Derecho a contagiar, Derecho a matar ...

 

Entre las tensiones por el aumento de muertos y contagiados y la difícil situación económica que la pandemia contribuye a agravar, se suman ahora, como confirmación de tanto demadre, la notoria injerencia de la Corte Suprema de Justicia en decisiones de política y gobernabilidad.

Me gusta recordar, cada tanto, aquello de Mario Vargas Llosa en La tía Julia y el escribidor: “Uno debe comportarse con los caballeros como un caballero y con los canallas como un canalla. Ese es el honor bien entendido, lo demás es ser idiota”. 

Disfunción

El gobierno enfrenta su peor crisis. El desganado pedido de renuncia a Federico Basualdo a cargo de Darío Martínez y por decisión de Martín Guzmán generó un sismo en la coalición oficialista que llegó al límite de su disfunción. En un reportaje en C5N, el subsecretario de Energía Eléctrica le sugirió a Guzmán “superar las frustraciones y seguir adelante” luego de desautorizarlo respecto a la política tarifaria. Una situación atípica. Luego de su gira, el ministro tomó la decisión de echar a Basualdo después de conversar con Santiago Cafiero y Alberto Fernández. Se olvidaron de avisarle a Cristina.  

Esta no es una coalición normal. Guzmán debería saberlo. La falta de un sherpa que lo guíe en las decisiones políticas es un debe desde que el ministro llegó de los Estados Unidos. En parte por estos motivos en el entorno de CFK se sorprendieron con la decisión del titular de Economía, pero no lo señalan como el responsable central del mayor error de cálculo desde que el oficialismo llegó a la Casa Rosada sino que miran a Jefatura de Gabinete. “Si un ministro quiere echar a un funcionario sin consultar con la jefatura política de ese funcionario, el jefe de Gabinete debería intervenir, ¿cómo se explica que Cafiero no haya llamado, al menos, a Wado o a Máximo para aunque sea comunicarles la decisión?”. En Casa Rosada sostienen que Cristina estaba al tanto del pedido de renuncia; en el entorno de la vice lo niegan rotundamente. Lo que irritó al kirchnerismo fue la manera. Echar a un funcionario de Cristina a través los medios de comunicación con el rótulo de “incompetente” es de una torpeza difícil de igualar. En privado, Guzmán sostiene que él no usaría jamás ese término. ¿Lo decidió jefatura? Es una incógnita. “De Fede se puede decir cualquier cosa, excepto tres: que es vago, ladrón o incompetente”, sostuvo ante #OffTheRecord una figura cercana al aún subsecretario de Energía Eléctrica. En esto le asiste la razón a la fuente kirchnerista: en el mercado de la energía, Basualdo puede ser señalado por tener una mirada vinculada a la tarifa domiciliaria como un subsidio virtuoso a la demanda y como ancla antiinflacionaria, pero nadie pone en duda su capacidad. 

El debate, igualmente, es de fondo. Y no es original. La cantidad de subsidios para la política energética es una traba con la que se encontraron todos los gobiernos en la última década. De aplicarse una lógica sobre tarifas similar al último gobierno de CFK, al menos el año que viene no debería haber presión directa sobre el tipo de cambio a menos que tampoco se permita aumento en surtidor y eso haga caer la producción de petróleo. En criollo -y no es el barril-, el Plan Gas blinda al gobierno en términos de producción a menos que aumente la demanda por encima de lo previsto -algo habitual- lo que provocaría la necesidad de importaciones adicionales o de ampliación del mencionado Plan Gas. Entonces, el problema no sería externo sino fiscal. Un aumento reducido de tarifas suma entre 0.5 y 0.8 del PBI para el año que viene, siempre atado al nivel de inflación. Si este año la suba de precios es del 30%, con un incremento del 9% tenés un descalce del 20%. Si la inflación escala a 40%, la diferencia trepa a 30%. 

El otro ítem de la discusión es de equidad distributiva. Los subsidios a la energía son regresivos porque suponen transferencias de recursos a los sectores medios y altos. Un ejemplo posible es el gas natural por redes que, en general, es un beneficio que tienen quienes habitan los últimos escalones en la pirámide de ingresos. Un camino para mejorar la equidad distributiva es el que se debate hoy en el seno del gobierno y en el que hay acuerdo transversal, pero los tiempos juegan en contra: a los sectores medios altos y altos hay que cobrarles tarifa completa y transferir esos recursos a los sectores populares. Incluso con el nivel de gasto actual, es más equitativo subir tarifas a quienes pueden pagarlas y con ese ahorro incrementar el IFE o la AUH. Ahí es donde entra el debate sobre la segmentación. En Economía sostienen que Basualdo demoró de una manera intolerable el nuevo cuadro. En el entorno del subsecretario aseguran otra cosa. “El ENRE tiene un programa de segmentación y la semana que viene avanza un convenio con el Conicet. El problema es que Alberto tiene que firmar un decreto para que AFIP y el BCRA nos abran la información”. A esto se le suman algunos enojos del equipo de Sergio Massa con el ministro Guzmán. El presupuesto -que era el programa económico del ministro- tenía un precio de la soja de US$ 390 -hoy está 40% arriba de esa cifra-  y una estimación de cosecha 16% menor de la que finalmente será. “Nosotros también miramos los números, Martín sobreprometió en las negociaciones afuera un déficit de 2.5% y todo este quilombo es por eso, no por la masa de subsidios”, se quejan cerca del titular de la Cámara Baja.

Si la segmentación demora, entonces, el problema se hace más presente. Con este nivel de inflación, la segunda ola más fuerte de lo que pensaba la región y un nivel de pobreza en el 42%, Cristina piensa que la suba de tarifas se transforma en un problema político severo y “postergable”. ¿A cuánto se iría la inflación con un aumento de tarifas que orille el 20%? El termómetro político de CFK da que la temperatura social en el Conurbano está al límite. Aumentar el precio de la factura domiciliaria en un contexto donde los alimentos no suben por ascensor sino en el Falcon Heavy de Elon Musk sería meterle más presión a un electorado cuyo disgusto llegó al límite, pero no escapa del Frente de Todos por la pobreza de la oferta electoral. Según integrantes de la coalición muy atentos al movimiento de las encuestas, el espacio oficialista está todavía entre 6 y 8 puntos por encima de JxC a nivel nacional. Triunfos en PBA y los anticipables NOA y NEA, posibles derrotas en Santa Fe y Entre Ríos y seguros triunfos opositores en CABA, Mendoza y Córdoba anticipan un escenario “previsible”. 

Así las cosas, el gobierno parece no tener una resolución virtuosa del conflicto. Todas las opciones son malas. Si se va Basualdo, la estadía de Guzmán -con una Cristina desafiada en uno de los tres temas que el acuerdo electoral había concluido que eran suyos-, se va a transformar en un elemento problemático, máxime con el Club de París y el FMI por delante. Si Guzmán se va, su alejamiento podría provocar la reacción de las variables financieras y una inestabilidad que el país no está en condiciones de resistir, a menos que el posible reemplazo sea accionista del Frente, tenga volumen político propio y características que no sean refractarias para los mercados con los que necesita acordar la Argentina. 

Las coincidencias entre Martín Guzmán y CFK, sin embargo, aparecieron esta semana en un lugar insospechado -además de los “Me gusta” del ministro a dos tuits de la vice en las últimas horas del lunes-. Fue Washington y nada tuvo que ver la negociación con el Fondo Monetario. El discurso de Joseph Biden ante un plenario del Congreso reducido por las medidas de distanciamiento social reverberó en todo el mundo por poner en palabras tres grandes quiebres que espera marcar en su presidencia: con la respuesta fallida de los Estados Unidos ante la pandemia, con los años de Donald Trump y, más importante, con los consensos económicos estables desde la década del ‘80, de la mano de Ronald Reagan y Paul Volcker.

El entusiasmo por el discurso de Biden descansa en una idea que, tras los dos grandes consensos anteriores -el del Estado Benefactor de FDR y el neoliberal de Reagan- debería estar mucho más clara para actores y observadores: no es la política externa sino la interna de los Estados Unidos la que tiene mayor potencia para moldear el comportamiento del mundo. En un discurso con centro en la economía, cada una de las definiciones relevantes de Biden entusiasmaron a la amplia, variopinta y hasta contradictoria tribuna heterodoxa latinoamericana. El rechazo expreso a la hipótesis de que beneficiar a los ricos favorece automáticamente a todos, los sindicatos como constructores de clases medias, transferencias directas para el cuidado de niños y ancianos, obra pública y política industrial con promoción expresa de la industria nacional y hasta un guiño a la sustitución de importaciones (no hay motivo para que baterías y generadores aéreos se produzcan en Beijing y no en Pittsburgh). En un discurso esperanzado y esperanzador, Biden no dejó sin repasar ninguno de los puntos caros a los programas posneoliberales que, con mayor o menor éxito, se enarbolaron en la región durante la última década.

Las definiciones no son una extravagancia de Biden, como tampoco lo eran, a pesar de todo, las de Trump. Puede haber sorpresas en quienes no advirtieron que el Partido Demócrata de hoy se encuentra a la izquierda, incluso, del que eligió a Obama en 2008, y los grados de polarización política incrementales desde aquel momento han ido desvaneciendo a un otrora poderoso centro en el que resultaba muy difícil distinguir entre los demócratas más conservadores y los republicanos más liberales; pero sobre todo, la sorpresa requeriría omitir fenómenos estructurales que menguaron los presupuestos mismos de la globalización promovida desde el norte. El ascenso de China como competidor estratégico, que convirtió a la producción en un activo, no ya económico, sino de seguridad nacional, el malestar derivado del proceso de deslocalización de la producción que alimentó al gigante asiático -y en el crecimiento vertical de la desigualdad- que exacerbaron las medidas de apoyo monetario determinadas por los principales bancos centrales para salir de la crisis financiera. Todas esas tendencias fueron agudizadas durante la pandemia y todos los países, empezando por los Estados Unidos de Trump, incurrieron en gastos extraordinarios, imprimieron billones de dólares y se permitieron déficits monumentales. Si los grandes movimientos del mundo apuntaban en un sentido, también pesan las trayectorias personales. A sus 78 años, Biden no podría aspirar a la reelección si su presidencia se pareciera a su moderada trayectoria anterior y puede permitirse audacias que la aspiración de reelección desaconseja. Cuenta, además, con una mayoría parlamentaria escasa, que deberá defender en dos años, en elecciones de medio término que casi nunca favorecieron al oficialismo, por lo que todo lo que deba hacer, deberá hacerlo rápido. A 100 días de su asunción, Biden ya logró la aprobación de un paquete de rescate de 1.9 billones de dólares y dos programas de inversión pública que, de aprobarse, en diez años superarán los cuatro billones de dólares, atendiendo demandas actuales como la transición ecológica y el desarrollo de la economía del cuidado; financiado, en parte, con aumentos de impuestos a las empresas y a los individuos de mayores ingresos, gravando especialmente las ganancias de capital, es decir, a Wall Street.

Si en materia económica la gestión de Biden parece impulsar el mayor cambio en cuatro décadas, el discurso trajo al menos dos puntos donde las continuidades respecto de Donald Trump se imponen sobre el cambio. La nueva política externa, apoyada otra vez en las alianzas tradicionales, tiene como principio ordenador la confrontación con China, país sobre el cual mantuvo todas las sanciones comerciales dictadas durante la era Trump. Y cuesta no ver en "Buy American" una forma de reedición de "America First", con un gobierno que no ha señalizado ningún paso para volver a negociar grandes acuerdos de libre comercio y que, hasta el momento, no ha permitido la exportación de una sola vacuna y, parece, sólo lo hará en la medida en que esté cubierto el total de la demanda local.

Los sectores progresistas en todo el mundo pueden entusiasmarse con la posibilidad de la apertura de una nueva etapa. El propio Fondo Monetario Internacional hoy advierte sobre la necesidad de utilizar el gasto estatal para sostener el crecimiento económico y reclama mantener los desembolsos mediante impuestos a los sectores de mayores ingresos. La preocupación por la desigualdad es ubicua y las inquietudes por la inflación han dado paso a otras sobre empleo de calidad y capacidades productivas. La importante recaudación del aporte extraordinario a las grandes fortunas quizás pueda indicar un camino posible en el que impuestos distorsivos sobre la producción y la competitividad puedan reemplazarse gradualmente por impuestos progresivos sobre los ingresos y el patrimonio. Un camino complejo que, al menos, podría encontrar en estas nuevas condiciones interlocutores dispuestos a escuchar a la hora de negociar un programa de crecimiento.

OFF THE RECORD Iván Schargrodsky Cenital.com

Segunda ola

El reporte del Ministerio de Salud confirmó 26.238 nuevos contagios en las últimas 24 horas, un número muy por encima al de ayer. Con estos registros, suman 3.047.417 casos desde que comenzó la pandemia. Además, se registraron 412 nuevas muertes de pacientes con coronavirus lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 65.202.

Este fue otro día negro además para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, donde se detectaron 12.211 y 3.170 casos positivos respectivamente.

Por otro lado, fueron realizados en el día 105.546 tests y desde el inicio del brote se practicaron 11.435.298 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad.

Hay por el momento 5.389 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 68,6 por ciento a nivel nacional y en un 76.5 % por ciento en el Area Metropolitana de Buenos Aires.

(Página12)

La Corte Suprema avaló la "autonomía" de la Ciudad para decidir sobre la presencialidad de las clases

El máximo tribunal concluyó que en el Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021, sancionado por el Ejecutivo para mitigar la incidencia de los casos de coronavirus, “se violó la autonomía” de la ciudad.

En su resolución, el máximo tribunal concluyó que, con el artículo 2 del DNU 241/2021, “se violó la autonomía” de la ciudad.
La Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y avaló su "autonomía" en la demanda contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU 241/2021) que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En su resolución el máximo tribunal concluyó que el artículo 2 del DNU 241/21 "violó la autonomía de la ciudad", al hacer referencia a esa norma, cuya aplicación finalizó el 30 de abril.

"Corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes", consignó el fallo firmado en forma unánime pero con distintos argumentos.

El decreto
El sábado pasado, el Ejecutivo emitió un nuevo DNU, el 287/2021, que estableció, entre otras medidas tendientes a reducir los contagios de coronavirus, el dictado de clases "exclusivamente a distancia" en todos los niveles educativos hasta el 21 de mayo en aquellas zonas en "alerta epidemiológico y sanitario", como es el caso del AMA, que comprende a la ciudad de Buenos Aires y a los municipios del conurbano.

El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por su parte, se había presentado el 16 de abril pasado ante la Corte Suprema al impulsar una "acción declarativa de inconstitucional" contra el Ejecutivo Nacional por considerar que el DNU 241/2021 había sido dictado "sin necesidad" y que lo que había dispuesto esa norma "debió hacerse con intervención del Congreso Nacional".

 En coincidencia con sendos dictámenes de la Procuración General de la Nación, la Corte primero declaró su competencia originaria en la causa y, esta mañana, al término de un acuerdo virtual, la decisión que hizo lugar a la demanda, a la que Estado Nacional se había opuesto argumentando la gravedad de la situación epidemiológica y la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

"Las alegaciones sobre la cantidad de personas que utilizaron el transporte público de manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la circulación masiva de personas" en el AMBA "o el aumento de la proporción de casos de COVID-19 en personas de 13 a 18 años y de 20 a 29 años, sin mayores explicaciones sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa, porteña", expresó la Corte.

El fallo fue firmado por el presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (los dos primeros lo hicieron con argumentos propios).

Los argumentos
En el marco del proceso "sumarísimo", el Ejecutivo porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que los informes acompañados a la causa por el Estado Nacional no se refieren específicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino a la extensión geográfica del "AMBA" que, si bien la abarca, "no debe ser contemplada de manera genérica debido a que la situación epidemiológica difiere en las distintas realidades que la comprenden".

La Corte recordó que, "a partir de la Reforma del año 1994, la Ciudad de Buenos Aires adquirió el status constitucional que se expresó en el nuevo artículo 129, según el cual "tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción".

Agregó que "los tribunales, y particularmente esta Corte, son los encargados de velar porque las atribuciones asignadas a cada autoridad no sean entendidas de manera tan extensa que se vacíe el carácter federativo de la Constitución".

El máximo tribunal destacó que, al definir la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Constitución "no surge ningún obstáculo" para "decida sobre la modalidad presencial o virtual en que corresponda llevar a cabo la educación en su territorio".

Remarcó que "las normas adoptadas por las autoridades nacionales no solo no deben contradecir a la Constitución ni a los tratados internacionales sino tampoco invadir el ámbito competencial de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Según la sentencia, "la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena".
(Telam)

Cristina Fernández de Kirchner reaccionó de inmediato ante el fallo de la Corte Suprema a favor del planteo de Horacio Rodríguez Larreta de mantener las clases presenciales en medio de la suba de contagios por la segunda ola de la pandemia de covid-19. “Digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?”, ironizó la vicepresidenta en un largo hilo de Twitter. Y ya más seria, la expresidenta posteó: "Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño".

La vicepresidenta transmitió a través de los tuits su indignación con el fallo en el que en forma unánime cuatro jueces de la Corte Suprema respaldaron a Rodríguez Larreta en su planteo de que las clases presenciales deben continuar en la Ciudad de Buenos Aires a pesar de la alarmante suba de casos de coronavirus, desafiando el decreto presidencial que establecía que se eduque a distancia por 15 días. La sentencia, dictada fuera de plazo, no fue refrendada Elena Highton de Nolasco, que se abstuvo.

"Hoy, la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias", posteó Cristina Kirchner.

Y agregó que el 30 de abril, el Senado de la Nación fue notificado de "una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA. Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de… ¡Habeas Corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no sólo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un Habeas Corpus".

La vicepresidenta agregó que "ese mismo día, 30 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea...Te van a poder aumentar el cable, internet y el celular, cuánto, cómo y cuándo se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema".

(Página 12)

Es increíble pensar que minorías del privilegio, como la Corte suprema de justicia, insista en las mismas miradas respecto a su rol y su ejercicio de poder en tiempos tan inestables como estos pero, y al mismo tiempo, tan reveladores de las verdaderas motivaciones de las decisiones que se toman en las esferas de lo público. El problema, obviamente no es ninguna defensa de la educación pública, sino de los privilegios de los privilegiados para sostenerlos a pesar de las consecuencias en lo que refiere al acceso a la salud y a los derechos que terminan donde comienzan los del otro. ¿O Acaso la autonomía de provincias y distritos federales o intendencias respecto de sus gobernaciones provinciales, son en tanto, ejercicios del poder, meras formas de determinar que hay permiso para matar y contagiar? En estos tiempos convulsos, nadie se salva solo. Que cada quién haga su parte,

Daniel Roberto Távora Mac Cormack