedad. Hasta ahora no hay indicios de que HRL revuelva sábanas ajenas, lo cual marcaría la principal diferencia entre ambos. Macrì hizo espiar a sus hermanas Sandra y Florencia, con el argumento de que desconfiaba de sus respectivas parejas. Pero la actuación de la policía porteña espiando en el espacio público no deja de ser ilegal. El artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional, promulgada por Fernando De la Rúa en 2001 con el número 25.520, es explícito:
“Ningún organismo de inteligencia podrá:
Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.
Alberto Fernández fue aún más restrictivo con el rol de los organismos de inteligencia, ya que ahora ni siquiera por orden de un juez pueden realizar investigación criminal.
Alerta temprana
Esta es una buena oportunidad para la modesta sección Yo te lo dije. El 3 de enero de 2016, cuando poca gente fuera de los interesados estaba atenta a las noticias políticas, advertí que comenzaba la ofensiva del nuevo gobierno contra la ex Presidenta CFK. Macrì asumió la presidencia procesado por las escuchas ilegales, pero pocos días después fue sobreseído. Aquella nota contaba que los camaristas de apelación Jorge Ballestero y Eduardo Freiler habían confirmado el procesamiento de Macrì en esa causa y anunciaba “el tiempo de la venganza. Ballestero y Freiler recibieron un ultimátum de Macrì, quien empleó al más insólito mandadero para solicitarles la renuncia: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. La intimación también abarcó a los jueces Norberto Oyarbide (el primero que procesó a Macrì por las escuchas) y Rodolfo Canicoba Corral. Oyarbide decidió apurar su jubilación, Canicoba se encargó de que trascendiera la operación conjunta ejecutivo-judicial (…) Ahora es el turno de Cristina, a quien el gobierno desea ver presa por traición a la patria, nada menos”. Si te tienta ver la nota entera, aquí está. Anticipa lo que estaba por ocurrir y menciona a varios de los guacamayos que se encargan de repetir las consignas presidenciales: Elisa Carrió, Margarita Stolbizer, Luis Majul, Jorge Lanata. Las confabulaciones que inventaron entonces sobreviven hasta ahora, gracias a un sistema de justicia cooptado por el poder y el dinero.
Dos confirmaciones
La semana pasada, los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata Rafael Oscar Julián, Alejandro Osvaldo Taza y Eduardo Pablo Jiménez confirmaron el procesamiento del fiscal Carlos Stornelli dispuesto por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como instigador de la “producción de inteligencia ilegal sobre personas, sea por sus acciones privadas o por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”, en los casos de Jorge Castañón, exposo de la pareja sentimental de Stornelli, a quien analizaba la posibilidad de colocarle drogas prohibidas en el equipaje, y José Manuel Ubeira, el abogado al que Stornelli quería filmar en forma clandestina, porque dijo tener pruebas de que algunos de los arrepentidos de la Encuadernadora Glock habían sido extorsionados. La Cámara aceptó la defensa de Stornelli, avalada por el fiscal Juan Manuel Pettigiani, de que el espía inorgánico Marcelo Sebastián D’Alessio, que era un particular, engañó a Stornelli y que sólo los agentes públicos pueden cometer el delito de espionaje ilegal. Omitió así el artículo 11 de la ley de inteligencia, que también prohíbe “la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas, que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia, en cualquiera de sus etapas, asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional”. También resolvió que debe profundizarse la investigación sobre el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro, quien no quedó al margen de la causa, en la que sigue procesado por asociación ilícita y extorsión.
Al mismo tiempo, Ramos Padilla procesó a los jefes de la AFI, Arribas y Majdalani y a los responsables de las bases de inteligencia instaladas en nueve partidos del Gran Buenos Aires, por la realización de espionaje ilegal sobre 18 partidos políticos, 46 organizaciones sociales y de derechos humanos y 61 sindicatos, 13 de ellos docentes. La mayoría de ellos son policías retirados de la Bonaerense, como los comisarios Anìbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, pero también hay militares que atentaron contra el sistema constitucional. Estos son los antecedentes de algunos de ellos:
El comisario Daniel Alejandro Salcedo, fue jefe de la policía bonaerense cuando su ministro de Seguridad era Stornelli.
El comisario Vicente Antonio Melito fue sumariado por falso testimonio y falsedad ideológica en instrumento público, cuando desapareció el libro de guardia de la comisaría de Morón a su cargo.
Alicia Susana Nocquet quien inició su carrera en investigaciones en 1977, a las órdenes de Miguel Etchecolatz cuando el jefe de la policía era Ramón Camps.
El capitán del Ejército Andrés Máximo Maisano, quien en 1987 fue detenido y procesado por su participación en el alzamiento carapintada de Aldo Rico y recuperó la libertad dos años después gracias al indulto de Carlos Menem.
El comisario Gustavo Carreiras fue separado de la custodia del ministro de Seguridad Juan José Álvarez, a raíz de las amenazas recibidas cuando comenzaron las investigaciones sobre corrupción.
Entre las actividades ilegales reseñadas figura una charla pública del autor de esta nota y de Elizabeth Gómez Alcorta en el centro cultural Bartolina de Morón. La actual ministra era entonces la defensora de Milagro Sala, y colaboró conmigo en el libro La Libertad no es un Milagro.
Con pocas horas de diferencia los camaristas federales de La Plata Roberto Agustín Lemos Arias y César Álvarez confirmaron el procesamiento de los mismos Arribas y Majdalani y del operador Alan Ruiz, dictada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, por el espionaje ilegal al domicilio de CFK y al Instituto Patria. Arribas y Majdalani dieron las órdenes, que Ruiz ejecutó, pocos días después de que se hiciera pública la actuación de la Encuadernadora Glock. Los agentes enviados a ambos domicilios declararon que debían informar si había movimiento de bolsos (sic). El pretexto falso que usaron, avalado por el ex juez de Lomas Federico Villena, fue que se investigaban posibles delitos de terrorismo, narcotráfico y trata de personas (sic).
Quoque te AFIP
También la AFIP y Vialidad Nacional fueron puestas a realizar tareas ilegales de inteligencia, como se ventila en los juicios por el armado de causas apuntadas una vez más contra Cristina. La denuncia de la Administradora de Ingresos Públicos Mercedes Marcó del Pont contra sus ex predecesores Alberto Abad y Leandro Cuccioli, por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita, indica que entre los años 2016 y 2019 “se desplegaron en la AFIP acciones ilegales (de) hostigamiento fiscal (…) cumplidas con una finalidad de persecución contra la principal oponente política del entonces oficialismo, con una eventual afectación de derechos de difícil –sino imposible– reparación, tanto para ella como para sus hijos”. La presentación describe esas prácticas ilegales:
Irregularidades en el análisis de la situación patrimonial y formulación de cargos inexactos contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
Fiscalización por funcionarios de la DGI distintos de aquellos que resultaban competentes.
Miles de consultas en el sistema sobre información fiscal de la Vicepresidenta y sus dos hijos, sin fundamento legal siquiera aparente, a cargo de un nutrido grupo de agentes del organismo y eliminación de rastros informáticos sobre otras consultas ilegales, efectuadas al margen de procedimientos reglados, que constituyen un atropello institucional.
Funcionarios del AFIP, como Jaime Mecikovsky, actuaron en causas judiciales del doctor Glock invocando representación del organismo. Actuó como “auxiliar de justicia” sin contar con autorización de las autoridades respectivas y sin haberse siquiera informado formalmente al organismo”.
Se crearon grupos de trabajo para analizar la situación de ciertos contribuyentes, como Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Baez y de sus empresas, “cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento”.
Se verificó una actuación coordinada con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales, así como también vías de comunicación alternativas. Tal coordinación de acciones entre funcionarios del Organismo e integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, “excedió la colaboración que la administración presta —en el marco de sus competencia— a la judicatura”.
Estos delitos se analizan en las causas de Vialidad, contra Lázaro Baez, y de Oil Combustibles, que fue empujada de modo deliberado a la quiebra mediante afirmaciones falsas, con el propósito de apoderarse de los medios del Grupo Indalo, como la señal de noticias C5N y la radio Diez, que rehusaron sumarse a la operación contra Cristina.
En la causa de Vialidad, un testigo tras otro demuelen la acusación en favor de la cual fueron citados: la auditoría que Javier Iguacel ordenó en cuanto asumió no encontró obras sin terminar, mala calidad de los trabajos ni sobreprecios. Tampoco es desproporcionado que una provincia cuya extensión es el 10,5% del territorio nacional concentre el 11,2% del presupuesto de rutas, tal como lo dispuso el Congreso.
En La Nación, el columnista Alejandro Carrió defendió la ley del arrepentido como un “instrumento indispensable contra la corrupción”. Carrió se presenta allí como “abogado, especialista en derecho constitucional”. Hay un desliz semántico. Eso fue su padre, Genaro Carrió, defensor de Jacobo Timerman durante la dictadura y juez de la Corte Suprema designado por Alfonsín. El hijo es abogado defensor y lobbista del Grupo Clarín, de Maurizio Macrì, de su primo Angelo Calcaterra y de su gerente Javier Sánchez Caballero, datos fundamentales que Carrió no menciona. La AFIP lo contrató para preparar a los testigos en el juicio oral contra Oil Combustibles, como contó uno de ellos en la audiencia. En la etapa de instrucción cumplió el mismo rol Ricardo Gil Lavedra, quien también malversa el prestigio obtenido como camarista en el juicio a Videla, Massera & Cia en las peores causas: las falsedades en que se basó la detención preventiva de López y De Sousa y los juicios de Gerardo Morales contra Milagro Sala. Igual que Carrió, es virtuoso en el manejo del doble mensaje: luego de conseguir el encarcelamiento de los titulares del Grupo Indalo, cuestionó como si fuera un académico neutral el uso de la prisión preventiva; en la causa de Morales contra Milagro, no puso su firma, sino la de un abogado junior de su estudio, Federico Wagner, quien coordinó con la presidente del Superior Tribunal Jujeño y con el área de derechos humanos de la Cancillería de Macrì, la presentación de testigos amañados ante la CIDH, para que no le concedieran la prisión domiciliaria a Milagro Algo similar hizo hace dos décadas: cuando le pregunté cómo era posible que el ministro de Justicia del gabinete en las sombras de la primera Alianza fuera abogado de Telecom contra los reclamos de los usuarios, aceptó que era incompatible y que renunciaría a esa defensa. Entonces delegó la tarea en una poco conocida abogada de su estudio. Ascendió la ladera del prestigio defendiendo los derechos humanos. La desciende como defensor de los poderosos que violan esos derechos, e intenta blanquearse con los argumentos en favor de la ley IVE en el Congreso, donde habla por boca ajena. Un acabado ejemplo de perversión.
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El día 15 de diciembre, el diario La Nación publicó una nota titulada: “Impuestos: qué dicen 20 economistas sobre la presión tributaria en Argentina”, en la cual se destacan dos aspectos. Por un lado, los 20 eran varones. Es equivocado y extemporáneo que La Nación no haya entrevistado a ninguna economista mujer en medio de la ola verde que grita: “Ahora que sí nos ven”. Por otro lado, los 20 economistas varones “privados” respondieron que, en la Argentina, “los impuestos son elevados” y que en el país hay “una significativa evasión y poca eficiencia para recaudar”, lo cual encierra un punto de contradicción que quiero resaltar. Una auténtica falacia.
Si hay quienes logran evadir los impuestos, tal como afirman los economistas varones entrevistados por el diario La Nación, ello demostraría que la presión tributaria para algunos sectores (los evasores) no sería tan elevada.
La evasión y elusión fiscal quedan demostradas por los sucesivos regímenes de blanqueo fiscal que encaran los distintos gobiernos y, a su vez, por las estadísticas de la AFIP acerca de las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales, que muestran que los residentes argentinos subdeclaran sus tenencias de activos en el exterior. Se declararon 77.000 millones de dólares de activos en el exterior en Bienes Personales ante AFIP en 2018, mientras que el INDEC estima en 293.000 millones de dólares los activos externos en ese mismo período.
Ahora bien, la evasión fiscal representa uno de los graves problemas del sistema tributario argentino, que acompañado de la marcada regresividad que arrastra el conjunto del régimen, cuya estructura se sustenta fundamentalmente en tasas impositivas idénticas para distintas capacidades económicas, resultan en un combo de severa injusticia fiscal. Este fenómeno de la regresividad tributaria y la creciente evasión y elusión fiscal provocan que la presión impositiva para los sectores de alto patrimonio e ingresos y para las grandes empresas sea relativamente menor que para el resto.
Adicionalmente, la presión tributaria no es ni más ni menos que la capacidad recaudatoria del Estado y, por lo tanto, no debería entenderse como un aspecto negativo del sistema tributario. Equivale al monto de recaudación impositiva en términos de PBI (recaudación/PBI). Asimismo, si se compara la presión fiscal de la Argentina con la del resto del mundo, veremos que la de nuestro país (28,8% en 2018) se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE (34,3% en 2018) y de todos los países de la Unión Europea —como se observa en el gráfico debajo—, excepto Irlanda (considerando que este país se comporta como una guarida fiscal).
Veamos qué sucede en la actualidad con los grupos económicos. Las grandes empresas logran la erosión de su base imponible trasladando capitales al exterior mediante diversas técnicas que involucran las operaciones de comercio exterior y/o la utilización de entidades vinculadas localizadas en guaridas fiscales. Para ello, utilizan los precios de transferencia —precios intragrupo—, para transferir arbitrariamente ingresos hacia guaridas fiscales, a través de la manipulación de precios o la creación ficticia de servicios, intangibles (marcas, patentes, derechos, etc.), gastos y costos, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, la explotación de los tratados para evitar la doble imposición y las diferencias de criterios y huecos que existen entre los distintos sistemas jurídicos nacionales que en algunos casos permiten la doble no imposición.
En el mundo, las perdidas por el desvío de ganancias de empresas multinacionales se calculan entre 500 y 600.000 millones de dólares por año, según Naciones Unidas (UN-FACTI). Según las estimaciones de Alex Cobham y Petr Janský (2017), en la Argentina, se perdieron 21.400 millones de dólares en un solo año, en materia de recaudación impositiva en razón del desvío de ganancias de empresas multinacionales, lo que representa más de la mitad de las reservas internacionales.
A partir de la dictadura cívico militar de 1976, se adoptó en el país el criterio de “arm’s length” (criterio de entidad separada o plena competencia), aceptando la ficción de los contratos entre entidades de un mismo grupo económico (Arístides Corti, 2012). Previo a ello, entre los años 1973 y 1976 (presidencia de Cámpora / Perón) se dictaron cinco fallos judiciales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación [“Parke Davis y Cía. de Argentina, S. A. I. C.” (31/7/73, Fallos 286:97), “Compañía Swift de La Plata S. A. Frigorífica”, (4/9/73, Fallos 286:257), “MellorGoodwin S. A. C. I. y F” (18/10/73, Fallos 287:79), “RheinstahlHanomag Cura S. A.” (17/12/73, Fallos 287:450, considerando 6º), y “Ford Motor Argentina, S. A.” (2/5/74, Fallos 288:333).] ejemplificadores de la aplicación del principio de la realidad económica por encima de las formas jurídicas elegidas. A la vez que el Congreso Nacional recogió dicha doctrina judicial sancionando las leyes del Impuesto a las Ganancias (Ley N° 20.628), de inversiones extranjeras (Ley N° 20.557) y de transferencia de tecnología (Ley N° 20.794). Sin embargo, en 1976 se sancionó una nueva ley de inversiones extranjeras y se modificó la ley de impuesto a las ganancias y, al año siguiente, se sancionó una ley de transferencia de tecnología que derogó la anterior, acabando con la doctrina judicial mencionada. Con la sanción de la ley de inversiones extranjeras en 1993 y con la reforma de la Ley de Impuesto a las Ganancias del año 1998, se incorporó el concepto de “vinculación económica” y la fijación de precios intragrupo, precios de transferencia, aceptando explícitamente la validez de las transacciones de mercado entre entidades vinculadas. A partir de esta serie de reformas, los tribunales actuaron bajo el nuevo marco normativo, alejándose del principio de realidad económica.
En el ordenamiento jurídico doméstico, el principio de realidad económica está previsto en los dos primeros artículos de la Ley 11.683 de Procedimiento Tributario. Determina que para la interpretación de las normas impositivas se atenderá a la finalidad de las mismas y a su significación económica, y establece la preeminencia de la intención económica por encima de las estructuras jurídicas seleccionadas por el contribuyente. En el mismo sentido, la llamada “Doctrina Parke Davis” —aplicada entre los años 1973 y 1976, más tarde abandonada— es la que prioriza la “realidad económica” por sobre la forma jurídica.
La ley 21.382 de inversiones extranjeras,.vigente en su artículo primero, le otorga igualdad jurídica a los inversores extranjeros y a los nacionales, lo que, en rigor, provoca un tratamiento desfavorable para las empresas nacionales, puesto que las empresas radicadas en países con los que la Argentina firmó Tratados de Protección y Promoción de la Inversión Extranjera (TBIs) gozan de la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales, inexistentes para los capitales nacionales (ver Azpiazu, D., Manzanelli, P. y Schorr, M., 2011). Adicionalmente, establece en su artículo 9 que los actos celebrados entre entidades vinculadas son considerados como realizados entre partes independientes.
A pedido de los países del G-20, en julio de 2013, la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) lanzó un Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS), identificado 15 acciones necesarias para paliar dicha problemática. Sin embargo, las acciones propuestas por la OCDE representan parches al crítico sistema tributario internacional y no resuelven sus errores esenciales, como la noción de “entidad separada”. El criterio de arm’s length es una de las grandes fallas del sistema, que considera a las distintas entidades vinculadas que realizan una transacción como entidades separadas. En contraposición, una propuesta más acertada sería la de considerar a todo el conjunto de entidades vinculadas de una empresa trasnacional como una empresa única (Picciotto, 2014).
Existen numerosos abusos de derecho tributario, que a su vez constituyen casos de fuga de capitales, que cometen las empresas multinacionales y los grupos económicos locales transnacionalizados mediante la transferencia de utilidades intragrupo, a través de la manipulación de precios de transferencia, el abuso de convenios para evitar la doble tributación y otras técnicas de elusión fiscal internacional. Si bien la ley de Impuesto a las Ganancias establece que este tipo de transacciones “no serán consideradas ajustadas a las prácticas o a los precios normales de mercado entre partes independientes” —es decir, se asume explícitamente que no son partes independientes—, la misma norma avala la simulación de una ficticia fijación de precios entre partes vinculadas como si fueran independientes para establecer el valor de las transacciones a través de diversos métodos. En términos de realidad jurídica y realidad económica, la casa matriz y su filial son dos divisiones de una misma empresa y el “contrato” efectuado entre ambas no responde a los presupuestos mínimos del instituto jurídico de que se trata (Corti y Martínez De Sucre, 1976). En otras palabras, los contratos entre partes vinculadas actualmente funcionan como una ficción jurídica; ya que para que medie esquema contractual, en términos de realidad, es necesario contar con dos partes independientes, con intereses diferenciados y con capacidad mínima de deliberación. Sin embargo, en los contratos realizados entre entidades vinculadas, entre casa matriz y filial, por ejemplo, no puede comprobarse la existencia de dos partes, en tanto son divisiones de un mismo conjunto económico, y tampoco existen intereses contrapuestos, ni deliberación mínima entre ellas.
En muchos casos, estos contratos funcionan como un verdadero saqueo a la economía nacional, dado que el único propósito de su realización es la disminución de la carga imponible local y la transferencia de utilidades al exterior. En este sentido, es necesario adoptar el criterio de “grupo económico” en nuestra legislación, considerando que las empresas vinculadas, en términos de realidad económica, carecen de independencia, y, por tanto, muchas de las operaciones realizadas entre ellas deben ser tratadas como aportes o utilidades.
En materia de préstamos entre vinculadas, existen antecedentes en los cuales los jueces se pronunciaron en favor del fisco, entendiendo que representaban aportes de capital: “Entertaiment Depot S.A”, “Litoral Gas S.A.” y “Swift-Armour S.A”, en 2007, 2008 y 2011, respectivamente. La creación de deuda entre partes vinculadas tiene como efecto la transferencia de utilidades al exterior en concepto de intereses, por un lado, y, por otro, la deducibilidad de los mismos, lo que ocasiona la erosión de la base imponible local.
En el mismo sentido, debería haber un control estricto sobre los servicios intragrupo, así como sobre los gastos de investigación y desarrollo, los activos intangibles y los acuerdos de contribución de costos, los cuales podrían considerarse no deducibles excepto cuando éstos sean efectivamente prestados, sean considerados necesarios para el giro del negocio y produzcan una ventaja o utilidad para la entidad vinculada local.
Otro aspecto relevante tiene que ver con la necesidad de identificar las jurisdicciones opacas. En la actualidad, la norma prevé “países no cooperantes”, es decir, países no considerados “cooperadores a los fines de la transparencia fiscal” y “países de baja o nula tributación”. Los primeros son aquellas jurisdicciones que no suscriben acuerdos de intercambio de información con la Argentina en materia tributaria. En este caso, un aspecto sensible de la norma es que establece la posibilidad de considerar “países cooperadores” a aquellos con los que la Argentina haya iniciado negociaciones a los fines de suscribir un acuerdo, a pesar de aún no haber finalizado dichas negociaciones. Los segundos, las “jurisdicciones de baja o nula tributación”, son aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales que establezcan una tributación máxima a la renta empresaria inferior a una alícuota del 18%.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tributación máxima legal no suele ser la misma que la tributación efectiva, a la vez que ciertos países realizan acuerdos confidenciales de tributación con empresas multinacionales que no son publicados, por lo que se desconoce la tasa corporativa. Por otro lado, la opacidad de ciertas estructuras jurídicas tales como trusts y sociedades opacas resultan elementos que en sí mismos deben considerarse dañinos para la tributación local, más allá de las tasas impositivas establecidas.
En síntesis, resulta necesario desarrollar una agenda alternativa de propuestas de regulación global desde la perspectiva de los países periféricos, a la vez que es fundamental fortalecer el sistema tributario nacional, reforzando controles y eliminando debilidades de la legislación doméstica.
https://www.elcohetealaluna.com/presion-tributaria-y-grupos-economicos/
Guerra editorial contra la vacuna rusa
El relato opositor dictado por la estadounidense Pfizer
La disputa geopolítica y económica mundial en torno de las vacunas contra el COVID-19 obtiene de los medios privados más poderosos de la Argentina un alineamiento incondicional a favor del laboratorio estadounidense Pfizer, cuyas exigencias más recientes al Gobierno argentino justifican y aplauden con la misma intensidad con la que buscan profundizar la desconfianza sobre la Sputnik y su proceso de pruebas.
Para este servicio propagandístico, cuyo costo es difícil de precisar, se ocultan cada una de las dificultades y demoras que afronta Pfizer y se exaltan las de los otros proyectos, aunque el énfasis es contra Rusia, para lo cual no hay el menor reparo en la manipulación y el recorte alevoso, por medios de cabotaje e internacionales, de las declaraciones del presidente Vladimir Putin.
Vacuna “moscovita”, “esteparia”, “soviética” son términos deslizados por una tropa mediática que trabaja a destajo, y que no se priva de atribuirle a Putin haber dicho que la Sputnik “no sirve” para las personas mayores de 60 años, lo cual nunca dijo. O haber dicho que “no se la aplicará”, lo cual nunca dijo. El mandatario sí dijo que espera la aprobación de los científicos del resultado de la vacuna por las personas de su franja de edad para aplicársela, lo cual se espera en cuestión de días. Que las autoridades sanitarias argentinas no hayan explicado con toda precisión este aspecto es un elemento usado para poner en duda todo el proceso, en el pasado, en el presente y en el futuro.
Asimismo, también se esmeran en publicitar que la Sputnik no está aprobada por la FDA, la autoridad reguladora de Estados Unidos, como si esta disputa geopolítica y económica pudiera permitir que esa agencia decida basándose únicamente en parámetros científicos.
Con malabares expresivos de diversa calaña, hay notas que cumplen estas funciones de Letjman, Gutiérrez, Szewach y Aulicino, en Infobae; Kohan, Di Marco, Guyot, Jastreblansky y Morales Solá, en La Nacion; López, Wiñazki y Van der Kooy, en Clarín. Más varias notas sin firma en los tres medios.
En todos los casos el relato tiende a hacer creer que el ministro Ginés González García discute con Pfizer por algún interés obscuro e inconfesable, o porque hay un “alineamiento” con Rusia, o porque Putin es el “presidente preferido” de Cristina Kirchner, o porque Cristina Kirchner “es la madrina de la vacuna rusa”.
Estos medios y columnistas no logran ocultar su problema de fondo: mientras el Frente de Todos no se rompe, a pesar de los preanuncios que se remontan a mayo de 2019, un avance en la vacunación -cualquiera sea el origen- contribuirá con la esperanza de recuperación económica, con el fortalecimiento del Gobierno y del Presidente y, en consecuencia, repercutirá en las elecciones del año que está por comenzar.
Entonces, las imprevistas exigencias del laboratorio estadounidense a la Argentina, rechazadas por el ministro González García, se vuelven “razonables”, “lógicas”. O se deben a la “desconfianza política” que genera el Gobierno, como tecleó Morales Solá el domingo 20. En esta alocada estrategia de publicidad, la versión de fuentes de la industria sobre que Pfizer tiene problemas para producir la vacuna y por eso renueva las trabas, es directamente censurada.
Oxford no queda en Rusia y AstraZeneca no es soviética ni esteparia ni moscovita, escribiría Clarín, pero cuando el presidente Alberto Fernández hizo el anuncio del acuerdo respecto de este proyecto de vacuna hubo también un concierto de publicaciones que buscó sembrar las peores sospechas. Como la producción aún no llega, pues es esperada para los meses próximos, la venerable Universidad y la empresa asociada tienen un respiro. Solo temporal, porque todo lo que no sea de Pfizer será condenado.
Y, por si avanzara el proyecto de vacuna en China, Infobae -al que por algo se le dice InfoEmba o InfoMiami- ya va desplegando “datos” de la poca confianza que merecen esa potencia y sus científicos.
Con tantos mandados geopolíticos que cumplir, a estos medios y sus redactores no les sobra espacio para el resto de sus obligaciones. No obstante, una vez más se cumplió un movimiento casi mecánico: el domingo 13 las “plumas prestigiosas” de Clarín y La Nación escribieron que con su crítica a la Corte Suprema Cristina Kirchner puso en marcha un golpe a la Constitución. El lunes, el PRO, la Coalición Cívica, Carrió, recitaron a viva voz que Cristina Kirchner puso en marcha un golpe a la Constitución. El martes, Clarín, Infobae y La Nación publicaron la “noticia”: “la oposición denuncia” que Cristina Kirchner puso en marcha un golpe a la Constitución.
El acto del viernes 18 en La Plata fue otro mal trago, igual que había sucedido con la presencia del Presidente y la Vice en la ex ESMA, tanto que en los momentos previos se organizaron para afirmar que habían llegado “separados” a la capital bonaerense. Luego, la magnitud del acontecimiento político los superó ampliamente, se diría que al menos en algunos casos los desquició. Así ocurre con un comentarista de la segunda línea de Clarín, Fioriti, que hace una descripción según la cual en la coalición gobernante todos se odian pero, oh sorpresa, el Frente no se romperá para las elecciones de 2021.
Les queda lanzarse, y lo hacen, a la danza de nombres sobre la eventual salida de ministros u otros funcionarios, una posibilidad que abrió claramente Cristina Kirchner al pedir que dejen sus cargos funcionarios o legisladores que puedan tener “miedo”. Y, como una vez más lo describen al Presidente sometido a “Ella”, solo en espacios laterales se menciona que será Alberto Fernández quien decidirá, incluso sobre los tiempos de estos presuntos cambios.
El año ya termina y hay redactores que no quieren perder la oportunidad de quedar en el podio del antiperiodismo y la manipulación mediática argenta. Ejemplos:
– Una vez más Infobae la emprende contra Venezuela, por boca de Letjman. Para sentenciar contra la posición argentina de no condenar las elecciones legislativas recientes, como manda el Departamento de Estado, pone como ejemplo de posición humanitaria y ajustada a derecho al presidente colombiano, Iván Duque, títere del narcoterrorista ex presidente Álvaro Uribe, acusado de alentar y/o tolerar las múltiples matanzas que día a día se cometen en ese país.
– Clarín se queja de la dirigencia del fútbol. Escribe el editor Abascal que todo es oscuro y luce mal, que hay un sinfín de sospechas, etc. Se le olvida mencionar el largo período en el que la empresa para la que trabaja privatizó el fútbol y se llenó los bolsillos, aniquilando a competidores en todo el país, y que el 13 fue el canal oficial del “triunfador” Boca Juniors que le permitió a Macri su escalada política.
– La Cámpora anda de parabienes con espías y ex espías, dice Clarín. Van der Kooy acusa a Wado de Pedro de hacer un pacto con el siniestro Jaime Stiuso. Habla de “una negociación” del ministro con el ex espía, pero “no se sabe” cómo, ni cuándo, ni dónde “negociaron”. Precisión clarinesca.
https://www.comunanet.com.ar/guerra-editorial-contra-la-vacuna-rusa/
La FIP publica el Libro Blanco sobre el Periodismo Global
México lidera el ranking de países más peligrosos por cuarta vez
Miles de periodistas en el mundo han sido asesinados. Para tener consciencia de la violencia, la FIP lanza el Libro blanco sobre el periodismo global
Un recuento de datos recabados por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) en la publicación El libro blanco sobre el periodismo global señala, en los últimos 30 años, 2 mil 658 periodistas y comunicadores han sido asesinados en el mundo. De los mismos, el 90 por ciento no acreditó ninguna condena o acción de justicia. Durante 2020, 13 reporteros fueron asesinados tan solo en México, abonando a 42 periodistas asesinados en total alrededor del mundo en este año.
Fundada en 1926, la FIP fue la primera organización de periodistas en hacer un llamado de alerta ante los atentados contra comunicadores. Así, desde 1990 se ha dado la tarea de crear una "lista de periodistas asesinados" para sostener con datos la exigencia de justicia y seguridad para periodistas en todo el mundo. Anthony Bellanger, Secretario General de la FIP, señaló, no se trata de sólo una estadística, sino de amigos y colegas que dedicaron sus vidas a su trabajo como periodistas y "pagaron el precio" por ello. "No solo les recordamos, sino que luchamos cada caso, presionando a los gobiernos y a las autoridades para llevar a estos asesinos ante la justicia", agregó.
En el contexto del Día internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, la FIP declaró a América Latina como la región más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo. Pues se registraron 15 asesinatos de comunicadores; seguida de Asia-Pacífico con 13. Asimismo, en el ranking de 2020, México se encuentra como el país con más asesinatos (13) por cuarta vez durante cinco años, seguido de Pakistán (5) y Afganistán (3). Así, México se coloca en el segundo país con más comunicadores asesinados históricamente desde 1990 con 175. En este sentido, Irak es la nación con más asesinatos, contado 339, los cuales sufrieron un considerable incremento durante 2003, por la invasión angloamericana.
Según el documento, la mayoría de los asesinados son reporteros locales sin tener amplio reconocimiento en los medios. El 75% de los periodistas asesinados en el mundo no fue por accidentes de guerra, sino conscientemente asesinados por sicarios o murieron después de haber sido secuestrados y torturados. Asimismo, se lee, al menos 235 periodistas están actualmente en prisión en 34 países por acusaciones relacionadas a su trabajo. "El increíble número de colegas detenidos es un duro recordatorio del alto precio que los periodistas de todo el mundo pagan por su búsqueda de la verdad de interés público", afirma el presidente de la FIP, Younes Mjahed.
Por su parte, la FIP ha luchado en contra de las injusticias en materia de derechos humanos y asesinatos de periodistas durante toda su historia. Durante 30 años, ha pagado más de 3 millones de euros como compensación a reporteros y su familiares víctimas de la violencia. Aún así, los números publicados en el Libro blanco consolidan la preocupante situación de comunicadores alrededor del mundo.
https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/FIP_Libro_blanco_compressed.pdf
Los medios de comunicación se debaten entre la necesidad de financiemiento sujeto a los intereses de las corporaciones económicas y a las propias “gestiones de negocio” como corporaciones que tambien participan del financierismo globalizado transnacional. En todo caso, los limites que supone la política para cualquiera de ambas posiciones, marca una determinada linea editorial contraria a las políticas en general y a la de los Estados con alguna intencionalidad respecto a la democratización de los repartos de la riqueza producidas al interior de los Estados territoriales y que suponen capacidad de controlar respecto a ganancias y transferencia financiera al exterior de los recursos que se generan en el país y de las ganancias que se producen, de manera mas específica. El discurso de “transparencia” y “anti-corrupción” les resulta así funcional al negocio. De este modo no es un argumento “conspiranoico” entender el rol de los medios corporativos de información y producción de contenidos respecto a su clara posición contraria a los gobiernos populares o de tendencias socialiestas en el planeta. La acción libre de los periodistas choca con las contradicciones de cualquier sistema que atente contra la información libre, del mismo modo que contra los intereses de los “patrones” corporativos. De un lado con persecución y muerte, del otro con expulsiones y campañas de difamación cuándo no advienen a “mentir por el negocio”.
Juan Manuel Olmos, Jefe de Asesores de Presidencia de la Nación se refirió al funcionamiento del máximo tribunal judicial de la República Argentina: “Hagámonos cargo: la Corte Suprema no está funcionando bien. Cuando la Corte Suprema tiene un ojo puesto en la tapa del diario y otro en la Constitución comete errores, y eso no puede suceder porque es la última instancia y es la que tiene que velar por las garantías constitucionales”.
Con respecto al Lawfare, Olmos aseguró: “El artículo 18 dice que ningún habitante de la Nación puede ser penado, sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. La doctrina Irurzun vino a modificar las reglas que se aplicaban durante el proceso. Posteriormente a la acusación se intentó una doctrina decidida por los jueces, no por un cambio normativo ni por una ley donde se agregó a la prisión preventiva una nueva condición: el poder residual por haber sido funcionario. Eso es alterar una garantía. Dice también el artículo ´ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa´: ¿alguien tiene duda de que a Cristina le aplicaron tribunales especiales?", se preguntó Olmos. Y siguió: "Ocho indagatorias tuvo Cristina Fernández de Kirchner, el mismo día: ¿una persona se puede defender con las herramientas del debido proceso si el mismo día tiene que hacer ocho declaraciones indagatorias? Eso tuvo que soportar la Vicepresidenta y muchos ex funcionarios. Entonces lo único que se está reclamando pero que tiene una fuerza muy importante es que se aplique la Constitución, que se aplique el debido proceso y que estén vigentes las garantías constitucionales”.
Respecto de las palabras de la vicepresidenta, Olmos dijo: “Cuando habla Cristina tiene un peso su palabra porque la vicepresidenta es una líder política muy transparente: dice lo que piensa y hace lo que dice, y esa coherencia le dio una fortaleza política que se traduce en un apoyo muy importante de una parte muy grande de la sociedad. Tiene una mirada fundamental”.
Como balance del año de gobierno de Alberto Fernández, dijo: ”Nosotros asumimos el 10 de diciembre de 2019 con una tarea de reconstruir la Argentina, después de haber heredado un país luego de cuatro años de macrismo, económicamente quebrado, default, sobreendeudado, más de 80 mil millones con el mercado, más de 40 mil millones con el FMI, inflación galopante de más de 50 puntos, la caída de la producción y el consumo; socialmente muy comprometida, con más del 40 por ciento de pobreza, desempleo de más de 2 dígitos; e institucionalmente degradada porque tuvimos 4 años de persecución a los opositores con una manipulación ostentosa de la justicia utilizando los servicios de inteligencia. Bajo esa realidad heredada, nosotros sabíamos que teníamos que reconstruir social, económica e institucionalmente a la Argentina. Pero en marzo, a la pandemia macrista se le sumó la pandemia del coronavirus, que puso al mundo y al país patas para arriba y por supuesto, como dijo Axel (Kicillof) en el acto ´con la caja de herramientas vacía´ a diferencia de otros países que estaban mejor preparados. Nosotros tuvimos que pasar a una fase de gobierno de emergencia donde se alteraron las prioridades y donde hubo que cuidar la vida por sobre todas las cosas, evitamos el colapso y reconstruimos el sistema sanitario en todo el país”.
Finalmente, Olmos se refirió a posibles cambios en el Gabinete Nacional: “Los cambios los decide el Presidente y no tengo información sobre si el presidente está pensando eso. Después de un año hay evaluaciones y balances que se hacen en un año muy difícil. Yo he visto mucho compromiso en todo lo que se hizo: ATP, IFE, reestructuración de deuda, cumplir con las promesas de campaña, se dieron medicamentos gratis a jubilados, la tarjeta ALIMENTAR, me parece que se hizo un trabajo, conjuntamente con la emergencia, muy importante. Quienes han sido más o menos eficientes o en qué tiempo esa evaluación produce un cambio o no en los colaboradores del Presidente es un resorte exclusivo de él".
(https://www.pagina12.com.ar/313029-juan-manuel-olmos-la-corte-funciona-mal-porque-mira-mas-la-t )
La democracia se mejora con mas democracia. Nadie se salva solo.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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