Mas allá de los pibes y las clases ...
Nicolás Fiorentino, Periodista. Pasó por los diarios Crítica de la Argentina y Crónica, fue acreditado en el Congreso por el diario BAE Negocios y editor del portal Letra P. Radio en FutuRock y Radio 10. Columnista de política del noticiero central de la TV Pública.
Escribe el siguiente texto en la revista digital “ANFIBIA” , producción de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
“Dios de todos, te pido por cada uno de los que viven y pasan a diario por esta Ciudad”, dijo hace tres años, cuando consagró su vida y su gestión al Sagrado Corazón de Jesús. Pero a Horacio Rodríguez Larreta, hombre católico, la pandemia lo llevó a tener fe sobre todo en un algoritmo. En su celular le instalaron un monitoreo diario que, mediante un gráfico de curvas, le permite seguir la ocupación de camas de terapia intensiva de CABA. Hay una línea con forma de panza que crece, baja, y así proyecta cómo puede ser la evolución de los contagios en su territorio; una línea punteada muestra el avance día a día; una línea roja trepa y marca el límite, el hipotético colapso del sistema. En ese seguimiento digital, hace semanas que la línea de puntos se arrima peligrosa y velozmente a la roja. El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, es quien evangeliza con ese algoritmo, consciente del riesgo de depositar expectativas sobre vidas humanas en predicciones matemáticas. El gobierno porteño está convencido: la segunda ola se puede surfear sin nuevas restricciones, lo urgente sería recomponer el vínculo con la Rosada. Pero el vínculo, que ya venía con altibajos, detonó el 14 de abril.
Esa noche Alberto Fernández hablaba por cadena nacional. Apenas anunció la suspensión de las clases presenciales en el AMBA, cinco funcionarios porteños recibieron el mismo mensaje. Rodríguez Larreta, en llamas por una decisión presidencial que no esperaba, los convocaba para organizar el contraataque. Ese miércoles, cerca de las 22, los hombres del jefe de Gobierno dejaron todo lo que estaban haciendo y viajaron hacia la sucursal de Pizza Cero de Libertador y Tagle. En ese encuentro empezaron a cocinar la estrategia política y judicial para evitar el cierre de las escuelas de su jurisdicción. Empezaban los días de furia del alcalde porteño, formateado para actuar sin perder la calma, para no cruzar jamás la línea que delimita su zona de confort sin medir el costo de pisar el barro. Al menos, hasta mediados de 2023 cuando su candidatura a presidente sea un hecho consumado.
Esa noche en Buenos Aires sólo había una persona más enojada que Rodríguez Larreta, el Presidente. Unos días antes había establecido nuevas restricciones porque la curva de contagios se empinaba; en el mismo decreto habilitaba a lxs gobernadorxs a tomar medidas más duras. Ninguno lo hizo, Fernández sintió que no querían afrontar el costo político de dar noticias antipáticas y grabó un mensaje lleno de recriminaciones. Anunció, también, que se iba a endurecer la estrategia sanitaria en el AMBA: prohibido circular entre las 20 y las 6 y adiós a la presencialidad escolar. Con eso dejó en offside a su ministro de Educación, Nicolás Trotta, y a su ministra de Salud, Carla Vizzotti, que habían pasado esa misma tarde confirmando que las clases presenciales no se tocaban.
La medida sacudió la fibra íntima de Rodríguez Larreta: afectaba a su electorado sin consulta ni preaviso y lo exponía ante el ala radicalizada de Juntos por el Cambio. “Alberto se enojó con los gobernadores pero nos hizo pagar solo a nosotros”, leyeron los hombres de Pizza Cero: el Jefe de Gobierno sentado en la cabecera rodeado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el secretario general, Fernando Straface, el secretario de Medios, Cristian Coelho, y el secretario de Comunicación, Federico Di Benedetto. La última vez que Rodríguez Larreta se había sentido así, en septiembre de 2020, Fernández le había quitado los 2,1 puntos de coparticipación que Mauricio Macri le había cedido a la Ciudad en 2016. Aquella vez también se enteró mirando la televisión.
Ese miércoles, la app del celular de Larreta marcaba una ocupación de camas de terapia intensiva en centro de salud públicos del 53,5%.
La decisión de Fernández activó la maquinaria tuitera del macrismo duro. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Laura Alonso y varixs más salieron a marcarle la cancha a Larreta: tenía que ponerse los guantes. No fue esa presión interna la que lo llevó a reaccionar de forma intempestiva, sino los modos del Presidente. Larreta se activó. No había manera, en su cabeza ni en la de su grupo íntimo de asesores, de confirmar el cierre de escuelas cuando horas antes el mismo ministro de Educación de la Nación lo descartaba. En Pizza Cero se decidió que el jefe del PRO en la Ciudad se calzara el traje de fajina y saliera a combatir. No por Macri o por Bullrich, sino porque se sintieron convocados a esa contienda por Alberto Fernández. Molestó el qué, es cierto; pero mucho más molestó el cómo. En paralelo, se acordó recorrer una doble vía judicial: presentar un arsenal de amparos en la justicia porteña hasta que alguno ingresara en un tribunal que le permita sostener las escuelas abiertas, mientras la cuestión de fondo quedaba en manos de la Corte Suprema, enfrentada históricamente con el kirchnerismo.
La improvisación e ineptitud, también en el manejo de la pandemia, han generado angustia y enojo en los argentinos. No hay dudas de que las escuelas deben seguir abiertas. Mi apoyo a la Ciudad para que actúe haciendo respetar su Constitución y su autonomía.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 15, 2021
Corrido del discurso del diálogo que es parte del marketing con el que busca definir su perfil de presidenciable, Rodríguez Larreta convocó para el jueves 17 por la mañana a una conferencia de prensa donde mostró su estrategia ofensiva. Confirmó todo lo que habían definido en Pizza Cero: que iba a dar intervención a la Corte Suprema y que iba a mover todas las piezas que tuviese que mover para que el lunes 20 ninguna escuela de la Ciudad amanezca cerrada. Subido a una ola que suele dejar pasar, la de la confrontación, el jefe de Gobierno porteño le mostró los dientes a la Casa Rosada mientras Bullrich comandaba personalmente una movilización contra el Presidente, Macri intimaba a los intendentes bonaerenses del PRO a rebelarse contra el decreto presidencial, el hashtag #DesobedienciaCivilYa se hacía trending topic y una señora de rizos color ceniza se convertía en meme, bailando al ritmo de las cacerolas frente al cordón policial que custodiaba la Quinta de Olivos. Rodríguez Larreta fue una foto más de ese álbum en el que siempre elige no participar. Tenía, por primera vez en mucho tiempo, los mocasines en el barro.
Manifestantes protestan frente a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada pese a la prohibición de circular después de las 20
— infobae (@infobae) April 18, 2021
Los intendentes de PBA tienen la oportunidad de imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así. Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 15, 2021
El jueves, Santilli llamó a Julio Vitobello, un hombre con doble cargo: es el secretario general de la Presidencia y la sombra de Alberto Fernández. Coordinaron una reunión de Rodríguez Larreta y Fernández para el viernes 16. Los dos, Larreta y Santilli, se subieron a la camioneta en la que se mueve el jefe de Gobierno y durante el trayecto hacia Olivos conversaron vía Zoom con la mesa chica del larretismo. Querían llegar al encuentro con un pliego de condiciones.
La
reunión aportó una foto de Fernández y Larreta enfrentados en un
amplio salón de la quinta presidencial, con una ventana de fondo
garantizando la circulación cruzada de aire. Dos días después, esa
foto había perdido todo valor y sentido.
Ese viernes terminó con una ocupación de camas de terapia intensiva en el subsector público de salud de la Ciudad del 61,1%.
Rodríguez Larreta estudió su discurso durante cuatro horas. Tres de ellas compartidas con sus asesores y la última en la soledad de su despacho, justo debajo de la camiseta de Racing enmarcada que decora una de sus paredes. En la sede del gobierno porteño de la calle Uspallata, ese domingo 18 de abril parecía un día de semana como cualquiera. La estrategia que pusieron en marcha el Procurador de la Ciudad, Gabriel Astarloa, el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro, el subsecretario de Justicia, Jorge Djivaris, y el legislador Martín Ocampo tuvo éxito y consiguió que uno de los varios amparos presentados -algunos de ellos con origen en organizaciones de padres- cayera en la sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo.
Estrategia legal número 1: exitosa. El DNU del Presidente fue bloqueado por un fallo local que ordenó sostener las escuelas abiertas por la incompetencia del Ejecutivo nacional en la toma de decisiones que afecten la autonomía de la Ciudad. Aunque no terminó de convencer a buena parte del gabinete porteño, a Rodríguez Larreta le funcionó para llevar adelante su revancha.
Ese
domingo terminó con una ocupación de camas de terapia intensiva en
el subsector público de salud de la Ciudad del 65,3%.
El juez federal Esteban Furnari le ofreció a Rodríguez Larreta una salida decorosa. El martes 20 de abril decretó la incompetencia de la Cámara porteña para desactivar un decreto presidencial y fijó como único órgano competente a la Corte Suprema. El jefe de Gobierno tuvo la oportunidad de tomar ese camino, acatar el fallo de la justicia federal, pararse frente a una cámara, lamentar que los chicos vuelvan a las clases virtuales y volver a la senda discursiva del diálogo y el consenso, pero no lo tomó. Seguía caliente y adherido, como por tentáculos, al plan que se habían trazado la noche de Pizza Cero: que las escuelas sigan abiertas como sea hasta que la Corte defina.
Esta vez fue vía Zoom. En su entorno ya aparecían voces disonantes ante la idea de ir a fondo contra el gobierno nacional. Uno de sus hombres de confianza se animó a cuestionarlo:
—No hay forma de mantener con vida un plan presidencial al que le restan más de dos años con este nivel de confrontación.
Rodríguez Larreta lo miró, hizo una pausa y le respondió pero hablándole también al resto de los que estaban conectados a esa videollamada. La presencialidad escolar, a esa altura, se había convertido en su bandera y no había manera de dar marcha atrás.
El funcionario que le planteó a Larreta sus dudas no hablaba sólo por él: la sensación de que el tren de bronca del jefe de Gobierno se había pasado dos pueblos empezaba a extenderse por su gabinete. No fue el único que le recomendó si no deponer armas, al menos ir en busca de un armisticio, una tregua momentánea, unos días de paz. El jefe aceptó parcialmente y acordaron informar el desacato al fallo de Furnari con un comunicado bastante lavado.
Ese martes terminó con una ocupación de camas de terapia intensiva en el subsector público de salud de la Ciudad del 67,3%.
Si en determinados momentos Larreta tiene que correrse de su plan original de esquivar las balas como en Matrix y mantenerse aislado de los conflictos, solo lo hará por cuestiones puntuales que pueda capitalizar políticamente. Si endureció su discurso en este caso es porque la presencialidad escolar dio en la talla: afectó directamente a su electorado más fiel –la resistencia se planteó principalmente en la comunidad de escuelas privadas- y puso todas las luces de la interna de Juntos por el Cambio sobre su cabeza.
Mientras tanto, en la sede porteña de Parque Patricios empezó a llamar la atención la encuesta de una consultora que trabaja para el gobierno. En la última semana, el desacuerdo de porteños y porteñas con el cierre de las escuelas había bajado del 60% al 50%. Esos números revelaban la preocupación social por el crecimiento exponencial de contagios, internaciones y muertes por coronavirus en CABA.
El lunes 26 de abril, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, respondió los mensajes que Felipe Miguel le había dejado unos días antes. Acordaron verse al día siguiente y sumar a la mesa a Carlos Bianco, jefe del gabinete bonaerense. Pasada la primera etapa de reproches acordaron seguir un esquema que más o menos convenciera a todos.
En ese acercamiento, la Ciudad cedió parcialmente la presencialidad en secundarias, pasando a un esquema bimodal. Y en lugar de suspender la obra privada, como quería, achicó esa idea a proyectos de más de 2.500 metros cuadrados. Cafiero no estaba convencido de afectar a un sector tan precarizado como el de los obreros de la construcción y Miguel lo entendió. Ese día, en Casa Rosada, se puso el primer ladrillo para reconstruir un puente que, al caerse, dejó heridos en Olivos y en Parque Patricios.
Ese martes terminó con una ocupación de camas de terapia intensiva en el subsector público de salud de la Ciudad del 86,2%, en zona más que crítica.
El viernes 30 de abril Rodríguez Larreta volvió a enfrentar las cámaras con su habitual tono. Anunció que las secundarias de la Ciudad pasarían a un esquema mixto porque ese segmento etario es el que más utiliza el transporte público entre lxs estudiantes. La expectativa en la resolución de la Corte Suprema había quedado en pausa.
No había ni terminado el día cuando Patricia Bullrich abrió hilo y repudió la decisión. Cuatro tuits le bastaron a la presidenta del PRO para mostrarle a Rodríguez Larreta el fino equilibrio en el que debe moverse: apenas da un paso hacia el centro, le llega la factura por derecha.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 30, 2021
Ese viernes la ocupación en terapia intensiva de la salud pública porteña fue del 80,2%. Quirós acababa de sumar 50 camas críticas ese mismo día para alivianar el dato y que en la conferencia de prensa el dato que tenía que dar su jefe no fuese tan alarmante.
Estrategia legal número 2: exitosa. El martes 4 de mayo, mientras la ocupación de camas de la UTI porteñas era del 83,8%, la Corte Suprema votó en forma unánime a favor de la autonomía de CABA para determinar cómo dictar sus clases. Y estableció la incompetencia del Ejecutivo nacional para ordenar el cierre de escuelas sin el aval de los gobernadorxs o, en este caso, del jefe de Gobierno porteño. “No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencia”, dijo Fernández al conocer el fallo. La decisión del máximo tribunal había golpeado, y feo, en el ánimo presidencial. Mientras en el Gobierno de la Ciudad se chocaban copas.
Game over.
Luego de conocido el fallo de la Suprema Corte de Justicia en torno al amparo presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que judicializó el DNU presidencial vinculado a la presencialidad escolar, Raúl Zaffaroni, ex-integrante de la Corte Suprema de Justicia y Profesor Emérito de la UBA, afirma en esta nota que en el caso planteado por el gobierno de la CABA, los jueces de la Corte han optado por dirimir la cuestión conforme a su propia ciencia y, de este modo, se ha inaugurado la nueva epidemiología judicial. Desde ahora, la OMS, los institutos científicos y el mundo académico especializado, deberán tomar en cuenta como criterio el señalado por el novísimo tribunal supremo de epidemiología.
1- La epidemiología es una ciencia.
Desde hace algo más de un siglo, nuestra Corte Suprema, pretorianamente –es decir, por decisión propia y sin que lo diga expresamente la Constitución- comenzó a ejercer la última instancia de cualquier causa de cualquier materia y tribunal de toda la República, cuando considera que una sentencia es arbitraria y siempre que le dé la gana hacerlo, para lo cual se presume que sus jueces conocen a la perfección todo el derecho, aunque no haya ningún ser viviente capaz de eso.
No sólo es jurídicamente omnisciente, sino que también posee características sobrehumanas, pues adopta 12.000 o 13.000 resoluciones por año, en un promedio diario que ningún otro juez del mundo puede hacer: sus miembros son Übermenchen y Überichter.
Pero ahora no sólo resulta ser omnisciente en materia jurídica, sino también en materia epidemiológca, quizá porque la palabra epidemia empezó a usarse en tiempos del emperador Justiniano, el mismo que hizo recopilar el Digesto. El fenómeno milagroso del Pentecostés jurídico se ha extendido a ese campo de la ciencia médica combinada con el complicado terreno matemático de la estadística y del cálculo de probabilidades.
Según la OMS la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Es una ciencia que registra lejanos antecedentes, pero que parece haberse concretado como tal en el Renacimiento, cuando en 1546 se publicó en Venecia el libro de Girolamo Fracastoro, De contagione et contagiosis morbis et eorum curatione.
La Corte Suprema no requirió el parecer de ningún epidemiólogo, no convocó a ningún experto catedrático de la materia, a ningún sabio internacional y ni siquiera consultó a su propio Cuerpo Médico Forense, sino que decidió exclusivamente en función de los conocimientos epidemiológicos que –como de costumbre- se descuentan en sus jueces omniscientes.
2- Los jueces no resuelven cuestiones científicas discutibles.
En función de esos conocimientos –inherentes a la ciencia infusa de sus miembros- consideró irracional la suspensión de clases presenciales en la CABA. Si hubiese consultado peritos, sin duda hubiese recibido opiniones que le habrían demostrado, por lo menos, la existencia de una diversidad de perspectivas científicas, o sea que, en el peor de los casos le hubiesen informado que se trata de una cuestión discutible en el campo de la epidemiología, es decir, en disputa en el terreno de la ciencia médica. En tal caso, si hubiese debido seguir el criterio tradicional en la jurisprudencia argentina –por ejemplo, siempre que se juzgan casos de mala praxis médica-, debía haberse atenido al invariable criterio según el cual, cuando algo es discutible en la ciencia médica, los jueces se abstienen de decidir cuestiones científicas, como también de consagrar o descalificar las escuelas que disputan en las ciencias médicas.
En el caso planteado por el gobierno de la CABA han optado por dirimir la cuestión conforme a su propia ciencia y, de este modo, se ha inaugurado la nueva epidemiología judicial. Desde ahora, la OMS, los institutos científicos y el mundo académico especializado, deberán tomar en cuenta como criterio el señalado por el novísimo tribunal supremo de epidemiología.
3- Las decisiones de un poder del estado basado en cuestiones discutibles en el campo científico no son irracionales.
Cuando un poder del estado, en el ámbito propio de sus competencia constitucional, toma una decisión política, es sabido que los jueces no deben juzgar su corrección y oportunidad en la medida en que ésta no sea absolutamente irracional, como hubiese sucedido si el DNU en cuestión hubiese prohibido la distribución de vino o cerveza aduciendo que con eso se prevendrían contagios, o si para distinguir a los vacunados de los no vacunados quisiese obligar a cada vacunado a llevar una gorra verde o roja, o cualquier otro despropósito parecido, que resulte absolutamente inconducente a la luz del conocimiento científico. Pero en la medida en que se trate de una opción que se halle científicamente fundada, aunque fuese materia de discusión entre los científicos, eso mismo indica que no es irracional y, por ende, que no es materia de los jueces.
4- Se trata del ejercicio del poder de policía sanitaria federal.
No cabe discutir nuevamente si la CABA es o no una provincia, renovando viejos argumentos del menemismo, cuando oscureció las disposiciones en la reforma de 1994 para tratar de limitar o neutralizar al máximo las reformas propuestas por Alfonsín en el llamado pacto de Olivos. Dejando de lado esas trampas o diabluras políticas de otros tiempos, lo cierto es que desde la lógica aristotélica –algunos dicen que incluso antes- se conoce el principio de identidad, conforme al cual, si un ente tiene las características de ese ente, es ese ente, lo que popularmente se grafica con el famoso si cola de perro, orejas de perro, hocico de perro y ladra, es un perro. Pues bien: si tiene senadores nacionales, constitución, poder legislativo, gobernador y poder judicial, es una provincia.
Las dos características diferenciales de la CABA respecto de las otras provincias argentinas son de distinta naturaleza. Desde lo jurídico, está limitada su autonomía en la medida necesaria en que lo exija ser sede del gobierno federal. Pero desde la realidad, es decir, ónticamente, es una provincia urbana que no está separada de la provincia de Buenos Aires como Tierra del Fuego de Santa Cruz, sino que todas las semanas transitan millones de habitantes entre ambos territorios.
En esas condiciones, es obvio que una epidemia en cualquier de ambos lados de una avenida afecta a los habitantes de la otra acera que atraviesan la avenida por millones, con lo que en esas circunstancias se plantea un problema sanitario interprovincial que, o bien se resuelve por acuerdo entre los gobiernos de las dos provincias, o bien lo debe resolver el ejecutivo federal en ejercicio del poder de policía sanitaria en todo lo que exceda y afecte a dos o más provincias. Sería inadmisible que una provincia tuviese una bomba de virus contaminantes repartiéndose por sus vecinas y no hubiese autoridad federal con competencia para detenerlo.
5- Se trata de cuestiones políticas no judiciables.
Cuando en ejercicio de ese poder de policía sanitaria, el ejecutivo federal adopta una medida, como es la de suspender las clases presenciales, que no es irracional porque como máximo es discutible en el campo de la ciencia médica o de su especialidad epidemiológica, los jueces deben abstenerse de intervenir. Este criterio desde siempre se ha sostenido en la jurisprudencia, con el nombre doctrinario de cuestiones políticas no judiciables. Esta reiterada tesis jurisprudencial no es más que una regla que se deduce del principio de separación de poderes del gobierno del estado impuesto por el principio republicano del artículo 1º de la Constitución.
Cada juez es un ciudadano y el hecho de ser juez no le resta el ejercicio de ninguno de los derechos inherentes a su condición de ciudadano argentino y, por ende, tampoco el de coincidir, disentir y criticar, privada o públicamente, o incluso en sentencia, lo decidido por el otro poder del estado, conforme a sus convicciones, ideología o concepción del mundo, absolutamente respetable. Pero lo que no puede hacer es invalidarlo en función jurisdiccional, porque de hacerlo, estará asumiendo las funciones que corresponden a otro poder del gobierno, con lo que resulta violado el principio de separación de poderes del gobierno del estado y, por ende, el mandato republicano de nuestra Constitución.
6- La Corte Suprema está ejerciendo el poder de policía sanitaria.
La violación de esta regla importa que un poder del estado asume las funciones de otro de los poderes, o sea, que la Corte Suprema ha asumido funciones del ejecutivo al sustituir la decisión política de este poder por la propia y reemplazar la elección de una posición científica por otra y, además, lo ha hecho sin siquiera convocar a peritos en la materia, o sea, con la simple información de los medios de comunicación, con el mismo conocimiento lego que tenemos todos los ciudadanos que vemos la televisión, escuchamos la radio o leemos los periódicos. Decidió una cuestión médica sin siquiera escuchar a los médicos de su propio Cuerpo Médico Forense ni convocar a ningún profesor de la Facultad de Medicina, para acabar atribuyéndose y ejerciendo un poder político de gobierno de la polis que corresponde a la rama ejecutiva.
De este modo, se ha atribuido conocimiento científico epidemiológico, ha dejado de lado el inveterado criterio de no decidir cuestiones de escuelas técnicas -especialmente en el ámbito médico-, se ha apartado de la tradicional tesis de las cuestiones políticas no judiciables, puso en duda el poder de policía sanitaria del ejecutivo nacional en caso de una pandemia que afecta a dos o más provincias y, finalmente, se atribuyó y ejerció ese poder de policía que no le incumbe, al disponer una medida concreta como es la de dar vía libre a las clases presenciales en la CABA.
Obviamente que, al quitarle al ejecutivo federal esta función que le es constitucionalmente propia y ejercerla por sí misma, la Corte Suprema se hace jurídicamente responsable de todas las consecuencias que su decisión política tenga en el plano de la realidad social, incluyendo las de eventuales contagios de docentes, alumnos y familiares y de los también eventuales resultados incluso letales de esos contagios. ¿No es seguro que estos contagios y muertes de produzcan? Es verdad, pero la única que afirma con total y absoluta seguridad que no se producirán es la Corte Suprema.
7- Una magnífica oportunidad perdida.
En medio del desorden que habían provocado las decisiones del gobierno de la CABA y de algunos de sus jueces incompetentes –ni siquiera de su Superior Tribunal-, en medio de una pandemia que está costando más de quinientas vidas humanas con toda su secuela de dolor de familiares y personas cercanas, producidas por un virus nuevo cuyo comportamiento tampoco tienen del todo claro los infectólogos y cuya diferente velocidad de extensión desconcierta a los epidemiólogos, la Corte Suprema ha desperdiciado una magnífica oportunidad de poner orden en la emergencia, es decir, dando a cada uno lo que le corresponde o –como dirían en mi barrio- marcando la cancha, reafirmando el principio republicano de gobierno y señalando que si bien la educación es internacional y constitucionalmente un derecho fundamental, ningún texto permite que se lo interpreta como prioritario al derecho a la vida.
Es triste, penoso, lamentable, pero como no nos cansamos de repetir y como enseñó desde el siglo XIX von Jhering: el derecho es lucha.
dejó algunas enseñanzas con respecto a la educación en pandemia. El gobierno suspendió las clases y con eso trajo varias polémicas, aunque siempre es mejor ponerlas en perspectiva.
La educación virtual fue siempre un privilegio el año pasado. Muchos estudiantes que viven en condiciones humildes no tienen conexión a internet, por lo tanto no tienen la posibilidad de hacer un seguimiento de las clases. El único final posible es la deserción. Mientras la Ciudad de Buenos Aires puso el grito en el cielo reclamando su autonomía, lo cierto es que no otorgó ningún recurso para que estos chicos puedan seguir conectados a la escuela. El gobierno nacional, por su parte, parece tener como única solución el cierre total de las actividades escolares.
En este 2021 la discusión, en vez de encontrar una solución que deje satisfechos a todos, pasó a una judicialización extrema. CABA reclama por la supuesta inconstitucionalidad de un decreto nacional y olvida que una presencialidad total hace a un aumento de la movilidad de la comunidad educativa, cuya mayoría viaja en el transporte público. El gobierno de Alberto Fernández sostiene la suspensión de clases basándose en contagios que no superan el 1% de las burbujas. Tampoco parece tener una idea alternativa a la suspensión de clases. En paralelo, corta los canales de diálogo aduciendo una situación extraordinaria, entorpeciendo la autoridad de la Ciudad. Todo termina en la justicia, que responde con una obviedad demasiado grande a las presiones de cada partido político. La ciudad acude a quien sabe le votará a favor y viceversa.
Es innegable que hubo, hay y habrá contagios dentro de las instituciones educativas. También muertes. El reclamo docente y de una parte de la comunidad en este punto es legítimo. A mayor movilidad, mayor contagios. A mayor cantidad de horas y de chicos en la escuela, aumentarán luego las reuniones sociales. Aquí los padres deberían hacer una autocrítica mayor. Los alumnos que concurren al establecimiento a pesar de tener síntomas son el claro ejemplo de una gran desidia y desinterés por la situación actual.
Entonces, presencialidad si o presencialidad no es un reduccionismo total del problema. Gran parte de la solución pasa por un cambio de fondo al problema educativo en este país, que no comenzó con la pandemia. Nuestros alumnos y docentes no están capacitados tecnológicamente, no tienen las herramientas. Nuestras escuelas no tienen la estructura necesaria del nuevo siglo.
Contagios dentro y fuera de los colegios
La curva de contagios entre el rango etario estudiantil presentó variaciones. Desde la vuelta a clases presenciales en febrero hasta el día de la fecha la curva ha ido en ascenso. Aunque el gobierno nacional presentó en su web oficial un porcentaje de casos casi ínfimo (0,12% de los estudiantes matriculados) hoy los contagios son mucho mayores. Ahora bien, las burbujas funcionan y los protocolos se respetan dentro del aula. Pero luego de las clases, ¿cómo hacer para controlar los contagios?
Un foco parece estar siempre en el transporte público, que está contemplado solamente para escenciales, aunque en la práctica parece no funcionar de tal manera. Otro foco está en las reuniones sociales después de las clases. Si una vez que se entra al aula se respetan todos los protocolos pero al salir los chicos se reúnen en espacios cerrados y sin protección, toda la seguridad antes realizada va directo a la basura.
Párrafo aparte merece el plan de vacunación docente. El gobierno de Horacio Rodriguez Larreta enfoca siempre el discurso en su autonomía, pero se olvida que ésta también le permite conseguir vacunas. Alza la voz defendiendo la presencialidad, pero tiene solo un 14% del personal docente y no docente vacunado. Si la educación es prioridad, la comunidad educativa tiene que estar vacunada.
Deserción y judicialización
La inclusión educativa en el ámbito primario y secundario en Argentina se desangra poco a poco debido a la pandemia del COVID-19. CABA calculó el año pasado un aumento en la deserción escolar y propuso un acercamiento prioritario de esos chicos a las escuelas. Parece que el gobierno porteño olvidó la posibilidad de dar equipamiento electrónico para que puedan conectarse, desacatando un fallo judicial que los obligaba a hacerlo. Los datos a nivel nacional son alarmantes. Se calcula que alrededor de 1,5 millones de chicos en edad escolar han dejado la escuela, según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Las medidas tomadas por el gobierno del Frente de Todos son completamente deficientes. Las escuelas cerradas responden a la crisis sanitaria (que es de emergencia, nadie puede discutir eso) pero ¿qué medidas se toman para lidiar con la crisis educativa?
No se vacunan docentes, no se equipa a los estudiantes, no hay voluntad para un cambio real que se adapte a las necesidades del momento.
En dónde sí parece haber consenso de acción es en el plano judicial. Larreta desafía al DNU del gobierno en conferencia de prensa, porque sabe que cuenta con el respaldo de una decisión judicial favorable (entre la votación, vale aclarar, se encuentra la hermana de un funcionario público). El gobierno “contraataca” con una presentación ante un juez federal, que acata el pedido y suspende las clases a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ya había aceptado el caso y propuesto los plazos correspondientes. Sí, mientras 1,5 millones de chicos pasan a la deserción, nuestros representantes se dirimen en una guerra judicial y política.
Para salir del reduccionismo sobre la presencialidad hay que pasar al campo de la acción real. Si no hay clases presenciales se debe mejorar la estructura de la virtualidad, reconocer y remunerar de manera al menos digna a los docentes, capacitarlos realmente con las herramientas del nuevo siglo. Si hay clases presenciales se deben mejorar los cuidados, ampliar los protocolos, conseguir vacunas para el personal docente y no docente y asegurar el transporte público sin riesgos, entre tantas otras cosas.
Si la respuesta va a ser judicializar decretos o mantener disputas políticas que no resuelven nada, no habrá progreso posible. Necesitamos adecuarnos a los tiempos actuales y los funcionarios parecen estar en el siglo pasado.
Martina Garbarz escribe en la edición de hoy de “El cohete a la luna”.
La insistencia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la vuelta a las aulas resulta inescindible de la realidad que viven las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. En diciembre pasado el macrismo recortó un 70 por ciento en el presupuesto destinado al área de infraestructura escolar y redujo en 371 millones de pesos el presupuesto destinado al Plan Sarmiento. El objetivo central de este último es garantizar igualdad de oportunidades facilitando el acceso a las nuevas tecnologías mediante la compra de computadoras. Sin embargo, el macrismo porteño decidió transferir ese dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada. A cinco meses de estas decisiones los establecimientos educativos se enteraron esta semana que la cartera que dirige la ministra Soledad Acuña tampoco entregará insumos para prevenir la propagación del coronavirus en las escuelas. Una paradoja para la presencialidad.
La escuela N°12 «Facundo Zuviría» denunció este miércoles que el Ministerio de Educación porteño “no cuenta con presupuesto y que dejará de enviar insumos” para combatir la pandemia. Antes de esta medida la escuela recibía partidas destinadas a alcohol en gel y al 70%, bidones y máscaras de polipropileno. “Nunca fueron en cantidad suficiente, pero se recibían y las veces que no se llegaban las compraba la cooperadora” dijo María Laura, madre del colegio, en diálogo con El Cohete a la Luna.
Las familias recibieron la novedad luego de que la supervisión del distrito se lo informara por vías informales a la dirección de la escuela. Esta manera de comunicarse casi en off de la cartera de educación porteña es habitual y parte de la estrategia de sembrar más confusión donde ya sobra. El comunicado que difundieron cuenta que ahora la compra de los mismos vendrá de Nación y la Directora de la escuela será la encargada de “buscar presupuestos” a precios minoristas con una tarjeta proveniente del Banco Nación.
En un texto difundido a través de grupos de WhatsApp las familias del Zuviría se preguntan: “¿Tenemos que salir a buscar precios, comparar, decidir dónde, cómo y cuántos insumos comprar? ¿Con qué criterios y basados en qué saber vamos a tomar esas decisiones? ¿Qué pasará si el monto asignado no cubre los requerimientos hasta fin de año? ¿El Gobierno de la Ciudad garantizará los elementos más allá de este monto?”
Con esta medida las escuelas deberán afrontar mediante el dinero transferido a la cooperadora los gastos para sanitizantes y desinfectantes. Antes ese presupuesto se destinaba a la compra de material didáctico. El gobierno de la Ciudad dice que no es cierto el recorte de insumos y que sólo cambia el recorrido para su obtención. Ya no será directo sino que les dará dinero a las cooperadores para que busquen presupuestos y hagan las compras correspondientes. “Cada vez más las cooperadoras asumen funciones administrativas que el Estado se ahorra”, afirma la madre del Zuviría.
El miércoles la cartera educativa de CABA anunció la creación del Programa de Asistencia Económica para insumos en el marco de “todas las acciones y medidas” que están tomando para “seguir jerarquizando el rol de las cooperadoras” dentro de las escuelas. A través del mismo se le otorgará una asignación —en dos cuotas, una en mayo y otra en septiembre— para la adquisición de los insumos de bioseguridad para garantizar “una presencialidad cuidada”. El valor destinado será en relación a la matrícula de cada establecimiento. Además manifiestan que los kits de limpieza no dejarán de entregarse.
Sin embargo, lo que no se dice es que esas partidas que se adjudica la Ciudad en una carta para las familias es dinero del Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SITRARED). Es decir, presupuesto de Nación. Comúnmente esto se enviaba para la compra de objetos para educación física, instrumentos de música o artes. Este año anunciaron que con ese monto también se pueden comprar insumos para prevenir el Covid-19.
Los valores del fondo que publica y se adjudica la ministra Acuña tampoco son correctos. Fuentes de distintas escuelas cuentan que a lo sumo perciben la mitad. Según la tabla un establecimiento que tiene entre 150 y 300 alumnos debería recibir un monto entre $500.000 y $100.000, pero en los hechos reciben no más de $25.000.
Eduardo López, Secretario General Adjunto de UTE, dijo: “Si querés presencialidad de verdad tenés que invertir más. Si querés presencialidad para los medios no tenés que hacerlo. Indudablemente ellos quieren la segunda opción”, y detalló que “no abrieron una ventana, no pusieron medidores de oxígeno, no mandaron termómetros, nada”. Y agrega que “el hecho de que digan que este año quieren presencialidad y que hayan achicado un 70% el presupuesto en mantenimiento y en materiales demuestra que es una consigna electoral”.
Según datos oficiales —desde la vuelta a la presencialidad hasta la primera semana de mayo— se aislaron 3899 burbujas. El ritmo de vacunación para los docentes en escuelas porteñas difiere completamente de aquellos que brindan clases en la Provincia de Buenos Aires. Es nulo. En la última semana se sumó la muerte de Fanny Flores, docente del Liceo Nº 5, a la lista de otros trece fallecidos desde el regreso a las aulas. Ellos y ellas eran: Silvina Flores, Vicedirectora de la escuela Nº 24; Ramón Juárez, portero del colegio Galileo Galilei; Mónica Suárez de la escuela infantil Nº11; Sergio Vicino de la EET Nº17; Marcelo Mendoza, preceptor del CENS 62; Jorge Langone de la E.T N° 13; Juan Carlos Ramírez auxiliar de la escuela Nº 21; Marcelo Becker, de la EET N° 35; Sergio Nieto Casero de la Técnica Nº14; Graciela Romero auxiliar de portería escuela técnica Nº18; Daniel Bravo auxiliar de portería escuela primaria Nº13; Emilio Gutiérrez docente de la escuela Dickens y María Josefa Milioni, auxiliar de portería comercial Nº31.
En memoria y en defensa de la democracia, distintas organizaciones y comunidades educativas convocan a una movilización vehicular el 25 de mayo a las 16 horas frente al Palacio de Justicia en contra del reciente fallo de la Corte Suprema sobre la presencialidad escolar.
Jorge Elbaum nos continúa advirtiendo sobre la injerencia norteamericana y extranjera en la justicia nacional.
El injerencismo judicial desplegado por diferentes agencias estadounidenses en América Latina y el Caribe (ALC) es uno de los dispositivos desplegados por el Departamento de Estado para contribuir al doble objetivo de favorecer a las empresas estadounidenses y al mismo tiempo socavar los proyectos políticos que proponen modelos de desarrollo endógeno, autónomos e independientes de la tutela de Washington. El marco regulatorio sobre el que se monta este despliegue persecutorio se encuentra sustentado en la denominada Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) aprobada en 1977, que autoriza al Departamento de Justicia (DOJ) a investigar y sancionar los actos de corrupción ocurridos fuera del territorio estadounidense.
El origen de esta normativa se vincula al escándalo de Watergate y al financiamiento irregular a los opositores del gobierno popular de Salvador Allende por parte de empresas multinacionales, que devino en el golpe de Augusto Pinochet en 1973. La FCPA motorizó pocas investigaciones durante sus primeros tres decenios pero se reactivó con el triple objetivo de criminalizar la política en ALC, perseguir a dirigentes populares opuestos a las lógicas neoliberales y combatir a las empresas locales capaces de competir con las trasnacionales estadounidenses.
En los últimos quince años, la FCPA diversificó los procesos de fiscalización, de formación de operadores judiciales y de persecución directa de empresas y agentes gubernamentales. Dichas tareas se llevan a cabo bajo un criterio unilateral de extraterritorialidad, legitimado en la pretendida superioridad del sistema legal de Washington. Las sanciones que habilita la FCPA están dirigidas contra individuos, empresas, organizaciones de la sociedad civil e incluso contra economías soberanas (como son Cuba, Venezuela y Nicaragua).
La FCPA es una normativa aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que se atribuye una jurisdicción global, sin respetar los plexos jurídicos del resto de los países miembros de la comunidad internacional. Desde este enfoque, Washington se arroga el derecho de judicializar cualquier actividad que considere lesiva de sus intereses, en cualquier lugar del mundo. La FCPA opera de varias formas diferentes pero convergentes. Algunas de sus iniciativas aceptan las regulaciones de los países. Otras, directamente, violan sus marcos normativos.
Sus iniciativas se ejecutan mediante acuerdos bilaterales luego de presionar desde las delegaciones diplomáticas de Washington. Se despliegan, además, a través de la mediación de organismos multilaterales que suelen funcionar como mascarones de proa de los intereses del Departamento de Estado en la región. También irrumpen por interpósitos operadores judiciales previamente cooptados, educados en la validez de los criterios funcionales a esos mismos intereses trasnacionales. En todos esos casos, los diversos think tanks y centros de formación –como las Academias Internacionales para el Cumplimiento de la Ley (ILEA)– suministran los manuales de procedimiento que operan como sugerencia o condicionamiento de posibles ascensos futuros. A los alumnos no sólo se los capacita en doctrinas judiciales extranjeras. También se les ofrece un marco de referencia social apto para transitar los pasillos del privilegio.
Este es el espacio de capacitación en el que participó el juez Sergio Moro cuando asistió en 2009 al Proyecto Puentes, cuyos instructores eran provistos por el DOJ, el FBI y el Departamento del Tesoro. Los objetivos del entrenamiento, divulgado por el programa, consistían en “consolidar el entrenamiento bilateral para la aplicación de leyes y las habilidades prácticas de contraterrorismo”. En un documento filtrado por WikiLeaks, los capacitadores de la delegación brasileña se congratularon de que Moro hubiese adoptado en sus documentos posteriores el término terrorismo –impuesto por docentes estadounidenses– para nominar las problemáticas ligadas al crimen trasnacional y a la corrupción política.
El entramado de investigaciones y persecuciones, operadas por las diversas agencias que transgreden las jurisdicciones soberanas, se ha desplegado con absoluto desprecio de los marcos regulatorios locales. De hecho, varias de las iniciativas amparadas por el FCPA han violado de forma expresa la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en 1997, que dispone estrategias soberanas para el abordaje de ese tipo de delitos. Uno de los ejemplos más flagrantes de esta vulneración soberana fue el episodio protagonizado por la agente del FBI Leslie Backschies, quien participó del entramado de criminalización del PT en Brasil que derivó en el golpe institucional contra Dilma Rousseff y la detención del ex presidente Lula Da Silva.
En octubre de 2015, un año antes del juicio político que echó a Rousseff de la presidencia, Backschies formó parte de una delegación de 17 agentes estadounidenses de diferentes agencias que participaron de encuentros con integrantes del Ministerio Público de Curitiba, refugio del juez Sergio Moro. De la comitiva estadounidense participaron fiscales del DOJ, agentes del FBI e integrantes del Departamento del Tesoro. Según conversaciones filtradas por el portal The Intercept, el cometido de las reuniones fue el armado de la acusación contra Lula, con el claro objetivo de desprestigiar al PT y, al mismo tiempo, evitar que Lula se convirtiera en candidato presidencial. La visita se organizó sin el conocimiento del Ministerio de Justicia brasileño, de la Cancillería ni de la Jefatura de Gobierno Federal, disposiciones que debían cumplirse en todos los asuntos de asistencia legal con Estados Unidos, según un acuerdo bilateral firmado en 1997.
Gracias a la labor realizada en Curitiba, la agente Backschies fue promovida dentro de la estructura del FBI y dirige –desde marzo de 2019– la Unidad de Corrupción Internacional (UCI) del FBI, con sede en Miami. Uno de los departamentos a su cargo es el Escuadrón Internacional contra la Corrupción (EIC), dedicado exclusivamente a investigar casos de corrupción en ALC. En julio de 2020, el ex Presidente brasileño declaró que detrás de la persecución a su persona había “intereses del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de las petroleras norteamericanas y de las compañías de ingeniería de ese país, que querían destruir nuestra industria del petróleo y del gas”. En otra declaración más reciente, de abril de 2021, detalló que “la Policía Federal, más el Ministerio Público, más el juez Moro eran servidores del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del FBI (Buró Federal de Investigaciones)”.
En agosto de 2019 trece congresistas estadounidenses enviaron una carta al titular del Departamento de Justicia, Bill Barr, en la que le exigían una “aclaración sobre su rol en la operación Lava Jato”. “Estamos preocupados –consigna la misiva– por los indicios de la participación del Departamento de Justicia en los recientes procesos judiciales en Brasil que han generado una significativa controversia, pasible de desestabilizar la democracia de ese país”.
Una de las primeras medidas tomadas por Sergio Moro cuando asumió como ministro de Justicia, en marzo de 2019, fue firmar acuerdos de cooperación con el FBI y con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS). Dichos protocolos tenían como objeto compartir información sobre las actividades de grupos criminales y terroristas en la región, permitiendo el intercambio de oficiales para facilitar el intercambio de datos sobre amenazas en las fronteras respectivas de Brasil y los Estados Unidos. Sin embargo, las actuales investigaciones de la Justicia brasileña acusan a Moro de haber cedido documentos críticos soberanos sin haber previsto contraprestaciones. Una vez que Washington logró su cometido de proscribir a Lula, y empezó a desmoronarse la imagen del ex juez Moro –como producto de la filtración de 1.297 documentos y mensajes de Telegram–, la EIC anunció la finalización del seguimiento de la causa conocida como Lava Jato ante “los acuerdos alcanzado con la empresa Odebrecht”.
Las agencias que aplican las normativas de la FCPA son el DOJ, el FBI, la SEC (Comisión de Mercados y Valores) y el Departamento del Tesoro. De forma implícita, influyen en los operadores judiciales a través de la capacitación y la cooptación de bufetes de abogados que instituyen modelos de aplicación de leyes acordes a las exigencias de las agencias. A estos últimos se les solicita que se conviertan en informantes claves de potenciales conductas lesivas a los intereses estadounidenses en la región.
En mayo de 2016, pocos meses después del inicio de la gestión de Mauricio Macri, el DOJ y el FBI anunciaron en forma conjunta la capacitación de magistrados federales en el Sheraton Hotel de Buenos Aires. A dicho entrenamiento asistieron jueces de la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Uno de los organismos auspiciantes fue la Organización de los Estados Americanos (OEA). La financiación total del evento corrió por cuenta de la embajada local y el único condicionamiento impuesto por la delegación diplomática fue que los partícipes fueran jueces federales.
El sistema de intervención estadounidense en ALC exhibe tres modelos yuxtapuestos:
Invasiones militares: República Dominicana (1904 y 1916), Cuba (1906), Nicaragua (1909, 1912 y 1926) y Haití (1915), Granada (1983), Panamá (1989).
Golpes de Estado militares avalados por la Doctrina de la Seguridad Nacional: Cuba (1952), Guatemala (1954), Brasil (1964), Uruguay (1973), Chile (1973), Argentina (1976), Granada (1983), Panamá (1989), Venezuela (2002) y Haití (2004).
Injerencia corporativa institucional (ICI), con componentes de índole jurídico-mediáticos: Honduras (2009), Paraguay (2012), Argentina (2015), Brasil (2016), Bolivia (2019).
Los nuevos modelos de intrusión se despliegan a través de lógicas radiales, articuladas por varias agencias estadounidenses en forma simultánea y convergente. Todas ellas dan lugar a una sujeción normativa orientada a descomponer las jurisdicciones tribunalicias y –al mismo tiempo– condicionar a los jueces y fiscales. El modelo no sólo interfiere directamente en la soberanía nacional sino que incursiona en la cooptación de abogados, periodistas y dirigentes corporativos que terminan interpretando las leyes locales con criterios ajenos al propio plexo normativo nacional.
En febrero de 2018, el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, aseguró que la Doctrina Monroe “es tan relevante hoy como el día en que fue escrita”. El llamado “Corolario Roosevelt”, anunciado el 6 de diciembre de 1904, brindaba a Washington la potestad de intervenir en Latinoamérica y el Caribe. “Todo lo que este Estados Unidos desea es ver a sus vecinos estables, organizados y prósperos […] pero los comportamientos incorrectos crónicos […] requieren la intervención de alguna nación civilizada, y en el Hemisferio Occidental el apego de Estados Unidos a la Doctrina Monroe nos obliga […] a ejercer un poder internacional policial”. Los modelos de intervención o injerencia pueden mutar. La doctrina no cambia.
En Argentina, las tensiones entre el puerto de Buenos Aires y el resto del país tienen una larga y virulenta historia, que forman parte del ADN nacional. Hasta su resolución e inclusión de la provincia de Buenos Aires, enemistada con el resto del país. El Congreso General Constituyente, realizado en 1853 en la ciudad de Santa Fe, dictó la constitución de 1853, que se encuentra vigente en la actualidad, con sus reformas.
En 1860 fue realizada la primera reforma a la constitución, debida a que la provincia de Buenos Aires, enfrentada a las demás (1852-1859), no tuvo representantes en el Congreso.
La segunda reforma (1866) fue realizada solo para eliminar del texto un par de frases que decían «hasta 1866».
El 27 de abril de 1956, la Constitución Nacional sancionada en 1949 fue derogada por una proclama militar que declaró vigente la anterior, originada en 1853. Se trató de un acto de poder de hecho sin disfraz jurídico posible, despojado de cualquier forma de apariencia republicana, realizado con el único fin de quebrar el orden jurídico creado por el gobierno peronista democráticamente electo.
El ciclo peronista de crecimiento productivo y justicia social fue interrumpido violentamente por las elites dominantes, para imponer un régimen represivo y extranjerizante. Desde entonces, salvo el breve lapso de 1973/1974, y los doce años del ciclo kirchnerista, nuestro país no recuperó su senda de autodeterminación nacional, sino que transitó -con un acentuado declive- años de duras represiones.
Aquel quiebre del orden jurídico que significó la derogación de la Constitución Nacional en 1956, se hizo a la par del giro económico liberal-conservador que llevaría a la crisis social y dependencia del país durante décadas. Al mismo tiempo, la dictadura dispuso la aceptación de los convenios de Bretton Woods y el acercamiento al Fondo Monetario Internacional, lo cual había sido resistido por los gobiernos de Perón con el fin de no perder independencia económica frente a los grandes poderes financieros internacionales. Más aún, el día anterior a la proclama derogatoria -el 26 de abril-, se aprobó por decreto el Plan Prebisch, ese por el cual se liberaliza la economía del país y “se pone al gato como guardián de las sardinas”, como dijo Scalabrini Ortiz respecto de la designación de Raúl Prebisch, antiguo asesor de Federico Pinedo durante la década infame.
La dictadura y el quiebre del país se justificaron con una verdadera inversión del lenguaje como forma de colonialismo ideológico. El sometimiento al mundo financiero se hizo con la excusa de que el país se encontraba internacionalmente aislado. El golpe de estado se autodenominó revolución libertadora y se descalificó a Perón, quien tuvo que irse al exilio, como el tirano depuesto. Al peronismo, el movimiento de masas populares del país, se lo proscribió y persiguió, y su sola mención de las más diferentes maneras, era sancionada. El decreto 4161 de marzo de 1956 establecía hasta seis años de prisión efectiva, sin excarcelación, mientras miles de sindicalistas, trabajadores y trabajadoras eran perseguidos, cesanteados y encarcelados. En junio de ese año ocurrieron los fusilamientos contra quienes se alzaron junto al Gral. Juan José Valle.
Rodolfo Puiggrós decía que la dictadura hizo “del pueblo una entelequia y de la democracia una abstracción, por lo que se creyeron con derecho a violar las libertades del auténtico pueblo en nombre de un pueblo fantasma y a burlarse de las exigencias de las masas invocando una democracia sofisticada y vacía (…) con una soberbia respaldada por el poder del dinero y los recursos de la propaganda imperialista pretendieron que la sociedad argentina no fuera lo que era, sino lo que ellos deseaban que fuera, para cumplir las órdenes de sus mandantes” (cfme, Historia crítica de los partidos políticos argentinos, Buenos Aires: Hyspamérica, 1986).
El régimen dictatorial intentó regresar al antiguo orden oligárquico terrateniente, previo a 1943, pero desde su mismo inicio comenzó la resistencia peronista, la cual, junto a la presencia de una masa obrera políticamente activa, fueron un poderoso escollo. La dicotomía peronismo-antiperonismo expresó durante décadas la lucha de clases en nuestro país, reactualizando a su modo la falsa dualidad civilización o barbarie del siglo XIX.
La constitución de 1949 recibió, de parte de los partidos del viejo orden, el mote de bastarda, autoritaria, o, de parte de sus constitucionalistas, nula de origen por la discusión sobre la necesidad de los dos tercios de los presentes o totales, o que su única intención era la de habilitar la reelección de Perón. La realidad es que se trató de la máxima expresión jurídica de un proyecto de nación que se proclamaba económicamente libre, políticamente soberana y socialmente justa. Para esto, la reforma de 1949 consagró un modelo de Estado protagónico, garante de los derechos sociales y de los trabajadores, y a cuyo cargo estaban las áreas estratégicas de la economía. También disponía una serie de derechos liberales en el ámbito penal y de las relaciones de familias que tardarían décadas en volverse a establecer, tras su derogación. Un verdadero modelo de país y sociedad que muy lejos estaba de agotarse en una cláusula de permiso para la reelección, condicionada además al voto popular.
Toda constitución se encuentra en la cúspide del sistema normativo, estableciendo sus principios y normas generales, a las cuales deben adecuarse el resto de las leyes y decretos que son, así, de jerarquía inferior. La única manera de reformar o derogar una constitución es mediante una asamblea constituyente. En 1957, la dictadura convocó a una, pero lo hizo de manera ilegal al proscribir al peronismo para las elecciones de los convencionales. Tanto es así, que el voto en blanco salió primero, como había alentado Perón desde el exilio, dando lugar a que el ingenio del pueblo en la época dio ganador al General Blanco.
En marzo de 1976, la dictadura cívico-militar impuso el denominado Estatuto para el proceso de reorganización nacional y otras actas y documentos, por sobre la Constitución Nacional, en nombre de los poderes constituyentes de la Junta de facto gobernante. Como una ruptura dentro del orden jurídico nacional ya quebrado desde abril de 1956 fue el horrendo disfraz formal del genocidio y la imposición de una economía de especulación y desocupación. En fin, aquel 27 de abril de 1956 se consumó un hecho de poder antidemocrático y antipopular, una ruptura del orden jurídico del país como parte de su quiebre económico y social, así como la imposición de un colonialismo ideológico, cuya deriva histórica se proyectó durante décadas hasta el presente.
Javier Azzali Abogado (UBA). Diplomado en Antropología Jurídica (INAH-UNAM, México) y en Derechos Humanos y grupos vulnerables (UAM-A, México). Autor de "Constitución de 1949" (Punto de Encuentro, 2014) en Revista zoom.
Nuestros supremos, con o sin influencias directa de la embajada de los EEUU y de sus “centros de ayuda y colaboración”, para mejorar la justicia en los países considerados “periféricos” o “subalternos”, impactan en las doctrinas jurídicas y fallos, dónde cada vez mas copian del modelo de aquel país. Las independencias de los Estados provinciales respecto al poder federal central son una de esas diferencias que las cortes sensibles a tales sutiles maneras de intevencionismo, explotan para favorecer los intereses extranjeros en el territorio nacional. La puja entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno Nacional , no es ajena a estas cuestiones, que van mas allá de la confrontación puntual por si la presencialidad si o la presencialidad no. Se trata de un eslabón mas por minar la soberanía Argentina y la centralidad del gobierno Nacional ejercida y plasmada en la constitución de esta nación y marca genuinas y propias diferencias respecto al modelo norteamericano que al parecer, nuestros supremos no están dispuestos a defender y sostener.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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