Lo Humano en construcciones deshumanizadas

Todo lo humano es construcción humana, en los entornos no creados o creado por lo humano. Por lo tanto, todo lo humano incumbe a cada individuo. El poder (ejercicio de la posibilidad) es en toda situación ejercido por la cesión de facultades y decisiones. Se “es” humano en la relación con otros humanos y con el entorno natural o creado. Las relaciones necesitan indefectiblemente de la participación consciente y libre de cada actor. Si se cede poder no se cede la capacidad, ni el derecho, ni la posibilidad de controlar su ejercicio. Mercado, Gobiernos, tecnologías, por igual son construcciones humanas y escenarios de delegación de poder. 

 

Antonio Calleja-López, coordinador de la unidad de Tecnopolítica del grupo de investigación Communication Networks and Social Change del Instituto Interdisciplinario de Internet de la UOC(España), nos invita a reflexionar sobre el impacto de las tecnologías en los constructos sociales y la emergencia de lo que se da en llamar “Tecnopolítica”. 

 

El mundo en tiempos de la Covid-19 está marcado por una crisis sanitaria. Sin embargo, no es la única. Los últimos años parecen marcados por un declive de las democracias y un auge de los autoritarismos a escala global. Las respuestas al shock de la pandemia estarían acelerando estos procesos, de la mano de la digitalización. Según el informe Freedom on the Net 2020 (FN2020), la libertad en Internet ha disminuido por décimo año consecutivo. En este momento de emergencia, ¿asistimos al auge de un orden geopolítico definido por China y el autoritarismo digital, como viene señalando Freedom House? ¿O quizá presenciamos el ascenso de lo que Naomi Klein denomina el screen new deal, una sociedad digital preconfigurada por partenariados público-privados liderados desde Silicon Valley? ¿O tal vez se anuncia un cruce entre ambos? ¿Cómo afecta esta coyuntura a las libertades individuales y colectivas en el mundo? ¿Existen resistencias o alternativas?

 

Desde los trabajos de Juan Linz en los sesenta (Juan J. Linz, “An Authoritarian Regime: The Case of Spain” in Erik Allardt and Yrjö Littunen, eds., Cleavages, Ideologies, and Party Systems: Contributions to Comparative Political Sociology (Helsinki: Transactions of the Westermarck Society), págs. 291-342), el autoritarismo ha sido considerado un tipo de sistema político. Sin embargo, como ha sugerido Marlies Glasius (Glasius, M. (2018), “What authoritarianism is… and is not: a practice perspective”. International Affairs, 94 (3), 515-533, y Glasius, M., & Michaelsen, M. (2018), “Authoritarian Practices in the Digital Age: Illiberal and Authoritarian Practices in the Digital Sphere, Prologue”, International Journal of Communication, 12 (2018)), hoy resulta más productivo atender a las “prácticas autoritarias e iliberales” desplegadas también por actores no estatales y estados no considerados autoritarios. Las prácticas autoritarias se caracterizarían por el sabotaje a la rendición de cuentas por parte de la autoridad mediante estrategias como el desmantelamiento del acceso a la información (p.ej.: la desinformación), mientras que las prácticas iliberales estarían definidas por la violación de la autonomía y la dignidad personal (p.ej.: la vigilancia arbitraria). Casos como el ataque a la libre expresión (p.ej.: la censura) serían una combinación de ambos tipos.

 

 

La digitalización da nuevos medios y formas a estas prácticas. A la hora de abordarlas, es importante distinguir dos momentos en la relación entre política y tecnología. Al hablar del autoritarismo digital suele subrayarse el momento del uso, pero uno previo e igualmente importante es el de construcción de las tecnologías.

 

Para explorar la construcción de tecnologías puede tomarse un caso característico de la era Covid-19: el de las aplicaciones de rastreo de contactos. Diferentes paradigmas compiten para diseñar estas tecnologías, usadas para identificar personas que hayan estado en contacto con un caso positivo. Por un lado existe una propuesta, la DP3T (Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing), que usa el bluetooth del móvil siguiendo un protocolo descentralizado: los terminales almacenan códigos encriptados de las personas usuarias con las que se entra en cercanía física. Cuando una persona se declara positiva, el terminal envía un código a un servidor central, que a su vez envía una notificación al resto de terminales, los cuales comprueban de forma autónoma si el código está en su listado. Este protocolo es software libre, minimiza los datos recabados (p.ej.: no recoge la identidad de los sujetos ni su geolocalización) y los almacena en el propio móvil. Por el contrario, otros modelos usan GPS, almacenan datos de diverso tipo, se apoyan en servicios digitales o de telecomunicaciones, o, como mínimo, almacenan listados de contactos completos en servidores centrales. El modelo DP3T trata de maximizar la privacidad mientras que el resto ofrece más información a las autoridades, e incluso terceros, algo potencialmente útil en términos sanitarios pero también de vigilancia, represión, discriminación o explotación mercantil. El estudio Covid-19 digital rights tracker muestra que, a 7 de octubre, la apuesta de Google y Apple por un protocolo inspirado en DP3T lo ha hecho llegar (al menos) a un 37,5% del total de aplicaciones de rastreo. Más allá, una mayoría de ellas muestra deficiencias en sus políticas de datos y privacidad.

 

La GDPR (General Data Protection Regulation), la ley europea de protección de datos, una de las contribuciones clave del Viejo Continente a la geopolítica de la tecnología, ha servido como referente para DP3T. Pero más allá de las aplicaciones de rastreo, la geopolítica de la tecnología tiene hoy otros protagonistas. EE.UU. y China compiten por la hegemonía en el desarrollo y despliegue global de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el 5G o la vigilancia masiva. El Partido Comunista chino ha lanzado el programa China Standards 2035 para impulsar sus estándares. Mientras, EE.UU. ha tomado una posición errática a la hora de definirlos. Quizá como síntoma, frente al discurso del Internet abierto y el tecnoglobalismo de las últimas décadas, el bloqueo frontal a Huawei, TikTok, y WeChat en EE.UU. o la abolición del principio de neutralidad de Internet (por el cual proveedores de servicios de Internet y gobiernos deben tratar todo tráfico de datos de igual forma), denotan un tecnonacionalismo corporativo e intervencionista en auge. Por su parte, países como Rusia o Irán impulsan una cibersoberanía entendida como construcción y control autoritario de Internets nacionales.

 

Enlazando geopolítica y economía, debe recordarse que los actores en estas disputas no son solo estados sino también corporaciones. Las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), entre las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, han instaurado su modelo durante las últimas décadas. Al implantar sus prácticas, amparadas por el marco regulatorio estadounidense, en todo el mundo, han ejercido una forma de colonialismo digital. Han extendido lo que la socióloga Shoshana Zuboff denomina “capitalismo de la vigilancia” (Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Profile Books.),  una variación del capitalismo centrada en la extracción, procesado y uso de datos (y metadatos) personales a escala masiva a fin de analizar y orientar el comportamiento, en términos alineados con la maximización del beneficio privado, o lo que el filósofo Nick Srniceck define como “capitalismo de plataforma” (Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Profile Books.),  subrayando el despliegue corporativo de infraestructuras tecnológicas que operan como mediadoras y explotadoras de los recursos y actividades de otros actores sociales. Este modelo, extendido en ámbitos como el transporte, el alquiler de vivienda, la entrega a domicilio o el entretenimiento, parece ampliarse con la pandemia a ámbitos como la educación o la salud. Las corporaciones tecnológicas se ofrecen (en partenariados público-privados) como solución a los problemas del mundo de la pandemia y la pospandemia, algo que está incrementando sus cotizaciones bursátiles. Las Big Tech chinas, como Alibaba, Baidu, Tencent, Xiaomi o Huawei, operan según lógicas similares.

 

La prevista extensión del internet de las cosas de la mano del 5G implicará un mayor entrelazamiento de lo digital y lo analógico y, posiblemente, una profundización de estas lógicas algorítmicas y económicas en la vida cotidiana. Estos procesos son útiles, también, para las prácticas autoritarias. Más allá de este marco general, el autoritarismo digital encuentra proveedores tecnológicos específicos (cuando no promotores geopolíticos) entre las empresas y los estados de la OTAN, China, Rusia, e Israel.

 

Tras la construcción de tecnologías vienen sus usos. Entre las prácticas que definen el kit del autoritarismo digital destacan la vigilancia, la censura y la manipulación. Ligadas a ellas suelen ir otras como los ciberataques, la persecución y el acoso, o los cortes de internet. Estas prácticas suelen combinarse entre sí y con estrategias analógicas como las iniciativas legales y la represión en las calles.

 

 

Una primera práctica, la vigilancia digital, se ha apoyado a menudo en aplicaciones y plataformas digitales mainstream. Sobre su base han crecido sistemas de vigilancia estatal tanto en EE.UU. como en China. Las revelaciones de Edward Snowden mostraron cómo diferentes programas de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. y la CIA analizaban digitalmente la actividad de millones de personas. Por su parte, la regulación china de protección de datos ofrece amplios márgenes al Gobierno para recabar información o solicitarla a las empresas digitales del país. Además, durante la pandemia, la vigilancia digital se ha adentrado en lo analógico y lo biométrico. La estrategia china es un ejemplo del potencial de los sistemas de vigilancia híbridos para afrontar la crisis sanitaria, sistemas que incluyen tecnologías de grabación, biometría, IA, drones y aplicaciones móviles, junto a estrategias analógicas (p.ej.: fuerzas de seguridad). Pero el uso de estos sistemas (a menor escala) no es exclusivo. Otros países como Israel o Corea del Sur han usado una combinación de datos de geolocalización, grabación de videocámara o información de tarjetas de crédito, con flagrantes invasiones de la privacidad.

  

Por su parte, la censura en internet ha seguido en alza tras la llegada de la Covid-19. Según muestra FN2020, los gobiernos de al menos 28 países censuraron sitios y publicaciones en redes para ocultar acusaciones de corrupción y contenidos críticos ligados a la Covid-19. En 45 países activistas, periodistas o ciudadanía fueron arrestados o acusados de delitos penales por causas similares. En todo el mundo, los cortes de internet aumentaron de 111 a 213 entre el 2011 y el 2019. Se dan, también, situaciones paradójicas: empresas como Facebook, que ha rehuido toda supervisión y ha sido criticada por sus filtrados de contenidos, son llamadas a arbitrar y asumir más responsabilidades ante la proliferación de noticias falsas y desinformación entre el 2016 y el 2020.

Una tercera práctica del autoritarismo digital es la manipulación, entendida como desinformación/conformación. Aquí se sitúan casos como el de Cambridge Analytica, las operaciones de desinformación de Rusia, o de figuras como Steve Bannon, impulsor global del nacionalismo autoritario. La infodemia ha acompañado a la pandemia, impulsada por actores locales y globales. En países como India, Brasil o Filipinas, los partidos en el gobierno han usado las redes para desviar la atención de los errores en sus políticas sanitarias y lanzar a sus seguidores contra minorías u opositores. Por otro lado, iniciativas como el crédito social chino enlazan Estado y plataformas en un sistema de orientación del comportamiento que podría marcar el tiempo post-Covid-19. El debate sobre la realidad e impacto de estas prácticas subraya la necesidad de analizarlas.

 

En este contexto ¿hay resistencias o alternativas? Recientes encuestas como las del Pew Research Center, el Eurobarómetro y el European Tech Insights, o productos culturales como los documentales El gran hackeo y El dilema de las redes sociales, han mostrado y estimulado la creciente conciencia y preocupación pública en torno a estos asuntos. Sin embargo, la pandemia parece haberlas relegado frente a otras variables como la salud. En todo caso, ante el autoritarismo digital se vienen ensayando formas de resistencia, contraataque y alternativas impulsadas por la sociedad civil y algunas instituciones públicas.

 

Las estrategias digitales de países como Islandia o Estonia, la ley de protección de datos europea, las iniciativas para regular las Big Tech en EE.UU., o redes como la Internet Freedom Coalition o la de Cities For Digital Rights, son pasos en positivo. Más allá, la sociedad civil está en el centro de la batalla.

 

En el plano de la construcción de tecnologías, la intervención de organizaciones activistas y académicas en los debates sobre las aplicaciones de rastreo de contactos ha mostrado la flexibilidad del diseño y la relevancia de la ética de la tecnología frente al tecnodeterminismo o el tecnocentrismo. En esta dirección, nacen organizaciones de auditoría algorítmica y de justicia en el diseño tecnológico. En perspectiva geopolítica, desde la sociedad civil surgen narrativas y prácticas alternativas de soberanía tecnológica, que impulsan la construcción de infraestructuras abiertas, democráticas y garantistas de los derechos digitales, y que en ocasiones enlazan con instituciones oficiales en parternariados público-comunes. Proyectos de hardware libre como Arduino, servicios de internet como Guifinet, redes sociales como Mastodon, o redes políticas como Decidim, tratan no tanto de contrarrestar el autoritarismo digital cuanto de construir formas alternativas y más democráticas de política y sociedad digital. En el ámbito económico, la economía social y solidaria explora el cooperativismo de plataforma y los procomunes de datos como alternativas incipientes al capitalismo de plataforma. Investigadoras y activistas de todo el mundo, del Berkman Klein Center a la Mozilla Foundation, debaten y promueven estándares globales en esta línea. El propio FN2020 reclama a los gobiernos restringir tanto la exportación de tecnologías de censura y vigilancia como el desarrollo de sistemas integrados de biometría e IA.

 

Frente a los usos tecnológicos autoritarios surgen también diversas respuestas. Contra la vigilancia, las redes VPN o navegadores como Tor, las técnicas de encriptación fácil o los dispositivos para bloquear cámaras, son recursos usados por activistas. En términos de contraataque, las prácticas de vigilancia desde abajo (la sousveillance opuesta a la surveillance) incluyen el uso de móviles para grabar actuaciones de las fuerzas de seguridad estatal, las filtraciones de informantes o las denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Ante a la censura, además de las prácticas mencionadas, la sociedad civil ha seguido recurriendo a las redes sociales, en el caso de activistas chinos, usando el humor o los emojis para circular sus mensajes durante la pandemia. Frente a la manipulación social, redes activistas y académicas o de medios de comunicación han articulado observatorios, líneas de investigación y herramientas para detectar y contrarrestar redes de bots, noticias falsas y desinformación, o para divulgar información fidedigna y narrativas constructivas. La pandemia ha servido para experimentar tanto en el uso de espacios digitales para la protesta como en su conexión con la autoorganización urbana (p.ej.: Black Lives Matter) o la ayuda mutua inclusiva y de proximidad, posibles diques frente a la ultraderecha. Ante los cortes de internet se han usado aplicaciones como Firechat, que no requieren conexión a ella. Contra el acoso en redes se han extendido los talleres y kits de seguridad y autodefensa digital.

 

 

En este momento de shock pandémico y digitalización acelerada, el supervisar, intervenir y bloquear, o impulsar alternativas a las prácticas de construcción y uso de tecnologías de corporaciones y estados, desde la sociedad civil, parece imprescindible para garantizar la democracia y las libertades en las sociedad digitales. Las formas de autoridad y libertad hoy dependen de complejos entramados y conflictos tecnopolíticos. Lejos de todo determinismo histórico, político o tecnológico, el rostro de las sociedades tras la pandemia emergerá de las luchas en torno a ellos.

Brechas pandémicas  por Martín Becerra  Publicado en Letra P

Las condiciones de vida de hogares en la Ciudad y el conurbano bonaerense, sus brechas de conectividad y problemas de acceso. Estructura social y pandemia.

 

La realidad dispar del acceso a Internet y a dispositivos de conexión esenciales para trabajar, estudiar, hacer consultas médicas y sostener vínculos con los afectos fue relevada por un reciente estudio del INDEC sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en los hogares de la región del Gran Buenos Aires. El trabajo, que comprende la Ciudad de Buenos Aires y 31 partidos del conurbano bonaerense, abarca también las estrategias de cuidado y de subsistencia, los contactos de niños, niñas y adolescentes con la educación no presencial en 2020, así como también algunos de los principales trastornos que padecen los entrevistados al sobrellevar su existencia.

 

El trabajo del INDEC es una lupa que enfoca y delimita en el Gran Buenos Aires (GBA) varios de los rasgos y de las mutaciones de una sociedad con un índice de pobreza que golpea al 42% de sus integrantes a nivel nacional. Aunque el GBA es un entramado urbano que dista de ser representativo del resto de la Argentina, es el que concentra la mayor densidad poblacional y donde vive un tercio de sus habitantes.

La investigación expone cambios sociodemográficos que vienen moldeando la sociedad argentina y mapea experiencias y percepciones de los sectores con menores recursos. Ya eso constituye una información apreciable por infrecuente en un país que, en sus flujos noticiosos masivos, suele tematizar la pobreza con discursos normativos, muchas veces peyorativos y pocas veces comprensivos.

 

El endeudamiento y la multiplicación de estrategias adaptativas frente a un mercado laboral precario se profundizaron en pandemia, cuando el 70% de los hogares del GBA relevados por el INDEC se endeudó o restringió su consumo de alimentos. Las diferencias en estas cuestiones se estructuran según la clase social y el nivel educativo de los hogares (a mayor ingreso y nivel educativo, menor endeudamiento y contracción de consumo).

 

Los trastornos de ansiedad relacionados con la desigualdad económica y la inestabilidad laboral se agudizaron en pandemia: más de la mitad de los encuestados dijo sentir más ansiedad que antes y el porcentaje mayor en los hogares donde disminuyó el ingreso familiar (62,4%). Más de un tercio expresó tener más dificultades para dormir que antes de la pandemia, lo que en hogares con menores recursos llega al 40%.

El 45% de los hogares que respondió la encuesta tiene a mujeres como jefas de hogar. Sin ser representativo, el estudio es un indicio de lo que ocurre en el universo del área relevada. La creciente participación de mujeres como jefas de hogar en las últimas dos décadas habla de desplazamientos tectónicos en la sociedad argentina que se perciben en la agenda pública, aunque no siempre de modo directo.

 

La encuesta fue realizada entre agosto y octubre de 2020 y fue publicada ahora. Pese a que las medidas de prevención impidieron desarrollar el trabajo de campo presencial, el INDEC empleó controles y ajustes metodológicos para garantizar su consistencia.

 

Brechas de acceso a Internet, escolaridad y teletrabajo

Niñas, niños y adolescentes participaron mayoritariamente de la realización de tareas escolares en 2020, según la encuesta: el 97,7% de los hogares con niños y niñas de nivel primario y el 95,0% de hogares con adolescentes de secundario declararon haber hecho alguna tarea escolar durante la semana previa a la consulta.

 

La educación formal sigue siendo apreciada como un valor. El dato resalta más aún al indagar el acceso a dispositivos (PC de escritorio, notebook, netbooks y tablets) y conexiones de red. Entre el 20% y el 30% de los hogares padece muy malas condiciones de acceso y un porcentaje similar cuenta con terminales de acceso y servicios de conectividad muy deficientes.

 

 

El estudio detecta una brecha entre hogares cuyos hijos asisten a establecimientos educativos privados, que tienen casi en su totalidad conexión a Internet (más del 95%) y en su gran mayoría (86%) posee equipamiento informático, y los hogares cuyos hijos asisten a la escuela pública, donde la conexión a Internet no llega al 75% en el caso de quienes tienen menores en escolaridad primaria y apenas supera el 81% de quienes van al secundario.

 

Además, como secuela del desmantelamiento del Programa Conectar Igualdad durante el gobierno de Mauricio Macri, la posesión de equipamiento informático es de sólo el 46,6% de los hogares con hijos en escuela pública primaria y del 60,5% de hogares con hijos en escuela secundaria pública. En todos los casos, el trabajo de INDEC califica como equipamiento “bajo” el tipo de terminales y dispositivos con que cuenta la mayoría de los hogares.

 

De este modo, y aunque el estudio está acotado al GBA, valida los registros macro tanto de INDEC como del ENaCom acerca de la brecha de conectividad que, a nivel nacional, indicaba que cerca de un tercio de los hogares no contaban con conexión fija a Internet a mediados de 2020. Todo un desafío a superar en plena “era de la información”.

A la vez, el estudio detecta un incremento de la “pantallización” (la
exposición de usuarios a pantallas conectadas) de niñas, niños y adolescentes que va más allá de su proceso de aprendizaje formal en el marco de su escolarización.

 

Las brechas de acceso afectan además a sus padres que, en los procesos de teletrabajo, carecían de lugares adecuados para laborar en sus domicilios y sólo en el 24,7% de los casos, los empleadores les proveyeron los equipos. Desde ya, los problemas de acceso a conexiones de red también impactaron en la población adulta.

 

Casi el 80% de los hogares relevados carece de equipamiento o tiene dispositivos de baja calidad. Las brechas de conectividad y acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se complementan con los niveles de pobreza que la pandemia agravó. Para cambiar la realidad que el INDEC describe el primer paso es conocerla, y por ello el estudio es un aporte insoslayable.

 

El colectivo de Curas en la opción por los pobres emitió la siguiente declaración pública:

“El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10,10)

En estos últimos meses venimos asistiendo azorados al triste espectáculo ofrecido por políticos, medios hegemónicos, sectores de poder económico y, hasta jueces, que intentan utilizar la pandemia que aqueja a la humanidad entera para sacar una cuota de rédito político o incrementar sus ganancias (se sabe muy bien el inmenso crecimiento de las fortunas de algunos que medran con las «oportunidades» que se presentaron con la pandemia).

 

Una triste alianza a la que se han sumado, ahora desembozadamente, los jueces del tribunal que debería ser la última garantía de que el derecho sea más que un cúmulo codificado de leyes, sino el instrumento que rige la convivencia justa y solidaria de nuestra sociedad.

 

Hacer justicia es mucho más que la aplicación técnica de códigos y leyes: se trata de garantizar el bien común. Como bien recuerda el fallo emitido hoy (martes 4 de mayo) por la Corte Suprema de Justicia «las medidas que se adopten deben respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales». Lamentablemente, la impresión que deja la decisión de los jueces es que no se han atenido al principio formulado por ellos mismos. 

 

Puede que en los vericuetos de las leyes, de los que nosotros y la mayor parte de la población somos legos, puedan encontrarse excusas formales que permitan hacer creer que se ha servido al Estado de Derecho, aunque nos cuesta no verlo como un atentado a la división de los Poderes de la Nación y una intromisión, que no es la primera, en el ruedo del juego político.

 

Pero lo más peligroso y preocupante es que no se ha servido a los derechos fundamentales. Se podrá decir, con razón, que la educación es un derecho fundamental, pero nada dice que un determinado modo de educación (en este caso las clases presenciales) es un derecho fundamental en un momento en que otros derechos fundamentales están en juego, y *el más fundamental de los derechos es el derecho a la vida.

 

Y en este momento el derecho a la vida, y por ello las políticas sanitarias, tienen absoluta prioridad sobre el derecho a una determinada modalidad de la educación. Lo quieran o no ―lo sabrán en su conciencia―, a lo que sí han prestado un servicio es a un sector político que no ha logrado digerir su derrota electoral y que en su necrofilia habitual juega a resolver su interna echando muertos sobre la mesa.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires viene manejándose desde hace meses como si no fuera parte de nuestra Patria, sin tener miramiento de que sus políticas sanitarias tienen incidencia no sólo en el Área Metropolitana, sino en todo el país. Ha priorizado la interna partidaria al servicio al bien común de toda la Nación. Y en este juego han entrado los jueces del máximo tribunal de la Nación.

 

“La gloria de Dios es el hombre que vive” decía San Ireneo. Para nosotros, creyentes, Dios pone en juego su propia existencia en el ser humano que creó a su imagen y semejanza, y por eso no podemos permanecer impávidos y silenciosos ante este menosprecio de la vida humana, transformada en mercancía política. Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, 4 de mayo de 2021 (PE)

 

Niegan cautelar contra el aporte solidario a otro empresario

Justicia y Fortunas

 

La Justicia Federal rechazó una nueva medida cautelar solicitada por un contribuyente con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos para no pagar el Aporte solidario y extraordinario. La persona pretendía no quedar alcanzada por las obligaciones previstas en la ley 27.605 ya que sostiene que “perdió” la residencia fiscal en Argentina al adquirir la uruguaya en agosto de 2020. El juzgado desestimó el pedido

 

Hasta ahora, la AFIP fue notificada en unas 60 causas. Los distintos tribunales concedieron 5 medidas cautelares a distintos contribuyentes y ya rechazaron 9 pedidos realizados para no pagar el Aporte en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. 

 

El último contribuyente que recibió un revés judicial había solicitado que no se le aplicaran las disposiciones de la Ley 27.605 donde se estableció que deben encontrarse sujetos al Aporte solidario y extraordinario quienes revistan el carácter de residentes argentinos al 31/12/2019. El juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10 consideró que la situación de residencia fiscal del contribuyente Roberto Rodríguez requiere un análisis más profundo y excede el ámbito de una medida cautelar. 

 

La AFIP informó la semana pasada que la mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los datos preliminares muestran que alrededor de 10.000 individuos con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos cumplieron con las obligaciones previstas por la ley. Así, el 80 por ciento del universo potencial estimado cumplió con sus obligaciones. 

 

 

Alrededor de 300 contribuyentes iniciaron acciones legales para no pagar. Hasta ahora, la AFIP sólo fue notificada en unos 60 casos. La AFIP buscará que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Utilizará todas las herramientas a su disposición para defender la posición del Estado en las demandas iniciadas.

 

 "Llevamos iniciadas más de 1000 fiscalizaciones a contribuyentes con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte y seguiremos por las vías administrativas o judiciales", explicó la titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont. Y agregó que "tenemos que dar una batalla cultural sobre la importancia de pagar impuestos y sobre todo los contribuyentes con mayor capacidad contributiva".

(Página 12) 

 

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 1.382.065 tras confirmarse 7.213 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó este martes el Ministerio de Salud bonaerense.

Según la cartera a cargo de Daniel Gollan, en el territorio provincial fallecieron 35.015 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020.

 

Asimismo, se informó que 6.746.644 bonaerenses se anotaron para recibir la vacuna contra la Covid-19.

 

La cartera sanitaria detalló que el lunes fueron inmunizadas 26.744 personas y que el total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense llega a 3.519.505 (3.129.558 con la primera dosis y 386.947 con la segunda).

(Telam)

 

La oportunidad para pensar y pensarnos como país, como sociedad humana en un mundo humano, cuyas instituciones y sistemas se encuentran degradados en sus constituciones humanizadas y proponen, desde los poderes, la “desconexión” respecto de quienes se los ceden para su servicio público y no individual o corporativo, en especial aquellos sectores que concentran para si los privilegios económicos y de decisión respecto a un sistema que prioriza la tenencia de recursos financieros respecto de cualquier otro valor que cohesiones a las sociedades y sus conductas en las construcciones de su historia y de su realidad social, depende de pensarnos en nuestras propias constituciones como individuos en relación a otros individuos. Nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte.

Daniel Roberto Távora Mac Cormack