De neoliberalismos y populismos ...
Viernes 7, Sábado 8 y Domingo 9 de mayo de 2021
Algunos problemas personales me impidieron sostener la continuidad diaria. Hoy retomo con esta Nota publicada en Cenital por Maria Esperanza Casullo : “Al análisis político le encanta narrar el mundo en términos de “giros”. Le encanta hablar de giros a la izquierda, giros a la derecha, avances, retrocesos, marchas y contramarchas. Le encanta también imaginar que la política latinoamericana, e incluso la del mundo, se mueve en “olas” con una fisonomía ideológica clara y distinta. Sin embargo, el momento actual se parece más a una situación en la que no hay olas, sino un conjunto de rápidos o remolinos, sin que se sepa (¿aún?) a dónde pueden ir a parar todos los botes que están dando vueltas. O, para volver trabajosamente a la otra metáfora que puse en el título, estamos en un momento en el que fueron lanzadas muchas monedas al aire, y estamos esperando a que caigan.
Es cierto que, a grandes rasgos, venimos de tres décadas caracterizadas por “giros” regionales. Puede decirse (y muchos lo han dicho) que Latinoamérica “giró a la derecha” durante los noventa, cuando la mayoría de los países de la región se comprometieron en la “utopía tecnocrática”, como dijo Kenneth Roberts, del Consenso de Washington, y en un camino de reformas estructurales perpetuas. La implosión de ese sueño forjado en una red de organismos financieros internacionales, universidades norteamericanas, think tanks y fundaciones latinoamericanas, y ministerios de economía (cuatro ámbitos por donde circulaban los mismos economistas, abogados administrativistas y técnicos, como bien relata Francisco Panizza en su libro sobre la década del noventa) posibilitó el contra-giro de la izquierda “rosada” de principios del siglo XXI, con sus momentos de “No al ALCA” y sus presidentes obreros, indígenas, mujeres, expresas políticas. Como bien señalan Roberts y Steven Levitsky en su libro sobre el giro a la izquierda latinoamericano, en el 2011 más de la mitad de los habitantes de la región vivían bajo un gobierno de izquierda, ya fuese partidaria o populista. Pero claro, a partir del 2012 otras voces festejaron la muerte del populismo y el contra-contra-giro a la derecha.
Es cierto que esos “giros” y las “olas” que de ellos nacieron nunca fueron totales y completas. Algunos países nunca giraron: Colombia es un ejemplo de un país cuya política nacional no estuvo ni está organizada en el eje izquierda/derecha, y donde toda la clase política hace décadas comparte un consenso sobre la inevitabilidad de la alianza estratégica con Estados Unidos, y sobre la incompatibilidad con políticas distributivas. Ese consenso compartido por la totalidad de las clases políticas es el que está siendo desafiado en estos días por el Paro Nacional colombiano. Perú es otro ejemplo. Max Cameron lo sintetizó perfectamente con el título de “Perú, la izquierda que no fue”: tuvo una serie sucesivos presidentes que, electos con plataformas reformistas, fueron inmediatamente reducidos a la impotencia una vez que asumieron.
Sin embargo, aún así fue posible ver una pendulación regional, aun con matices. Esa claridad no se ve en el momento actual. Y esto aumenta mucho la incertidumbre. Las voces gritan: “¡Giro a la derecha, nuevo giro a la derecha!”, “¡Ganó Ayuso en Madrid y Lasso en Ecuador!”. Otras replican: “¡Perdió el macrismo en Argentina!”, “¡Ganó el MÁS en Bolivia!”, “¡Giro a la izquierda!”, “¡Giro a la izquierda!”.
Esta confusión es empeorada por dos factores.
El primero es el fracaso del giro a la derecha post-populismos de izquierda en la región. Al decir “fracaso” no quiere decirse que todos los gobiernos de derecha latinoamericanos hayan fracasado. Algunos lo hicieron de manera estrepitosa, como Jeanine Áñez en Bolivia, y otros lograron un empate, como Lenin Moreno en Ecuador. Se refiere a que no surgió un modelo de gobernabilidad “de derecha” aceptado y atractivo, victorioso, exportable como fue el de los primeros noventa. Sus “mejores alumnos” se sacaron varios bochazos: Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina, y ahora también Iván Duque en Colombia, nunca lograron llegar al grado de apoyo y hegemonía de la que pudieron vanagloriarse en sus mejores momentos un Menem, un Fujimori o un Salinas de Gortari. Jair Bolsonaro, que parecía que podía llegar a convertirse en el faro o el líder de la derecha latinoamericana, y con vínculos con su pares de Estados Unidos, acaba de sufrir un revés tremendo con la virtual remoción de las condenas al expresidente Lula da Silva. Luis Lacalle Pou no parece tener un volumen propio fuera del territorio uruguayo.
Por otra parte, tampoco es claro que esté sucediendo un “giro a la izquierda” total. El gobierno de Alberto Fernández tiene problemas para imponer su agenda, y su oposición (incluyendo, claro está, a la Corte Suprema de Justicia) tiene mucha más capacidad de bloqueo de lo que tuvo durante la presidencia de su antecesora. La izquierda chilena está fragmentada. El PT brasileño no es el partido de masas que era hace treinta años. Cada uno está tratando de capear sus propios temporales en sus países.
El segundo factor es la ausencia de un norte ideológico internacional claro. A diferencia de los ochenta, cuando Reagan y Thatcher le dijeron al mundo “es por ahí, y al que no le gusta, tabla”, el mundo también está barrileteando. Pocas horas después de las elecciones de Madrid se publicaban notas sobre cómo la victoria de Isabel Díaz Ayuso y la humillante derrota de Pablo Iglesias marcaron el camino para el ascenso de un nuevo tipo de líder de derecha en la región (algunas de ellas escritas por autores que tal vez hace cuatro meses ignoraban casi todo de la política madrileña), es cierto. Pero también hemos leído notas optimistas sobre cómo la victoria de Joe Biden en Estados Unidos está soplando un renovado aire de keynesianismo en el mundo. (A otros populistas de derecha, como el italiano Matteo Salvini, no le ha ido bien en las últimas elecciones, y dos casos extremos de populismo de derecha, Jair Bolsonaro y el indio Narendra Modi, han sufrido pérdidas de popularidad por su actitud de laissez faire frente a la pandemia.)
En síntesis, el panorama es de gran incertidumbre. Es más, la propia incertidumbre aumenta la polarización política. Ningún resultado final parece puesto, y la victoria propia y la derrota ajena parecen estar ahí, al tiro de la mano. Los contendientes ideológicos tienen muy pocos incentivos para negociar, para buscar un medio que no aparece como atractivo ni eficiente. Con solo un empujoncito más, puede hacerse caer al otro y subirse uno.
Frente a esto, ¿qué hacer? Primero, en las inmortales palabras de Roberto Fontanarrosa: tranquilidad, delantera en “v”, y pases cortos. No apurarse con los análisis, no celebrar antes de tiempo ni deprimirse antes de que llegue la mañana.
Las monedas caerán. Tal vez podamos soplar suavemente algunas para impulsar su trayectoria. Y si no, habrá que seguir cuando las cosas estén más claras. Como siempre.”
En estos días de la peste, al parecer, los discursos no encuentran ecos algo mas profundos en la cotidianidad de la vida de los pueblos y toda “revuelta” o “reacción” a alguna decisión de gobierno (¿Porque será que nunca se producen revueltas o reacciones contra decisiones de mercado o de Bancos o empresas mas allá de algunos desocupados o gremios que protestan contra despidos?), pero no tienen ni un contenido ético, ni un contenido político en términos de doctrina o discurso o idea de que se quiere y como realizarlo de modos políticos, democráticos, traducidos en la acción organizada del pueblo a través de sus instituciones representativas.
Es que en la superficie reacciones a lo evidente. El gobierno es el poder visible. El verdadero poder que impide a los gobiernos o los somete, nunca aparece. No se hace notar. No es nombrado en ningún discurso. Aumentan los precios. La culpa es del gobierno ¿Es el gobierno el que cambia los números de lo que hay que pagar en supermercados, negocios y almacenes? ¿Es el gobierno el que hace que los eslabones de toda cadena de valor de los productos y servicios aumenten sus precios? ¿Acaso los aumentos de impuestos de parte del Estado no son los últimos y no los primeros en aumentar? La puja distributiva no es atributo de poder exclusivo de ningún gobierno. Pero las protestas no se hacen contra las empresas que aumentan sus precios o los sectores de la economía que fugan Capitales o imponen precios internacionales o de exportación en los mercados nacionales y regionales.
Aparece una Pandemia global y se alimentan ideas de conspiraciones globales. La mayor conspiración global es la que esta en funcionamiento desde los años 70 Cuándo EEUU resolvió unilateralmente salirse del patrón oro para emitir dolares e inundo el mundo del verde billete. Antes la OPEP inició el camino de concentración y cartelización de las producciones expulsando el factor competencia de la ecuación capitalista. Sin embargo en los discursos seguimos hablando de competencia como si tales hechos jamás hubiesen ocurrido.
La decisión de dolarizar la globalización no fue siquiera del gobierno de EEUU, sino de la FED. Un organismo independiente del gobierno y liderado por los principales banqueros y financistas de los Estados Unidos.
Recien ahora parece que el gobierno de aquel país esta dando cuenta de que Wall Street se transformó en un “gobierno paralelo” y que disputa el poder con los gobiernos del mundo desde una posición privilegiada en tanto escondida, no vista, encubierta y hasta negada. Esta es la única y verdadera conspiración. Estos banqueros asociados a sus mayores clientes corporativos se reunen en Davos una vez al año para definir sus estrategias y el rumbo que darán a la disputa que entablan con los Estados en las decisiones que gobiernan los rumbos y sentidos de la globalización y limitan y estblecen restricciones a las democracias y las soberanías de los Estados.
En el orden de los discursos, están ellos, los que defienden la “libertad” (De los mercados sometidos a sus nefastas influencias) y la libertad de los otros degradada, limitida, reducida a sostenerlos en sus privilegios y entonces alcanzar el estatus de “nación libre y democrática” u oponerse de diversos modos y adquirir entonces los motes de “populistas” “dictaduras” “tiranías” etc.etc.etc.
Este reduccionismo ha impregnado todo discurso político. Solo unos pocos sectores intelectuales y de estudios sociales están repensando categorías y formas de pensar lo político en medio de esta degradación impresionante del sistema mundial y del Capitalismo en general.
“El modo en que ha irrumpido el populismo en nuestras sociedades es resultado de su inextricable relación con la globalización neoliberal, que con la erosión del tejido social y la creciente atomización de los individuos que produce, allana el terreno para la emergencia del populismo, que a través de representaciones discursivas y dispositivos retóricos dirigidos a producir identificaciones de naturaleza emocional, pretende llevar a cabo la construcción de un sujeto popular que pueda reactivar los potenciales democráticos gradualmente suprimidos por el avance del neoliberalismo.Las ciencias humanas y sociales se ven inevitablemente interpeladas por la ubicuidad del fenómeno populista, que atraviesa el entero espectro político sin revelar una clara vinculación con ningún signo político determinado, lo que lleva a una desorientación ideológica que obliga a las instituciones científicas y académicas a intentar dar respuesta a las condiciones de surgimiento y desarrollo de este proceso social que arrastra tras de sí a estratos enteros de la población, que hastiados de las formas políticas tradicionales, buscan nuevas vías para canalizar su descontento hacia la procacidad de los poderes políticos existentes, los cuales han dejado de atender a las poblaciones a las que supuestamente representan para convertirse en correas de transmisión de las fuerzas económicas del neoliberalismo. Y cuando las tensiones sociales que genera el proyecto neoliberal se ven exacerbadas hasta el punto en que ha tenido lugar en la reciente crisis económica mundial, los fenómenos populistas hacen acto de aparición de manera disruptiva en los más diversos países, tal y como ha ocurrido en las sociedades tanto europeas como americanas. Frente a este contexto de extrema labilidad, surge la pregunta de si las organizaciones políticas liberales y socialdemócratas tradicionales se imbricarán con estas tendencias populistas para dar lugar a nuevas formaciones políticas, o si más bien las fuerzas populistas se irán desplegando al margen de las estructuras establecidas, lo que puede dar lugar a distintas formas de revolución social o a fenómenos políticos de carácter fascista.”, expresa CÉSAR RUIZ SANJUÁN, en su prologo al trabajo de compilación “Perspectivas del populismo.” CENALTES ediciones. Viña del Mar, 2019, confirmando la asevereción expresada antes.
La maldición del populismo
El conflicto y la cooperación, la dominación y la solidaridad, la exclusión y la inclusión han dejado huellas indelebles en las leyendas, los mitos, las religiones, la filosofía y las distintas expresiones del arte en la historia de la humanidad. Esas huellas apuntan a las entrañas de una grieta originaria por la que brota una melodía universal, cuyos ritmos y cadencias han variado según las culturas y el paso del tiempo.
Estudios arqueológicos muestran que en la antigua Mesopotamia el crédito cumplió un rol fundamental en la organización de las sociedades. Desde muy temprano, pues, la humanidad conoció el impacto destructivo de la acumulación de riqueza sin límite alguno, y de un interés compuesto que, creciendo exponencialmente, condenaba al endeudamiento ilimitado. De ahí que la avaricia y la usura han sido sancionadas de distinta manera en la Antigüedad, llegándose incluso a la cancelación periódica de cierto tipo de deudas.
Estos fenómenos también fueron objeto de discusión de la filosofía griega, encontrando Aristóteles que el endeudamiento ilimitado impregnaba los ciclos sucesivos y recurrentes de democracias, oligarquías y aristocracias que, según él, condensaban la historia de la humanidad. Tiempo después, Plutarco habría de sintetizar ese drama humano advirtiendo que la desigualdad entre los ricos y los pobres era la enfermedad más antigua y más letal que había aquejado a las Repúblicas. Al impregnar el ámbito de los símbolos y de las decisiones, la puja por abolir la desigualdad económica terminó destruyendo a las sociedades más avanzadas de la época.
Así, la confrontación entre acreedores y deudores hizo temblar los cimientos de las sociedades de la Antigüedad y fue el eje de la disputa política entre las elites y entre estas y los excluidos. La melodía de la grieta originaria se expresó en guerras donde el “pueblo” fue a la vez sujeto y objeto de la disputa por el poder. En momentos álgidos y fulminantes, este encontró voz propia para expresar su rechazo al despojo de tierras, bienes, trabajo y vida por un endeudamiento imposible de cancelar. En otros momentos, su voz terminó siendo utilizada por un sector de las elites para acaparar más poder político. Imponiendo su propio ritmo a la música emanada de la grieta originaria, este sector de las elites busco atenuar la desigualdad económica y social sin cambiar la estructura de poder que reproducía el endeudamiento ilimitado.
Desde aquel entonces, el mundo ha cambiado radicalmente. Hoy el endeudamiento ilimitado y la usura constituyen el imperativo categórico de las relaciones sociales, tanto a nivel local como geopolítico. Su capacidad de destrucción social e individual ha sido naturalizada por mecanismos de control social que instilan permanentemente, y de un modo abierto o subliminal, el deseo por acumular riqueza sin límite alguno y el miedo/odio al otro que, por su mera existencia, compite por la apropiación de los trofeos y amenaza la realización de ese deseo insaciable.
Este es un mundo donde un grupo de grandes monopolios maximiza ganancias y concentra poder en todos los ámbitos de la vida social. Su actividad corroe la credibilidad de las instituciones democráticas y agudiza los conflictos. Al proyectarlos al plano geopolítico genera una inestabilidad que pone en riesgo a la vida en el planeta. En este mundo turbulento, el populismo es un fenómeno maldito que amenaza al orden local y al geopolítico. Su existencia en un mundo integrado económica y políticamente a un nivel inédito en la historia de la humanidad, plantea la posibilidad de que los despojados y excluidos de este planeta impongan globalmente un nuevo ritmo a la melodía que emana de la grieta originaria.
Populismo y crisis de hegemonía mundial
Por estos días Henry Kissinger, ex secretario de Estado y ex Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, advirtió que la tensión creciente entre su país y China puede derivar en una Guerra Fría más peligrosa que todo lo que se ha conocido hasta ahora, pues “por primera vez en la historia de la humanidad, esta tiene la capacidad para extinguirse en un periodo finito en el tiempo”. Estando el poder nuclear asociado “a la alta tecnología y a la inteligencia artificial, “las máquinas pueden decidir en el combate militar”. Esta pérdida de control humano sobre la guerra nuclear obliga a la cooperación y el dialogo entre las potencias para impedir un desenlace terrorífico (zerohedge.com 4 5 2021).
Casi en paralelo, el Council on Foreign Relations (CFR) –poderoso think tank, integrante del Foro Económico Mundial– convocó a constituir un Comité de Consenso Global con el objetivo de prevenir una catástrofe mundial (the new concert of power, foreignpolicy.com 3 3 2021). Hoy los Estados Unidos han perdido “el dominio material y la influencia ideológica” ejercidos desde la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurre en un contexto donde las democracias del mundo son amenazadas por el avance del populismo y de la “crítica iliberal” mientras China y Rusia “desafían la autoridad de Occidente”.
La falta de liderazgo mundial de los Estados Unidos durante la pandemia, y la imposibilidad de Joe Biden de resolver con su elección la polarización social del país, evidencian que en un contexto internacional caracterizado por una creciente multipolaridad ideológica las “prioridades domésticas” impiden la hegemonía norteamericana sobre el mundo. Las cadenas de valor global “integran irremediablemente a las economías nacionales y a los mercados financieros y ni los Estados Unidos ni China ni el resto del mundo podrán desacoplarse”. En este mundo, sólo un Consenso Global, al estilo del logrado en Europa en 1815, podrá frenar el avance del populismo y el creciente poder global de China y Rusia.
Este nuevo consenso implica para el CFR la constitución de un Comité Consultivo, informal pero con gran poder real, que ubicado por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueda negociar directamente los conflictos entre las potencias. Este “diálogo estratégico directo” tiene que incluir a los Estados Unidos, Europa, India, Japón, Rusia y China, los que podrán invitar a las deliberaciones a representantes de las organizaciones regionales, como la OEA, etc., cuando sea necesario.
Crisis política norteamericana y populismo
El gobierno de Biden ha profundizado las sanciones económicas y políticas de la era Trump contra China y Rusia e intenta cooptar la retórica nacionalista del ex Presidente poniendo el énfasis en la restitución de la grandeza norteamericana perdida y en el esfuerzo por desacoplar la economía norteamericana de la china.
Esto ocurre en un país azotado por una creciente polarización económica, social y político-partidaria e inmerso en una “guerra cultural” que busca atar a los conflictos sociales con el chaleco de fuerza del conflicto racial (identity politics). El resultado es una tendencia a la generalización del odio y del miedo racial que busca oscurecer las causas estructurales de las divisiones sociales y el control creciente de un puñado de monopolios tecnológicos sobre las políticas implementadas y sobre el disenso social.
En su reciente discurso al Congreso, Biden puso énfasis en la herencia recibida: “Una nación en crisis… una casa incendiada… el abismo de la insurrección y de la autocracia”. Amenazado internamente por el “terrorismo de los supremacistas blancos”, el país tiene una infraestructura en decadencia y una economía que languidece. Frente a esta situación, la alternativa es reafirmar el desarrollo nacional y elegir “la esperanza al miedo, la verdad sobre las mentiras… y liderar al mundo nuevamente”. Con este objetivo, presentó un plan de inversiones en infraestructura y gasto social que, según él, es el mayor esfuerzo desde la época del Presidente Franklin Roosevelt. El objetivo es estimular a la producción y generar empleo local con inversiones financiadas con gravámenes impuestos al 1% de la población que, concentrando la riqueza del país, ha evadido impuestos de un modo sistemático y tiene hoy una carga impositiva inferior a la de las clases medias.
Su discurso con fuerte impronta populista difícilmente sea aceptado por los republicanos en el Congreso, a los que intenta dividir apelando directamente a buena parte de los votantes de Trump: los “deplorables” que viven en las zonas rurales y las regiones más pobres del país, el “precariado” de las grandes ciudades que subsiste con trabajos efímeros, y que hoy han sido desempleados por la pandemia. El plan –y el monto asignado a las inversiones anunciadas: 2 billones (trillions) de dólares que se suman al 1.9 billones (trillions) de dolores aprobados previamente como estímulo social– contrasta con la realidad de una economía crecientemente digitalizada y robotizada, con un enorme endeudamiento que encierra a la Reserva Federal en una trampa: la implosión de la deuda corporativa y el posible desencadenamiento de una crisis financiera internacional si no facilita liquidez monetaria y mantiene las tasas de interés bajas. Así en el último año el gobierno ha emitido 18 billones (trillions) de dólares, estimulando el endeudamiento y la especulación financiera generalizada, incluida la sustitución de la inversión productiva de las corporaciones por la compra de sus propias acciones (zerohedge.com, 12 4 2021, wh.gov 31 3 2021).
El discurso de Biden también refleja las presiones de los sectores progresistas del partido demócrata. Estos consideran al actual gobierno como “una puerta pero no el destino final”, sólo un paso en una dirección que deberá ser profundizada (newsy.com, 29 4 2021). Este discurso ocurre al mismo tiempo que repunta la protesta racial y la fuerte represión policial en los barrios negros. Esta situación ha llevado a la dirigencia de la organización BLM (Black Lives Matter), que lidera la protesta racial, a acusar al gobierno de enviar más equipo militar a los barrios negros de los que enviara Trump en su momento y de aterrorizar a la población negra con una intensidad que supera lo acontecido durante el gobierno anterior (twitter 20 4 2021, zerohedge.com 22 4 2021).
Mientras Biden apela con su discurso a los votantes de Trump, la censura a su expresión política, a la del ex Presidente y a cualquier crítica a la legitimidad de los últimos comicios, se intensifica tanto en los medios como en las redes sociales. Trump ha anunciado el próximo lanzamiento de una plataforma digital “independiente” y su posible candidatura para la próxima elección presidencial. Disputa, además, la conducción del partido republicano y se apresta a designar a sus candidatos en las próximas elecciones de medio término (zerohedge.com 4, 5 4/5 2021).
Pareciera entonces que el discurso populista de Biden trasciende a la presión de sus bases y se inscribe en una fuerte disputa con Trump por el control del mensaje “nacional y popular”. En esta disputa los monopolios tecnológicos juegan también un rol crucial: utilizan su control sobre el disenso social para imponer sus intereses en las decisiones que toma el gobierno norteamericano.
El virus del populismo
Mauricio Macri viajó a Miami esta semana, a pesar de saber que debía aislarse en cuarentena por haber estado en estrecho contacto con un diputado enfermo de Covid-19. Allí participó en un seminario sobre “defensa de las democracias en América Latina”. Recordando que el año pasado había dicho “que el coronavirus era menos peligroso que el populismo”, advirtió que “existe ahora una combinación más peligrosa aún: el populismo conduciendo una crisis sanitaria”. Su periplo y sus dichos muestran la total impunidad con la que miente y viola la ley: desde una cuarentena al Estado de Derecho. Esta impunidad no debiera sorprendernos, es adrede y forma parte de una ofensiva para desestabilizar al gobierno lo más pronto posible. Busca detonar a la realidad objetiva y convertirla en mil esquirlas subliminales que despiertan odio y miedo ante ese maldito populismo que quita bienes y libertades individuales. Esa peste y “ese pobrismo sucio y feo” les recuerda que el abismo de la muerte y la miseria acechan a la vuelta de la esquina.
Esta impunidad de Macri es también la que expresa una Corte Suprema que anula un decreto del Presidente a pesar de que su sentencia es contradictoria, insustancial e inmoral al condenar a los niños a un peligro del cual ella se protege arrepollándose con chancletas en la casa propia. El desaguisado de la sentencia es adrede. Más precisamente, es una advertencia mafiosa: el golpe institucional se ha desatado, el tiempo vuela y ellos son intocables. Forman parte de la matriz del Poder Real, cuyo cerebro está en la Embajada.
Lo mismo ocurre con los formadores de precios en todos los sectores de la economía que, como en otros momentos de la historia, desatan inflación de precios, desabastecimiento y corridas cambiarias para imponer sus intereses específicos a los gobiernos de turno.
Esta semana, sin embargo, ocurrió algo nuevo: CFK denunció el golpe institucional de la Corte, el Presidente denunció a la Corte por hacer campaña electoral a favor del macrismo y advirtió que no lo correrán con tapas de diarios y sentencias. A esto se agrega la intervención del gobernador Axel Kicillof pidiendo “mayor coordinación del Estado” para luchar contra la inflación, y la movilización del kirchnerismo para frenar el ajuste fiscal silencioso que el Ministro de Economía viene bordando, para también imponer el uso de los DEG (Derechos Especiales de Giro) para gastos de la pandemia.
Estos acontecimientos equivalen a trazar una raya en la arena, a dejar de ladrar y a mostrar los dientes ante la ofensiva. Con esto solo, sin embargo, no alcanza. Se necesita terminar con el ajuste y empoderar a los que votaron al Frente de Todos, haciéndolos participar de un modo organizado en las políticas que buscan terminar con la peste y el hambre. Pero para que sea posible es también necesario mostrar los dientes a nivel internacional denunciando la ilegitimidad de la deuda contraída con el FMI.
El país no está solo y se avecinan tiempos muy tormentosos. Es necesario movilizar la solidaridad internacional y no quedar atados de pies y manos al FMI, por más buenas intenciones que puedan tener sus funcionarios.
El artículo precedente fue escrito por Mónica Peralta Ramos, en la edición de hoy de “El cohete a la luna”.
En ese mismo espacio, Jorge Elbaum nos pone al corriente de las actuales maniobras de la continúa política paralela a los gobiernos de los Serivicios de inteligencia y los poderes en las sombras bajo la financiación de Wall Street que es la única conspiración real que hoy existe en el mundo globalizado mas allá de los intentos desesperados de los grupos extremistas islámicos que sostienen su “guerra santa” con las mismas armas que el supuesto enemigo de Alá les proveé (No a modo de regalo sino sosteniendo el principal negocio de la hegemonía Israelí en esa parte del mundo y de la de los EEUU en esa y en el resto del mundo globalizado … el de la armas y la guerra).
Injerencismo de toga - Operaciones judiciales made in Washington
La Corte Suprema argentina no es la única institución que se afana por proteger a los poderes concentrados e impedir la consolidación de proyectos soberanos. Todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) sufren de forma sistemática la cooptación de magistrados y fiscales al servicio de intereses corporativos afines a los requerimientos trazados por el Departamento de Estado.
En el caso de Colombia, donde los organismos de seguridad y el ejército han generado durante las últimas semanas una centena de asesinados y heridos, el Poder Judicial se mantiene indiferente frente a los luctuosos sucesos. Sin embargo, se mantiene muy activo en salvaguardar a los responsables políticos y militares de las masacres mientras funge de ser el socio más afín de Washington en la región. El 4 de agosto de 2020 se libró una orden de detención domiciliaria contra el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez –jefe político del actual mandatario Iván Duque Márquez– bajo la acusación de mantener vínculos con el narcotráfico y de intento de soborno contra testigos.
Mientras las acusaciones contra Uribe merecían el repudio de su amigo Marco Rubio –senador republicano de Miami y referente de los sectores más extremistas de los enemigos de la Revolución cubana–, el procurador encargado de tramitar la causa contra el ex Presidente, el fiscal Gabriel Jaimes Durán, adelantó que solicitará la prescripción de la causa dado el tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos investigados. La defección de Jaimes Durán se produjo luego de la visita a Miami, donde mantuvo conversaciones con funcionarios de la Homeland Security Investigation (HSI), agencia dependiente del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
Jaimes Durán participó a principios de abril, en el Estado de La Florida, de “reuniones con representantes de las agencias internacionales en Estados Unidos con el fin de afianzar los lazos de cooperación contra la delincuencia trasnacional”. Mientras se desarrollaba la masacre en diversas ciudades colombianas, Marco Rubio se expresó a través de Twitter. “Detrás de gran parte de la violencia que está ocurriendo en Colombia esta semana hay un esfuerzo orquestado por los movimientos narcoguerrilleros de izquierda y sus aliados marxistas internacionales para desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente ”. El mensaje fue replicado por su cofrade y aliado Álvaro Uribe.
Las operaciones judiciales que vinculan a Miami y a Bogotá también fueron detectadas en la investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2018, que motivó la elección de Iván Duque. Audios filtrados a medios de comunicación revelaron el apoyo de una red de narcotraficantes conectados con la secretaria de Álvaro Uribe –conocida como “Caya” Daza– quien presurosamente abandonó el país con destino a Estados Unidos. En los mensajes interceptados de WhatsApp se identificaron los aportes monetarios de varios narcotraficantes, entre ellos los de José Hernández Aponte, alias “Ñeñe”. El caso es conocido como “ñeñepolítica”, pero los funcionarios judiciales encargados de las investigaciones han sido impugnados e incluso detenidos con la obvia intención de amedrentarlos y de impedirles la continuidad de la tarea. Según integrantes de la fiscalía, la Drug Enforcement Administration (DEA) –dependiente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos– estaría abocada a resolver el caso.
Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la producción de cocaína en Colombia se duplicó en el último lustro convirtiéndose en el mayor recurso de exportación de ese país. El informe señala que la producción actual es superior a la generada en tiempos del auge del Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar Gaviria. Washington aportó alrededor de 15.000 millones de dólares desde 2001 a través de diferentes fuentes de financiamiento englobados en el denominado Plan Colombia, orientados a reducir la producción de cocaína y reprimir a los grupos insurgentes, sobre todo las FARC.
El caso de Perú también posee aristas coincidentes con las relaciones tóxicas que expande Washington en su formato judicial. Luego de la victoria de Pedro Castillo en la primera ronda electoral, el Ministerio Público Fiscal anunció una investigación contra uno de los congresistas electos de la agrupación política de Castillo, Perú Libre, por nominar entre sus candidatos a Guillermo Bermejo (alias “el Che” Bermejo), por su presunta participación en la organización terrorista Sendero Luminoso. El martes 27 de abril, la Segunda Sala Penal Transitoria Especializada en Crimen Organizado adelantó que el 18 de mayo dará inicio al juicio contra el congresista electo, apenas tres semanas antes de la segunda vuelta electoral. Cuatro días antes, Castillo había anunciado la decisión de expulsar a la DEA de Perú en el caso de alcanzar la presidencia.
Según los periodistas limeños especializados en temas jurídicos, las audiencias podrían ocupar la tapa de los diarios –comprometidos con Keiko Fujimori– las semanas previas a los comicios. El detalle sugestivo del caso es que la instrucción se inició a partir de las denominadas “declaraciones de colaboradores eficaces”, cuyos informantes arrepentidos mantienen estrechos vínculos con la DEA. Entre los integrantes del jurado que dictaminará sobre Bermejo figura un magistrado acusado de proteger a integrantes del ejército responsables de la denominada masacre de Accomarca, en la que fueron asesinadas 69 personas, incluidos niñxs, mujeres y ancianos.
El miércoles 5 de mayo se desarrolló en Miami un foro titulado “Defensa de la democracia en las Américas” del que participaron líderes de la derecha de América Latina y el Caribe. Entre sus expositores figuraron el secretario general de la OEA Luis Almagro, el ex Presidente argentino Mauricio Macri y los actuales primeros mandatarios Sebastián Piñera de Chile, Iván Duque de Colombia y Lenin Moreno de Ecuador. La organización de la conferencia corrió por cuenta del Interamerican Institute for Democracy, cuya jefatura ejerce Carlos Sánchez Berzain, ex ministro de defensa del gobierno boliviano de Gonzalo “Goñi” Sánchez de Lozada. Tanto Berzain como Lozada se asilaron en Miami luego de ser acusados como responsables de la masacre de octubre de 2003, en la que fueron asesinadas 67 personas que se habían movilizado en la Ciudad de El Alto para evitar la exportación de gas (a precio vil) a Estados Unidos, a través de puertos chilenos.
Difamar y juzgar
Carlos Sánchez Berzain fue uno de los funcionarios fugados de Bolivia que celebraron el golpe de la hoy detenida Jeanine Añez, y es quien repudió la labor de dos investigadores del Massachusetts Institute of Technology, John Curiel y Jack R. William, quienes en febrero de 2020 –luego de un relevamiento estadístico pormenorizado– negaron la existencia de fraude generado por el partido de Evo Morales, el MAS. En una cobertura reciente del portal The Intercept se exhiben los correos electrónicos (filtrados) que funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos envían a los dos investigadores del MIT con la clara intención de amedrentarlos y extorsionarlos antes de las elecciones en las que volvió a imponerse el MAS.
Las pistas sobre el grupo de tareas judiciales del Departamento de Estado se observan con claridad también en Ecuador, cuyos magistrados han colaborado de forma eficiente en la descalificación permanente de Rafael Correa y la detención de su ex Vicepresidente Jorge Glas, en el marco de la megacausa conocida como Odebrecht. Las evidencias utilizadas en el juicio para condenar a seis años de cárcel a Glas –y luego para solicitar la captura internacional de Correa– fueron aportadas en forma desinteresada por el DOJ, con sede en el Robert Kennedy Building de Washington. Uno de los magistrados encargados de instruir la causa contra Correa y solicitar en su contra una pena de ocho años de prisión, bajo la imputación de cohecho, fue el juez Iván Saquicela Rodas, quien fue premiado con el nombramiento de presidente de la Corte Nacional de Justicia. En simultáneo, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia estadounidense, entregó como donación a dicha Corte Nacional de Justicia la infraestructura informática que le permitirá a Rodas –y a sus socios– el acceso a la totalidad de las causas tramitadas por los magistrados ecuatorianos.
Los tentáculos judiciales de Washington también se observan en Paraguay. En mayo de 2019, el egresado de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por su sigla en inglés), fiscal René Milcíades Fernández Bobadilla, fue premiado por sus aportes a la investigación del Lava Jato, pesquisa asociada al caso Odebrecht. En julio de 2019, Bobadilla, fue promovido al cargo de Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En forma simultánea a su asunción mediada por las felicitaciones de la embajada de Estados Unidos en Asunción, se inició una campaña mediática destinada a involucrar al ex Presidente y actual senador Fernando Lugo en el entramado del Lava Jato.
El 28 de abril el Ministerio de Justicia guaraní, donde Bobadilla almuerza con colegas egresados de ILEA, anunció el inicio del programa destinado a diseñar y elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 de la Corte Suprema de Justicia. Dicha iniciativa cuenta con el financiamiento del National Endowment for Democracy (NED), una organización estadounidense fundada en 1983 a iniciativa del Congreso estadounidense para costear proyectos orientados a defender los intereses de las corporaciones estadounidenses, los principios neoliberales y la lucha contra el populismo. El NED cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares, y el destino de esos fondos se orienta a remunerar programas de formación jurídica, política y policial en América Latina, el Caribe y los países limítrofes con Rusia y China. En forma paralela, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa de Democracia y Gobernabilidad (PDG), colabora con la Corte Suprema de Justicia para mejorar la efectividad de la misión institucional.
Poco tiempo antes del golpe contra Lugo, en 2012, la embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayalde, envió un cable a Washington que fue filtrado tiempo después por la plataforma de Julian Assange, WikiLeaks: “Tener amigos en la Corte Suprema es oro puro (…) la presidencia y la vicepresidencia de la Corte son fundamentales para garantizar el control político…”. Poco tiempo después de que este cable fue despachado desde la embajada, la Corte Suprema de Justicia avaló la destitución de Lugo.
Washington contra el multilateralismo
Uno de los proyectos financiados por el NED, con un aporte de medio millón de dólares, se titula “Combatiendo el capital corrosivo” en América Latina. Su objeto es dotar de herramientas jurídicas y de información útiles para evitar el ingreso de “capitales corrosivos [provenientes] de estados no democráticos” como China y Rusia.
Meses atrás los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron un proyecto de ley denominado Promoción de la Competitividad, la Transparencia y la Seguridad en las Américas (ACTSA, por sus siglas en inglés), destinado a limitar las actividades económicas, políticas y de inteligencia del gobierno de la República Popular China en la región. Uno de los capítulos centrales de la ACTSA incluye la asistencia técnico-jurídica para compatibilizar los estándares de Washington con el resto de la región, regulados por la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
La ACTSA incluye la necesidad de “ampliar los informes de inteligencia sobre las actividades económicas, políticas y de seguridad” de China en las Américas, y exige que en todas las embajadas y consulados en América Latina y el Caribe se designe a un oficial de inteligencia con formación jurídica, encargado de relevar todos los aspectos vinculados con los lazos de Beijing en la región. Además propone el financiamiento de proyectos para formar periodistas de investigación dispuestos “a promover la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos”. Según prevé la normativa, que tiene amplias posibilidades de aprobarse debido a que es una iniciativa bipartidista, el Secretario de Estado en coordinación con el Departamento de Justicia dispondrá los compromisos diplomáticos para alentar y facilitar la adopción de normas por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe.
Rubio es el presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental y de la Comisión Ejecutiva del Congreso dedicada a China (CECC). Además fue uno de los anfitriones del foro en el que Macri, Duque, Piñera y Almagro cuestionaron a los gobiernos que postulan senderos soberanos. En el hotel Biltmore de Miami se insistió además en la necesidad de que los poderes judiciales limiten las capacidades de quienes postulan políticas populistas.
“Hacete amigo del juez”, recomendó José Hernández en Martín Fierro.
En estos lares la maniobra no por obvia, no deja de pasar desapercibida por la mayoría, en tanto reducida a la inventada Grieta nacional que Claŕin impuso como fenómeno reduccionista de la interpretación de la realidad amoldada a su estrategia de negocio. La judicialización esconde esas trapìzondas de presiones internacionales acomodadas a los intereses de Washington
Escribe Horacio Vertbizky “ Es paradójico que los santafesinos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, el cordobés Juan Carlos Maqueda y el correntino Carlos Fernando Rosenkrantz, hayan atribuido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un status provincial que la Constitución Nacional en forma explícita le negó, tal como puso en negro sobre blanco Elena Highton de Nolasco al rechazar la competencia originaria de la Corte Suprema en el conflicto entre la Nación y la Ciudad por la modalidad de la enseñanza debido al agravamiento de la pandemia. Por eso, al resolver el fondo de la disputa planteada por el alcalde Horacio Rodríguez Larreta contra un decreto con fuerza de ley del Presidente Alberto Fernández, Highton no volvió a votar. Ya había dicho lo suyo.
En el fallo según el cual la Nación habría avasallado la autonomía porteña la llaman “ciudad constitucional federada”, una expresión que acuñó Rosatti, pero a todos los efectos la equiparan a las provincias, que preexisten a la Nación Argentina, cuya denominación inicial, aún vigente por imperio del artículo 35 de la Constitución, es Provincias Unidas del Río de la Plata. La preeminencia que la Corte asignó a la CABA y a cada una de las provincias sobre las decisiones federales amenaza con disolver la unión nacional.
La comparación que se intentó entre el discurso de Ensenada en que el Presidente Alberto Fernández criticó a la Corte Suprema pero reiteró su acatamiento a las decisiones judiciales, con la decisión del Presidente salvadoreño Nayib Bukele, que promovió la destitución de los cinco jueces del tribunal constitucional por cuestionar las medidas sanitarias de su gobierno contra la pandemia, muestra los extremos a los que está llegando la oposición al gobierno argentino.
El voto común de Rosatti y Maqueda sostiene que “los poderes de las provincias son originarios e indefinidos, en tanto que los correspondientes a la Nación son delegados y definidos”, y Rosenkrantz añade que “las provincias conservan todo el poder no delegado” en el Estado Nacional. Esta lógica sólo es aplicable a los entes subnacionales que en el siglo XIX cedieron parte de su poder para investir al Estado Nacional, situación inversa a la de la Ciudad federada más de un siglo después. Incluso el apelativo de Ciudad Autónoma y la denominación de su “estatuto organizativo” como “Constitución” no forman parte del mandato de los constituyentes de 1994.
La ampulosa retórica de estos votos, respaldada con citas de tratados internacionales de derechos humanos, es tan sofocante que requeriría un respirador. “La Constitución ha querido hacer un solo país para un solo pueblo. No habría Nación si cada provincia se condujera como una potencia independiente pero tampoco si fuese la Nación quien socavara las competencias locales”, dicen el cordobés y el rosarino. Y citan a su colega constituyente en la Convención de 1994, La Tota Antonio Hernández, para quien la principal obligación del Estado es atender la educación, ya que lo económico, el progreso “llegarán a través de la educación de nuestro pueblo”.
La idea es que suspender la presencialidad escolar (no las clases, que podrían continuar en forma remota si el gobierno local no lo prohibiera) implica desentenderse de la educación, pese a que la decisión haya sido por apenas dos semanas, ante la mayor emergencia sanitaria que el mundo conoció en un siglo, y la dispusiera el gobierno del partido que más escuelas construyó, que mejores salarios pagó a los docentes y que mayores recursos puso a disposición del alumnado, mientras la cuestiona aquel que hizo todo lo contrario. Esta defensa de la presencialidad a pesar del riesgo fue firmada en forma digital desde los respectivos domicilios de los magistrados, que comprenden muy bien la gravedad de la situación en la parte que les toca.
Una cuestión de intereses
La pregunta fundamental es por qué lo hicieron, contradiciendo su propia jurisprudencia y un largo consenso doctrinario. En su discurso de Ensenada, Fernández respondió que para favorecer la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta. Es una hipótesis plausible, pero no la única.
Hace ya varios años que la Corte, cuyo factor de unidad es un antikirchnerismo visceral, viene encadenando fallos que apuntan a la liberación cabana de la subordinación nacional. Esto se explica por el rol que la Ciudad de Buenos Aires ha jugado en la historia argentina, a partir de su aduana, y el que sigue jugando en el presente, como asiento del poder económico y de sus grandes empresas, tanto locales como multinacionales, del Episcopado Católico, del Poder Ejecutivo Nacional, del Congreso y de la propia Corte Suprema, que tienen aquí su sede. Toda la retórica del fallo acerca del federalismo y la concertación juega como una cortina de humo para ocultar el centralismo porteño que propugna, lo cual retrotrae la cuestión hasta antes de la capitalización de 1880 y de la Constitución de 1860, que sentaron las bases para la existencia y el progreso de la Nación.
Hombre de la familia judicial, sobrino nieto del Procurador General homónimo, que en 1930 convalidó el primer golpe militar del siglo alegando que el gobierno de facto poseía las fuerzas necesarias para asegurar el orden y proteger la propiedad; hijo de un empresario petroquímico y dirigente desarrollista de su mismo nombre, Rodríguez Larreta no es un mal representante de esos intereses que, sin embargo, lo exceden largamente.
No es una exclusividad argentina: la semana pasada Aleardo Laría Rajneri narró en El Cohete el despliegue en las más ricas capitales europeas de los movimientos independentistas de las burguesías, que intentan salirse de los marcos nacionales, donde hay que ejercer la solidaridad, y unirse a los supranacionales, donde se ejerce la ley del mercado.
Hace un mes y medio, el juez Juan Manuel Soria Acuña explicó en El Cohete que la Constitución, la República y el federalismo son vistos como obstáculos para la finalidad del ex Presidente Maurizio Macrì de impedir la quiebra de su empresa Correo Argentino y reseñó la cuidadosa construcción institucional que la Corte Suprema emprendió hace un lustro, para vaciar el sistema judicial nacional y substituirlo por una dependencia del gobierno local, sometiéndole los fueros nacionales civil, comercial, laboral y penal, con los casi 500 jueces que los integran.
La renuncia de la ex ministra de Justicia Marcela Losardo impedirá que los otros dos poderes del Estado contribuyan a esa finalidad del gran capital, ya que su proyecto de transferencia de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma entró en vía muerta. Pero ni el poder económico ni su Corte Suprema se rinden.
Una guarida fiscal
Con una finalidad complementaria, en cuanto Macrì sucedió en la presidencia a CFK y su jefe de gabinete se convirtió en alcalde porteño, Rodríguez Larreta creó por decreto en marzo de 2016, el Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, destinado a desplazar a la Inspección General de Justicia, y designó como director al abogado Hernán Najenson, subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma y colaborador de Daniel Angelici. Ya lo había intentado Macrì en 2007 desde la Ciudad, pero entonces lo frustraron las fiscales Alejandra Gils Carbó y Gabriela Boquín y el Inspector General de Justicia Ricardo Nissen. El propósito era convertir a la Ciudad Autónoma en una guarida fiscal sin control de la constitución y desempeño de empresas.
La Corte Suprema tiene ahora dos causas que podrían cortar otros de los vínculos que ligan a las partes que constituyen la Nación:
El bien conocido reclamo de Rodríguez Larreta por la reducción de los fondos que la Nación transfiere a la Ciudad para el pago de sus fuerzas de seguridad (que el gobierno porteño denomina intencionadamente como recorte de la coparticipación federal). Ante la evidencia de las intenciones aviesas del tribunal, el Poder Ejecutivo invitó a Rodríguez Larreta a retomar la negociación sobre el tema, tal como lo establece la Ley 27.606, de diciembre pasado. El encuentro se realizará el martes 18, pero la CABA mantendrá su reclamo a la Corte, donde juega como local.
La Corte debe dirimir si es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial o el Superior Tribunal de la CABA la instancia final de un juicio de los familiares del artista León Ferrari contra un marchand que se llevó una docena de obras para vender y en vez de entregar el dinero recibido se lo gastó. La causa en sí es menor, pero sus consecuencias institucionales enormes.
Principio de no contradicción
Con su declaración del 4 de mayo, la Corte ha comunicado sin lugar a dudas que intervendrá en cualquier causa que le interese y que la Constitución no es más que la servilleta con que se limpia la boca al terminar de deglutirla. Los cuatro varones de la Corte se pronunciaron pese a que el decreto impugnado ya había perdido vigencia, y por lo tanto no existía la causa que requiere la Constitución para habilitar la intervención del tribunal, que desde siempre sostiene que no evacúa consultas sino sólo resuelve litigios en un proceso contencioso entre partes. Lo hizo por las dudas, para orientar la resolución de posibles casos futuros. Esa es la función de las leyes, no de las sentencias judiciales. Y es el mismo tribunal que considera “conjetural” que la circulación de personas en torno de las escuelas incida en el contagio interjurisdiccional y las muertes de la pandemia (sic), porque el gobierno nacional no lo justificó “de manera suficiente”. Con la misma ligereza negó la existencia del AMBA como conglomerado pluri-jurisdiccional que abarca la Ciudad de Buenos Aires y 35 partidos del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires. Pero las personas no habitan este mundo de ficción.
El tribunal tampoco muestra respeto por el principio lógico de no contradicción. Ante una cautelar que enfrentaba al Defensor del Pueblo del Chaco con el gobierno nacional, la Corte dijo que sus sentencias “deben ceñirse a la situación existente al momento de ser dictadas” y que si desaparecen los requisitos jurisdiccionales no puede decidir algo que sería inoficioso. Su memoria es corta: este nítido principio no fue expresado ni el siglo ni la década ni el año pasado, sino apenas doce días antes del fallo sobre la presencialidad educativa, el 22 de abril de 2021. Como cantaba Mercedes Sosa, todo cambia.
Este desapego por la lógica puede resultarle útil al tribunal, pero no a las instituciones, cuando resuelva el litigio entre la provincia de Buenos Aires y la cadena de supermercados Farmacity, que pretende instalarse sin restricciones en los núcleos urbanos más concentrados y en los lugares de más alta actividad comercial, como ya lo hizo con sus 233 sucursales en 14 provincias.
Si se atuviera a lo dispuesto la semana pasada, la Corte debería disponer el acatamiento de ese comercio a la ley bonaerense 16.606, de 1987, que define la farmacia como un servicio de utilidad pública y no de carácter comercial y no autoriza su propiedad a sociedades anónimas con fines de lucro. Sobre esa base, el Ministerio de Salud bonaerense no permitió abrir una sucursal en Pilar a esa cadena, propiedad de dos sociedades de la guarida fiscal de Delaware, que de acuerdo a indicios firmes responderían al ex subjefe de gabinete de Macrì, Mario Quintana.
Una jueza de primera instancia, una cámara de apelaciones y la Suprema Corte bonaerense desecharon la pretensión de inconstitucionalidad de la ley argumentada por el representante legal de Farmacity. Su nombre: Carlos Fernando Rosenkrantz, quien en 2015 entraría en comisión a la Corte Suprema, por la ventana de un decreto presidencial. Cuando su socio Gabriel Bouzat llevó la apelación a la Corte Suprema, no tuvo más remedio que excusarse.
Lo mismo hizo su compañero de atajo por el tragaluz, Horacio Rosatti. Bien entrenado en los tejes y manejes eclesiásticos, el ex intendente rosarino no expresó los motivos de su excusación y sus voceros dejaron saber que se debía a su relación con la abogada de Farmacity, Andrea Gualde, quien lo acompañó en sus breves desempeños en la Procuración del Tesoro y en el Ministerio de Justicia. Rosatti hizo trascender que lo hacía “por ser un tema de escasa trascendencia”, lo que muestra su imprevisto sentido del humor. Lo que nadie dijo es quién le consiguió esa chamba a Gualde.
Una advertencia
El voto cordo-rosarino contiene una advertencia ominosa: tampoco una ley del Congreso validaría lo que consideran vulneración de la autonomía porteña. Lo único bueno de este voto es que si el tema escala hasta la Corte, ni Maqueda ni Rosatti podrán opinar sobre lo que aquí prejuzgaron.
Haciendo jueguito para la tribuna mediática, Rosenkrantz predica que “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente” y no implica que “cualquier medida que pudiera representarse como eficaz para atender la situación sea, por esa sola razón, constitucionalmente admisible”. La emergencia “puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea poderes nuevos”, que “nacen exclusivamente de la Constitución, la que los conforma y delimita, por lo que todo avance más allá de ese marco conceptual desborda la legitimidad, tornándose en arbitrariedad y exceso de poder”. Tanto Rosenkrantz como Lorenzetti, en votos separados, reconocen como organismo de concertación de la política educativa nacional al Consejo Federal de Educación. A ese Consejo y no a los jueces, que carecen de información suficiente para decidir sobre salud pública, le corresponde guiar las decisiones según la situación epidemiológica, escribió Lorenzetti, pese a lo cual se alineó con el trío restante. El fallo es una sucesión de retazos, con citas de decisiones previas de remota pertinencia, que nunca alcanza a conformar un relato coherente y de alguna consistencia jurídica. Ese es el costo de violentar el derecho para consumar una operación política.
Cuando se firmó, la última recomendación del Consejo Federal era la presencialidad. Después del pronunciamiento, el Consejo dispuso que se suspendieran las clases presenciales en las zonas de alerta epidemiológica. Pero ni esto afectó las decisiones de Rodríguez Larreta, quien igual que el gobernador mendocino Rodolfo Suárez, desoyó esa decisión.
El gobierno de los jueces
Este activismo del tribunal supremo se refleja en actitudes de los tribunales inferiores, que incurren en demasías equiparables:
La jueza federal María Alejandra Biotti ordenó al Senado de la Nación que suspendiera el tratamiento de los pedidos de acuerdo de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en un audaz paso hacia la negación de la soberanía popular y la forma de gobierno representativa, republicana y federal afirmada en el primer artículo de la Constitución. Los senadores ni se dieron por enterados y siguieron con su tarea como quien oye llover.
La Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal emplazó al Congreso a sancionar en dos semanas una ley que reemplace los decretos firmados por el Presidente Alberto Fernández para restringir la circulación por el avance de la pandemia. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó por unanimidad este intento de modificar el procedimiento de creación y sanción de las leyes, avasallando la división de poderes. La mayoría envió las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que analice el proceder de los jueces Ignacio Rodríguez Varela (hijo del ministro de Justicia del dictador Videla), Julio Marcelo Lucini y Magdalena Laiño. Y la bancada de Juntos por el Cambio propuso remitir la insólita orden al archivo, sin responderla “porque no merece ni un renglón, y no sigamos deshilachando las instituciones argentinas”, según fundamentó el senador cordobés del PRO Ernesto Martínez.
La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió una medida cautelar contra la aplicación del DNU 690/20 que regula precios y establece la Prestación Básica Universal (PBU) en las telecomunicaciones. Los camaristas José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez avalaron una presentación de Telecom Argentina y así suspendieron la aplicación de seis artículos del DNU 690/20 para la nave insignia del Grupo Clarín, en detrimento de los consumidores y de las otras empresas prestadoras.
El juez federal Pablo Cayssials le ordenó a la AFIP que se abstenga de aplicar la resolución 4838 porque violaría el secreto profesional de abogados y contadores, al obligarlos a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal de sus clientes. La acción colectiva fue realizada por la Federación de Colegios de Abogados. El fallo protege las maniobras de evasión y elusión fiscal.
López Castiñeira y Márquez son los mismos jueces que dispusieron que el diario La Nación no fuera considerado en mora ni pudiera ser embargado por su gigantesca deuda con la AFIP, ya que de lo contrario estaría en riesgo de quiebra, con afectación de la libertad de prensa (sic). La exposa de López Castiñeira, Verónica Kolodesky, denunció que el operador judicial Javier Fernández había amañado el concurso por el que fueron designados Márquez y López Castiñeira, en el que su hermano Sergio Fernández fue uno de los jurados. Dijo que en su casa de entonces vio cómo López Castiñeira y Márquez prepararon el examen con acceso previo a los temas y a los códigos alfanuméricos. Tanta intimidad le jugó en contra: el fiscal Gerardo Di Massi sostuvo que no podía impulsar la acción penal pública porque Kolodesky tomó conocimiento de lo que denunciaba mientras estuvo casada con López Castiñeira. El artículo 178 del Código Procesal Penal de la Nación afirma que “nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado”. Su derogación es pedida por las asociaciones de familiares de genocidas. Con la misma razón, López Castiñeira pidió la nulidad de las actuaciones y el doctor Glock archivó las actuaciones.
Cayssials es el juez que luego de que la Corte Suprema declarara la constitucionalidad de la ley audiovisual suspendió su vigencia en plena campaña electoral de 2015, por la posibilidad de que la desmonopolización del Grupo Clarín afectara el derecho de expresión sin censura de los columnistas Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá y Eduardo van der Kooy, entre otros.
Qué minoría proteger
La pretensión de imponer el criterio de los jueces sobre el de los gobernantes electos tuvo una manifestación extrema en Estados Unidos en la década de 1930, cuando una Corte Suprema conservadora declaró inconstitucionales en forma sistemática las leyes y decretos del Presidente Franklin Delano Roosevelt en aplicación de su programa de intervencionismo estatal para la reactivación económica conocido como New Deal. La Corte llegó a decir que la democracia estaba de vacaciones y había vuelto Nerón.
Luego de que Roosevelt fuera reelecto en 1936, la Corte, influida por el juez que él designó, Felix Frankfurter, estableció otra jurisprudencia: la Justicia debe auto restringir su actividad, porque el menos democrático de los poderes no puede imponerse a un Presidente o un Congreso elegidos por el pueblo. Era el regreso a la posición que el tribunal sostuvo durante las tres décadas en que lo integró el juez Oliver Wendell Holmes, quien se retiró en 1932 y la Corte viró hacia una abierta confrontación con el Poder Ejecutivo.
“Si los jueces quieren ser predicadores, deberían dedicarse al púlpito; si pretenden ser primariamente configuradores de una política, el Parlamento es su lugar. Los jueces obstinados son los menos defendibles entre todos los que atacan al imperio de la ley”, escribió Frankfurter en el centenario de John Marshall, el cuarto presidente de la Corte Suprema, quien fundamentó por primera vez la revisión judicial de los actos de los otros dos poderes.
En su libro La justicia frente al gobierno, sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial, el constitucionalista y sociólogo argentino Roberto Gargarella sostuvo hace un cuarto de siglo que el poder conferido allí a la justicia fue la respuesta del establishment a las “medidas económicas perjudiciales para los sectores más acomodados de la sociedad” dispuestas por las legislaturas locales, influenciadas por las asambleas populares. Estos conceptos fueron expresados en la Convención Constituyente por James Madison, para quien “cuando una mayoría se encuentra unida por un sentimiento común y tiene la oportunidad, los derechos de la parte minoritaria pasan a estar inseguros” y deben ser protegidos. Los jueces en la nueva Constitución iban a ser “conocidos personalmente por una pequeña fracción del pueblo”, escribió Madison, y por la manera de su nombramiento y la naturaleza y duración de su mandato se encontrarían “demasiado lejos del pueblo para participar de sus simpatías”.
Para Gargarella, esta protección especial se refería “a uno, y sólo a uno, de los posibles grupos minoritarios de la sociedad: el grupo de los acreedores, o grandes propietarios. Claramente, además, no se estaba hablando de un grupo sin poder efectivo, sino del núcleo de los más favorecidos de la sociedad”.
Casi dos siglos y medio después esta sigue siendo una descripción apropiada de la justicia argentina.
Y mientras la peste continúa sembrando muerte y padecimientos, el sistema hace lo suyo impidiendo accesos a vacunas y tratamientos, e insistiendo con el discurso neoliberal en contra de las soberanías y las decisiones colectivas. Nadie se salva solo. Cada quién debe hacer su parte.
Daniel Roberto Távora Mac Cormack
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